nombre reservado con CARABINEROS

C.A. de Temuco Temuco, diez de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

1.- Que comparecen los estudiantes que se individualizan a continuación: nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, Secretaria de Comunicaciones Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, Secretaría Académica Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, Presidenta Centro de Estudiantes Derecho de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado,Vicepresidente Centro de Estudiantes Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, domiciliados en las respectivas sedes de las casas centrales de sus universidades, esto es: Universidad Católica de Temuco: Av, Alemania 0211, comuna de Temuco y Universidad de la Frontera: domicilio reservado; los Rectores de las Universidades que a continuación se identifican, quienes comparecen en el desempeño de sus funciones de tutela del conjunto de sus comunidades universitarias, incluyendo estudiantes y funcionarios académicos y no académicos(as), don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado y don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; interponiendo el presente recurso de protección, en contra de Carabineros de Chile, representados por su General Director, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, debido al serio e inminente riesgo de actos ilegales y arbitrarios que enfrentarán quienes recurrimos, al hacer uso del derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, consagrado en el artículo 19 N°13 de la Constitución Política de la República, quienes marcharán el jueves 14 de noviembre de 2019, y muy posiblemente en marchas posteriores y sucesivos.

Estiman que tienen el razonable y legítimo temor de que, en el marco de esas manifestaciones, se viole gravemente su integridad física y psíquica e incluso se perturbe el mismo derecho de reunión del que constitucionalmente se goza, pudiendo ocasionárseles mutilaciones oculares por parte de Carabineros, si dicha institución sigue utilizando armas de fuego consistentes en escopetas antidisturbios que lanzan balines de goma y plomo, como lo ha venido haciendo hasta la fecha, desde el comienzo de las manifestaciones iniciadas en octubre pasado.

Por su parte, los rectores de Universidades que suscriben esta acción, están en conocimiento que muchos estudiantes con ocasión de ejercer su libertad de reunión, han visto perturbada o bajo amenaza su integridad física y psíquica, y ellos son integrantes de sus respectivas casas de estudio, entre cuyos estatutos se encuentra el derecho de los estudiantes a ejercer su libertad de expresión en asuntos de toda índole y en especial en cuestiones de interés público y social. Por ello, comparecen, a fin que se les otorgue la debida protección a la integridad de todo aquél que se manifieste legítimamente.

Consideran que existe en el actuar de la recurrida, una amenaza cierta al derecho fundamental de la integridad física y psíquica, y perturbaciones al derecho a la reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, garantizados por los artículos 19 N°1 y N°13, de la Constitución, para quienes ejercerán estos derechos en la marcha del día 14 de noviembre y en los días siguientes. En síntesis, tales afectaciones a garantías fundamentales emanan de la importante probabilidad -que se convierte casi en certeza, al revisar la actuación que Carabineros de Chile ha desarrollado en las últimas semanas en perjuicio de la integridad física y psíquica de centenas de personas manifestantes- de que el actuar de los funcionarios de Carabineros siga causando relevantes lesiones -entre ellas, oculares- al utilizar ellos fuera de todo límite legal y de manera arbitraria y desproporcionada armas potencialmente letales.

Lo cierto es existe un riesgo elevado que Carabineros de Chile continúe usando escopetas antidisturbios con grave afectación a la integridad de las personas. Baste para ello mencionar que el propio Director General de Carabineros afirmó el día miércoles 30 de octubre que no habían cometido errores, ajustándose estrictamente a sus protocolos en su utilización, mientras que en el día de ayer, 10 de noviembre, reconoció públicamente lo contrario, anunciando sin embargo -y ello resulta sorprendente- que la institución seguirá utilizando armas potencialmente letales en el contexto de las manifestaciones, y ya no sólo -bien o mal- en el marco de las hipótesis previstas en la normativa vigente, sino que peor aún, en circunstancia no autorizadas normativamente como lo es "la protección de la propiedad pública y privada". En efecto, es evidente que la acción de Carabineros para estos efectos es enteramente excesivo, que no han sido bien capacitados y entrenados sus miembros en la materia y que no existe un real control sobre las conductas de los integrantes de la institución; lo que, que como se relata más adelante, ha tenido consecuencias relevantes en la integridad física y psíquica y en el derecho de reunión de miembros de nuestras comunidades universitarias, y son una amenaza real y cierta para las manifestaciones pacíficas que tendrán ocasión en los días venideros y de las que participarán recurrentes que han suscrito esta acción.

En efecto, el número de heridos así como de personas que han recibido impactos en los ojos, miles de los primeros y cientos de los segundos, permiten configurar el inminente peligro y la conclusión inequívoca de que es posible provocar un daño o perjuicio. Evitar más y más dolorosos daños humanos inminentes, en perjuicio de los recurrentes, entre tantos otros, es lo que persigue este recurso de protección.

I. Los hechos: ha habido una práctica reiterada de uso de armas de fuego contra manifestantes, con graves daños a su integridad, existiendo el riesgo cierto de que ello se reitere en futuras manifestaciones. Es un hecho público y notorio que en pasadas manifestaciones, Carabineros ha hecho un uso desmedido de las denominadas "armas potencial mente letales" tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Las escopetas "antidisturbios" que lanzan los balines que se denominan "elementos disuasivos" o "de disuasión". En efecto, estar armas tienen principal objetivo provocar dolor y/o heridas contusas en quienes reciban el disparo de que se trate, los cuales también son conocidos como proyectiles de energía cinética, o también de proyectiles de impacto cinético, fundamentalmente porque se trata de municiones que no cuentan con punta y cuyo objeto, en principio, es el de transferir "la energía cinética desde el arma al cuerpo de la persona" que recibe el impacto, de manera de provocar lesiones contusas. De acuerdo a numerosas fuentes como la Circular 1832 que regula el uso de la fuerza de Carabineros, información de prensa informes de la Sociedad Chilena de Oftalmología y del Colegio Médico de Chile -sobre la cantidad y tipos de lesiones que han afectado a personas atendidas en servicios de emergencias públicos-, sumados a los informes de lesionados reportados por observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es que se puede presumir, con un alto grado de certeza, que en Chile se estarían utilizando los siguientes tipos de municiones por medio de las escopetas antidisturbios.

Según lo informado por esta última empresa, los balines de goma mencionados deben ser usados a una distancia mínima de 25 metros. Por debajo de esa distancia, pueden ocasionar graves heridas e incluso la muerte. Como ejemplo, en su sitio web, la empresa indica que si se dispara el cartucho contra una tabla de pino a 10 metros de distancia, la munición puede penetrar la madera, por ello es que la misma empresa indica que esta munición es "menos letal"; lo que no se corresponde con el concepto de "no letal" utilizado por Carabineros para describirla.

La señalada circular es clara en establecer, entre otros principios, los de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad para el uso de las amias potencialmente letales. Al principio de legalidad nos referiremos más adelante. Pero, para entender bien los hechos que vamos a describir, es importante detenerse en los principios básicos de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad que contempla la Circular para el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego. Estima la recurrente que estos principios rectores, no se han cumplido por los funcionarios de Carabineros, por quienes la institución responde como un todo, lo que genera un legítimo temor de que esos incumplimientos se reiteren a futuro, en lo que constituye la amenaza -y perturbación en su caso- a sus derechos fundamentales. En el curso de las manifestaciones anteriores generadas en Chile desde finales de octubre de 2019, incluyendo las pacíficas, se encuentra documentado por el INDH que a lo menos 197 personas han sido afectadas por heridas oculares o graves mutilaciones en sus ojos (201, según otras versiones, como la del Colegio Médico de Chile), como resultado de disparos. En lo que respecta a la región de la Araucanía, al 8 de Noviembre la sede regional del INDH ha logrado documentar un total de 73 víctimas por el uso excesivo o abusivo de la fuerza por parte de fuerzas del orden. De estas personas, 58 fueron heridas por perdigones; 7 de las cuales presentan lesiones oculares de distinta gravedad. En 3 casos las víctimas fueron diagnosticadas con estallido ocular. Asimismo, los observadores del INDH han podido constatar que 5 personas fueron heridas al ser golpeadas con una bomba lacrimógena, y en uno de esos casos, la bomba fue lanzada directamente a la cara de la víctima, provocando una lesión ocular que le produjo la pérdida de la visión.

Por si esto fuera poco, también han recibido 2 denuncias que involucran casos de violencia sexual, 3 de apremios, 2 por hostigamiento, 2 por sofocación provocada por lacrimógena y un caso por tortura.

La prensa nacional y extranjera ha sido profusa en evidenciar cómo diversas personas que han estado ejerciendo su derecho de reunión y de expresión en manifestaciones pacíficas han sido apuntadas directamente hacia sus rostros por personal de Carabineros, con el directo resultado de dañarles o mutilarles uno de sus ojos o incluso ambos. Lo que han reconocido, por lo demás, altos funcionarios del gobierno. El propio Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich expresó que "el número de personas con lesiones oculares es brutal. Carabineros tiene que restringir el uso de las armas antidisturbios”.

Por su parte, la cadena de noticias británica BBC ha dado cuenta de que el número de lesiones oculares alcanzado en las últimas dos semanas en Chile no tiene precedentes a nivel mundial. En términos estadísticos, ese medio de prensa se remitió a un estudio llevado a cabo por las Universidad de California, y otros organismos de Salud en los Estados Unidos, que analizaron la información recopilada entre 1990 y 2017 en siete regiones del mundo, dando cuenta de 261 casos de pérdidas oculares para todo ese período de 27 años, lo que representa menos del doble de los 197 casos ocurridos en nuestro país en menos de un mes.

En La Araucanía, la sede regional del INDH ha interpuesto una serie de querellas por el uso abusivo de la fuerza por parte de Carabineros. Entre esos casos nos encontramos con: (i) Don nombre reservado, quien el 19 de octubre de 2019, durante una marcha pacífica en las calles de Temuco, recibe un disparo de perdigón en su ojo derecho, la que le provocó un trauma ocular que le hizo perder la visión (RIT N°-10503-2019); (ii) El caso de don nombre reservado, quien el 22 de octubre durante una manifestación en plaza Dagoberto Godoy de Temuco, fue impactado por varios perdigones en distintas partes de su cuerpo y en particular en su rostro (RIT N°0-10505-2019); estas lesiones de carácter grave han provocado que la víctima se encuentre hospitalizada hasta el día de hoy; (iii) En el caso de don nombre reservado, el día 21 de octubre del 2019, en la plaza Dagoberto Godoy de Temuco, en el contexto de protestas sociales, al retirarse de la manifestación fue impactado por diversos perdigones en su rostro, cabeza y hombros; en total fue impactado por 47 de perdigones según las radiografías que tomaron en el Hospital regional de Temuco. Cabe señalar que, entre las diversas lesiones que le provocó el actuar de Carabineros, sufrió la pérdida de su ojo derecho (RIT N°CM 0529-2019).

Resulta evidente que la mutilación de los ojos de un número tan importante de personas no responde a un azar o a una estadística poco representativa. Por el contrario. Deja en evidencia que el personal de Carabineros, en un número relevante de casos, ha disparado directamente al rostro de los manifestantes, a poca distancia de ellos, alejándose de cualquier criterio de necesidad, proporcionalidad o razonabilidad. Se ha tratado de un actuar, así, absolutamente desproporcionado, arbitrario y doloso; y validado institucionalmente.

En ese sentido, el día 8 de noviembre de 2019, el Sistema de Naciones Unidas en Chile emitió un comunicado, en que "urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos”. El comunicado de Naciones Unidas agregó: "La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad".

En suma, exponen que resulta del todo evidente que el actuar del personal de Carabineros ha afectado en las últimas semanas de una manera enteramente desproporcionada y descontrolada a la integridad física -y por supuesto psíquica- de un conjunto importante de personas que se manifestaba ejerciendo un derecho constitucional y que esas circunstancias pasadas llaman a la urgente intervención de la Iltma. Corte quien tiene en sus manos el precaver que ello no suceda nuevamente a futuro, amenazando la propia integridad física v psíquica de los estudiantes y las estudiantes recurrentes, así como afectando su derecho a reunirse.

II. Ilegalidad y arbitrariedad de las acciones de carabineros y riesgo de la reiteración de tal ilegalidad y arbitrariedad en subsiguientes manifestaciones pacíficas: El 13 de noviembre de 2018, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictó el Decreto N°1364 que "Establece Disposiciones Relativas al Uso de la Fuerza en las Intervenciones Policiales para el Mantenimiento del Orden Público" (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2018, "Decreto 1364" o "Decreto"). En dicho Decreto, se establecieron los lineamientos generales para el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público (artículo primero). Dicho artículo es la única norma de carácter sustantivo aplicable en la especie y dispone que en sus actuaciones, las fuerzas policiales deben velar por la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas. Los funcionarios policiales deberán evitar el uso intencional de armas letales, debiendo preferir el empleo de elementos o la adopción de medidas menos dañinas para lograr sus objetivos. En caso que sea necesario emplear un arma de fuego, y siempre que sea posible, adecuado y útil, el funcionario policial advertirá claramente su intención de utilizarla, dicha advertencia no será necesaria en aquellos casos que con ella se ponga en peligro al funcionario policial o se cree un riesgo grave a otras personas. Los funcionarios policiales deberán asegurar el mantenimiento del orden público con el objeto de garantizar las reuniones autorizadas por la autoridad competente y de carácter pacífico. Los funcionarios policiales no podrán hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas, salvo cuando sea estrictamente necesario para concretar la detención, para mantener la seguridad y el orden en las unidades policiales o cuando esté en peligro la integridad física de alguna persona. Las normas internas que regulen la intervención policial para el mantenimiento del orden público, deberán dar estricto cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, en materia de derechos humanos.

Como puede verse, dicho Decreto no contiene ninguna referencia a la utilización de armas potencialmente letales, pero sí ordena a Carabineros de Chile revisar y actualizar sus "Protocolos de Intervención de Orden Público", como también sus instrucciones sobre el uso de la fuerza, para dar cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el artículo primero de dicho Decreto.

De lo anterior queda en evidencia que la Circular restringe con claridad las hipótesis en que funcionarios de Carabineros pueden utilizar las escopetas antidisturbios y los correspondientes balines.

Alegan que el principio de legalidad por supuesto que alcanza a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Ello es consistente con que la misma Circular haya indicado precisamente en su preámbulo que "Carabineros de Chile está autorizado legalmente para emplear diversos elementos disuasivos y medios de fuerza en el cumplimiento de SU deber”, pero que también esta potestad facultativa lleva consigo obligaciones y responsabilidades”, en particular con respecto a los derechos humanos une pueden verse afectados por el ejercicio de la misma " y que "el personal de Carabineros de Chile deberá garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República y las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile ".

Lo anterior, en adición a los principios de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad antes citados, deja en evidencia a lo menos que (i) las hipótesis en que los funcionarios de Carabineros pueden utilizar escopetas antidisturbios son -no por casualidad- limitadas y por ellas responden los mismos funcionarios y sus superiores jerárquicos; (ii) los funcionarios se encuentran obligados a respetar principios de proporcionalidad y progresividad en los medios, lo que supone que las mismas hipótesis autorizadas sólo se encuentran permitidas una vez desarrolladas acciones disuasivas previas, menos intensivas en afectación de los derechos de los manifestantes; (iii) en cualquier caso, las acciones de los funcionarios de Carabineros deben respetar siempre los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y en los Tratados Internacionales de derechos humanos.

Pues bien, Carabineros ha actuado ilegalmente (en un sentido amplio, pues ha violado el Decreto, la Circular y el Protocolo, así como la Constitución) al realizar las acciones que por esta presentación se han denunciado, existiendo la expectativa cierta de que siga incurriendo en dichas ilegalidades en el contexto de sucesivas manifestaciones pacíficas. De esta manera, el actuar de Carabineros ha afectado la integridad física y psíquica de decenas de personas y cuya reiteración tememos fundadamente, no sólo violan, de maneja directa y clara, la normativa nacional que hemos descrito, sino que igualmente todos v cada uno de los estándares internacionales aplicables en materia de uso de la fuerza para situaciones de disuasión como las que nos ocupa, lo que revela una vez más la arbitrariedad en que ha incurrido Carabineros en el uso de las armas potencialmente letales en perjuicio de la población y justifica la amenaza que denunciamos respecto de las garantías constitucionales de los y las recurrentes que vayan a participar en sucesivas manifestaciones. En efecto, han violentando la normativa del Decreto, de la Circular y del Protocolo y lo han hecho además de manera arbitraria, no siguiendo en nada los principios de proporcionalidad y progresividad en los medios que estaba en sus manos interpretar y aplicar en calidad de obligación emanada de la normativa interna y los estándares internacionales aplicables. Carabineros ha dirigido disparos contra el rostro -y los ojos- de manifestantes pacíficos, de manera reiterada y obstinada: reiteración y obstinación que genera en estos recurrentes el temor de que ello se repita en futuras manifestaciones, a ser desarrolladas en los próximos días, y que justifica la perturbación y amenaza ciertas a las garantías constitucionales de quienes buscan manifestarse pacíficamente, que han dado lugar a la presentación de esta acción de protección.

III. Las conductas descritas, ilegales v arbitrarías, constituyen una amenaza al ejercicio legítimo de los derechos a la integridad física y psíquica, y perturbación al derecho de reunión: establecidos en los numerales 1° y 13° del artículo 19 de la Constitución, todos amparados por esta acción cautelar de protección, además de constituirse en apremios ilegítimos, también prohibidos por la Constitución en auxilio de los derechos contenidos en el numeral 1° del artículo 19. Las conductas descritas afectan, a lo menos en grado de amenaza inminente ejercicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución. El derecho a la integridad tiene como titular a toda persona natural. Su finalidad es asegurar que cada persona no vea afectada, sin su consentimiento y mediante acciones voluntarias de terceros, la entidad, características, organización v funcionamiento de los elementos que componen su existencia biológica, esto es su cuerpo, así como tampoco el funcionamiento de su psiquis. La integridad física debe entenderse como sinónimo de integridad corporal, mientras que la integridad psíquica comprende el resguardo de las facultades de salud mental e integridad moral.

La misión de Carabineros de Chile, debe efectuarse con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Y de conformidad a lo extensamente relatado no se ha cumplido esta misión durante un sinnúmero de manifestaciones pacíficas, atendidas las masivas lesiones y mutilaciones causadas por agentes policiales de manera injustificada e ilegal, representando no sólo una amenaza sino que un patente peligro para la integridad física y psíquica de quienes pretendan ejercer otros derechos constitucionales, tales como la libertad de expresión o la libre manifestación de sus creencias.

El derecho a la integridad personal contiene un resguardo adicional consagrado en nuestra Constitución: la prohibición de apremios ilegítimos. Dichos apremios son entendidos como medidas de coacción estatal directas que carecen de legalidad o razonabilidad, afectando la integridad personal del sujeto. En base a ello, los hechos descritos constituyen rotundamente la aplicación de apremios ilegítimos, conducta categóricamente prohibida por la Constitución, y por lo tanto resultan en una amenaza real para estos recurrentes el temer que tales apremios se reiteren en las sucesivas manifestaciones que se desarrollarán en los próximos días. Pues bien, con el pretexto de evitar la ocurrencia de disturbios o daños a terceros -como se ha visto- Carabineros de Chile ha aplicado, y no hay indicio que permita inferir que deje de hacerlo, violencia excesiva e indiscriminada que ha mutilado y/o dañado de manera irreparable a cientos de seres humanos.

Es por ello, que le corresponde al Poder Judicial adoptar las medidas necesarias para que tales acontecimientos no continúen ocurriendo, pues ante la evidencia de una conducta reiterada y sistemática de afectación de un derecho fundamental, la labor de una magistratura de cautela de derechos fundamentales es evitarla aplicando el principio pro omine, adoptando todas las medidas que estén a su alcance para procurar que la violación acreditada de derechos fundamentales no se torne en algo habitual, máxime considerando el carácter irreparable de las afectaciones descritas. Por otra parte, la conducta antijurídica del recurrido afecta en grado de amenaza v perturbación el ejercicio legítimo del derecho de reunión, consagrado en el artículo 19 N°13, y que se encuentra íntimamente vinculado con la libertad de expresión y el régimen democrático de gobierno. Este derecho constitucional es una facultad que tiene toda persona consistente en que el Estado no le impida o dificulte agruparse con otras personas en un lugar determinado, de manera temporal y con un mínimo de organización, para manifestar e intercambiar ideas, defender intereses o plantear reivindicaciones. Una de las modalidades de ejercicio del derecho de reunión son, justamente, las manifestaciones. Al igual que en el caso del derecho a la integridad personal, la libertad de reunión impone un deber negativo de abstención al Estado y sus agentes, de ejecutar conductas que impidan la realización de reuniones pacíficas y sin permiso previo. Dicho deber de respeto constituye el pilar fundamental del derecho, cuyas bases constitucionales se remiten a los artículos 1 y 5 de la Constitución, ya citados. Adicionalmente, el derecho de reunión es un derecho básico en una democracia pues permite que la ciudadanía participe de manera activa en la vida política de su comunidad y vigile la actuación de sus representantes.

IV. Finalmente, la institución recurrida ha reconocido la ilegalidad de su actuar y la afectación a los derechos fundamentales, así como su intención de continuar utilizando las medidas que se denuncian en la presente acción, avalando entonces la procedencia de esta acción cautelar y de emergencia. En efecto, Carabineros de Chile ha reconocido, tanto de modo institucional como por medio de su General Director, señor nombre reservado, que: (i) ha actuado en violación de la normativa que la rige, incluido el Protocolo y la Circular, lo que supone la infracción de los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza; (ii) que ello ha violado los derechos fundamentales de muchas personas; y (iii) que, sin perjuicio de ello, planea continuar utilizando las escopetas antidisturbios y sus municiones -las mismas que hemos referido en la sección I de esta presentación- en términos tales que continuarán infringiendo y afectando, según sea el caso, los principios y derechos o garantías referidos, avalando esa misma declaración, junto a los demás antecedentes que en esta presentación se han entregado y documentado, la procedencia y urgencia de la presente acción cautelar.

Al efecto, la declaración pública de Carabineros, acompañada en el cuarto otrosí, reconoce que, pese a que la norma establece que la escopeta "antidisturbios", vale decir la munición de balines de goma o "super-socks", sólo puede utilizarse como mecanismo de última instancia ante amenazas a la integridad de la población o del personal de la recurrida, en los hechos, se instruirá "de inmediato" a Carabineros para su utilización en la defensa de bienes públicos o privados. En un sentido similar, el señor nombre reservado, reconoció en entrevista transmitida por Chilevisión Noticias con fecha 10 de noviembre de 2019, que: "¿En qué momentos, en qué ocasiones? Cuando exista una real amenaza, un real riesgo para nuestros Carabineros por un lado, una real amenaza o riesgo para nuestros compatriotas, nuestros vecinos, las personas que están en el entorno y en segundo término para cuando exista una amenaza real frente a la propiedad pública o privada". Ello, como se observa, constituye una modificación de facie de la norma, avalando una ilegítima ampliación en su aplicación, que se traducirá en nuevas violaciones de los principios de legalidad, racionalidad y uso proporcional de la fuerza con la consiguiente afectación de derechos de quienes participen, como los y las estudiantes recurrentes, de sucesivas manifestaciones pacíficas y sin armas. Lo anterior, para estos efectos, implica avalar la procedencia de la presente acción cautelar y de emergencia, a través de un abierto reconocimiento -una verdadera confesión extrajudicial- de la amenaza en que se funda y de los requisitos y condiciones establecidos para su procedencia.

Por ello, pide tener por interpuesto y admitir a tramitación el presente recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representada por su General Director don nombre reservado, por las actuaciones y procedimientos ilegales y arbitrarios descritos, que representan una amenaza para la integridad física y psíquica de los y las recurrentes que desean participar en futuras manifestaciones y una perturbación de su derecho de reunión y, en definitiva, acogerlo, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de: Ordenar a Carabineros de Chile que se abstenga por completo de usar "escopetas antidisturbios" y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando) en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán los y las estudiantes de las instituciones de educación superior recurrentes;

En subsidio, que ordene se suspenda por parte de Carabineros el uso de esas escopetas antidisturbios y sus municiones referidas mientras no (i) se dicte por dicha institución una nueva normativa que regule su uso en estricta sujeción a nuestra Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes; (ii) se informe exhaustivamente a esta judicatura acerca de esa normativa y de las medidas de capacitación sustantiva que se hayan desarrollado para que la misma sea efectivamente respetada por los funcionarios de Carabineros; (iii) se informe con detalle acerca de qué tipos de elementos de disuasión pretende usar específicamente Carabineros en las manifestaciones futuras, o se ordenen las medidas diferentes que S.S. estimen necesarias para la vigencia del imperio del derecho; y (iv) se condene en costas a la recurrida.

2.- Que a su turno, comparece la recurrida, Dirección General de Carabineros, informando: El fundamento del recurso es el serio e inminente riesgo que significa para los alumnos, alumnas, funcionarios (as), académicos (as), de esas casas de estudios, quienes al ejercer el derecho consagrado el artículo 19°, N° 13, de la C.P.R. es decir, -al derecho de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas- pueden verse expuestos a sufrir actos ilegales y arbitrarios, por funcionarios policiales, básicamente por las escopetas antidisturbios que Carabineros de Chile emplea para el control del orden público, las que en su concepto, se utilizarían en forma arbitraria y desproporcionada contra de manifestantes pacíficos, los cuales vulneraría su derecho consagrado el artículo 19°, N° 1, de la C.P.R., es decir, - el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.

Los recurrentes entienden que las acciones desarrolladas por Carabineros de Chile vulneran las garantías consagradas en los numerales 1 y 13, del artículo 19° de la Carta Fundamental y, por esa razón, solicitan a esa Ilustrísima Corte de Apelaciones, en términos generales: a) Que ordene a la Institución abstenerse de usar por completo la escopeta antidisturbios y sus municiones en las manifestaciones pacíficas en que participarán los estudiantes de esas Universidades; b) Que se suspenda el uso de la mencionada arma mientras no se dicte una nueva normativa sobre su uso, no se adopten medidas de capacitación y no se informe qué elementos disuasivos se usarán en esas manifestaciones; y c) que se condenen en costas a la recurrida. Finalmente, el 27 de noviembre del presente año, tal como consta en la carpeta digital de la causa, Usía Ilustrísima declaró admisible la reposición realizada por la Institución a la resolución que concedió la ampliación de la orden de no innovar, en cuanto mantuvo la orden de no innovar, por la cual se ordenó a Carabineros la suspensión inmediata del uso de la escopetas anti disturbios, señalando que "sólo podrá hacer uso de escopetas antidisturbios en casos extremos y exclusivamente para salvaguardar su propia vida, su integridad o las de terceros". LOS HECHOS QUE HAN MOTIVADO LA INTERVENCIÓN DE CARABINEROS DE CHILE. El día 18 de octubre del presente año, se produjo un estallido social en gran parte del territorio nacional. Esa misma noche, en diversos punto de la capital, se incendiaron estaciones del metro y buses de la locomoción colectiva, se produjeron saqueos a supermercados y farmacias, se atacaron y destruyeron instalaciones públicas y otras de carácter estratégico y en general se suscitaron graves alteraciones al orden y la seguridad pública; estas mismas acciones de vandalismo se verificaron en distintas ciudades, entre ellas Santiago, Concepción, Valparaíso, Coquimbo y por supuesto también en Temuco. Esta grave situación, obligó al Sr. Presidente de la República a decretar, en varias regiones del país, Estado de Emergencia, lo que implicó que las Fuerzas Armadas tomaran el control de los territorios afectados por estos hechos con el propósito de restablecer el orden y la seguridad pública; sin embargo, aun cuando el 27 de octubre se puso término al Estado de Excepción Constitucional, hasta el día de hoy, los actos de vandalismo, la violencia desmedida y las graves alteraciones al orden público se siguen produciendo. El estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio no contaban con la autorización correspondiente, como eran desarrolladas de forma pacífica, Carabineros de Chile permitió que la ciudadanía se expresara libremente; sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de actividades, grupos de individuos que actuaban con una violencia nunca antes vista, comenzaron a causar graves incidentes que ponían en riesgo no sólo la integridad física de los manifestantes pacíficos sino también la del personal policial.

Por el motivo antes señalado, fue necesario utilizar los elementos disuasivos que consagra el protocolo para el mantenimiento del orden público, especialmente cañón de agua, los gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios, todos ellos expresamente contemplados y autorizadas en el mencionado protocolo. SOBRE EL ACTUAR DE CARABINEROS DE CHILE Y EL USO DE LA FUERZA. Los recurrentes plantean que el uso de los elementos disuasivos que emplea la Institución para el control del orden público, específicamente la escopeta antidisturbios, constituiría un acto ilegal o arbitrario que les impediría a los alumnos (as), funcionarios (as), académicos (as), de ambas casas de estudios recurrentes ejercer el derecho de reunión que consagra la Carta Fundamental. Pues bien, antes de analizar este punto, conviene aclarar que el uso de la citada escopeta, para el control del orden público, actualmente se encuentra suspendido como herramienta antidisturbios y así se mantendrá hasta nueva instrucción.

Con el propósito de descartar un actuar ilegal, es necesario señalar que, dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros de Chile, está el resguardo del orden público, así lo dispone expresamente el inciso segundo del artículo 101°, de la Constitución Política de la República, al señalar que "Las Fuerzas de Orden y Segundad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas". Esta atribución, también está consagrada en el artículo 1o de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que establece "Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar u mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley".

Para garantizar y mantener el orden público, la Institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo, cuando ha sido quebrantado; en este último caso, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos que señalan: a) El Decreto Supremo 1.364 del año 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; b) La Circular N° 1.832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y; c) La Orden General N° 2.635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público. Todas ellas, constituyen el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

En Carabineros de Chile, el uso de la fuerza se ajusta al estándar internacional que fijan dos instrumentos, el primero, corresponde al denominado Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en su artículo 3o señala que "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas" y, el segundo, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,2 que en el numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto", es decir, el uso de los elementos disuasivos se ejecutan sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad.

La Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base de cuatro escenarios: a) Reguardo del derecho de manifestación; b) Restablecimiento del orden público; c) Desalojos, y; d) Procedimiento con infractores de ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Luego, el anexo número uno contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin, lo cual atiende a la siguiente clasificación: primaria, Dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; secundaria, Armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, Armas largas, y; cuarta, Armas de apoyo de alto poder de fuego.

El empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, las cuales pueden ser violentas o agresivas, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial. En este sentido, para una mejor comprensión de la materia, el protocolo, en el anexo número dos, contempla el siguiente glosario: 1) "Empleo diferenciado de la fuerza", corresponde al uso gradual según el grado de resistencia que se oponga; 2) "Gradualidad de la intervención", son los pasos a seguir para la utilización de los medios disponibles para el mantenimiento del orden público y consiste en dialogar, contener, despejar, dispersar y detener.

Los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos, se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido; ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que el teatro de operaciones lo permita. Por ejemplo de lo señalado, en una manifestación no violenta, el diálogo sin duda podrá realizarse y sus resultados pueden ser exitosos, lo que, contrario sensu, no ocurrirá en una de características violentas.

La escopeta antidisturbios, como ocurre en muchos países del mundo, es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de muchedumbres. En la escala de progresividad que contempla la Orden General N° 2.635, su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y también cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes pacíficos y del personal de Carabineros de Chile, así está señalado en el numeral 2.8., es decir, su empleo no es discrecional, pues se circunscribe sólo a muchedumbres violentas y agresivas. Adicionalmente, se debe aclarar que la Circular N° 1.832, establece que este medio está un peldaño antes de las armas de fuego que se ocupan con munición letal, es decir, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-Sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina. Ahora bien, la contingencia de orden público que vive el país nunca pudo haber sido prevista en el actual protocolo, el cual fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad, esto es, para aquellas acciones que ocurrían de forma esporádica y con un nivel de convocatoria acotado. Los últimos acontecimientos, han provocado un aumento significativo de acciones violentas y su frecuencia se multiplicó.

Sólo como dato estadístico, se debe mencionar que hasta el día 25 de noviembre del presente año, en la Región de "La Araucanía" han ocurrido 456 eventos graves, de los cuales 236 han sido desórdenes, 08 saqueos, 107 manifestaciones violentas, 31 daños, 53 cortes de ruta, 03 atentados incendiarios, 6 ataques a cuarteles y 12 casos catalogados como otros hechos, además, por estos hechos, han sido detenidas 846 personas. Estos antecedentes dejan en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes para hacer frente en estas situaciones, sólo cuentan con los elementos disuasivos que contempla el protocolo, los cuales han sido utilizados en forma progresiva.

En esta nueva realidad, que incluye acciones de alta agresividad que antes no se conocían, es una demostración objetiva de aquello que hasta el día 25 de noviembre existen 80 Carabineros lesionados en la región de "La Araucanía", lo que ha implicado aumentar el uso de la fuerza en forma proporcional cada vez que ha sido necesario con el objeto de no poner en riesgo la vida de las personas que se manifiestan de forma pacífica y del personal Institucional.

Cabe señalar que, si bien la escopeta antidisturbios está categorizada como un elemento no letal, por su propia naturaleza, eventualmente, podría causar afectación a la integridad física de las personas, pero ello también podría ocurrir con los demás elementos de menor intensidad, como el cañón de agua y el gas lacrimógeno que afecta la vía respiratoria y produce irritación. Sin embargo, estos dispositivos se utilizan para controlar y disuadir grupos que, actuando dentro de muchedumbres, ejecutan actos violentos, provocan graves alteraciones al orden público y agreden a las personas que se manifiestan en forma pacífica y por supuesto al personal de Carabineros de Chile, es decir, su uso constituye una reacción que sólo busca restablecer el orden y la seguridad, pero en ningún caso su objetivo es poner en riegos la vida de personas. La decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso podría ser considerado un actuar arbitrario, pues obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia. Por ello, si no pudiera utilizarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución se encontrarían autorizados para utilizar sus armas letales lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas; en este escenario cobra relevancia la mencionada escopeta, la que, para este tipo de casos, constituye un mecanismo que impide llevar al extremo el uso de la fuerza que legítimamente se podría ejercer, y que a la fecha no ha tenido lugar justamente por la existencia de ese elemento. 4.- SOBRE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS: La Carta Fundamental establece que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones de policía, en este caso, por el Decreto Supremo N° 1.086 del año 1983, norma que, si bien no afecta el contenido esencial del derecho a reunión, establece una serie de requisitos de índole administrativo que los organizadores deben cumplir. Ahora bien, Carabineros de Chile está obligado a actuar y a utilizar los elementos disuasivos que contempla el protocolo cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas, y, además, cuando se utilizan armas, según consta en las siguientes normas: 4.4.1.- La letra f), del Decreto Supremo N° 1.086, establece que "Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante', en ese caso, dispone en forma imperativa que la fuerza de Orden y Seguridad Pública debe conminar a los sujetos a entregar esos elementos y si se niegan o se producen situaciones de hecho, la reunión será disuelta. 4.4.2.- El Protocolo N° 1, de la Orden General N° 2.635, señala que las manifestaciones pueden ser lícitas e ilícitas y estas últimas violentas o agresivas. "Es violenta" cuando se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la libre circulación por las vías. "Es agresiva", cuando se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial. Por lo anterior, no puede existir un acto arbitrario o ilegal en el actuar de la Institución, pues en la medida que existan manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad.

Así las cosas, Carabineros de Chile, en ningún caso podría vulnerar el derecho a reunión que la Carta Fundamental asegura a los recurrentes, ello porque, en el evento de ejecutar el protocolo para el mantenimiento del orden público, ejerce una facultad que le ha sido conferida, es decir, se ajusta al Principio de Legalidad. Mediante el Documento Electrónico N.C.U. 105493134, de fecha 20.11.2019, la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, ordenó la suspensión de la escopeta antidisturbios, dicha instrucción señala "Se ordena suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte".

En el caso señalado, el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia. Se debe aclarar que esta orden se mantendrá mientras no se tengan a la vista los resultados de las pericias que la Institución encargó para determinar la composición de la munición que estaba siendo utilizada. En cuanto a los elementos disuasivos que actualmente pueden ser utilizados, están el dialogo, el cañón de agua y los gases lacrimógenos. Además, sólo en el evento de existir riesgo para la integridad del personal y de terceras personas, la fuerza puede ser llevada al extremo y en ese caso está permitido el uso de la escopeta antidisturbios y las armas de fuego con munición letal. Los elementos disuasivos sólo se usan para contrarrestar el actuar de sujetos que causan desórdenes graves, como incendios, saqueos y agresiones a civiles y al personal de Carabineros de Chile, en ningún caso su fin es atacar a los individuos que participan en las marchas pacíficas, a los cuales la Institución está obligada a proteger. Además, se debe aclarar que la Institución ha tomado todos los resguardos para recibir e investigar aquellas denuncias que puedan formularse por el uso de la escopeta antidisturbios con el objeto de determinar si el actuar del personal se ajustó al protocolo.

Finalmente, es útil destacar que en aquellos Recursos de Protección donde se ha decretado orden de no innovar y se ha prohibido el uso de las escopetas antidisturbios, las Cortes de Apelaciones han permitido que dicho elemento pueda ser utilizado cuando exista peligro para el personal de la Institución y también para terceros. Así en la causa Rol N° 17.815-2019, la Corte de Apelaciones de Temuco indicó "ha lugar a la orden de no innovar, solo en cuanto se dispone que Carabineros en el contexto de manifestaciones motivadas por reivindicaciones sociales que se realicen en la ciudad de Temuco, sólo podrá hacer uso de escopetas antidisturbios en casos extremos y exclusivamente para salvaguardar su propia vida, su integridad o las de terceros"; por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causal Rol N° 173.167-2019, precisó que "Encontrándose Carabineros de Chile en un Estado de Derecho, actualmente vigente en nuestro País, sujeto en su proceder a la Ley, a los reglamentos y a los protocolos que lo regulan, siendo sus conductas, en caso de que trasgredan tales perímetros, susceptibles de ser revisadas y eventualmente sancionadas por los Tribunales de Justicia, situación que hace innecesario disponer, ahora una orden a ese respecto, por ser manifiestamente axiomática".

Por ello, solicita que sobre la base de los argumentos expuestos, rechazar el presente Recurso de Protección porque el actuar de Carabineros de Chile, en ningún caso podría afectar el derecho de reunión y el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica que la Constitución Política de la República asegura a los recurrentes y a los miembros de ambas casas de estudios, pues el uso de la escopeta antidisturbios no puede ser considerado como arbitrario o ilegal porque se ajusta a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que establece el Decreto Supremo 1.364, la Orden General N° 2.635 y la Circular N° 1.832, es decir, está amparado en el Principio de Legalidad. Además, como ya se indicó, el uso de la mencionada escopeta se encuentra suspendido y no puede ser usado como elemento disuasivo para el control del orden público.

3.- Que asimismo evacuó informe don nombre reservado General la Empresa Tec Harseim SPA. Señalando: en cuanto a los riesgos que están aparejados al uso de los Cartuchos Antidisturbios, la respuesta es que Carabineros de Chile efectivamente tomó conocimiento de los riesgos asociados al uso de estos cartuchos, los cuales están incluidos en la Ficha Técnica que se provee cuando se cotizó y suministró este producto. Lo anterior también fue corroborado por ellos en su Informe de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, Depto. de Criminalística con fecha Noviembre del 2012. En relación con su segunda pregunta, en que se solicita informemos del tipo de munición de Perdigones de Goma suministrados a Carabineros podemos indicar que: TEC HARSEIM ha suministrado a Carabineros de Chile Cartuchos Antidisturbios, con 12 Perdigones de Goma por más de 30 años y con las características actuales desde el año 2005. En relación con lo consultado sobre los riesgos asociados al uso de estas municiones, podemos informar que: Estos Cartuchos Antidisturbios se suministran como No Letales o Menos Letales, en la medida que se utilicen respetando las condiciones de uso indicadas en la Ficha Técnica proporcionada por TEC HARSEIM, la cual coincide con las conclusiones obtenidas en el estudio efectuado por Carabineros de Chile y mencionado en el punto 1. En relación con la consulta acerca de cuáles son las instrucciones de uso de las Cartuchos Antidisturbios fabricados por TEC HARSEIM, podemos indicar que estas se indican claramente en su Ficha Técnica que dice lo siguiente: Se deben utilizar a una distancia no menor de 30m. Se debe siempre apuntar de la cintura hacia abajo, substancia efectiva es hasta 50m.- Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que es del caso señalar que conforme lo dispone la Ley Nº 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, aquellos son una institución policial técnica y de carácter militar, que forma parte integrante de la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; siendo su finalidad la de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública al interior en todo el territorio nacional. De esta forma, para el cumplimiento de dicha función se dan a sí mismos protocolos para el mantenimiento del orden público y para la regulación del uso de la fuerza.

CUARTO: Que, por su parte, la Circular Nº 1.832 de 1° de marzo del año 2019, que regula el uso de la fuerza, señala que la función policial es un servicio público y continuo, destinado a garantizar el orden y seguridad en la sociedad y los derechos de las personas. Añade, que para cumplir dicha función pueden efectuar labores preventivas, en las que cuenta con especial facultad del uso legítimo de la fuerza. No obstante ello, se establece que el uso de esta última debe efectuarse con respecto a los derechos humanos que pueden verse afectados por el ejercicio de la misma y que el Estado y sus agentes policiales están obligados a respetar y proteger.

QUINTO: Que, en dicha lógica se dispone en la circular referida que la fuerza solo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y en la medida requerida para el desempeño de las funciones policiales, debiendo aplicar en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, debiendo respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. De esta forma, en el Punto IV de la normativa ya citada, se establece un uso diferenciado y gradual de la fuerza, siendo permitido el uso de armas no letales en el nivel 4 de agresión activa, cuando la amenaza no pone en riesgo vidas; y en un nivel 5 de agresión activa potencialmente letal, el uso de armas potencialmente letales.

SEXTO: Que de lo informado por la recurrida se desprende que se han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa antes citada, dado que con posterioridad a la interposición del presente mediante el Documento Electrónico N.C.U. 105493134, de fecha veinte de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile dispuso que las escopetas antidisturbios solo se usaran igual que las armas de fuego, esto es, como medida extrema y exclusivamente para la legitima defensa, cuando haya peligro inminente de muerte, dando cumplimiento con ello a la Orden General Nº 2635 y la circular N° 1832, de 14 de marzo del año 2019.

SÉPTIMO: Que así las cosas, no solo se advierte que la parte recurrente ha sido restablecida en sus derechos, sino que, además, hasta la fecha, atendido el estado de emergencia sanitaria decretado; no han habido nuevas manifestaciones desde el mes de enero del presente año a lo menos, y que las nuevas noticias aportadas por la parte recurrente solo hacen referencia a hechos acaecidos con anterioridad a la dictación de la instrucción antes referida por el alto mando de Carabineros, pues los hechos que ocurrieron con posterioridad son aislados y específicos no siendo al regla general, y al estado de emergencia. De esta manera, es dable concluir que la presente acción perdió oportunidad, al no existir medidas protectoras que esta Corte pueda adoptar en los términos establecidos en la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que en cuanto a la solicitud de que la recurrida dicte una nueva normativa que regule el uso de la escopeta antidisturbios en estricta sujeción a nuestra Constitución y a los estándares ́ internacionales y la capacitación de los funcionarios de Carabineros, es menester indicar que existe actualmente un marco normativo que regula el actuar de la recurrida, los que como se ha citado, regulan de manera específica el uso de medios disuasivos. Cabe agregar que la presente no resulta la vía idónea para efectuar las solicitudes referidas, las que deberían plantearse ante la autoridad civil – administrativa a la cual la policía uniformada debe obediencia, por lo que el recurso en esta parte excede de los márgenes que la Constitución Política de la República establece, debiendo efectuar las reclamaciones y denuncias que correspondan en contra de aquellos funcionarios policiales que no respeten los protocolos respectivos, ante la autoridad verdaderamente competente.- Y visto además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por los recurrentes nombre reservado, Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, Secretaria de Comunicaciones Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, Secretaría Académica Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, Presidenta Centro de Estudiantes Derecho de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Temuco; nombre reservado, Vicepresidente Centro de Estudiantes Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, y por los Rectores de las Universidades don nombre reservado, y don nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile, representados por su General Director, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante don Claudio Bravo López.

Protección-17653-2019. (fcv)