nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS A folio 1 comparece don nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, chileno, casado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, soltero, ingeniero en prevención de riesgos, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, R.U.T. RUT reservado, representada por su Superintendente, doña PAMELA GANA CORNEJO, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por su actuación ilegal y arbitraria al dictar la Resolución Exenta N° R-01-UME-31164-2024, de 27 de febrero de 2024, notificada el mismo día por correo electrónico, solicitando desde ya se acoja este recurso, dejando sin efecto la referida resolución, estableciendo que las dolencias “Condromalacia patelar derecha” y “Lumbociática” que aquejan a su representado tienen origen laboral o, en subsidio de lo anterior, que se ordene a la recurrida la reevaluación de los padecimientos de mi representado, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, exámenes médicos presenciales y no meras revisiones documentales, para luego recién, pronunciarse nuevamente sobre la calificación de las dolencias “Condromalacia patelar derecha” y “Lumbociática” y de toda otra dolencia existente y que tenga su origen en el atropello que sufrió el 16 de junio de 2023, en forma plenamente fundada, con una expresa condena en costas. ANTECEDENTES DE HECHO. El día 16 de junio de 2023, su representado fue víctima de un atropello de mediana energía en Avenida Recabarren de Temuco, aproximadamente a las 07:00 horas, sufriendo lesiones de diversa consideración. Producto de este atropello, fue trasladado al Hospital Hernán Henríquez Aravena. A continuación, expongo una imagen del auto que provocó el atropello.

De todo lo anterior quedó constancia en Parte 3325 de 16 de junio de 2023 de Carabineros de Chile, según consta en documento acompañado en otrosí de esta presentación. Una vez ingresado al Hospital Hernán Henríquez Aravena, se realizaron una serie de observaciones por parte de los facultativos. Para efectos de este recurso, es importante señalar que, en las observaciones formuladas por la médico cirujano nombre reservado, lo primero que se constató fue “Paciente sin antecedentes”.

El día 19 de junio de 2023, el facultativo nombre reservado diagnosticó lo siguiente: Politraumatizado Atropello de mediana energía Traumatismo de la aorta torácica Hematoma de aorta ascendente, arco aórtico y Ao descendente sin evidente disección (observación y control Rx) Pseudoaneurisma en nacimiento de carótida izquierda (observación y control Rx) Fx escapula derecha manejo ortopédico + costales x condilo occipital derecho Anderson 3, (pendiente evaluación con RNM) Fx L1 a1 Trauma de mano der, obs fractura.

Este atropello fue calificado como un Accidente de Trayecto por parte de la Mutual de Seguridad, mediante su Resolución 5198769, de 19 de junio de 2023. Así las cosas, la Mutual de Seguridad dictó su Resolución 20240104 de 15 de enero de 2024, por la cual otorgó a su representado un Grado Total de Incapacidad de 22,5%, en atención a los siguientes diagnósticos y secuelas. Sin embargo, cabe tener presente que mi representado de todas formas reclamó por el no otorgamiento de prestaciones médicas de parte de la Mutual de Seguridad, en relación a la Condromalacia Patelar Derecha y Lumbociática, ambas originadas en el accidente de trayecto referido, y diagnosticadas debidamente. En efecto, el 26 de enero de 2024 su representado reclamó ante la SUSESO. Sin embargo, aún con la amplia prueba documental que su representado presentó ante la SUSESO, y sin que esta siquiera dispusiera el desarrollo de nuevos exámenes, la recurrida determinó que ambos diagnósticos son de origen común, “toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como lo exige el artículo fecha 16 de junio de 2023.

Así entonces, sin más, la recurrida determinó rechazar el reclamo por calificación “por cuanto el infortunio que sufrió no tiene relación con la “Condromalacia patelar derecha Lumbociática” que evidenció”, denegando la cobertura del Seguro Social de la ley 16.744, afectando con ello los derechos constitucionales de mi representado, lo que lo motivó a recurrir de protección. Cabe señalar, igualmente, que mi representado, lamentablemente y producto del atropello, ha ido desarrollando paulatinamente una lesión cerebral. En efecto, con fecha 26 de marzo de 2024, el neurólogo doctor nombre reservado diagnosticó un daño axonal asintomático, siendo el daño axonal una lesión cerebral traumática, que provoca daños precisamente en los axones, parte de las células nerviosas que transporta los impulsos nerviosos. ACERCA DE LA CONDROMALACIA PATELAR DERECHA Y LA LUMBOCIÁTICA. Resumidamente, puedo dar cuenta que la Condromalacia Patelar Derecha es una lesión que afecta al cartílago de la rótula, en este caso, de la rodilla derecha. Al existir este diagnóstico, el cartílago se deteriora, lo que causa dolor y dificultad al moverse. Con fecha 29 de junio de 2023, a dos semanas del atropello, el doctor Sr. nombre reservado estableció la existencia de un Cartílago patelar con fisura de espesor subtotal en faceta medial, para así dar cuenta de la existencia de una “Condromalacia patelar grado 3 de ICRS”. La calificación en Grado 3 comprende fisura y desgaste mayor a la mitad del grosor del cartílago. En tanto, la Lumbociática es una condición que se puede causar por varias fuentes, como, por ejemplo, un trauma importante, como el sufrido por mi representado, y consiste en un dolor lumbar precisamente ciático, esto es, un dolor que va desde la parte baja de la espalda hacia una o ambas piernas. El 20 de octubre de 2023 del Cirujano de Columna Adulto e Infantil, Dr. nombre reservado, estableció como diagnóstico “Ciática derecha”. Mismo facultativo que practicó una cirugía el 30 de junio, sólo dos semanas después del atropello. En su anamnesis, estableció “Refiere ciática derecha, empeora al estar sentado” y en sus indicaciones señala “RM columna lumbar por ciática derecha”. Lo anterior también fue confirmado por el doctor Sr. nombre reservado, Neurocirujano y cirujano de columna, que el 14 de diciembre de 2023 diagnosticó “Ciática derecha”. Desde luego, ambas pueden ser producidas por traumatismos de mediana intensidad, como el que afectó a mi representado. Sin embargo, esto no fue tenido en consideración por parte de la recurrida, desechando de plano la calificación de origen laboral de ambas lesiones, sin siquiera someter a su representado a nuevos diagnósticos. FUNDAMENTOS DE DERECHO. La actuación de la recurrida, consistente en no dar lugar a la reclamación y así mantener la calificación de origen común de las dolencias “Condromalacia Patelar Derecha” y “Lumbociática” es ilegal y arbitraria, y desde luego, afecta las garantías constitucionales de mi representado, consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 1º de la Constitución Política de la República, según explicaré. La resolución recurrida es ilegal. La resolución recurrida es abiertamente ilegal, al rechazar el reclamo por calificación “por cuanto el infortunio que sufrió no tiene relación con la "Condromalacia patelar derecha Lumbociática" que evidenció”, sin entregar los fundamentos para descartar la causalidad entre el grave atropello sufrido por mi representado y los diagnósticos de facultativos que establecieron la existencia de ambas dolencias. En efecto, un examen de la Resolución Recurrida arroja que su negativa obedece a que no es posible establecer una relación de causalidad entre los diagnósticos y el evento ocurrido el 16 de junio de 2023. Pero no señala porqué descartó derechamente la causalidad, aun cuando: Entre el atropello (16 de junio de 2023) y el diagnóstico de Condromalacia Patelar Derecha (29 de junio de 2023) existen tan sólo 13 días de distancia, siendo esta por el atropello. Lo anterior es más grave aún, si mi representado estuvo hospitalizado desde el día del atropello hasta el 5 de julio y, por tanto, a la fecha del diagnóstico estaba efectivamente hospitalizado, sin movimiento. La recurrida obvia que la Condromalacia Patelar Derecha efectivamente puede surgir a partir de un trauma directo o como consecuencia de las severas afectaciones que sufrió su representado por el atropello. De igual forma, entre el atropello (16 de junio de 2023) y el diagnóstico de Lumbociática (20 de octubre de 2023) existe una proximidad importante, teniendo presente que lo sufrido por mi representado no fue un simple resbalón, sino que un atropello de mediana energía, que le generó varias lesiones, como la fractura de una vértebra.

Muchas de estas lesiones lamentablemente las arrastra hasta el día de hoy. Pero esta proximidad no es sólo temporal: el mismo cirujano que operó a mi representado producto del accidente, fue quien luego estableció el diagnóstico de “Ciática derecha”. La recurrida obvia, además, que la causal de la ciática puede ser plenamente coincidente con la Lumbociática. La recurrida descarta la Lumbociática, obviando con ello la grave afectación que tuvo mi representado en su columna vertebral, al extremo que, a sólo 3 días del atropello, ya estaban absolutamente diagnosticadas lesiones óseas de relevancia, en su escápula derecha, costales, columna cervical, lumbar, por parte del médico Sr. nombre reservado, del Hospital Hernán Henríquez Aravena. El 21 de junio, igualmente, también ya estaba plenamente asentado que su representado sufrió una fractura de la columna dorsolumbar. Todo esto fue obviado por la recurrida, sin entregar fundamento alguno para descartar la vinculación entre la Lumbociática y los daños lumbares sufridos o, en el fondo, entre la Lumbociática y el accidente sufrido. La gravedad de su lesión lumbar es tal, que el equipo de Traumatología del Hospital Hernán Henríquez Aravena solicitó su traslado a la Mutual de Seguridad de Santiago para tratamiento de lesión lumbar. Igualmente consta en documento “Resumen y Epicrisis de Enfermería”, sin fecha, del Hospital Hernán Henríquez Aravena, la fractura de la primera vértebra lumbar (L1), del tipo A1, esto es, con afectación de la compresión de la columna, lo cual también llevó a su representado a verse afectado por Lumbociática.

De igual forma, es ilegal la actuación de la recurrida, que para rechazar la aplicación del Seguro por las dos afecciones, señaló que no se puede establecer una relación de causalidad, aun cuando “profesionales médicos de este organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles”, sin señalar cuales son los antecedentes clínicos disponibles que fundan la falta de causalidad, ni cuáles son las opiniones médicas que llevaron a la recurrida a rechazar el Reclamo.

La Resolución no cita ni refiere un solo “antecedente clínico” que le permita aseverar que ambas afecciones no son causadas por el atropello sufrido. Esto es tal como si un Tribunal estimara acoger una demanda “por los documentos tenidos a la vista” pero sin enunciar cuales documentos, ni menos aún por qué tales o cuales le permitieron arribar a la convicción necesaria para acoger la demanda.

Al no entregar un solo fundamento, entonces la Resolución no está debidamente fundada, soslayando con ello lo establecido en el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, que establece que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

Desde luego, nada de esto ocurrió en el caso, pues simplemente la resolución recurrida no explica por qué le restó valor a los diagnósticos y, más aún, por qué no los vincula con el accidente del trayecto, en circunstancias que estos diagnósticos fueron otorgados todos precisamente a propósito del accidente: inclusive uno de ellos por el mismo doctor que operó a mi representado. Igualmente, la Resolución recurrida ignoró lo establecido en el artículo 16 de la ley 19.880, que dispone que “El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.” Pues bien, mi representado no conoce los fundamentos de la decisión adoptada en contra de su legítima pretensión.

En el mismo sentido antedicho, la resolución soslaya lo establecido en el artículo 41 inciso 3º de la misma ley 19.880, que establece que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.”

Esto es más grave aún en circunstancias que la Recurrida, al dictar su Resolución, estaba denegando un derecho, en este caso, a acceder al seguro establecido por la ley 16.744. Mayor celo debió haber llevado en la fundamentación de su Resolución. La resolución recurrida es arbitraria. De igual forma, la Resolución es arbitraria, al no indicar el fundamento para, en general, poder sostener que no existe relación de causalidad, pero sin explicar por qué. Por ejemplo, no indicó porqué le restó valor al Informe de RM de Rodilla Derecha suscrito por el doctor nombre reservado el 29 de junio de 2023, a dos semanas del atropello, que estableció “Cartílago patelar con fisura de espesor subtotal en faceta medial”, para luego dar cuenta de “Condromalacia patelar grado 3 de ICRS”. Esto es especialmente grave si mi representado estuvo prácticamente un mes hospitalizado, por lo que a la fecha del diagnóstico del doctor nombre reservado, él estaba hospitalizado y bajo cuidados. Este documento, que fue acompañado por mi representado al deducir su apelación ante la SUSESO, evidentemente no fue revisado ni tenido a la vista, pues de otra forma, la resolución reclamada debió haber señalado los motivos por los cuales desechó el Informe del doctor nombre reservado o, cuanto menos, por qué no estableció la causalidad entre el accidente y el diagnóstico de Condromalacia Patelar Derecha, si no tuvo a la vista ningún documento que diera cuenta que aquel no se originó en el grave atropello sufrido por su representado.

En el mismo sentido, la resolución recurrida es arbitraria, pues no indica los fundamentos específicos por los cuales le restó valor al Diagnóstico de 20 de octubre de 2023 del Cirujano de Columna Adulto e Infantil, Dr. nombre reservado, que establece como diagnóstico “Ciática derecha”. Mismo facultativo que practicó una cirugía el 30 de junio, sólo dos semanas después del atropello. En anamnesis, estableció “Refiere ciática derecha, empeora al estar sentado” y en sus indicaciones señala “RM columna lumbar por ciática derecha”. En definitiva, para ambas dolencias, surgidas a partir del accidente de trayecto sufrido por mi representado, la Resolución no explicó cuáles son los motivos por los cuales estimó que no tienen su origen en el accidente de trayecto, rechazando el otorgamiento de la cobertura de la ley 16.744 a mi representado. Tal actuar es arbitrario, pues nada es por que sí. Si la recurrida entendió que no existe causalidad, debió explicar en qué antecedentes se apoya, y porqué estos antecedentes le generaron la convicción de que no existe tal causalidad. Igualmente, el actuar de la recurrida es arbitrario, en tanto prefirió unos diagnósticos médicos y rechazó otros, claro está, sin especificar cuáles. La resolución recurrida perturba el derecho constitucional a la integridad psíquica de su representado.

En efecto, y como es conocido por S.S.I., la Constitución Política asegura a todas las personas la integridad psíquica. Esta, desde luego, se ha visto afectada por el actuar de la recurrida, que desconoce palmariamente los graves efectos que tuvo el atropello en su representado. Este atropello le causó innumerables consecuencias físicas, que lo acompañarán de por vida. Pero se ha visto especialmente afectado por el actuar de la recurrida, al desconocer esta las dos afectaciones ya tantas veces referidas, sin fundamento, es decir, sin dar cuenta de porqué, en concepto de la autoridad, no tienen su origen en el atropello. Esto lo ha afectado de sobremanera, pues la autoridad lo desconoce y prácticamente niega la existencia de ambas dolencias, ambas ampliamente diagnosticadas, sin ofrecer en contraste, aunque sea un sólo fundamento para poder señalar que no se originaron en el accidente. La resolución recurrida perturba el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. En efecto, la resolución recurrida, además, priva a mi representado de su derecho constitucional a la igualdad ante la ley, en tanto se le ha tratado en forma discriminatoria negativa en contraste con aquellas personas que presentan accidentes o eventos de similar intensidad al sufrido por don nombre reservado, y sin embargo no califican las consecuencias de estos como una enfermedad común. La resolución recurrida perturba el derecho constitucional de propiedad.

Finalmente, huelga decir que la calificación de origen común de ambas dolencias, sin fundamento alguno, y que en todo caso se originaron en el grave atropello sufrido por mi representado, desde luego han perturbado el derecho de propiedad de mi representado, afectando su patrimonio, mermado o disminuido al deber afrontar gastos de salud de forma común, sin poder acceder al seguro establecido en la ley 16.744.

En efecto, conforme el artículo 29 de la ley 16.744, la víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional tiene derecho a varias prestaciones que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente: a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; c) Medicamentos y productos farmacéuticos; d) Prótesis y aparatos ortópedicos y su reparación; e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.

Así, se puede apreciar que la negativa de la recurrida perturba y amenaza su derecho constitucional de propiedad, en tanto pone de su cargo, con costa a su patrimonio, todas las prestaciones que por ley debe otorgar gratuitamente el correspondiente organismo administrador del seguro. RESUMEN Y PETICIÓN CONCRETA. Conforme lo expuesto en este recurso de protección, atendida la falta de fundamento del rechazo de la recurrida para calificar como de origen laboral los diagnósticos de “Condromalacia patelar derecha” y “Lumbociática”, y que esta falta de fundamento ha afectado derechos constitucionales de mi representado, solicitaré a S.S.I. acoger a este recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida, calificando como de origen laboral ambas dolencias o, en subsidio, ordenar a la recurrida reevaluar los padecimientos de mi representado, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, mediante exámenes médicos presenciales y no meras revisiones documentales, para luego recién, pronunciarse nuevamente sobre la calificación de las dolencias “Condromalacia patelar derecha”, “Lumbociática” y de toda otra dolencia existente y que tenga su origen en el atropello que sufrió el 16 de junio de 2023, en forma plenamente fundada, con una expresa condena en costas.

Por ello, pide tener por interpuesto este recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por su actuación ilegal y arbitraria al dictar su RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-31164-2024, de 27 de febrero de 2024, notificada el mismo día por correo electrónico, solicitando desde ya se acoja este recurso, dejando sin efecto la referida resolución, estableciendo que las dolencias “Condromalacia patelar derecha” y “Lumbociática” que aquejan a mi representado tienen su origen laboral o, en subsidio de lo anterior, que se ordene a la recurrida la reevaluación de los padecimientos de mi representado, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, exámenes médicos presenciales y no meras revisiones documentales, para luego recién, pronunciarse nuevamente sobre la calificación de las dolencias “Condromalacia patelar derecha”, “Lumbociática” y de toda otra dolencia existente y que tenga su origen en el atropello que sufrió el 16 de junio de 2023, en forma plenamente fundada, con una expresa condena en costas. Acompaña: Resolución Exenta N° R-01-UME-31164-2024 de 27 de febrero de 2024. Correo electrónico de notificación de la Resolución Exenta N° R-01-UME-31164-2024 de 27 de febrero de 2024. Antecedentes de la denuncia por cuasidelito de lesiones, otorgado por el Ministerio Público. Resolución de Calificación Nº 5198769, de 19 de junio de 2023, de la Mutual de Seguridad. Resolución 20240104 de 15 de enero de 2024, de la Mutual de Seguridad. Apelación de 26 de enero de 2024, suscrita por don nombre reservado, junto a set de documentos acompañados a su presentación. Examen RM de Rodilla Derecha, de 29 de junio de 2023, suscrito por Dr. nombre reservado. Informe suscrito por Dr. nombre reservado, de 20 de octubre de 2023. Informe RM Cerebro, de 20 de marzo de 2024, suscrito por Dr. nombre reservado. Informe Médico de 26 de marzo de 2023, suscrito por Dr. nombre reservado. Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial de fecha 27 de marzo de 2024, otorgado en la Notaría de Villarrica de don nombre reservado, en que consta mi personería para representar a don nombre reservado.

A su turno, comparece CATALINA OSSSES OBANDO, abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando en primer lugar se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, debe ser dilucidada en un juicio de lato conocimiento. En efecto, la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, ha señalado que, lo intentado por la parte recurrente, desborda los límites de esta acción constitucional la que tiene por objetivo garantizar y proteger derechos indubitados, debiendo ocurrir ante la sede que corresponda a hacer valer todas las probanzas que sean pertinentes, todo lo que conduce necesariamente a desestimar el arbitrio impetrado, puesto que, la presente acción no constituye una instancia de declaración de derechos. De esa forma pide, se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia desborda los límites de la acción de protección, debiendo ser objeto de un juicio de lato conocimiento, con expresa condenación en costas. EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS. I) Antecedentes del caso. En relación a la acción constitucional de autos, y para despejar toda duda acerca de la legalidad y evidente motivación del acto impugnado y, por lo tanto, de la falta de fundamentos de la acción de autos, corresponde ahora señalar someramente, respecto de mi representada, cuál es su competencia y qué funciones cumple, en particular, respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley N° 16.744. 1.- Competencia de la Superintendencia de Seguridad Social. Esta entidad debe cumplir con el mandato constitucional en orden a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, establece la organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, estableciendo en su artículo primero que es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. En seguida, el artículo 2° establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales se cuentan las siguientes: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia. “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.” Por su parte, el artículo 3° del ya citado cuerpo legal dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia.” Para cumplir con esta finalidad, el cuerpo legal en comento establece que en su artículo 3° que la Superintendencia de Seguridad Social se organiza funcionalmente en una Fiscalía y las Intendencias de Beneficios Sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo ésta última el control y fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En efecto, a mi defendida le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos. Ahora bien, la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de una patología como profesional o común, según se cumplan o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “accidente profesional” contemplada en el artículo 5° de la Ley N° 16.744, las prestaciones médicas y económicas que contempla la cobertura del mismo, de resultar procedente, las eventuales secuelas que puede dejar en un trabajador o trabajadora y las prestaciones económicas que de ello se deriven, se inserta dentro del sistema de protección o seguridad social creado por el referido cuerpo legal. 2.- En cuanto al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales La Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos De Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5º y 7º, respectivamente de la Ley Nº 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2º y 3º de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes. La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.744 al Instituto de Seguridad Laboral, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social, y a las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas. Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.” En seguida, la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de un accidente y la determinación del sistema que debe otorgar en definitiva las prestaciones médicas, es materia regulada, en cuanto al fondo, por el artículo 5° de la Ley 5 N° 16.744, que creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus disposiciones reglamentarias. Ahora bien, como se explica en los dictámenes que resolvieron el caso del Sra. nombre reservado, la determinación de la etiología u origen de una afección, esto es, si tiene origen laboral o común, dependerá si en el caso concreto se cumplen o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “Enfermedad Profesional”, establecida en el ya citado artículo 7° del también ya citado cuerpo legal. Por esta razón, resulta conveniente hacer una breve referencia a los siniestros cubiertos por este seguro social. 3.- Concepto de Accidente del Trabajo y Enfermedad Profesional. El artículo 5º de la Ley Nº 16.744 define al accidente del trabajo como aquella “...Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro…”. Por su parte, el artículo 7º inciso primero de la Ley Nº 16.744 define a la enfermedad profesional como aquella “...causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.” Complementando la norma anterior, el artículo 16 del DS. Nº 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, complementando la antedicha norma legal dispone que: “Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.” 4.- Revisión del caso del Sr. nombre reservado por la Superintendencia de Seguridad Social. En el contexto legal que se ha expuesto precedentemente, y particularmente de acuerdo con las normas de la Ley N° 16.744, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se puede resumir en las siguientes actuaciones. a) Con fecha 26 de enero de 2024 ha recurrido a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando en contra de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción quién calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de "Condromalacia patelar derecha, Lumbociática", de lo que discrepa, y que lo atribuye a accidente de trabajo ocurrido el 16 de junio de 2023. b) Requerida al efecto, la citada mutual informó lo siguiente: I. Don nombre reservado, de 31 años, prevencionista, ingresó a Mutual el 19.06.2023, refiriendo que, el día 16.06.2023, cuando se dirigía hacia su trabajo, caminando en la vía pública, es atropellado por un vehículo. II. Conforme al examen médico e imagenológico practicado se diagnosticó Politraumatizado, TEC, Fractura cóndilo occipital inestable, Fractura L1 estable y Hematoma aórtico de manejo médico. Que, al ser calificado el infortunio como accidente de trabajo en el trayecto, se le otorgaron todas las prestaciones médicas y económicas correspondientes de la Ley 16.744, que se indican en la documentación médica acompañada, que describe el tratamiento al que fue sometido el trabajador para la recuperación de su estado de salud. III. Recibe primeras atenciones en Hospital Regional Temuco donde es hospitalizado en UTI. Luego, es derivado a Clínica Alemana Temuco el 23.06.2023, continuando tratamiento y control en UTI. IV. Con fecha 23.06.2023 se realiza cirugía columna, resolución quirúrgica y fijación occipito cervical C0-C1. Evoluciona favorablemente logrando condiciones de alta de hospitalización el 05.07.2023, continuando tratamiento y control ambulatorio. V. En control de 14.12.2023 paciente con buena evolución en etapa secuelar, por lo que se indica evaluación de incapacidad permanente. Gerencia de Asuntos Legales. VI. Mediante Resolución N° 20240104 de 15.01.2024, la CEIAT fijó en 22,5% el porcentaje de pérdida de ganancia por las secuelas “Limitación moderada de la movilidad de la columna cervical, con cervicobraquialgia residual” derivadas de los diagnósticos “Politraumatizado, Fractura de los cóndilos occipitales tipo anderson 3. Fractura flexo compresiva de vértebra L1 Tipo A1”, con fecha de inicio de incapacidad 15.01.2024 (Fractura de escápula derecha, Trauma torácico con fracturas de los arcos posteriores de las costillas 3 y 4, Hematoma de la aorta: sin complicaciones). VII. Durante el tratamiento, se estableció que también presentaba Condromalacia Patelar y Lumbociatica, patologías que fueron calificadas como de origen no laboral, por cuanto no es posible establecer una relación de compatibilidad entre lo referido por el trabajador y la expresión clínico imagenológica del cuadro observado, toda vez que, se trata de patologías de carácter degenerativo, de origen común, sin relación de causalidad con accidente del 16.06.2023. VIII. Consecuente con lo antes expuesto y en mérito de la documentación que se acompaña, solicitamos a esa Superintendencia tener por evacuado su requerimiento y confirmar lo señalado por Mutual en el caso que se trata. c) Pues bien, esta Superintendencia cumplió con señalar que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección del trabajador por el diagnóstico de “"Condromalacia patelar derecha Lumbociática” es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causalidad, como lo exige el artículo 5° de la Ley N° 16.744, entre el cuadro clínico que presenta y el evento ocurrido. En efecto, el mecanismo lesional descrito para ese evento no es concordante con la afección en comento.

Por lo expuesto, se rechazó el reclamo por calificación por cuanto el infortunio que sufrió no tiene relación con la patología que evidenció. No procediendo otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744. Lo anterior, según se advierte de la Resolución Exenta N°R-01-UME-31164-2024, de 27 de febrero de 2024. 5.- Ausencia de derechos vulnerados. La parte recurrente señala que esta Superintendencia habría vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19, relacionada con los numerales N° 1, 2 y 24. Pues bien, respecto a la garantía del artículo 19, N° 1, esto es, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, no se advierte como esta Superintendencia habría vulnerado tal garantía cuando el acto impugnado fue dictado, después de ocurrida la contingencia que se alega como laboral, no teniendo este Servicio la competencia para el otorgamiento directo de prestaciones de salud, atenciones que, por lo demás, se fueron cubiertas por su régimen común de salud. Por otra parte, la garantía del N° 2 sobre igualdad ante la ley, no corresponde ser invocada pues el recurrente ha tenido todas las garantías para presentar las acciones que estime necesarias ante este organismo, lo que concluye con un acto administrativo terminal, que cumple con dar respuesta oportuna a su petición, aunque el reclamante discrepe del resultado. En cuanto a la garantía del N° 24, esto es, el derecho a propiedad, el acto administrativo no cuestiona la existencia de la patología, sino que únicamente cual es el origen de ella, en este sentido, al no existir tal cuestionamiento, siempre podrá gozar de un subsidio por incapacidad laboral, el que será pagado según las normas establecidas en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, respecto de patologías de origen común. Así no existe privación alguna a los beneficios económicos que derivan de una licencia médica otorgada.

Finalmente, respecto de la materia de la acción de protección de autos, se debe considerar que la pretensión de la recurrente, en orden a que se modifique la calificación del origen de la patología que padeció, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico - laboral, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos legítimos, es decir, de aquellos que tienen un carácter de indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente de autos, claramente su pretensión jurisdiccional dice relación con establecer un derecho de seguridad social concreto, derivado del cambio de la calificación del origen de un accidente, en el marco de la Ley N° 16.744, y no de amparar un derecho preexistente. Ello, de ser reclamado judicialmente, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

Por ello, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 18 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 18.575, Ley N° 16.395, Ley N° 16.744 y demás disposiciones pertinentes; solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas. Acompaña: copia de la Resolución Exenta N° R-01-UME-31164-2024, de 27 de febrero de 2024 y copia del expediente administrativo tenido a la vista.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en un primer orden de ideas, cabe hacer notar que no lleva la razón la Superintendencia recurrida al sostener la improcedencia de la acción - en base a las razones sintetizadas en lo expositivo de este fallo-, dado que no se trata aquí exclusiva y excluyentemente de la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino que de los demás que más arriba fueron también indicados.

Esta alegación será desestimada sin mayores dilaciones, en la medida que la acción conservativa interpuesta (por las razones sintetizadas en lo expositivo precedente), se refiere a la conculcación de garantías fundamentales distintas a la única a que hace alusión dicha recurrida, por lo que, y de acuerdo al mérito de autos, tal basamento carece de todo sustento.

Por lo demás, y en otro ámbito de lo argüido por dicho órgano administrativo, la acción constitucional de protección procede, tal como se establece en el texto constitucional, “sin perjuicio del ejercicio de otros derechos”.

TERCERO: Que, ahora bien, en lo concerniente a la discusión de fondo, ha de tenerse en cuenta que la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado.

Luego, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

CUARTO: Que en lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

QUINTO: Que asentado lo anterior, y en un plano normativo, debe considerarse que el artículo 7° de la Ley N° 16.744, que Establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, define la enfermedad profesional como aquella “causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

A su vez la Circular Nº 2838/2012 de la SUSESO, normativa actualmente comprendida dentro del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la Superintendencia de Seguridad Social, en el Título III letra C referido al protocolo de enfermedades mentales, en su Capítulo II número 2 de las normas especiales del proceso de calificación, relativo a la evaluación de las condiciones de trabajo, se señala que: «Cuando el motivo de consulta se refiere a relaciones laborales hostiles o acoso laboral, se debe consultar en forma explícita por la existencia de evidencia referida a esta dimensión, tales como denuncias e investigaciones. En caso de violencia, acoso laboral o sexual, cuando el motivo de la consulta se refiere a relaciones laborales hostiles o acoso laboral, se deberá consultar en forma explícita por la existencia de evidencia referida a esta dimensión. (…)

Mientras que en el título III capítulo II número 3, al aludir al Comité de calificación para enfermedad mental, indica: «Para calificar el origen, común o laboral, de una patología mental, el Comité deberá contar con todos los elementos de la evaluación clínica (médica y psicológica), las evaluaciones de condiciones de trabajo (información de empresa y el EPT-PM) y los antecedentes de la vigilancia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, según el protocolo del Ministerio de Salud, cuando corresponda. El análisis del Comité deberá prestar especial importancia a la coherencia de los discursos tanto del o la paciente, los declarantes, los evaluadores, así como al componente clínico del caso. En los casos de violencia y acoso, se debe ponderar detenidamente los antecedentes que tenga a su disposición, con especial énfasis en el relato de la persona afectada y su consistencia a lo largo del desarrollo de la evaluación, solicitando una repetición de la evaluación en el caso de estar disconforme con ésta. Debe considerar las características clínicas, la existencia de antecedentes adicionales, las características del cargo y de la evaluación del puesto de trabajo. Debe tener en cuenta que el mecanismo de acoso o violencia, puede ser subrepticio o abierto (explícito o abierto), y que impacta fuertemente la estabilidad psíquica, debiendo explicar la desestructuración donde antes hubo equilibrio.»

SEXTO: Que en la situación de autos, cabe precisar que la SUSESO confirmó el rechazo de la negativa de la Mutual de Seguridad de la Cámara de la Construcción, de calificar las patologías de “Condromalacia patelar derecha” y “Lumbociática”, como laboral, desestimando la reconsideración formulada por la actora en contra de la decisión reseñada, dictando al efecto con fecha 27 de febrero de 2024, la siguiente resolución limitándose a fundamentarla en «Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el referido ente calificador, entre ellos evaluaciones clínicas, ficha médica y estudio de puesto de trabajo. Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que las afecciones que presentó el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el accidente laboral de trayecto sufrido por el actor y las patologías señaladas, las cuales son de origen común”.

SEPTIMO: Que del estudio de los antecedentes, queda establecido que en el presente caso el recurrente ha sido diagnosticado el 26 de marzo de 2024, el neurólogo doctor nombre reservado con un daño axonal asintomático, siendo el daño axonal una lesión cerebral traumática, que provoca daños precisamente en los axones, parte de las células nerviosas que transporta los impulsos nerviosos. Por su parte, la Condromalacia Patelar Derecha que sufre el trabajador es una lesión que afecta al cartílago de la rótula, en este caso, de la rodilla derecha. Al existir este diagnóstico, el cartílago se deteriora, lo que causa dolor y dificultad al moverse. Con fecha 29 de junio de 2023, a dos semanas del atropello, el doctor Sr. nombre reservado estableció la existencia de un Cartílago patelar con fisura de espesor subtotal en faceta medial, para así dar cuenta de la existencia de una “Condromalacia patelar grado 3 de ICRS”. La calificación en Grado 3 comprende fisura y desgaste mayor a la mitad del grosor del cartílago. En tanto, la Lumbociática es una condición que se puede causar por varias fuentes, como, por ejemplo, un trauma importante, como el sufrido por el recurrente, y consiste en un dolor lumbar precisamente ciático, esto es, un dolor que va desde la parte baja de la espalda hacia una o ambas piernas. El 20 de octubre de 2023 del Cirujano de Columna Adulto e Infantil, Dr. nombre reservado, estableció como diagnóstico “Ciática derecha”. Mismo facultativo que practicó una cirugía el 30 de junio, sólo dos semanas después del atropello. En su anamnesis, estableció “Refiere ciática derecha, empeora al estar sentado” y en sus indicaciones señala “RM columna lumbar por ciática derecha”. Lo anterior también fue confirmado por el doctor Sr. nombre reservado, Neurocirujano y cirujano de columna, que el 14 de diciembre de 2023 diagnosticó “Ciática derecha”.

OCTAVO: Que, así las cosas, y no habiendo discusión sobre el diagnóstico clínico de las patologías que aún persisten en la persona del recurrente, siendo lo controvertido el elemento de la causalidad, la cual es considerada como insuficiente sin otro argumento para determinar o no si es consecuencia del atropello sufrido por el trabajador cuando se dirigía a su trabajo, aparece que los basamentos indicados por la SUSESO reclamada pasan lisa y llanamente a quedar desprovistos de sustento, y, por ende, la fundamentación consecuente, por mucho que se argumente al punto, no viene sino a trasuntarse en una de carácter “aparente”.

NOVENO: Que, en relación con lo que se viene expresando, debe tenerse en cuenta que la cuestión debatida en esta acción, dice relación con dos patologías residuales, que aún presenta el actor, y que a juicio de la SUSESO no son consecuencia directa del accidente, lo cual controvierte el actor en su libelo pretensor, es posible observar que la autoridad se ha limitado a revisar documentos, ignorando, sin señalar porque, las conclusiones de los informes de los profesionales tratantes, que establecen como causa de las patologías del trabajador, el tantas veces señalado atropello sufrido por el actor el 16 de junio de 2023.

Así las cosas, deviene que en la especie faltarían antecedentes para sostener con seriedad la decisión que sustentó la SUSESO en la resolución objeto del recurso.

DECIMO: Que, atendida entonces las particulares condiciones descritas, el actuar específico de la SUSESO se trasunta en ilegal, por la ausencia de una real fundabilidad de su resolución, y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, tal como el caso del actor lo ameritaba, no dispuso la utilización de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento para los efectos de resolver la reconsideración que fuera incoada.

Y este actuar ilegal y arbitrario, vulnera, sin duda, el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de la recurrida, en cuanto a considerar ambas patologías como lesiones producidas por el traumatismo de mediana intensidad sufrida por el actor, negándole la pertinente cobertura en consecuencia, lo obligan a afrontar por sí mismo los gastos de salud, afectando claramente su patrimonio.

UNDECIMO: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida empero ella se otorgará solamente en cuanto a ordenar la realización de nuevos exámenes, a partir de los cuales -y en su mérito- la Superintendencia recurrida proceda a resolver la cuestión recurrida, como se pasará a indicar.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia del recurso, formulada por la Superintendencia recurrida, y II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos en favor de don nombre reservado, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-31164-2024 de 27 de febrero de 2024, dictada por dicho órgano administrativo, que determinó que las dolencias “Condromalacia patelar derecha” y “Lumbociática” que aquejan al actor, poseen un origen meramente común y no profesional, al no ser consideradas patologías emanadas directamente del atropello sufrido por el mimo en el año 2023, ordenando que dicha Superintendencia deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de veinte días hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la reevaluación de las condiciones de salud del recurrente, mediante nuevos exámenes, efectuando un análisis integral de los antecedentes aportados por ésta, junto a los exámenes e informes que se han acopiado al respectivo expediente administrativo, luego de lo cual, procederá a resolver, en su mérito, la reposición o reconsideración administrativa que fuera presentada ante ese mismo órgano administrativo por el mencionado recurrente.

La mencionada SUSESO deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo ordenado en este fallo.

Sin perjuicio de lo anterior, cúmplase, en su oportunidad, con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. nombre reservado Cristian Carvajal De Vicenzi.

Rol Proteccion N°1760-2024(ela)