nombre reservado con UNIVERSIDAD MAYOR.
- Fecha
- 27 de julio de 2020
- Sala
- Segunda
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 17573-2019, sentencia de 27 de julio de 2020
Resumen
Se rechaza el recurso de protección del licenciado de Obstetricia y Puericultura contra la Universidad Mayor: el bloqueo financiero por deuda no afecta derechos indubitados, y además ya estaba titulado.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de julio de dos mil veinte.
VISTOS:
A folio 1, comparece nombre reservado, licenciado de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Mayor, sede Temuco, quien Interpone recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD MAYOR, sede Temuco, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por infringir gravemente las garantías constitucionales que señalo:
El día 07 de Noviembre de 2019, recibí informe desde el Departamento de Gestión Financiera Estudiantil de la Universidad Mayor, sede Temuco, de parte de doña nombre reservado, ejecutiva de cuentas corrientes, Gestión Financiera Estudiantil, de la antes mencionada Universidad, donde se señala: “El estudiante se encuentra con bloqueo financiero para todos los tramites de titulación e inscripción de Titulo”, (dicha inscripción es realizada en la Superintendencia de Salud, para así poder desempeñarme en mi área de estudios), y además para poder iniciar el proceso de titulación e inscripción de mi título, según reglamento interno, debo rendir una evaluación de “Perfil de Egreso”, que medirá mis competencias otorgadas por el sello de la Universidad, el cual no se me permite rendir debido a la deuda que se mantiene, esto pese a cumplir con todos los requisitos académicos, sin embargo no se me puede entregar el título y realizar la inscripción del mismo, ya que antes debo rendir dicha evaluación, y para esto debo recurrir al Departamento de cobranzas para regularizar la deuda.
Esta deuda corresponde a $ 3.286.636.- pesos, valor nominal al 07 de noviembre de 2019.
La recurrida, con su accionar ha infringido las garantías constitucionales de igualdad ante la Ley y derecho de propiedad, establecidos en el art. 19 N° 2 y 19 N° 24, de la Constitución Política se la Republica.
No puede la recurrida, mediante una determinación unilateral negarme, la inscripción en la Superintendencia de Salud, requisito fundamental para poder desempeñarme en el área pública y privada en el ámbito de la Salud, ni tampoco negarme la entrega de mi título profesional de MATRON, ya que ello constituye un acto de autotutela jurídica y su actuar ha sido arbitrario, ya que no realiza las acciones antes mencionadas por existir deudas pendientes y no acciona para su cobro por las vías jurisdiccionales conculcando mi garantía de igualdad ante la Ley por que desconoce que debe dárseme el trato académico de Licenciado en Obstetricia y Puericultura, MATRON titulado que a todos los que se encuentran en la misma situación se confiere, el que comprende el otorgamiento de los documentos respectivos y sobre el derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 565 y siguiente del Código Civil y en especial la norma del artículo 583 del mismo código que señala que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. También se infringe el artículo 11 inciso 4 de la Ley General de Educación, N° 20.370 que señala que “El no pago de los compromisos contraídos por el alumno, por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar, y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica”.
Solicita se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD MAYOR, sede Temuco, representada por su rector, don nombre reservado, ya individualizado, y previo informe de éste, acogerlo íntegramente, disponiendo todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del Derecho y en especial, disponer que la recurrida debe realizar la Inscripción en la Superintendencia de Salud y hacerme entrega de mi título de MATRON, todo ello con costas.
Acompaña a su presentación los siguientes documentos:
1.- Certificado que acredita bloqueo financiero para todos los trámites de titulación he inscripción del Título.
2.- Pase de cuenta corriente que estipula el monto adeudado.
3.- Boletín histórico de notas.
4.- Malla curricular con la totalidad de ramos aprobados.
5.- Correos electrónicos de la Dirección de administración y Finanzas.
6.- Sentencia Definitiva dictada el 08 de octubre de 2012, por la IItma. Corte de Apelaciones de Chillán en causa ingreso Protección Rol N° 140-2012, caratulada “nombre reservado con Universidad del Bío-Bío”
7.- Sentencia Definitiva dictada el 05 de noviembre de 2012, por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 7827-2012, caratulada “nombre reservado con Universidad del Bío-Bío”.
A folio 11, informa el recurrido quien señala:
De forma previa, quisiéramos mencionar que, la Universidad Mayor, ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley general de educación, en cuanto no condicionar el normal desarrollo del proceso de titulación al cumplimiento de obligaciones financieras, lo anterior asimismo dado el conocimiento de la existencia de diversa jurisprudencia, que se ha pronunciado en el mismo sentido.
Sin perjuicio de lo mencionado, nos haremos cargo del contenido del documento, acompañado en el primer otrosí del recurso de autos su presentación y que se individualiza como “Certificado que acredita bloqueo financiero para todos los tramites de titulación he inscripción del Título”. El documento en comento efectivamente es un certificado sin ningún tipo de especificación como por ejemplo certificado de egreso, certificado de título, etc. El documento indicado, da cuenta que don nombre reservado es estudiante de OBSTETRICIA Y PUERICULTURA y respecto de la situación financiera señala que se encuentra con MOROSIDAD ARANCELARIA, para posteriormente señalar los valores y conceptos adeudados. Sin embargo, en el mismo documento, pero en el ítem “Observaciones” se señala que el estudiante se encuentra con bloqueo financiero para los tramites de titulación, en consecuencia, podrá apreciar que dicha mención no se incorpora ordinariamente a dichos documentos.
La explicación de la inclusión de dicha mención, en un documento que ordinariamente no la contiene, la podemos encontrar en la propia solicitud que, el apoderado del recurrente don nombre reservado, realizó al Sr. nombre reservado, jefe de gestión estudiantil, Sede Temuco de la Dirección de Administración y Finanzas, bajo el pretexto que dicho documento, sería presentado ante su empleador, para los efectos de ejercer presión en la obtención de un préstamo, que permitiera regularizar la morosidad existente. Cuestión, que se ve confirmada en la comunicación vía correo electrónico, acompañada en estos autos, en la cual, desde el correo electrónico del recurrente, su apoderado, con fecha 4 de noviembre de 2019, indica “actualmente se encuentra en trámite el préstamo solicitado para la normalización de la deuda, el día jueves ya tendré la solución”. Sin embargo, tal como se acreditará, el alumno nombre reservado, nunca estuvo bloqueado para los tramites de titulación.
La Escuela de Obstetricia y Puericultura, con fecha 29 de octubre de 2019, envió vía correo electrónico a la Oficina Regional de Registro Estudiantil (ORRE), la nómina con los egresados 2019, entre los cuales se encuentra el recurrente. Posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 2019, doña nombre reservado, jefa de la ORRE, Sede Temuco, envía por correo electrónico la “Nomina de egresados de Temuco, correspondientes al directorio 326 a realizarse el 13 de noviembre de 2019”, cabe hacer presente que, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 47 de la Reglamentación de la Universidad Mayor, se indica que los grados académicos y títulos profesionales deben ser aprobados previamente por el Directorio de la Universidad.
Con fecha 13 de noviembre de 2019, se realizó el directorio N° 326, en el cual se aprobó la titulación de los estudiantes presentados en dicha oportunidad, se procedió a la emisión y firma de los respectivos certificados de título. Asimismo, se procedió al envió de todos los antecedentes para la respectiva inscripción de los estudiantes, ante la Superintendencia de Salud, cuestión que se hizo mediante correo electrónico con fecha 7 de diciembre de 2019, dictándose por dicha entidad pública, con fecha 9 de diciembre de 2019, la resolución exenta IP N° 3873-2019, documento que en su página 12, se puede verificar la inscripción del recurrente ante la Superintendencia mencionada. Cabe hacer presente que los mismos egresados, accediendo a la plataforma web de dicha entidad pueden verificar la circunstancia de dicha inscripción.
Finalmente, mediante correo electrónico enviado por doña nombre reservado a la casilla correo reservado, se le comunica que su certificado de titulo se encuentra a su disposición para su retiro, cuestión que efectivamente hizo.
Como podrá apreciar la Universidad Mayor, jamás paralizó o condicionó el proceso de titulación del estudiante mencionado, a la regularización de la morosidad que mantiene con mi representada. A mayor abundamiento, aun antes de la presentación del recurso de autos, el proceso se desarrolló con normalidad, sin embargo, debe tenerse en consideración que, de existir algún retraso, este se debe a las circunstancias excepcionales existentes en el país.
Finalmente, cabe señalar que este abogado, tomó contacto tanto con el recurrente, su apoderado don nombre reservado, quienes me derivaron con su abogado de confianza, con la finalidad de poder dar termino a la tramitación del presente recurso, fundamentalmente atendido que los hechos expuestos no eran efectivos y asimismo, que lo solicitado en su recurso ya había sido otorgado por la Universidad, dado la integra y completa tramitación del proceso de titulación e inscripción en la SIS, asimismo, habida consideración de la carga de trabajo de los tribunales de justicia. Sin embargo, la respuesta recibida tanto, por el apoderado, como por el abogado, el cual, a la fecha de esta presentación, no ha constituido patrocinio y poder, nos parecieron abusivas y demostrativas de un ánimo de lucro injustificado, para demostrar lo anterior, se reproduce la comunicación efectuada.
Estimado Colega:
Escribo para iniciar contacto, acordar alguna forma de solución, y poner término a la causa indicada en Asunto.
Para avanzar, le indico que mi representado, me ha indicado que quedaría satisfecho con lo siguiente:
Dar por pagado el año completo de la Carrera de nombre reservado.
Y cubrir mis honorarios profesionales por redacción y asesoría de Escritos asociados a la causa indicada en Asunto: $1.500.000 (Un Millón Quinientos Mil Pesos). Mis datos de contacto son: Correo electrónico: correo reservado; Celular: teléfono reservado. Estoy disponible a convenir alguna salida que satisfaga a ambas partes, a la brevedad, antes del día 18 de este mes. Atte. Álvaro Palacios Barrera Abogado Frente a dicha circunstancia, nos hemos visto impedido de poder terminar la presente causa, mediante una solución más colaborativa, debido a que no podemos aceptar los términos expuestos por el colega Palacios Barrera. Demostrativo del ánimo existente detrás de estas exigencias, es la exigencia para dejar sin efecto el recurso, el dar por pagado el arancel 2019 del recurrente, cuestión que no estaba incluida en su libelo.
En relación a este punto, la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, al resolver recurso de protección Rol de ingreso 16.316-2019, señala los objetivos del recurso de protección, indicando “Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 2°) Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.”
Solicita tener por evacuado el informe ordenado en estos autos y rechazar con costas el recurso impetrado.
Acompaña a su informe los siguientes documentos:
1.- Correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2019, de doña nombre reservado, Directora Docente de la Carrera de Obstetricia y Puericultura, en la cual se adjunta nomina egresados 2019.
2.- Nomina de egresados 2019, se hace mención que el documento originalmente estaba en formato Excel, sin embargo, para ser subido a OJV se ha transformado en pdf.
3.- Correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2019, mediante la cual doña nombre reservado, jefa oficina regional de registro estudiantil, adjunta nomina para directorio 326 de fecha 13 de noviembre de 2019, dirigido a nombre reservado, jefa oficina regional de registro estudiantil.
4.- Nomina de titulados en directorio 326 de fecha 13 de noviembre de 2019, se hace mención que el documento originalmente estaba en formato Excel, sin embargo, para ser subido a OJV se ha transformado en pdf.
5.- Correo electrónico de fecha 7 de diciembre de 2019, mediante la cual nombre reservado, jefa oficina regional de registro estudiantil informa a doña nombre reservado, jefa oficina regional de registro estudiantil, sobre la inscripción de los titulados ante la Superintendencia de Salud.
6.- Resolución exenta 3873 de fecha 9 de diciembre de 2019, dictada por la Superintendencia de Salud, correspondiente a la unidad de registro de prestadores de salud, el recurrente se encuentra en la página 12.
7.- Correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2019, mediante la cual se le informa al recurrente que se encuentra disponible para su retiro el certificado de título.
8.- Fotocopia libro registro de retiro de documentos, en el cual consta que, el recurrente hizo retiro de la documentación con fecha 11 de diciembre de 2019.
9.- Correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2019, en la cual nombre reservado, jefa oficina regional de registro estudiantil informa a doña nombre reservado, jefa oficina regional de registro estudiantil, sobre el funcionamiento de las dependencias de la Universidad Mayor.
10.- Correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2011, mediante el cual, Anabel Valdés, abogada de la Universidad Mayor, comunica a nombre reservado, jefa oficina regional de registro estudiantil, sobre la imposibilidad de condicionar la entrega de documentos a estudiantes.
Se trajeron los autos en relación CON LOS RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.
SEGUNDO: Que, acorde a lo debatido en el caso de marras, corresponde a esta Corte dilucidar, si la recurrida UNIVERSIDAD MAYOR, sede Temuco, ha cometido actos arbitrarios e ilegales, que impidan el proceso de titulación del recurrente nombre reservado, por tener deudas con la casa de estudios, y si ese actuar, que acusa de arbitrario o ilegal vulnera o perturba los derechos fundamentales reclamados por el recurrente.
TERCERO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.
CUARTO: De esta forma, este tipo de acción constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos indubitados y no disputados, y a juicio de esta Corte, en la especie, no se desprende de los hechos descritos por el actor, fundando el acto impugnado, la existencia de tales derechos de las características antes precisadas establecidos en favor del mismo que sean susceptibles de ser cautelados mediante el presente recurso, pues éstos han sido controvertidos por la recurrida, según se infiere de lo consignado, ya que éste no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, pues para ello está la vía jurisdiccional, ya que el pronunciamiento que persigue el recurrente, para su adecuado reconocimiento y determinación, debe ser objeto, necesariamente, de una controversia, en que las partes procesalmente puedan acreditar en forma legal sus pretensiones -discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean procedentes- propósito que, como reiteradamente lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema en situaciones análogas a las planteadas por el recurso en estudio, no es posible lograr a través de esta sede constitucional de excepción.
QUINTO: Que, a mayor abundamiento, corresponde tener presente, que dada la naturaleza cautelar, no contradictoria y sumaria del arbitrio constitucional en estudio, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, lo que en la especie, a juicio de esta Corte, no ocurre, por lo que, atendida su naturaleza cautelar, impide que el recurso en comento pueda emplearse para dilucidar situaciones no comprendidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, como sería, en el caso en estudio. Más aún cuando de la documentación acompañada por la parte recurrida, queda acreditado que el recurrente de autos, ya está titulado de la carrera de Obstetricia y Puericultura.
Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia. SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD MAYOR, sede Temuco, representada legalmente por su Rector don nombre reservado.
Redacción del Abogado Integrante Marcelo Neculman Muñoz.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Protección-17573-2019. (fcv)