nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Temuco Temuco, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio N° 1, comparecen los abogados Javiera Garate Gallardo, Javiera Acuña Ramos e Ignacio Arancibia Panella, quienes interponen recurso de protección en favor de D.E.M.L., cubano, de 7 años de edad, cédula de identidad para extranjeros número RUT reservado; en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en no acoger a trámite la solicitud de Residencia Definitiva del recurrente mediante comunicación de fecha 24 de marzo de 2026, perturbando dicho acto el derecho constitucional de igualdad ante la ley y el debido proceso, establecidos en los artículos 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Expone que el niño recurrente con fecha 26 de marzo de 2024 y mediante Resolución Exenta Nº 24139425 obtuvo permiso de Residencia Temporal subcategoría Niños, Niñas y Adolescentes del Servicio Nacional de Migraciones, en calidad de titular, por lo que, dentro de plazo, con fecha 24 de marzo de 2026, el recurrente realizó su solicitud de residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, bajo el código de trámite 75382583.

Sin embargo, con fecha 24 de marzo de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones notificó al recurrente comunicándole que la solicitud de residencia definitiva número 75382583 no fue acogida a trámite, por no cumplir con los requisitos del artículo 65 N° 1 y 2 del Reglamento de la ley de Migraciones, esto es, insuficiencia de medios de vida que permitan subsistencia y periodo de estabilidad laboral.

Alega que, en este caso, el solicitante es un niño de 7 años y se acompañó una declaración jurada de cuidado personal y expensas de su madre doña nombre reservado, cubana, pasaporte cubano número RUT reservado y RUN provisorio chileno número RUT reservado, quien habría acreditado su propia suficiencia económica y estabilidad laboral.

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, por cuanto vulnera el artículo 31 de la Ley 19.880 al no requerir al interesado documentación complementaria ante una solicitud supuestamente insuficiente y vulnera asimismo el interés superior del niño.

Afirma que se habría acreditado suficiencia laboral de la madre, quien registra antecedentes laborales y previsionales que acreditan ingresos estables, formales y suficientes, puntualmente liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de noviembre de 2025, diciembre de 2025 y enero de 2026, emitidas por la empresa Servicios Médicos Vitalis SPA, dan cuenta de una remuneración mensual superior a $1.140.000 líquidos.

Por su parte, el Certificado de Cotizaciones emitido por AFP UNO con fecha 18 de febrero de 2026 acredita cotizaciones previsionales ininterrumpidas durante doce períodos consecutivos, desde febrero de 2025 hasta enero de 2026, lo que da cuenta de una relación laboral estable y continua.

Sostiene asimismo que se infringe el artículo 37 de la Ley de Migraciones, por cuanto encontrándose en situación migratoria regular y no manteniendo vigente ninguna de las sanciones migratorias, el Servicio Nacional de Migraciones debe acoger a trámite la solicitud de residencia.

Aduce que la inadmisibilidad de la solicitud de residencia implica la negación de una vía legal para que el recurrente regularice su situación migratoria, lo que resulta un impedimento efectivo para la permanencia conjunta con su familia en el país, lo que vulnera el interés superior del niño.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene:

Que se deje sin efecto la decisión de fecha 24 de marzo de 2026 del Servicio Nacional de Migraciones que no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva del recurrente;

Que se ordene reanudar la tramitación de la solicitud de residencia definitiva del recurrente y continuar con el procedimiento administrativo, requiriendo documentación adicional al interesado en caso de ser necesario, otorgando para ello un plazo no inferior a 60 días;

Que, ante el improbable caso de que se rechacen las peticiones anteriores, en subsidio, solicita que esta Corte adopte las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso: Hoja de identificación de pasaporte cubano número RUT reservado de D.E. M.L.; Cédula de identidad chilena para extranjero del recurrente; Estampado electrónico de residencia temporal de fecha 27 de marzo de 2024; Comprobante de envío de solicitud de Residencia Definitiva número 75382583 de fecha 25 de febrero de 2026; Comunicación electrónica “Su solicitud de Residencia Definitiva no fue acogida a trámite” de fecha 24 de marzo de 2026 del Servicio Nacional de Migraciones; Certificado de nacimiento D.E.M.L.; Declaración jurada de expensas de doña nombre reservado en favor de D.E.M.L.; Contrato de trabajo de doña nombre reservado; Certificado de vigencia de contrato laboral de doña nombre reservado; Liquidaciones de sueldo de doña nombre reservado; Cotizaciones previsionales de doña nombre reservado; Cotizaciones de salud de doña nombre reservado.

A folio 3, se tuvo por aceptada la competencia declinada por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y se tuvo por interpuesto el recurso de protección.

A folio 14, el recurrido Servicio Nacional de Migraciones evacua informe, señalando que no existe acto ilegal o arbitrario atribuible a la autoridad recurrida que pueda configurar los presupuestos del artículo 20 de la Constitución.

Expone que el recurrente obtuvo residencia temporal en calidad de dependiente mediante Resolución Exenta N° 24139425, visa vigente desde 27 de marzo de 2024 hasta 27 de marzo de 2026, y que posteriormente, con fecha 25 de febrero de 2026, solicitó residencia definitiva bajo ID N° 75382583. Sin embargo, mediante comunicación electrónica, de fecha 23 de marzo de 2026, se informa que la solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite y se deriva solicitud a residencia temporal, fundado en que no se cumple con los requisitos conforme al artículo 65 N°1 y 2 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería, respecto de un adulto responsable, que se basan jurídicamente en que los menores de edad no se sustentan por sí mismos, por lo que su subsistencia económica debe ser garantizada formalmente por sus padres o tutores legales en Chile, lo que no fue debidamente acreditado en la solicitud de residencia ingresada ante este Servicio, por lo cual se requiere de un periodo mayor de residencia en el país para el otorgamiento de la residencia definitiva.

Sostiene que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de la autoridad administrativa, toda vez que el acto administrativo impugnado constituye un acto reglado, dictado por la autoridad dentro de las facultades legales y fundado en el claro incumplimiento de un requisito objetivo por parte del recurrente. El Servicio se ha limitado aplicar la Ley migratoria.

Destaca que el recurrente mantiene situación migratoria regular en Chile. Esto, sumado al hecho de que no existe ninguna sanción dictada en su contra, a saber, orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión, lo que permite confirmar cómo la presente acción de protección es improcedente.

En definitiva, concluye que no concurre conducta ilegal ni arbitraria, ya que la negativa a acoger a trámite la solicitud, se fundó estrictamente en el marco normativo aplicable, solicitando se rechace íntegramente la acción de protección y se declare su inadmisibilidad.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el acto impugnado en estos autos es la comunicación electrónica Folio N° 96188883, de fecha 23 de marzo de 2026, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones resolvió no acoger a trámite la solicitud de residencia definitiva ID N° 75382583 del recurrente, fundamentado en que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 65 N°1 y 2 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería; por no encontrarse acreditada su subsistencia económica, la que debe ser garantizada formalmente por sus padres o tutores legales en Chile, derivando sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, donde actualmente se tramita una solicitud de residencia temporal.

SEGUNDO: Que, del tenor del acto recurrido y lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones consta expresamente que la Administración, al constatar la falta de cumplimiento de los requisitos para la residencia definitiva, no dispuso el rechazo con orden de abandono del país ni aplicó sanción alguna que irrogue una irregularidad migratoria. Por el contrario, en aplicación del principio de protección, dispuso la derivación del trámite hacia una subcategoría de "residencia temporal", generando una nueva solicitud en dichos términos, la que, según lo informado por el Servicio, se ingresó bajo el ID N° 75597140 con fecha 24 de marzo de 2026, encontrándose actualmente en etapa de análisis, manteniendo su situación migratoria al día en el intertanto.

TERCERO: Que, en este contexto, es menester recordar que la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería establece un estatuto robusto de protección para los extranjeros que mantienen solicitudes pendientes ante la autoridad administrativa. En efecto, el artículo 43 inciso final de dicho cuerpo legal dispone expresamente que “se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud”. A su vez, el artículo 38 garantiza la libertad de ingreso y egreso del territorio nacional a quienes cuenten con un proceso pendiente y el artículo 45 del mismo cuerpo legal habilita la continuidad del desarrollo de actividades lícitas remuneradas.

CUARTO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que si bien no se acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva, lo cierto y verdaderamente trascendente para esta sede cautelar es que actualmente se encuentra sometida a un procedimiento administrativo de regularización, mediante la tramitación de una “residencia temporal”.

Dicho estado procedimental, por el solo ministerio de la ley, le otorga un estatus migratorio regular que le permite trabajar, residir, desplazarse y mantener la vigencia de su documento de identidad nacional, razón por la que esta Corte no advierte la existencia de una afectación actual, privación o amenaza a las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad contempladas en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso quinto y N° 24 de la Carta Fundamental, quedando además a salvo el derecho del recurrente para impugnar el acto por las vías que franquea la Ley de Migraciones o en su caso la Ley N° 19.880 y para presentar una nueva solicitud una vez satisfechos los requisitos legales.

Así, al no existir una vulneración efectiva de derechos que deba ser remediada por esta vía de urgencia, la presente acción constitucional carece de sustento y no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso deducido en favor de D.E.M.L y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo de la ministra María Georgina Gutierrez Aravena.

Rol Protección – N° 1725-2026. (csd)