nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, dos de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos;

Comparece don JORGE PATRICIO SANDOVAL PINILLA, Abogado, en representación de doña nombre reservado, jubilada, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, a interponiendo nombre reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, representada por nombre reservado, de quien ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, lo anterior en mérito de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

I.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.- Su representada se desempeñó en calidad de auxiliar paramédico en el consultorio general rural de la comuna de Chol hasta el día 01/08/2014.- A la fecha del cese de sus funciones ella se encontraba pagando, mediante descuento en su liquidación de sueldo, un mutuo de dinero a la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, a la cual pertenecía en calidad de afiliada y que fuera solicitado durante el año 2010.- Al término de la relación laboral ella asumió de buena fe, que las escasas cuotas restantes habían sido descontadas de su finiquito y que el total de su deuda se encontraba pagada.- Su representada, se encuentra a la fecha pensionada por intermedio de la COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A., domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, mediante la modalidad de renta vitalicia.- Con fecha 20/02/2019 se le informa en su liquidación de pensión un descuento por la suma de $111.089.- recibiendo a pago la suma de $66.432.- Dicho descuento correspondería a un crédito social cobrado por la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, en conformidad a la Circular N° 2052 de la Superintendencia de Seguridad Social.- Frente a dicha situación se deduce reclamo ante la COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A., informándosele por está, que dicho descuento había sido solicitado por la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, para el mes de febrero del presente año y que si bien se había realizado un descuento que superaría el tope reglamentario, las siguientes cuotas –a partir de marzo del presente- serian ajustadas al porcentaje máximo que establece el reglamento (20%) y el exceso cobrado le seria restituido, lo que a la fecha aún no ha ocurrido.- Con fecha 20/03/2019 se realizó un nuevo descuento ajustado esta vez, a los topes legales.- II.- DEL ACTO ARBITRARIO.- El acto impugnado es el descuento de un porcentaje de la pensión de vejez de la recurrente, hecho a petición de la recurrida.- La actuación de la recurrida, a juicio de esta parte, debe ser calificada como carente de razonabilidad, proporcionalidad y motivación, puesto que, si bien, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 el acto recurrido pudiese parecer ajustado a derecho, se trata de un acto arbitrario, por cuanto: a) se dejó transcurrir un término de casi 5 años, sin demostrar un mínimo interés en el cobro de dicha deuda; b) la recurrida actúa de manera injustificada, pretendiendo extender unilateralmente un beneficio que le fuere conferido para un cobro oportuno de sus acreencias; c) se ha tratado de hacer renacer una situación jurídica que ha permanecido inamovible por casi cinco años, sin que se utilizaran los procedimientos idóneos para que la parte afectada ejerciera su derecho a ser escuchada, ello, a fin de discutir la exigibilidad de las cuotas cuyo pago se encuentra pendiente; d) jamás se intentó acción judicial alguna –tampoco extrajudicial- de las que entrega el ordenamiento al acreedor para obtener el pago de sus acreencias; e) el hecho de requerir, unilateralmente, el pago de un crédito que se encontraba parcialmente pendiente después de muchos años de inactividad, supone un actuar caprichoso y, por ende, arbitrario, al dejar desprovisto a la recurrente de los derechos que el ordenamiento también prevé a su respecto.- En definitiva, el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razonabilidad, en cuanto ha privado –en los meses de febrero y marzo- y amenazado –hacia lo futuro- al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de su pensión.- Es del caso señalar que, la actuación denunciada no se ha agotado en cuanto a sus efectos con el descuento desde el mes de febrero de 2019, resultando de manera indiscutible que el acto cuestionado es de efectos permanentes, toda vez que los descuentos se realizan mensualmente –todos los días 20 del mes- de la liquidación de pensión del recurrente, según lo informado por la COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.- III.- DERECHOS CONCULCADOS.- El artículo 19 de la Constitución Política de la República prescribe que “La Constitución asegura a todas las personas: N° 24 “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”

Es requisito para que proceda la interposición de la acción de protección, según el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que el acto u omisión vulnere por privación, perturbación o amenaza de algunos de los derechos enumerados en este artículo.- El acto arbitrario en que incurre la recurrida importa una privación del derecho garantido, por el descuento realizado en el mes de febrero y marzo a su jubilación y una amenaza al derecho de propiedad, desde el mes de abril en adelante, lo que se traduce en una disminución concreta y efectiva de su patrimonio.- Pide se sirva tener por interpuesta Acción de Protección en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, representada por nombre reservado, ambos ya individualizados, declararlo admisible, acogerlo a tramitación y, previo informe del recurrido, acceder en todas sus partes, disponiendo:1.- El cese inmediato de los descuentos efectuados sobre la pensión de la recurrente;2.- La restitución inmediata de los dineros descontados y/o retenidos de la pensión de la recurrente;3.- El pago de las costas del recurso;4.- Todo lo anterior, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta I. Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho.- A folio 12 informa doña Yasna Vukic Zalaquett, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en autos sobre nombre reservado caratulado “nombre reservado con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y otra”, Rol de Ingreso N°1722-2019, a informa solicitando el rechazo del recurso I.

ANTECEDENTES GENERALES:

Conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los siguientes regímenes:

Legales de carácter previsional.- Las C.C.A.F. administran los Regímenes de Prestaciones Familiares y de Subsidios de Cesantía contemplados en el D.F.L. N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el de Subsidios por Incapacidad Laboral. Esta administración se realiza con cargo a los fondos financieros de dichos regímenes y se recibe por ello una comisión cuyo monto es fijado por resolución conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

De prestaciones de bienestar social.- Las C.C.A.F. pueden establecer y administrar, respecto de sus trabajadores y pensionados afiliados, los Regímenes de Crédito Social, de Prestaciones Adicionales y de Prestaciones Complementarias.

Para la finalidad anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la citada ley, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, compuesto por los siguientes recursos: comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, rentas de inversiones, multas, aportes de los pensionados, intereses penales, producto de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley.

Al ser las Cajas de Compensación, corporaciones sin fines de lucro, los excedentes obtenidos incrementan el Fondo Social, permitiendo otorgar más beneficios de bienestar social a sus afiliados. Es así que los recursos de este fondo se destinan a financiar los regímenes de prestaciones adicionales y de crédito social.

Dado lo anteriormente expuesto, y a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2° letra “B” de la Ley N°16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social contenida en Circular N°2052 del año 2003. Circular, que define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”.

Ahora bien, los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones, tiene su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, que prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación. En concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

Además se debe tener presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”.

Por otra parte, los descuentos a aplicar en una liquidación de pensión, tiene su asidero el artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539, prescribe: “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquella dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la Ley N°17.322”, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, descritos precedentemente, y que son de aplicación de carácter obligatorio para las entidades pagadoras de pensiones, además de lo dispuesto en la Circular N°2052 del año 2003 relativa al Régimen de Crédito Social y Circular N°1669 del año 1998 referente al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las pensiones de los pensionados afiliados conforme Circular N°1.669 del año 1998.

II. ANTECEDENTES DEL CASO:

La recurrente interpone nombre reservado, señalando que en el año 2010 solicitó un crédito a La Araucana el que pagó hasta el año 2014, asumiendo de buena fe que cuando terminó su relación laboral las restantes cuotas le habían sido descontadas de su finiquito. Agrega que en febrero 2019 se le informó en su liquidación de pensión un descuento por la suma de $111.089 pesos, por lo que deduce reclamo su entidad pagadora de pensión, la que le informa que al haber el descuento superado el tope legal, a partir de marzo se le reajustaría lo cobrado en exceso, por lo que en el mes de marzo al descontarle se ajustó esta vez al tope legal, y además se le informó que el exceso le sería devuelto. Todo lo descrito precedentemente constituye a su parecer, un acto ilegal y arbitrario por cuanto al transcurrir un término de casi 5 años, sin demostrar interés en el cobro de la deuda, vulnerando en consecuencia lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Para ilustrar de mejor forma acerca del acaecimiento de los hechos a S.S. Ilustrísima, es menester señalar, lo siguiente:1) A la Sra. nombre reservado, en su calidad de trabajadora afiliada a esta Caja de Compensación se le otorgo el 30 de noviembre de 2010, el crédito social folio N°292- 000031495, por la suma total de $4.359.363 pesos, a pagar en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una por $111.089 pesos.2) Al inicio de esta relación contractual, la Sra. nombre reservado, cumplía con su obligación, mediante los descuentos efectuados en su liquidación de remuneración por su entidad empleadora Ilustre Municipalidad de Cholchol, RUT N°RUT reservado, por lo que pago desde la cuota N°1 hasta la cuota N44, para posteriormente no recibirse más pagos, a pesar de enviarse las respectivas nóminas de descuento a su empleador, agregando que conforme nuestros registros no existe ningún pago en virtud del finiquito señalado por la recurrente. En consecuencia, el último pago realizado corresponde al 12 de agosto de 2014.3) Conforme lo descrito precedentemente al no recibirse más pagos por este concepto, la Sra. nombre reservado figuraba en calidad de morosa, hasta el 26 de diciembre de 2018, fecha en que la recurrente gestionó su afiliación en calidad de pensionada a esta Caja de Compensación, afiliación que comenzó el 01 de febrero de 2019, y en virtud de lo anterior se procedió a informarle y enviar los respectivos descuentos del crédito concedido, lo que aconteció en el mes de febrero de 2019, para posteriormente y atendido lo informado por la Compañía de Seguros Confuturo S.A., y lo dispuesto en la Circular N°2052, se procedió a rectificar el monto de la cuota de marzo de 2019, ajustándola a un total de $37.860 pesos y se hizo devolución de la suma de $73.233 pesos, cobrada por la Sra. nombre reservado el 21 de marzo de 2019, desde la Sucursal de Temuco de La Araucana C.C.A.F..

III. ANTECEDENTES DE FONDO:

Es del caso señalar, que conforme se afirmó y describió en el acápite primero, las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322 y Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, por ende el nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación las sumas que su trabajador adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor. Por otra parte, es del caso señalar, que en el caso de los pensionados, las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, transcritos en la parte referente a los antecedentes generales, deben ser deducidas de la entidad pagadora de la pensión, por ende esta tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación acreedora la suma que el pensionado adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor.

En consecuencia, malamente pudo su representada, privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales de la actora si en todo momento, ha obrado conforme a derecho y además salvaguardando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°3, N°16 y N°24 de la Constitución, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, pasando en consecuencia a cometer un acto arbitrario e ilegal si lo informado a deducir por concepto de crédito social ha sido declarado prescrito tanto respecto de su acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, lo que no aconteció en este caso. Menos aún si se considera que entre la fecha del último descuento esto es, en el mes de agosto de 2014 al mes de febrero de 2019, no han transcurrido los cinco años, que se requieren para que la obligación emanada del mutuo sea susceptible de ser declarada prescrita por un tribunal ordinario de justicia.

A continuación, en cuanto a que el descuento efectuado por su representada excedió el tope legal autorizado a descontar por las Cajas de Compensación, es del caso señalar S.S. Ilustrísima, que sólo en atención al descuento efectuado en febrero de 2019, se tuvo conocimiento de la disminución de la pensión liquida mensual de la Sra. nombre reservado, atendido que las liquidaciones a que esta Caja tuvo acceso son aquellos que se acompañaron al momento de solicitar el respectivo crédito, por lo que conforme carta enviada por su entidad pagadora de pensión adjuntando liquidación se procedió al análisis de la actual liquidación mensual en concordancia con lo dispuesto en la Circular N°2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, referente al Régimen de Crédito Social, y se procedió a ajustar el monto del descuento haciendo devolución de lo descontado en exceso en el mes de febrero de 2019, correspondiente a la suma de $73.233 pesos, monto que fue devuelto a la recurrente el 21 de marzo de 2019. Sin perjuicio de aquello desde la cuota N°43 hasta la cuota N°53 se efectuó un diferimiento, esto es, postergar los vencimientos para el final del crédito evitando mayor morosidad y como se señaló precedentemente ajustando la cuota a la suma a descontar de $37.860 pesos.

Finalmente, es del caso S.S. Ilustrísima, que el nombre reservado, conforme ha sido establecido por la doctrina y jurisprudencia es una herramienta que tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho ante un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace una Garantía Constitucional, contexto fáctico que en este caso no se ha dado en absoluto, puesto que en todo momento su representada ha actuado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia.

Termina solicitando se rechace la acción de protección incoada.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el abogado JORGE PATRICIO SANDOVAL PINILLA, en representación de doña nombre reservado, dedujo nombre reservado en contra de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar “La Araucana” atribuyendo a las recurridas, como acto arbitrario, el haber, ejecutado un descuento de parte de su renta vitalicia que percibe como jubilada, en pago de cuotas de un préstamo contratado por ella con la Caja de Compensación La Araucana, en el año 2010 y que se le descontó de su sueldo hasta el año 2014, cuando jubiló, estimando que el actuar dela recurrida es arbitrario.

SEGUNDO: Que, la recurrida ha informado que su actuar se ajusta a la legalidad y que no ha actuado arbitrariamente ya que en el caso de los pensionados, las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 16 inciso 3° de la Ley N°19.539, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, , deben ser deducidas de la entidad pagadora de la pensión, como ha ocurrido en el caso de la recurrente, y que si bien inicialmente se efectuó un descuento superior a lo reglamentario se ajustó el monto del descuento y se efectuó devolución de lo descontado en exceso en el mes de febrero de 2019, correspondiente a la suma de $73.233 pesos, monto que fue devuelto a la recurrente el 21 de marzo de 2019. Agrega que desde la cuota N°43 hasta la cuota N°53 se efectuó un diferimiento, esto es, postergar los vencimientos para el final del crédito evitando mayor morosidad y ajustando la cuota a la suma a descontar de $37.860 pesos.

TERCERO: Que, el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse en su remuneración a partir del mes de febrero de 2019. Según se desprende de los antecedentes, ellos han sido practicados luego de transcurridos más de CUATRO AÑOS desde el 12 agosto de 2014, en que conforme a lo informado por la Caja de Compensación, se pagó por última vez el crédito otorgado a la recurrente el 30 de noviembre de 2010.

CUARTO: Que, aplicando el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, (Rol N° 11.960-2018), dictada en un caso semejante al de marras, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 16 de la Ley N° 19.539 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente, por medio de las entidades pagadoras de pensiones, los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (MÁS DE CUATRO AÑOS) que alcanzó a transcurrir entre Agosto de 2014 y febrero de 2019 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio del derecho de la Caja acreedora para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios y del afiliado de ejercer las defensas correspondientes.

QUINTO: Que, este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo a la actora, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas, como tampoco esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

SEXTO: Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada vulnera el derecho de propiedad de la actora sobre su pensión, el que está amparado por la garantía prescrita en el artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DECLARA que se acoge el nombre reservado deducido por el abogado JORGE PATRICIO SANDOVAL PINILLA, en representación de doña nombre reservado y, en consecuencia, SE DECLARA que la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA deberá abstenerse de continuar requiriendo a la COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A efectuar, de la renta vitalicia que se paga a la recurrente, el descuento del crédito social a ella otorgada, como asimismo deberá proceder a reembolsarle los montos indebidamente descontados a partir de Febrero de 2019 en adelante, sin perjuicio de su derecho a perseguir su cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese, incorpórese a su carpeta digital y devuélvase.

Redacción del Abogado Integrante don Roberto Contreras Eddinger.

Rol Proteccion N° 1722-2019 Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.