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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1716-20266 jul 2026

Protección contra Colegio nombre reservado

Fecha
6 de julio de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 1716-2026, sentencia de 6 de julio de 2026

Resumen

Se rechaza la protección por presunto acoso escolar: no hay acto ilegal o arbitrario, el colegio siguió los protocolos y el caso está en la institucionalidad especializada.

Texto íntegro

C.A. de Temuco.

Temuco, seis de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, actuando en representación de su hija, la estudiante nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por actos ilegales y arbitrarios que han vulnerado gravemente sus derechos fundamentales, según expone en su presentación.

En cuanto a los hechos sostiene que la estudiante de sexto básico ha sido víctima de situaciones reiteradas de acoso escolar (bullying) al interior del establecimiento educacional. Añade que el colegio ha incurrido en omisiones graves en su deber de resguardo, pues pese a que estos hechos han sido oportunamente informados, el establecimiento no ha adoptado medidas eficaces ni ha aplicado correctamente los protocolos.

Asevera que existe un trato discriminatorio que afecta la dignidad e integridad de la menor.

Asegura que la conducta es ilegal y arbitraria, carente de razonabilidad, e infringe la Ley de Violencia Escolar, la Ley General de Educación, la Circular N° 482 de la Supereduc y el propio Reglamento del colegio. Informa además que estos hechos ya fueron denunciados ante la Superintendencia de Educación.

Solicita que se ordene al colegio adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de la estudiante, disponer la correcta y efectiva aplicación de los protocolos de convivencia escolar, ordenar medidas concretas de no repetición y resguardo a la igualdad de trato y tener a la vista la fiscalización de la Superintendencia de Educación.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos:

Formulario de atención de urgencia, acta de convivencia escolar, documento denominado “interview report students”, comprobante de atención emitido por la Superintendencia de educación.

A folio 5, informa la Superintendencia de Educación, señalando que la recurrente de autos, ingresó solicitud denuncia ante dicha Superintendencia siendo dichos antecedentes tramitados de conformidad lo establecen los artículos 56 y siguientes de la Ley 20.529, derivados a la Unidad de Fiscalización que a la fecha debe realizar la visita de fiscalización.

A folio 10, informa la Fundación nombre reservado, expone que se debe rechazar la acción constitucional interpuesta en su contra, con expresa y ejemplar condena en costas, en virtud de las siguientes alegaciones de hecho y de derecho que expone en su presentación.

En cuanto a los antecedentes de hecho, hace presente, en primer término, que el Colegio nombre reservado es un establecimiento particular subvencionado, de financiamiento compartido, cuya sostenedora es la fundación recurrida.

Sintetiza los fundamentos de la contraparte, indicando que la recurrente sostiene que la alumna ha sido víctima reiterada de situaciones de acoso escolar, aduciendo omisiones graves en el deber de resguardo, trato desigual y discriminatorio, y la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 1, 2 y 10 de la Constitución Política de la República. Del mismo modo, refiere que la apoderada realizó una denuncia por los mismos hechos ante la Superintendencia de Educación, la cual se encuentra actualmente vigente bajo el número NUM000, según informó la directora (s) de dicha institución.

Con relación a la situación en el establecimiento, aclara la realidad de los hechos ocurridos en el establecimiento en los siguientes términos:

Primera Situación: Con fecha 24 de abril de 2025, el colegio remitió una denuncia al Juzgado de Familia de Temuco por posible vulneración de derechos en favor de la estudiante nombre reservado, de 10 años, en consideración a que se evidenciaban conductas de autolesión (cortes) y otros indicadores vinculados a la afectación de su indemnidad sexual, radicándose la causa bajo el RIT P-1295- 2025, siendo la niña derivada de la OLN Temuco a la OLN Padre Las Casas.

Segunda Situación: Con fecha 6 de mayo de 2026, se ingresó nuevamente una causa de vulneración de derechos ante el mismo tribunal, el cual no dio curso a la denuncia por existir una protección administrativa con diagnóstico clínico realizado el 3 de abril de 2026, derivándose la menor a la AFT Ayekan; manifestando el establecimiento que desconoce en qué consiste dicho diagnóstico especializado, resultando conveniente saber si se está atendiendo a la niña en dicho centro.

En cuanto a los protocolos, respecto de los hechos ocurridos durante el año 2026, señala que el establecimiento activó las siguientes herramientas de resguardo interno:

Protocolo de Suicidio (9 de abril de 2026) activado debido a declaraciones de tres compañeras que alertaron que la alumna se realizaba cortes en los brazos y estaba con papel confort en las mangas con sangre, pidiéndoles que no contaran a los profesores.

Añade que se aplicaron pautas sobre riesgo suicida y se intentó contactar a la apoderada sin éxito, existiendo un quiebre en la comunicación. Se entregó la menor al padre indicándole que debía llevarla a un servicio de urgencias, no obstante lo cual la apoderada envió a la menor sola el 13 de abril, sin lineamientos ni documentos médicos, optando por llevársela en vez de contribuir con el colegio.

Destaca que dicho protocolo sigue abierto con seguimientos periódicos.

Protocolo de Maltrato (9 de abril de 2026), activado debido a que la alumna, al enterarse de que sus compañeras revelaron lo que hacía, las amenazó de muerte. El protocolo verificó la existencia de maltrato de la menor hacia cinco compañeras, constatando violencia explícita, audios y amenazas.

Tercer Protocolo (27 de abril de 2026), iniciado por denuncia de la apoderada recurrente sobre un supuesto maltrato de las compañeras hacia la niña. Se citó a las partes y se generaron medidas de resguardo, pero no se constató la agresión. Hace presente que la apoderada se molestó al ser citada para el cierre del primer protocolo, aduciendo que se habría obligado a la menor a declarar.

Cuarto Protocolo, frente a la inasistencia de la menor por cerca de 3 a 4 semanas sin información de la apoderada, el colegio interpuso una nueva denuncia por vulneración de derechos ante el Juzgado de Familia de Temuco, correspondiente a la causa RIT P- 1352-2026.

Concluye que, desde el año 2025, el establecimiento ha realizado diversas medidas en protección de la integridad física y psíquica de la niña, impulsando al sistema jurisdiccional para que sea atendida.

En cuanto a los fundamentos por los cuales el recurso debe ser rechazado, se refiere a (i) Inexistencia de hecho ilegal o arbitrario, sosteniendo que el establecimiento educacional se ha limitado a dar estricto cumplimiento a la normativa vigente que regula el Reglamento de Convivencia Escolar, aplicando los protocolos pertinentes cada vez que se ha activado un potencial derecho transgredido, no quedando ninguna situación fuera de su alcance; (ii) El recurso de protección no es la vía idónea, afirmando que la actividad educacional está fuertemente regulada por el Ministerio de Educación y fiscalizada por la Superintendencia de Educación, por lo que los detalles de los protocolos no son materias disponibles para los colegios o apoderados. Enfatiza que la materia ya se encuentra sometida al conocimiento del órgano administrativo competente en la causa NUM000, el cual cuenta con facultades investigativas vigentes, lo que torna improcedente la intervención cautelar de esta sede. Agrega que, en el fondo, la preocupación debe radicarse en la intervención de la OLN Padre Las Casas y la AFT Ayekan; (iii) Inexistencia de vulneración de garantías fundamentales: Respecto al artículo 19 N° 1, califica como improcedente subsumir los hechos en una afectación a la integridad psíquica, toda vez que no existe acto del Colegio idóneo para lesionar dicha garantía, proviniendo la eventual afectación emocional de actos que emanan de la propia niña; Respecto al artículo 19 N° 2 y N° 10, aduce que no se configuran por cuanto el colegio se fundó en los protocolos del Reglamento Interno al que adscribe el apoderado al matricular. Sobre el derecho a la educación, enfatiza que la inasistencia de 3 a 4 semanas fue resorte exclusivo de la apoderada, a quien a pesar de su nula respuesta, se le envió material pedagógico; (iv) Aspectos relativos a la admisibilidad de la acción, sostiene que finalmente que el recurso se apoya en una premisa de hechos genéricos, omitiendo indicar cuándo y dónde ocurrieron los hechos o quiénes intervinieron, por lo que adolece de lo exigido en el artículo 1° del Auto Acordado, impidiendo verificar el cumplimiento del plazo fatal de 30 días corridos.

Solicita, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido en contra de la Fundación nombre reservado, con expresa condena en costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos:

Denuncia Formulario causa P-1295-2025; Derivación OLN causa P- 1295-2025; Informe psicopedagóico causa P-1295-2025; E-Book causa P-1295-2025 Juzgado de Familia de Temuco; Formulario Denuncia causa P-1352-2026; E-Book causa P-1352-2026 Juzgado de Familia de Temuco; Protocolo de suicidio de la niña; Protocolo de maltrato de la niña a sus compañeras; Protocolo de maltrato de compañeras a la niña; Protocolo de maltrato de adulto a estudiante.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario y que funda el recurso de protección de la recurrente consiste en la supuesta omisión del establecimiento educacional frente a situaciones reiteradas de acoso escolar de las que habría sido víctima su hija estudiante, consistentes en no adoptar medidas eficaces, no aplicar correctamente los protocolos de convivencia escolar, e incurrir en un trato desigual y discriminatorio respecto a otras estudiantes.

CUARTO: Que, del examen de los antecedentes acompañados a estos autos, consta que, ante los acontecimientos de riesgo detectados, el establecimiento educacional recurrido procedió a la activación inmediata de diversos protocolos internos, a saber: a)

El protocolo ante ideación suicida y conductas autolesivas con fecha 9 de abril de 2026, disponiendo la contención, evaluación de triage y la posterior exigencia de derivación médica; b) El protocolo de maltrato escolar en la misma fecha, a propósito de las amenazas proferidas hacia sus pares; y c) El protocolo de fecha 27 de abril de 2026, activado a requerimiento de la propia apoderada para indagar presuntas agresiones de compañeras, sin que se lograra constatar tales conductas vejatorias. Consecuentemente, al haber ajustado su proceder a las directrices de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación y a su propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar, no se vislumbra, con el estándar propio del recurso, una conducta ilegal o arbitraria imputable al recurrido.

QUINTO: Que, asimismo, consta que actualmente los hechos que fundan la presente acción constitucional se encuentran bajo el monitoreo directo de la Oficina Local de la Niñez (OLN) de Padre Las Casas y el programa especializado AFT Ayekan. En ese sentido, al estar los derechos de la niña bajo la tutela de la institucionalidad especializada establecida por el legislador, se desvanece la necesidad de adoptar medidas de urgencia por esta vía cautelar.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, se dio cuenta en estrados por parte de la Superintendencia de Educación, de la existencia de una denuncia contra el Establecimiento Educacional, interpuesta por la actora, procedimiento actualmente vigente, fundado en los mismos hechos que son objeto del presente recurso, lo que da cuenta de la falta de idoneidad de esta vía procesal, para resolver el conflicto planteado.

SÉPTIMO: Que, por lo tanto, no existiendo un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte de manera directa las garantías constitucionales invocadas, y estando los hechos en conocimiento del órgano administrativo especializado, la presente acción de protección será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1, por doña nombre reservado, en representación de su hija nombre reservado en contra del Colegio nombre reservado.

II.- Sin perjuicio de lo anterior, remítanse los antecedentes al juzgado de Familia de Temuco, para los fines que estime pertinentes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-1716-2026 (pvb).