nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece la abogada María Angelica Brown Oropeza, en favor de nombre reservado, licenciada en Administración, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP PROVIDA S.A., representada legalmente por nombre reservado, por el acto que rechaza solicitud de retiro de fondos para Extranjero, el cual estima ilegal y arbitrario.

Señala que doña nombre reservado, licenciada en Administración y de nacionalidad venezolana, solicitó de manera online ante la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PROVIDA la devolución de sus fondos previsionales, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y las empresas que los contraten bajo las condiciones que en ella se indican.

Sin embargo, su requerimiento fue rechazado teniendo como fundamento el hecho que la Constancia de afiliación al IVSS se encuentra vencida, por superar la vigencia de 120 días.

Afirma que presentó Contrato de trabajo, Anexo de contrato individual de trabajo, Certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Título profesional debidamente apostillado.

Además, remitió documentación adicional no contemplada en la ley, pero requerida por la entidad recurrida, a saber: Acta de matrimonio y Acta de nacimiento.

Sostiene que con lo anterior ha cumplido cabalmente con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, lo que hace procedente el retiro de sus fondos previsionales. No obstante, la Administradora recurrida ha obstaculizado injustificadamente el proceso, aplicando una interpretación restrictiva de la norma y desatendiendo el propósito del legislador cual es permitir a los trabajadores extranjeros disponer de sus ahorros previsionales.

Alega que AFP PROVIDA pretende desconocer documentos válidos, bajo argumentos respecto de la vigencia de la declaración de afiliación al IVSS. Cabe señalar que la declaración de afiliación fue emitida por la Embajada de Venezuela en Chile durante el periodo en que se encontraba operativa y posteriormente autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile.

Aduce que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en el artículo 19 Nº 2 y Nº 24 de la Constitución Política de la República. La exigencia de requisitos no contemplados en la normativa vigente y la interpretación restrictiva de la norma han generado un perjuicio injustificado al recurrente, impidiéndole ejercer su derecho a disponer de sus fondos previsionales de manera libre y conforme a la ley.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada y se emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales, conforme a derecho, dentro del plazo de 5 días o el que esta Corte estime pertinente según el mérito de los autos y en definitiva adoptar todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 8 comparece DANIEL SANTONI, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuando el informe requerido solicitando el rechazo del recurso con costas.

Señala en primer lugar que la acción de protección, atendido su carácter cautelar, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio, como en el caso de autos en que no existiría un derecho indubitado, por cuanto la recurrente sostiene que el actuar de AFP ProVida es ilegal y arbitrario y ellos sostienen que su actuar es el correcto de conformidad a la ley vigente y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones En cuanto al fondo señala que tal como lo refiere la recurrente de autos, doña nombre reservado, su representada, esto es, ProVida rechazó su solicitud de devolución de fondos en su calidad de técnico extranjero de conformidad a la Ley N° 18.156.

Refiere que dicha norma permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro.

Con fecha 24-12-2024, ProVida rechazó solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Hace presente que por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Para efectos de acreditar lo señalado, acompaña copia de Oficio Ordinario N°5621 de fecha 01-04-2025, en donde la Superintendencia de Pensiones en caso igual al de estos autos, resuelve no acceder a la devolución solicitada por cuanto en la especie no se cumplían con los requisitos legales y/o normativos.

Finalmente, hace presente que, en todo este tiempo, la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones exponiendo su caso para efectos de obtener pronunciamiento del ente regulador.

Señala que en materia laboral y previsional rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción que contempla nuestra legislación:

a) Que el trabajador se encuentre acogido a un convenio bilateral de seguridad social, en calidad de desplazado, lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios, y b) Que el trabajador quede exento de cotizar, o bien, en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido compendio de normas. Por su parte, el artículo 7°, de la misma ley, otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en una Administradora, los trabajadores extranjeros que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que detenten la calidad de técnicos. Se entenderá por técnico, para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

c) Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Del análisis de la norma legal recién citada queda claro que el actuar de AFP ProVida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan, copulativamente, los requisitos que establece la normativa vigente.

El comportamiento adoptado por parte de su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario, en lo que respecta a la situación que afecta a la recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que el presente recurso de protección debe ser rechazado, sin más trámite.

A folio 16 informa la Superintendencia de Pensiones.

Hace presente que no se registra reclamo o presentación alguna a nombre de la recurrente ingresada en el Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia.

Expone el marco normativo, para luego analizar el documento acompañado por la recurrente nombre reservado (identificada en Venezuela con su apellido de casada como “nombre reservado”, según consta del certificación de matrimonio tenido a la vista) acompañó para acreditar el recién mencionado requisito el certificado N° 176004, emitido con fecha 8 de julio de 2024, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para Retiro De Fondos Ante Las Administradoras De Fondos De Pensiones”, que contiene su declaración jurada en cuanto a que ella está cubierta por el Sistema de Seguridad Social Venezolano, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el cual se consignó la certificación de la consejera de la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Santiago.

En la nota al final de dicho documento se indica su vigencia, la cual fue de 120 días desde la techa de su emisión.

En cuanto al certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, se indica que su vigencia será hasta el día 31 de junio de 2024.

En consecuencia, teniendo presente lo anterior, se evidencia que la certificación del IVSS legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con techa 25 de julio de 2024, se encontraba vencida al momento en el que la recurrente presentó su solicitud ante AFP PROVIDA S.A., el 4 de diciembre de 2024, ya que entre ambas fechas habían transcurrido más de 120 días.

Refiere además que conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está vigente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que lo que reclama la recurrente como acto arbitrario e ilegal, es la negativa de AFP Provida de devolverle los fondos acumulados, en su calidad de trabajadora técnica extranjera, invocando la ley N°18.156. Afirma que ha dado cumplimiento a todos los requisitos, pues acompañó a su solicitud una copia de su título profesional, debidamente legalizado, un certificado de afiliación al sistema de seguridad social de su país, un anexo de contrato de trabajo y un certificado que declara su voluntad de permanecer afiliada al sistema previsional de su país de origen.

SEGUNDO: Que la recurrida, AFP Provida al evacuar su informe expone, en primer lugar, que debe rechazarse la acción cautelar, por cuanto ésta, atendida su naturaleza, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio. En este caso, no existe un derecho indubitado, por lo que no puede solucionarse por la vía del recurso de protección.

En cuanto al fondo, afirma que la negativa encuentra fundamento legal en los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que establecen los requisitos para solicitar la devolución de fondos previsionales que hubieren depositado los trabajadores extranjeros afiliados a una AFP. Sostiene que en este caso no se cumplen, copulativamente, las exigencias que establece la normativa vigente, en particular, estar afecta a un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo. Por lo anterior, estima que el comportamiento de la recurrida no ha sido ni ilegal ni arbitrario, ni tampoco ha carecido de razonabilidad, toda vez que se ha limitado a dar cumplimiento a las obligaciones que le impone la normativa legal antes referida.

TERCERO: Que por su parte, la Superintendencia de Pensiones informó que en sus dependencias no se registra reclamo o presentación alguna a nombre de la recurrente ingresada en el Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia.

CUARTO: Que, esta Corte, atento los antecedentes expuestos en autos, advierte que el actuar de la recurrida no ha vulnerado ninguna de las garantías invocadas por la actora, toda vez que la AFP Provida, en uso de sus atribuciones y facultades legales, se ha ceñido estrictamente a la normativa vigente, sin que se observe en dicho actuar un proceder apartado de la ley, ni tampoco motivado por el mero capricho, constitutivo de arbitrariedad, como lo refrenda el ente regulador, Superintendencia de Pensiones, en diligencia informativa de folio16, razón por la que se rechazará la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Ministra Titular María Georgina Gutiérrez Aravena.

N°Protección-1715-2025. (cwm)