nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliado en la comuna de Pucón, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por su gerente general don nombre reservado, por estimar que dicha institución ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala el actor que, con fecha 26 de marzo de 2020, suscribió con la recurrida un contrato de mutuo de dinero, consistente en un crédito social, suscribiendo el pagaré N° 11.011CON202644957-7, por la suma de $7.929.645, pagadero en 60 cuotas mensuales de $190.799 cada una, con vencimiento la primera de ellas el 31 de mayo de ese mismo año. Precisa que, a los pocos meses de contraído el préstamo, perdió su fuente laboral, lo que le impidió cumplir con la obligación de pago, cayendo en mora desde el año 2020.

Manifiesta que desde enero de 2025 trabaja en la empresa Terra Termas Spa, entidad afiliada a la Caja recurrida, y que en dicho contexto, el 24 de marzo de 2025, funcionarios de recursos humanos le informaron que su nombre aparecía en la nómina de descuentos remitida por la Caja Los Andes, disponiéndose el descuento por planilla de la suma de $305.883.- de sus remuneraciones líquidas, imputables a la tercera cuota del referido crédito. Agrega que sus remuneraciones líquidas alcanzan en promedio a $700.000.-, de modo que el descuento proyectado corresponde a un 43,69% de su ingreso mensual, porcentaje que excede notoriamente el máximo permitido por la normativa sectorial.

El recurrente destaca que, desde la mora en el año 2020, la Caja de Compensación no realizó gestión alguna de cobro, ni judicial ni extrajudicial, ni tampoco informó a sus distintos empleadores afiliados para efectos de aplicar el sistema “intercaja”, como lo permite la ley. Afirma que solo al incorporarse a su nuevo trabajo, y de manera intempestiva, la recurrida dispuso activar unilateralmente el mecanismo de descuento, sin previa comunicación al afectado, circunstancia que lo coloca en situación de indefensión, puesto que luego de casi cinco años se pretende restar un porcentaje considerable de su remuneración, afectando su legítima expectativa de percibir íntegramente su sueldo.

Sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social ha dictado diversas circulares que regulan el régimen de crédito social, estableciendo límites máximos de descuento por tramo de ingresos, señalando que, en su caso, el porcentaje no debiera superar el 25% de la remuneración líquida, salvo autorización expresa del trabajador, lo que nunca otorgó. Enfatiza que la actuación de la recurrida vulnera el derecho de propiedad sobre su remuneración, protegido constitucionalmente, y que, además, el cobro efectuado de manera tardía y sorpresiva desconoce la correcta aplicación del artículo 22 de la Ley N°18.833, cuyo espíritu es permitir a las Cajas efectuar el cobro de manera oportuna, no revivir una deuda luego de un extenso periodo de inactividad.

En virtud de lo expuesto, solicita se acoja el recurso, ordenándose a la Caja de Compensación abstenerse de efectuar descuentos de sus remuneraciones, o en subsidio, que éstos se realicen dentro de los márgenes legales permitidos (25% de su remuneración líquida), disponiéndose la devolución de las sumas indebidamente retenidas, con costas.

Evacuando informe, comparece la abogada doña Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso. Precisa que, con fecha 26 de marzo de 2020, se otorgó al recurrente un crédito social por la suma de $8.043.420, a una tasa de 1,1%, pagadero en 60 meses, con vencimiento de la primera cuota el 31 de mayo de 2020, encontrándose pagada solo la primera de ellas. Las cuotas siguientes, desde junio de 2020 hasta febrero de 2025, se hallan en cobranza judicial, permaneciendo vigentes y exigibles las restantes hasta abril de 2025, lo que demuestra que se trata de un crédito plenamente vigente, cuya acción de cobro no se encuentra prescrita.

Sostiene que el régimen de crédito social tiene naturaleza jurídica y social propia, regulada por la Ley N°18.833, y que el mecanismo de cobro mediante descuento por planilla está establecido imperativamente en su artículo 22, con la misma obligatoriedad que el pago de cotizaciones previsionales. Explica que la práctica del descuento recae sobre el empleador y que, una vez aplicada la deducción, se entiende extinguida la obligación del trabajador, aun cuando no se remese a la Caja, correspondiendo en tal caso accionar en contra del empleador, pero no del afiliado.

Enfatiza que la prescripción de las acciones debe ser alegada y declarada judicialmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, por lo que no puede operar de pleno derecho ni ser discutida en sede de protección. Añade que la eventual falta de exigibilidad del crédito o la alegación de excesos en el monto descontado son materias que deben ventilarse en un juicio de lato conocimiento, y no a través de una acción constitucional cautelar, cuyo objeto es diverso.

Por último, descarta la supuesta vulneración de garantías constitucionales, pues el descuento practicado obedece a una norma legal específica, dictada para resguardar el fondo social de estas entidades de previsión, y no constituye expropiación ni privación arbitraria de los ingresos del recurrente. Cita jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que han rechazado acciones similares, concluyendo que los descuentos efectuados por concepto de crédito social no constituyen actos ilegales ni arbitrarios.

En mérito de lo expuesto, solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, por no existir acto ilegal ni arbitrario atribuible a la Caja de Compensación recurrida.

Se trajeron los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente ha fundado su acción en la supuesta ilegalidad y arbitrariedad del descuento por planilla practicado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en virtud de un crédito social otorgado en marzo de 2020, sosteniendo que el mismo resulta excesivo y que el cobro se habría reactivado de manera intempestiva luego de varios años de inactividad.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida ha señalado que el crédito social otorgado al actor se encuentra plenamente vigente, que la prescripción de las acciones no ha sido alegada ni declarada judicialmente y que el mecanismo de descuento por planilla se encuentra expresamente previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, operando con carácter imperativo en la misma forma que las cotizaciones previsionales.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la discusión planteada por el recurrente dice relación con la eventual prescripción de la acción de cobro del crédito social otorgado, cuestión que no ha sido declarada judicialmente y que, por mandato expreso de la ley, requiere ser alegada y resuelta por el tribunal competente, Quinto: Que, en tal sentido, corresponde precisar que la acción de protección no constituye la vía idónea para dilucidar controversias acerca de la existencia, exigibilidad o extinción de obligaciones emanadas de un contrato de crédito social, toda vez que tales cuestiones demandan un debate de lato conocimiento y prueba, propio de los procedimientos declarativos ordinarios.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, sobre la solicitud del actor dirigida a impedir o limitar los descuentos que la recurrida pretende efectuar, cabe señalar que tales pretensiones suponen un pronunciamiento acerca de la existencia y alcance de obligaciones contractuales controvertidas, materias que, como se dijo precedentemente, exceden el ámbito propio del recurso de protección y deben ser conocidas y resueltas en un procedimiento de lato conocimiento ante el tribunal competente.

Séptimo: Que, en mérito de lo razonado, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario que, en esta sede, pueda ser corregido por la vía del recurso de protección.

Que lo anterior no significa desconocer los derechos que puedan asistir al recurrente, quien conserva plenamente la posibilidad de hacer valer, en sede jurisdiccional ordinaria, las acciones y excepciones que en derecho estime pertinentes, a fin de que sea un tribunal competente quien resuelva sobre la procedencia o no de su alegación Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y demás normas pertinentes, SE RESUELVE:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del fallo por el Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-1704-2025.(jog)