Protección contra la I

Foja: 41 Cuarenta y Uno C.A. de Temuco Temuco, siete de febrero de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 7, comparecen nombre reservado, asistente social; nombre reservado, Técnico de Enfermería Superior; nombre reservado, nombre reservado, administrativo de salud; nombre reservado, administrativo de salud, y nombre reservado, chofer, quienes interponen recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Pucón, representada por su Alcalde, don nombre reservado, por cuanto mediante Resolución N° 1028, de fecha 21 de noviembre de 2013, la que les fue notificada por medio de cartas certificadas despachadas por la empresa Correos de Chile a partir del 28 de noviembre de 2013, se ordenó unilateralmente el término de la relación laboral que los vinculaba con dicho municipio, acto que fue dictado sin observar las normas legales que rigen la materia, por lo que constituiría privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, que garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre bienes corporales e incorporales respectivamente.

Explican que todos son funcionarios con contrato de trabajo del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Pucón, con una antigüedad que varía entre los 3 y 15 años de servicio, incorporados a la dotación de salud de la Municipalidad de Pucón, bajo la modalidad de contratos indefinidos y regidos por la Ley N° 19.328, Estatuto de Atención Primaria.

nombre reservado, presta servicios desde hace 3 años 6 meses a la fecha, y fue incorporado a la dotación con el cargo profesional de asistente social, con 44 horas semanales, con fecha 16 de octubre de 2012 a la planta en calidad de titular, mediante concurso público de antecedentes para proveer un cargo de asistente social.

nombre reservado, presta servicios desde hace 15 años, con el cargo de Técnico de Enfermería de nivel superior, con 44 horas semanales. Desde el 11 de julio de 2004 accedió a la planta en calidad titular, adjudicado por concurso público de antecedentes.

En el caso de nombre reservado, mantiene contrato de trabajo con la I. Municipalidad de Pucón, desde hace 11 años a la fecha. Encasillado en el cargo de chofer, categoría “F”, con 44 horas semanales, se encuentra regido por el Estatuto de Atención Primaria, desde el 01 de mayo de 2008, fecha en que accedió a la planta en calidad de titular.

nombre reservado, funcionario con contrato de trabajo del Departamento de Salud de Pucón, desde hace tres años a la fecha. A partir del 16 de octubre de 2012 accedió a la planta en calidad de titular, por concurso público de antecedentes para proveer un cargo de chofer Categoría “F”, por un total de 44 horas.

nombre reservado, mantiene vínculo laboral con el municipio, desde hace tres años. Ejerce cargo de Administrativo de Salud, con 44 horas semanales, a partir del 16 de octubre de 2012, fecha en que accedió a la planta en calidad de titular, según Decreto Alcaldicio N° 373 de fecha 19 de octubre de 2012 por la vía de concurso público.

Finalmente doña nombre reservado, se encuentra con contrato de trabajo del Departamento de Salud de la Municipalidad de Pucón, desde hace ocho años. Ocupa el cargo de Administrativo de Salud, con 44 horas semanales. Con fecha 01 de mayo de 2008 accedió a la planta en calidad de titular, por aplicación de los artículos 3 y 4 transitorios de la Ley N° 20.250.

Refieren que sólo pueden separados de sus funciones y exonerados de sus cargos, si concurren legalmente algunas de las causales previstas en el artículo 48 de la Ley N ° 19.378, cuestión que fue transgredida por la recurrida. En efecto, mediante ordinarios que van desde el N° 1021 a 1028 de fecha 21 de noviembre de 2013, se les informó que la causal invocada era aquella contemplada en el artículo 48 letra i) de la Ley N° 19.378 cual es: “disminución o modificación de la dotación, según lo dispuesto en el artículo 11 de dicha Ley; y que el cese de sus funciones se realizaría a partir del día 01 de enero de 2014.

En cuanto a la normativa, refieren que el artículo 10 de la Ley, señala que se entiende por dotación el número total de horas semanales de trabajo personal que cada entidad administradora requiere para su funcionamiento. A su vez, el artículo 11 dispone que la dotación adecuada para desarrollar actividades de salud de cada año será fijada por la entidad correspondiente, antes del 30 de septiembre del año precedente, conforme a los criterios que cita y el procedimiento contenido en las referidas normas.

Argumentan que la dotación correspondiente al año 2014, no fue fijada por la entidad administradora de acuerdo al procedimiento establecido, pues existen dos propuestas enviadas al Servicio de Salud, una de ellas extemporánea pues es de fecha 09 de octubre de 2013 y la otra sin fecha exacta. Agrega que el Servicio de Salud, aprobó fuera de plazo las modificaciones propuestas por la recurrida, con fecha 28 de octubre de 2013, dictando la resolución exenta N° 4506.

Luego de hacer el paralelo entre las horas fijadas para el año 2013 y luego para el 2014, concluye que la decisión es ilegal respecto de los despidos, pues no existe disminución alguna de la dotación y que incluso de las categorías de ésta experimentó un aumento de las horas contratadas.

Posteriormente analiza el derecho, en cuanto a la garantía del artículo 19 N° 2, de igualdad ante la Ley, y en específico como una limitación a la facultad discrecional administrativa y respecto de la aplicación de las causales de despido. Así la causal invocada estaba referida a la disminución de la dotación, pero se produjo la mantención o el aumento de la misma. Todo lo que contradice la limitación impuesta por la Ley, en cuanto ordena expresamente que: “al invocar esta causal de término de la relación laboral respecto de un funcionario, en la dotación referida al artículo 11, no se podrá contemplar un cargo vacante análogo al del funcionario afectado con la terminación de su contrato. Tampoco podrá contratarse, en el respectivo período, personal con contrato transitorio para desempeñarse en funciones análogas a las que cumplía el funcionario al que se le aplicó la causal”. Sumado a lo anterior, tampoco se tomaron al momento de determinar la dotación, los criterios enumerados taxativamente en el artículo 11 antes citado, haciéndose un análisis de los mismos.

Hacen especial hincapié en que uno de ellos es la disponibilidad presupuestaria para el año, y que la propuesta del año 2014 tiene una mayor disponibilidad en un 7 % en el valor per cápita basal, lo que se omitió en la propuesta. Utilizándose un basal que data de hace dos años.

Concluye que no existía motivo para la disminución de la dotación y en la práctica tampoco ocurrió, sin perjuicio de utilizar dicho argumento para justificar la causal de despido.

Luego cita el artículo 2 de la Ley N° 18.575, y refiere el principio de probidad administrativa, y luego la obligación de fundamentarlas resoluciones conforme al artículo 41.

Profundiza sobre la privación y perturbación de la garantía del N° 2 del artículo 19 y luego analiza la infracción cometida respecto del derecho de propiedad, consagrado en el N° 24 del artículo 19, en cuanto existe una acción ilegal y arbitraria, ya que se está vulnerando su derecho a la propiedad del cargo para el que fue legítimamente designado y que para efectos de su remoción, debieron ajustarse a lo dispuesto en las leyes y las normas antes reseñadas. Citando jurisprudencia al efecto.

Por lo anterior, solicita se adopten las providencias y diligencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando en definitiva que se deje sin efecto el acto impugnado.

A fojas 18, se evacuó el informe por la recurrida, haciendo en primer término un análisis sobre los argumentos planteados en el recurso, haciendo referencia a la fijación de la dotación, que se realiza en conjunto con el Servicio de Salud, quien podrá efectuar observaciones, si considera que no se ajusta a las normas señaladas en las letras c) y d) del artículo 11 de la Ley N° 19.378. Las cuales deberán ser realizadas por resolución fundada y no podrá implicar un aumento de la dotación precedentemente fijada, y si la Municipalidad rechaza las observaciones, se formará una comisión, la cual abordará la dotación definitiva antes del 30 de noviembre de 2013 Luego hace referencia a la Circular N° 051 de fecha 17 de septiembre de 2013, del Servicio de Salud, para la fijación de la dotación, y sus criterios. Señala que se sugirió fijar una dotación vía per capita y otra con financiamiento vía convenios, donde se hace presente que éste último es externo y no proviene del patrimonio municipal. Lo que implicó que aquellos cargos financiados de tal manera deberán quedar determinados al 30 de septiembre de 2013 para ser contratados a partir del 01 de enero de 2014.

La propuesta fue aprobada por el Servicio de Salud, por resolución exenta N° 4506 de fecha 28 de octubre de 2013, en la cual no se hace la distinción de ambas dotaciones, lo que puede haber implicado la confusión de los recurrentes, en cuanto al aumento de la dotación. Se estableció que la disponibilidad presupuestaria era insuficiente y la existencia de una sobre dotación de recursos humanos.

Alega que la referida resolución al aprobar la dotación es la base de la permeabilidad y garantía de los derechos constitucionales de las personas que serán afectadas por resolución como la recurrida en marras, por ende entiende que no puede imputársele a la Municipalidad el acto ilegal o arbitrario.

Luego se hace un análisis de los datos que se tuvieron a la vista para determinar la dotación 2014.

Argumenta también en relación con la falta de legitimación pasiva, pues la entidad responsable de la baja en la dotación es el Servicio de Salud. Como segundo punto refiere que se trata de un tema de lato conocimiento y que el recurso de protección no puede ser utilizado como un medio para obtener la declaración de derechos.

Acto continuo, alegan la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, en cuanto a que la resolución se ha dictado dentro del ámbito de la legalidad, cumpliendo con todas las etapas señaladas por la ley.

Finalmente refiere que no hay vulneración de garantías, en primer término respecto a la igualdad ante la Ley, pues la recurrida ha actuado conforme a las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. Y respecto al derecho de propiedad, señala que la función de servidor público no puede ser objeto de apropiación patrimonial. Cuestión diferente es el derecho a la estabilidad en el empleo, mientras no concurra alguna causal idónea para la expiración de funciones, como es el caso de autos, citando jurisprudencia al efecto.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, con costas, en razón de los argumentos precedentemente señalados.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección constituye un mecanismo que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho, frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías constitucionales. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, asimismo, se ha expresado que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de un recurso de la naturaleza del que se ha interpuesto;

TERCERO: Que, tal como se precisó, para que se pueda interponer una acción cautelar como la presente es requisito indispensable que se haya incurrido en un acto o en una omisión, ilegales o arbitrarios, que ocasionen vulneración de alguna de las garantías mencionadas en el ya referido artículo 20 de la Carta Fundamental de la República.

En la especie, dicho acto se lo hace consistir en que mediante Resolución N° 1028, de fecha 21 de noviembre de 2013, la Municipalidad de Pucón ordenó unilateralmente el término de la relación laboral que los vinculaba con dicho municipio, acto que fue dictado sin observar las normas legales que rigen la materia.

Expresa que todos son funcionarios con contrato de trabajo del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Pucón, con una antigüedad que varía entre los 3 y los 15 años de servicio, incorporados a la dotación de salud de dicha municipalidad, bajo la modalidad de contratos indefinidos, regidos por la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria.

Que para poner término a la relación laboral se invocó la causal contemplada en el artículo 48 letra i) de la Ley N° 19.378, esto es, “disminución o modificación de la dotación, según lo dispuesto en el artículo 11 de la misma ley.

Luego cita los artículos 10, 11 y 12 de la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria, en relación con lo que se entiende por dotación, forma de fijar la dotación y el procedimiento a seguir.

CUARTO: Que, en relación con lo planteado por los recurrentes, cabe considerar que el artículo 10, ya citado, dispone que se entiende por dotación: “el número total de horas semanales de trabajo del personal que cada entidad administradora requiere para su funcionamiento”; y el artículo 11 dice:”La dotación adecuada para desarrollar las actividades de salud de cada año será fijada por la entidad administradora correspondiente, antes del 30 de septiembre del año precedente, considerando, según su criterio, los aspectos que a continuación señala”.

QUINTO: Que, de acuerdo con las normas antes citadas y los documentos acompañados al recurso, se debe tener presente que, si bien en cierto que la Municipalidad de Pucón disminuye las horas de trabajo semanales de los recurrentes en la proposición efectuada al Servicio de Salud, no es menos cierto que en el Decreto Alcaldicio N° 2975, de 7 de Noviembre de 2013 se señala: “que se aprueba la dotación de Recurso Humano de Atención Primaria de Salud Municipal y Dotación de Recurso Humano financiada vía convenio Anuales para el año 2014,…….”, y, en definitiva, se aumentan las horas de las categorías que se refieren a algunos de los actores.

Que, a mayor abundamiento, no existe en la legislación norma alguna que distinga entre “dotación de Recurso Humano de Atención Primaria de Salud Municipal y Dotación de Recurso Humano financiada vía Convenios Anuales”.

SEXTO: Que, lo anterior significa que si se despide a los recurrentes, la Municipalidad tendrá que contratar funcionarios en cargos análogos, lo que está taxativamente prohibido por el artículo 48 letra i) de la ya nombrada Ley N° 19.378, en la forma siguiente: “Al invocar esta causal de término de la relación laboral respecto de un funcionario, en la dotación referida al artículo 11, no se podrá contemplar un cargo vacante análogo al del funcionario afectado con la terminación de su contra…….”

SÉPTIMO: Que, necesario es consignar el hecho de que la recurrida no negó la información que proporcionan los recurrentes en el cuadro comparativo presentado por los recurrentes y que rola a fs. 5 del recurso, del cual se desprende que en el caso del Asistente Social la dotación se aumenta en relación al año 2013; respecto del Técnico de Enfermería Nivel Superior la dotación se mantiene en relación al año 2013 y lo mismo sucede respecto del chofer; también se aumenta la dotación en el año 2014, para el cargo de Administrativo de Salud.

Que, en consecuencia, el acto recurrido vulnera el derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, respecto de los contratos indefinidos que tienen los recurrentes con la Municipalidad de Pucón, ya que el cese de sus funciones no está respaldado por norma legal alguna, de esta manera se produce una arbitraria e ilegal privación del legítimo derecho que tienen para permanecer en sus cargos.

OCTAVO: Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que debe hacerse lugar al recurso intentado.

Y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que SE ACOGE, la acción cautelar de protección deducida por nombre reservado, asistente social; nombre reservado, Técnico de Enfermería Superior; nombre reservado, nombre reservado, administrativo de salud; nombre reservado, administrativo de salud, y nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Pucón, representada por su alcalde, don nombre reservado, y, en consecuencia, se dejan sin efecto los Decretos Exentos Nos. 430 al 435, todos de fecha 430 al 435, de fecha 26 de noviembre de 2013, emanados de la Municipalidad de Pucón, que ordenaban el término de las funciones de los recurrentes como funcionarios del Departamento de Salud de la referida entidad edilicia, con costas, en las que precisamente se condena a la recurrida.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la señora Ministra Titular, doña María Elena Llanos Morales.

N°Protección-16913-2013.

Sra. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

nombre reservado por la Sala de Verano Presidenta Ministra Sra. María Elena Llanos Morales, Ministro Sr. Luis Troncoso Lagos y Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

En Temuco, siete de febrero de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.