nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparecen doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, y don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, estos dos últimos domiciliados en domicilio reservado, lugar Maompulli, de la misma comuna, quienes, actuando por sí, deducen recurso de protección en contra de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por los actos que describen y que estiman vulneratorios de las garantías consagradas en los numerales 1, 7 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, exponen que a partir del año 2022 adquirieron, mediante compraventa, el predio ubicado en la hijuela N° 2, lugar Maompulli, comuna de Padre Las Casas, rol de avalúo N° 3213-805, y que desde esa época han mantenido constantes problemas con su vecino, el recurrido, a quien atribuyen cortar cercos para usurpar terrenos sin reparar los daños causados, profiriendo además amenazas cada vez que se le reclama por tales hechos.

Relatan que desde marzo del año 2025 el recurrido abrió una parte del camino de servidumbre que utilizan los vecinos dueños de la hijuela N° 2, y que desde entonces lo ocupa para el tránsito de su persona y de sus animales, con el objeto de llegar a otros predios colindantes y a los mismos predios de los recurrentes. Agregan que se le hizo saber que debía cerrar el paso que abrió, toda vez que su predio cuenta con salida directa al camino público y no corresponde que utilice el camino de servidumbre, que sería el único acceso de los vecinos de la hijuela N° 2 hacia la vía pública.

Continúan señalando que, ante la negativa del recurrido a desistir del uso del camino, en febrero de 2026 cerraron el acceso que éste había abierto con un paño de pandereta de aproximadamente dos metros, cuyo costo, ascendente a sesenta mil pesos, fue solventado por los cinco vecinos dueños de la hijuela N° 2. Sostienen que al día siguiente de su instalación el recurrido rompió la pandereta y abrió nuevamente el paso, y que, al ser encarado por los vecinos para que reparara el daño, se originó una discusión que terminó con el recurrido lanzando piedras en su contra, una de las cuales provocó a doña nombre reservado una contusión encefalocraneana que la llevó a ser atendida en el servicio de urgencia. Indican que el recurrido fue detenido por Carabineros y que quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de portar armas.

Añaden que durante el mes de abril de 2026 volvieron a cerrar el paso, esta vez con restos de la poda de un arbusto denominado pica-pica, lo que clausuró temporalmente el acceso, pero que a partir de ese mismo mes el recurrido comenzó a abrirlo otra vez, dejando los restos de la poda sobre el camino de servidumbre y obstaculizando así el tránsito de los vecinos, situación que, según afirman, se ha repetido hasta la fecha de interposición del recurso y que han registrado mediante cámaras de vigilancia instaladas en el camino.

En lo que concierne al derecho, estiman vulnerado, en primer término, el derecho a la integridad física y psíquica, por cuanto las amenazas y agresiones del recurrido, sumadas a la obstaculización del camino, les generan miedo, angustia y una tensión constante que perturba su salud física y mental. En segundo lugar, invocan el derecho de propiedad, argumentando que la servidumbre es un derecho real constituido sobre un predio sirviente en beneficio de otro dominante, de modo que el bloqueo del acceso interrumpe el ejercicio de ese derecho y afecta directamente la propiedad de los vecinos de la hijuela N° 2, quienes requieren salir a la vía pública. Finalmente, alegan la afectación de la libertad de locomoción, en tanto la servidumbre constituiría el único medio de acceso a la vía pública, por lo que su bloqueo restringiría el libre tránsito de las personas hacia sus hogares o lugares de trabajo.

Por lo expuesto, solicitan que se acoja el recurso y se ordene al recurrido dejar de obstaculizar el camino de servidumbre, ya sea con material vegetal, con el tránsito de sus animales de granja o con cualquier otro obstáculo; reparar la pandereta que destruyó, de manera que se cierre definitivamente el paso que abrió hacia el camino, y cesar en las amenazas, agresiones físicas, hostigamiento, usurpación de terrenos y destrucción de cercos, todo ello sin perjuicio de las demás medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas en caso de oposición.

A folio 7, el recurrido evacuó informe mediante una presentación manuscrita, en la cual expone que actualmente no está ocupando el camino de servidumbre para el tránsito de sus animales y que reparó la pandereta, colocando varas en ese sector. Explica que en su oportunidad ocupó el camino, porque el dueño del predio que arrienda, destinado a la crianza de animales, le señaló que podía utilizarlo, agregando que se trataba de una servidumbre que no beneficiaba al predio arrendado. Concluye reiterando que ya no usa el camino y que tampoco ha realizado actos que obstaculicen el paso.

A folio 8 se agregó el Informe N° 653, de 12 de mayo de 2026, de la Sección de Investigación Policial de la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas, en el cual se da cuenta de que el 9 de mayo de 2026, a las 11:00 horas, personal de esa unidad concurrió al sector de Maquehue Zanja, paradero N° 19, ubicando al recurrido, y se hace presente que éste, para llegar a su inmueble, utiliza otro camino de servidumbre que se encuentra a un costado del camino que conduce a la propiedad de los recurrentes. En cuanto a este último, el informe consigna que en su ingreso existe un portón de fierro de dos cuerpos que se encontraba cerrado, pero sin ningún tipo de cerradura o sistema de seguridad, de modo que los funcionarios lo abrieron sin dificultad para circular en su vehículo, y que en el trayecto de aproximadamente 360 metros que media entre dicho portón y el acceso a la parcela de doña nombre reservado el camino se encontraba despejado, de libre acceso vehicular y peatonal, sin obstáculos tales como ramas o malezas. Asimismo, se deja constancia de que a 80 metros del portón de ingreso, en el cerco de deslinde frente a la casa del recurrido y a 114 metros de la línea divisoria de la propiedad signada con el rol N° 3213-805, existen vestigios de la construcción de un tramo de cerco de pandereta, cuyos trozos de palmetas se encuentran en el suelo, hallándose ese tramo cerrado con estacas de madera y malezas y no apto para el cruce de animales. El informe precisa, además, que según la consulta de antecedentes de bienes raíces del Servicio de Impuestos Internos, de 7 de mayo de 2026, que se adjunta, la propietaria del inmueble rol N° 3213-805 es doña nombre reservado, nombre que no coincide con ninguno de los recurrentes; que dicho predio se encuentra subdividido en tres parcelas, correspondiendo la primera, desde el portón, a don nombre reservado, la segunda a don nombre reservado y la última a doña nombre reservado; que las parcelas se encuentran delimitadas mediante cercos de polines, estacas de madera, alambre de púas y malla, con portones de madera, salvo la del señor nombre reservado, y que al interior de la parcela de la señora nombre reservado existe una edificación con una puerta, sin ventanas instaladas y conectada a la red eléctrica, sin que se encontraran moradores el día de la diligencia. Se acompañan un mapa satelital del sector, en el que se grafican dos caminos de servidumbre y la ubicación de los daños en la pandereta, y seis imágenes del lugar.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que esa disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su ejercicio. Por su carácter urgente, no constituye una instancia declarativa de derechos ni está llamado a sustituir los procedimientos ordinarios o especiales previstos por el legislador para resolver controversias que exigen discusión y prueba acerca de la existencia, titularidad o alcance de una situación jurídica.

SEGUNDO: Que para la procedencia de esta acción es necesario que exista una conducta atribuible al recurrido que pueda calificarse de ilegal o arbitraria, que ella produzca una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías protegidas y que la Corte se encuentre en condiciones de adoptar una medida eficaz para restablecer el imperio del derecho. De allí que la tutela cautelar presuponga una situación jurídica preexistente y suficientemente determinada, cuyo amparo no requiera declarar previamente un derecho controvertido ni resolver cuestiones de dominio, deslindes o gravámenes que demanden un procedimiento de lato conocimiento.

TERCERO: Que en la especie los recurrentes atribuyen a don nombre reservado, en lo sustancial, haber abierto un paso desde el sector que ocupa hacia el camino que utilizan los vecinos de la hijuela N° 2, transitar por él con sus animales, dejar restos vegetales que dificultarían el desplazamiento, destruir en febrero de 2026 la pandereta con que los actores cerraron dicho paso y proferir amenazas y agresiones, entre ellas la ocurrida el 20 de febrero de 2026, en que resultó lesionada doña nombre reservado. El recurrido, por su parte, reconoce haber utilizado el camino, pero sostiene que lo hizo porque el dueño del predio que arrienda le señaló que podía hacerlo; agrega expresamente que esa servidumbre no beneficiaba al predio arrendado, afirma haber reparado el cierre y manifiesta que actualmente no usa el camino ni ejecuta actos que obstaculicen el tránsito.

Así planteada la controversia, corresponde examinar la oportunidad de la acción respecto de los distintos hechos denunciados, la existencia de una situación jurídica indubitada que pueda ser amparada en relación con el camino, la actualidad de la perturbación alegada y, finalmente, las restantes garantías invocadas.

CUARTO: Que el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone que esta acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

El recurso fue presentado el 4 de mayo de 2026. En consecuencia, los hechos que los propios recurrentes sitúan en febrero de ese año, esto es, la destrucción de la pandereta y el episodio del 20 de febrero de 2026, eran conocidos por ellos desde su ocurrencia y quedaron fuera del plazo de treinta días. Lo mismo sucede con el antecedente policial de 30 de octubre de 2023 relativo a daños en un cerco. Tales circunstancias pueden ser consideradas como contexto del conflicto vecinal, pero no como actos autónomos susceptibles de ser corregidos por esta vía cautelar.

Distinta es la alegación relativa a la obstrucción del camino que los actores sitúan a partir de abril de 2026 y describen como reiterada hasta la interposición del recurso. Aunque no se precisa el día exacto de cada episodio, se trata de la única conducta que se presenta como vigente dentro del período hábil, razón por la cual será examinada en cuanto a su mérito.

QUINTO: Que la pretensión de los recurrentes descansa en que el camino constituye una servidumbre establecida en beneficio de los inmuebles que ocupan en la hijuela N° 2 y en que el recurrido carece de derecho para utilizarla, de manera que solicitan, entre otras medidas, que se cierre definitivamente el paso que éste abrió hacia dicha vía. Para adoptar una orden de esa naturaleza sería necesario que la titularidad y el alcance del derecho invocado aparecieran suficientemente determinados con los antecedentes del recurso.

Sin embargo, los actores no acompañaron los títulos de dominio de los inmuebles que afirman haber adquirido por compraventa en el año 2022 ni las inscripciones conservatorias respectivas. Tampoco se agregó un título constitutivo de la servidumbre, un reconocimiento del dueño del predio sirviente u otro antecedente que permita establecer jurídicamente cuál es el predio sirviente, cuáles son los predios dominantes, cuál es el trazado del gravamen y quiénes se encuentran habilitados para ejercerlo, sino que se limitaron a acompañar: a) copia de parte denuncia N° 2629, de 30 de octubre de 2023, de la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas, por el delito de daños simples, RUC N° 2301185890-2; b) copia de parte denuncia N° 437, de 20 de febrero de 2026, de la misma unidad policial, por los delitos de amenazas simples contra personas y propiedades y lesiones menos graves, RUC N° 2600269301-0; c) fotografía de la pandereta instalada en febrero de 2026; d) fotografía de la pandereta destruida; e) fotografías de las lesiones de doña nombre reservado; f) copia del formulario de atención de urgencia N° 16530863 del Complejo Asistencial Padre Las Casas, de 20 de febrero de 2026; g) informe de tomografía computada de cerebro de la misma fecha; y h) plano de subdivisión de tierras del Instituto de Desarrollo Agropecuario correspondiente a la Comunidad nombre reservado.

Los referidos documentos en las letras a) hasta la g) no permiten tener por acreditado el derecho cuya protección se impetra y, en cuanto al plano de subdivisión del Instituto de Desarrollo Agropecuario, éste grafica la hijuela N° 2 y un camino, pero por sí solo no determina la constitución ni el contenido jurídico de la servidumbre invocada.

A ello se suma que la consulta de antecedentes de bienes raíces del Servicio de Impuestos Internos, agregada al informe de folio 8, registra como propietaria del inmueble Rol N° 3213-805 a doña nombre reservado, mientras que el mismo informe policial ubica dentro de ese rol tres parcelas que identifica con los recurrentes. Tal información tributaria no sustituye los títulos de dominio, pero evidencia una discordancia que no puede ser despejada en esta sede. Del mismo informe se desprende, además, que el lugar donde existen vestigios de la pandereta está frente a la casa del recurrido, a 80 metros del portón de ingreso y a 114 metros de la línea divisoria de la propiedad signada con el rol N° 3213-805. Determinar quién se encuentra facultado para abrir o cerrar de manera definitiva ese sector exige, por tanto, establecer previamente cuestiones de dominio, deslindes y alcance de eventuales gravámenes.

SEXTO: Que resulta relevante lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de fecha 17 de noviembre de 2025, dictada en causa Rol N°5.277-2025, en cuanto sostuvo que el mero uso tolerado de un inmueble ajeno no basta para constituir una servidumbre discontinua oponible y que, cuando la existencia de una servidumbre de tránsito se encuentra controvertida, la determinación de sus presupuestos corresponde a un juicio de lato conocimiento. De este modo, no encontrándose establecida en estos antecedentes la existencia, titularidad y extensión del derecho de tránsito que las partes invocan respecto del camino, tales cuestiones no pueden ser resueltas mediante la presente acción cautelar ni servir de fundamento para ordenar su cierre permanente.

SEPTIMO: Que aun dejando a salvo la discusión sobre la titularidad y alcance de la servidumbre, tampoco se encuentra acreditada una perturbación actual del tránsito de los recurrentes que haga necesaria una medida cautelar de esta Corte.

En efecto, el Informe N° 653 de la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas, agregado a folio 8, constituye una constatación en terreno efectuada el 9 de mayo de 2026, cinco días después de interpuesto el recurso. Allí se consigna que el portón de ingreso al camino se encontraba sin cerradura o sistema de seguridad y pudo abrirse con facilidad; que el trayecto de aproximadamente 360 metros hasta la propiedad de doña nombre reservado estaba despejado y permitía el libre acceso vehicular y peatonal; que no existían ramas, malezas u otros obstáculos en la vía; que el sector donde se habían instalado las palmetas de pandereta se encontraba cerrado con estacas de madera y malezas y no era apto para el cruce de animales; y que el recurrido utiliza para llegar a su inmueble otro camino de servidumbre ubicado a un costado del utilizado por los actores. El mapa satelital y las fotografías incorporadas al informe ilustran esas constataciones.

Lo anterior es concordante con la parte del informe de folio 7 en que el recurrido manifiesta que ya no utiliza el camino y que reparó el cierre.

OCTAVO: Que los recurrentes acompañaron, además, un dispositivo de almacenamiento que contiene videos destinados a dar cuenta de los hechos expuestos en el recurso. Revisadas dichas grabaciones, se constata que efectivamente registran los episodios descritos por la parte recurrente, relativos al uso y obstrucción del camino materia de autos. Sin embargo, tales registros no desvirtúan lo constatado posteriormente por Carabineros en la diligencia practicada en el lugar, oportunidad en que el camino se encontraba expedito para el tránsito vehicular y peatonal, mientras que el paso situado frente a la casa del recurrido aparecía cerrado.

NOVENO: Que las restantes medidas solicitadas tampoco pueden ser acogidas en esta sede. En primer término, la reparación de la pandereta se vincula con un hecho que los actores sitúan en febrero de 2026, fuera del plazo de interposición de la acción, por lo que su eventual restitución o indemnización deberá plantearse por la vía que corresponda. Por otra parte, la petición de cierre definitivo del paso supone decidir sobre un deslinde y sobre los beneficiarios de una servidumbre cuyo contenido no se encuentra determinado. Asimismo, las alegaciones de usurpación de terrenos y destrucción de cercos remiten a controversias que requieren establecer dominio, posesión, autoría y demás presupuestos propios de los procedimientos civiles o penales pertinentes. Finalmente, la amplitud de esas solicitudes podría incidir en derechos de propietarios o eventuales beneficiarios que no han comparecido en estos autos.

DÉCIMO: Que en cuanto a la garantía del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los antecedentes acompañados permiten distinguir entre la existencia de una lesión y la atribución de su autoría. El parte denuncia N° 437 de 20 de febrero de 2026 recoge el relato de doña nombre reservado y de don nombre reservado acerca de una discusión en que el recurrido habría proferido amenazas y lanzado una piedra. Por su parte, el formulario de atención de urgencia N° 16530863, el informe de tomografía computada y las fotografías acreditan que la señora nombre reservado presentó ese día una herida cortante en el cuero cabelludo, de pronóstico médico legal leve, pero esos documentos médicos no establecen por sí mismos quién la produjo.

DÉCIMO PRIMERO: Que en cuanto a la libertad de locomoción consagrada en el numeral 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que dicha garantía no se encuentra entre aquellas cuya tutela contempla el artículo 20 de la Carta Fundamental, sin perjuicio de las acciones constitucionales que correspondan en materia de libertad personal.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en suma, la acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en los artículos 822, 844, 847 y 882 del Código Civil y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1 por doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado en contra de don nombre reservado, sin perjuicio de las acciones que las partes puedan hacer valer ante los tribunales competentes por la vía que corresponda.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, devuélvase a los recurrentes el dispositivo de almacenamiento guardado en custodia, dejándose constancia en autos.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo del Ministro (S) Robinson Villarroel Cruzat.

N° Protección-1681-2026.(csd)