nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

C.A. de Temuco Temuco, tres de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 27 de mayo del año 2022, comparece don José Luis Neira Vejar, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, funcionario a contrata del Consultorio de CholChol, grado 14, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, funcionario del CESFAM Chol Chol grado 11, domiciliada en domicilio reservado, doña nombre reservado, kinesióloga, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, funcionaria del CESFAM CholChol grado 12, domiciliada en domicilio reservado, doña nombre reservado, funcionario del CESFAM CholChol grado 14, domiciliada en domicilio reservado, doña nombre reservado, funcionaria del CESFAM CholChol grado 11, domiciliada para estos efectos en mi domicilio profesional doña nombre reservado, funcionaria del CESFAM CholChol grado 12, domiciliada para estos efectos en mi domicilio profesional, don nombre reservado, funcionario del CESFAM CholChol grado 11, domiciliado en domicilio reservado, doña nombre reservado, funcionario del CESFAM CholChol grado 11, domiciliada en domicilio reservado, y de doña nombre reservado, funcionaria del CESFAM CholChol grado 11, domiciliada para estos efectos en su domicilio profesional, quien interpone acción de protección en contra de don nombre reservado, ignora profesión, Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Manifiesta que sus representados, se encontraban todos desempeñando distintas funciones en el Cesfam dependiente del Departamento de Salud Municipal dependiente de la recurrida, y sus contratas no fueron renovadas a contar del 31 de mayo de 2021, razón por la cual interpusieron ante esta Corte recursos de protección, en los autos rol N° 6919, 6918, 6921, 6922, 6923, 6972, 6973, 6977, 6950 y 6951, todos del año 2021. Todos los recursos fueron acogidos por esta Corte y confirmados por la E. Corte Suprema con declaración de que se deben reincorporar a sus funciones y se les debe pagar sus remuneraciones hasta el día de la reincorporación. Señala que la recurrida ha incumplido de manera contumaz primero la Orden de no innovar, y ahora el cúmplase de las sentencias dictadas, no paga las remuneraciones ni reintegra a sus funciones a sus representados. Así las cosas, señala que a mas 1 año de haber sido separados no se han renovado sus contratas alegando legitima confianza, los recurrentes se encuentran sin funciones y sin ingreso alguno durante todo este periodo, no han podido acogerse a la denominada ley de alivio que les permite acceder a la planta de su dotación respectiva y lo que es peor no se les ha renovado la contrata para el año 2022.

Afirma que la recurrida ha dictado diversos decretos que ha agregado a los recursos señalados, el mas antiguo con fecha 27 de abril de 2022, y ha manifestado por escrito que lo ordenado por la Corte Suprema no procede. Hoy sus representados se encuentran en una situación jurídica incierta pues no han sido reincorporados por que el recurrido y se encuentran con los decretos que dejan sin efecto el decreto que los había separado de funciones les renueva la contrata solo hasta diciembre de 2021 y no hay aun resolución ni de esta Corte ni menos del municipio de la situación para el año 2022. Por lo expuesto, refiere que se interpone la presente acción de protección a fin de que se ordene a la recurrida renovar las contratas de los recurrentes en cada caso y en cada función que desempeñaban al 2021 para todo el año 2022. La no renovación de las contratas de los recurrentes para el año 2022, sin duda, constituye una abierta vulneración a sus derechos, según lo preceptuado y garantizado en la Constitución Política de la República.

Así, haciendo referencia a la situación de cada recurrente, respecto a funciones, fecha de ingreso como funcionario del municipio recurrido, Decreto Alcaldicio, recurso de protección interpuesto, refiere que la Municipalidad ha dictado el decreto del año 2022 que indica, que solo renueva la contrata hasta el 31 de diciembre de 2021. Añade que todos los recurrentes se encuentran separados de sus funciones por que la recurrida no da cumplimiento a lo ordenado a fin de que se cumpla la sentencia de la Corte suprema, por lo que no reciben remuneración ni son admitidos a trabajar desde el 31 de mayo de 2021. Señala que en el caso concreto, el acto administrativo recurrido, vulnera abiertamente el dictamen 6.400-2018, emitido por la Contraloría General de la República. De esta manera los recurrentes tienen la confianza legítima de que su contrata debe ser renovada para el año 2022 en las mismas condiciones que venía desempeñándose cada uno desde antes del 31 de mayo de 2021. Del actuar propio de la recurrida, de la que no ha emanado acto alguno pero dado que nos encontramos a 30 de enero de 2022 y no se ha materializado ni exteriorizado por parte del municipio la intención de renovar la contrata para el 2022 de los recurrentes debemos entender que no lo hará a manos que se dé la orden para ello en virtud del presente recurso. Esta decisión de no renovar de la autoridad es un acto arbitrario, toda vez que, el dictamen 6.400-2018 de Contraloría General de la República exige que éste razonamiento sea fundado y éste fundamento debe necesariamente cumplir con los estándares impuestos por la Constitución Política de la República de Chile, las respectivas normativas que regulan derechos y atribuciones de las autoridades que hacen parte de la administración del Estado y la resolución recurrida no los cumple. Indica asimismo ese documento que al ser renovada durante 15 y 4 años, en cada caso, la vinculación de los municipios con los peticionarios, a estos últimos les asistió -al amparo de los principios que indica- la confianza legítima de que serían recontratados para el año 2016, lo que implicó para la Administración el deber de explicitar adecuadamente los motivos del cambio en su actuación, mediante la dictación de un acto administrativo fundado.

Manifiesta que es procedente considerar que el deber de renovar una contrata en el evento que no se emita y comunique el acto fundado, deriva de una actuación previa por parte de la Administración en orden a requerir reiteradamente los servicios de una persona, por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta seguirá repitiéndose. Agrega que tanto respecto de la no renovación de una contrata, como de su renovación en condiciones diferentes o su término anticipado, los dictámenes N° 22.766 y 23.518, ambos de 2016, respectivamente, han señalado que tales determinaciones deben efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo. Señala que el Plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o renovar la contrata, o decide hacerlo por un plazo menor a un año o en un grado o estamento de asimilación inferior o reduce la carga horaria. En tal orden de consideraciones, concluye el referido dictamen, el decreto alcaldicio que materialice la no renovación del vínculo, o resuelva prorrogarlo por un lapso menor a un año o establezca una carga horaria inferior, deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate. Añade que según la jurisprudencia contenida en los dictámenes Nos 33.419, de 2016 y 19.830, de 2017, entre otros, la presentación efectuada ante esta Entidad de Control reclamando en contra de la decisión de la autoridad de ponerle término anticipado a una contrata, de no prorrogarla, o de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior -y que no implique la falta o nulidad de la comunicación en estudio-, constituye una gestión suficiente para efectos de considerar debidamente notificado el acto de que se trata. De este modo, el acto administrativo que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor, su no renovación o su renovación en condiciones diferentes, deberá ser notificado en el plazo y de las maneras recién descritas, sin perjuicio de lo que ordenen otras normas aplicables según el estatuto al cual se encuentre sujeto el funcionario.

Postula que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, vulnera las garantías del art. 19 de la Constitución Política de la República, en su numeral 2, 16 y 24, por cuanto no da un trato igualitario a los funcionarios afines políticamente con el actual gobierno que a quienes no lo son. Respecto del segundo numeral del Artículo 19, sindicado como vulnerado, se refiere a la prohibición de toda discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal, esto en estrecha relación con el anterior pues se discrimina a este funcionario por considerarlo adversario o un obstáculo para un fin de una autoridad política, y no por su calidad o preparación, y por último se ha vulnerado el derecho de propiedad pues el contrato y su retribución económica han ingresado a su patrimonio, vulnerándose el derecho de propiedad con las resoluciones dictadas por la autoridad recurrida, se vulnera la legitima confianza de que se va a renovar su contrata por un periodo determinado cumpliendo los requisitos para ello. Frente a la actuación desarrollada por la recurrida y la argumentación entregada para la no renovación de la contrata, debe tenerse en consideración que la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se encargó de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley N° 19.880. Ahora bien, entre los principios previstos en esa ley se encuentran aquéllos sobre transparencia y publicidad consagrados en su artículo 16, en el que se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas. Por último, es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal, ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

En cuanto al derecho, hace referencia al régimen legal de contrata, y su naturaleza, la fuerza vinculante de los oficios dictados por la administración del Estado, la aplicación del principio de la confianza legítima el derecho a la estabilidad en el empleo a las/os funcionarias/os a contrata que prestan servicios en la administración pública, además de jurisprudencia al efecto, cuestión que afecta la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección (artículo 19 n° 16 CPR). derecho de propiedad (artículo 19 N° 24 CPR). Al no existir acto que fundamente la decisión de no renovar la contrata por el periodo 2022 el acto es infundado y por ende arbitrario e ilegal.

Por todo lo anterior, solicita tener por presentado recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL, representada por su alcalde Luis Huirilef Barra, ya individualizados, ordenarle que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario de no renovar la contrata de los recurrentes por el periodos 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, dejando sin efecto los decretos recurridos en cada caso que solo renueva la contrata hasta el 31 de diciembre de 2021, ordenar que sean reintegrados en las mismas condiciones en que se desempeñaba cada uno al 31 de mayo de 2021 Ordenando, se renueve su contrata por todo el 2022 a fin de que continúen en sus cargos y funciones de los cuales se le pretende cesar de forma arbitraria e ilegal restituyéndole además en todos sus derechos, estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose todas las medidas necesarias que se determine, sean las solicitadas o las que se determine, con expresa condenación en costas.

A folio 8, con fecha 27 de junio del año 2022, comparece Michell Vera Barraza, abogado por el recurrido MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL, solicitando su rechazo.

Indica que todos los recurrentes fueron contratados a plazo fijo en el CESFAM de Cholchol, hasta el mes de junio de 2021, contratos que no fueron renovados. Señala que en dicha oportunidad plantearon los recursos de protección en contra del Municipio de Cholchol que indica. Los recurrentes fundaron dichos recursos en que el Municipio de Cholchol ordenó la no renovación de sus contratos infringiendo el dictamen 6.400, de la Contraloría General de la República, estos recursos fueron acogidos y confirmados con votos disidentes por la E. Corte Suprema.

Manifiesta que se deduce el recurso denunciando la vulneración de los derechos que consagra el artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República, que se refieren a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, sin embargo, refiere que nunca se señala con claridad cuál es el acto recurrido, deduce que se trata de la no renovación de las contrataciones a plazo fijo para el año 2022, afirmando que el recurrente no es claro en cuanto a la singularización del acto recurrido.

Alega la litis pendencia respecto a las causas que indica, que aún se encuentra en tramitación, en fase de cumplimiento, de su lectura puede constatarse la triple identidad denunciada. También alega la cosa juzgada, ya que el asunto debatido en este recurso es el mismo debatido en la causa rol Protección 743 – 2022, existe triple identidad dado que las partes, lo pedido y la causa de pedir son idénticas, por lo que resulta redundante la tramitación de esta nueva acción de protección.

Plantea, asimismo, la improcedencia formal del recurso, ya que la acción de protección es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de aplicación de la acción de protección se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistente e indubitados sea evidente u ostensibles, atendida las circunstancias y modalidades concretas de la situación de la que se trata, impidiéndose que estos arbitrios puedan emplearse, para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, o para obtener el cumplimiento de resoluciones judiciales (como en este caso). De otro lado, considera que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo, según lo establecido en el propio dictamen N° 6.400/2018, de la Contraloría General de la República, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700/2016, sobre confianza legítima en la contrata. El citado dictamen, establece el régimen recursivo del acto administrativo en cuestión, detallando que éste puede ser impugnado de acuerdo al artículo 59 de la Ley 19.880, esto es, entablando los recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia administración. Además, en aplicación del artículo 160, de la Ley 18.834 (Estatuto Administrativo), los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el estatuto, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama, transcurrido el cual sus reclamos serán desestimados por extemporáneos. En virtud de lo expuesto concluye que fue el propio legislador y el ente fiscalizador, quienes han establecido los mecanismos de impugnación del acto administrativo en comento, que no han sido ejercidos por el recurrente, siendo ella la vía idónea para reclamar su ilegalidad. Por tanto y como se ha venido argumentando los hechos que se exponen en el presente recurso de protección, son de lato conocimiento y exceden el ámbito de aplicación de una acción cautelar, atendida su naturaleza y sobre todo considerando que el recurso en cuestión se funda en una serie de aseveraciones que en respeto al debido proceso deben ser discutidos y probados, en un procedimiento en el cual las partes podrían litigar en igualdad de condiciones.

En cuanto al fondo, no advierte la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, por cuanto la terminación del contrato de los recurrentes operó por el sólo ministerio de la ley, de conformidad a lo dispuesto en el Art.10 inciso 1° del Estatuto Administrativo. Tiene presente que el vínculo entre el funcionario con el Municipio de Cholchol no es de naturaleza contractual de derecho común sino estatutario, el cual nace y finaliza con el nombramiento, con la expiración del plazo que se tuvo a la vista, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de cada año. Esto último siempre que no medie una resolución que renueve la contrata.

Añade que la indeterminación a la hora de definir el acto recurrido no permite desarrollar este punto con mayor precisión, sin embargo resulta claro que la presente acción de protección tiene como fundamento hechos ocurridos en el mes de julio de 2021, fecha desde la cual ha trascurrido con creces los 30 días corridos de plazo para interponer un recurso de protección, motivo por lo que concluye que la acción de protección interpuesta en este rol es un asunto que ya fue resuelto y que se encuentra en fase de cumplimiento, los hechos que invocan son los mismos en todos los casos expresados, finalmente el asunto no se encuentra fuera del amparo de del derecho, el asunto ya se encuentra bajo el amparo de nuestro sistema judicial, el que entrega mecanismos idóneos para la consecución de los fines de los recurrentes, solicitando rechazar en todas sus partes el Recurso de Protección incoado, con expresa condenación en costas.

A folio 18, con fecha 24 de agosto del año 2022, la parte demandante acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación y la vista de la causa tuvo lugar el día veintidós de septiembre en curso, compareciendo a estrados los letrados representantes de ambas partes, que alegaron conforme a sus respectivas pretensiones.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar protección.

SEGUNDO: Que, en estos autos, se ha deducido recurso de protección por don José Luis Neira Vejar, abogado, a favor de todos los recurrentes ya individualizados, funcionarios del Centro de Salud Familiar, dependiente del Departamento de Salud Municipal de la Municipalidad de Chol Chol, con motivo de la no renovación de sus contrataciones por el año 2022, solicitando a esta Corte que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario de no renovar la contrata de los recurrentes por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, dejando sin efecto los decretos recurridos, ordenando el reintegro en las mismas condiciones en que se desempeñaba cada uno al 31 de mayo de 2021, se renueve su contrata por todo el año 2022 a fin de que continúen en sus cargos y funciones de los cuales se le pretende cesar de forma arbitraria e ilegal, restituyéndole además en todos sus derechos, estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose todas las medidas necesarias que se determine, sean las solicitadas o las que se determine, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, para resolver el presente asunto, es del caso tener presente los siguientes hechos:

a) Que todos los funcionarios recurrentes, individualizados en lo expositivo, prestaron servicios en el Centro de Salud Familiar, dependiente del Departamento de Salud Municipal de la Municipalidad de CholChol, siendo todos renovados de manera sucesiva por el servicio hasta la dictación de Decretos Alcaldicios, de fecha 31 de mayo del año 2021, que dispusieron el término anticipado a sus funciones.

b) Que, asimismo, con motivo de dichos actos administrativos los recurrentes dedujeron recursos de protección, iniciándose los autos ROL N° 6919, ROL 6918, ROL 6921, ROL 6922, ROL 6923, ROL 6950, ROL 6951, ROL 6972, ROL 6973 y ROL 6977, todos del año 2021.

Este I. Corte, conociendo de los recursos, los acogió ordenándose renovar las contratas de los respectivos recurrentes, reintegrándolos a sus cargos, y disponer el pago de los estipendios correspondientes devengados durante la separación, decisiones confirmadas por la Excma. Corte Suprema, con declaración que la recurrida debía reincorporar a los reclamantes con las mismas condiciones en que venían prestando sus servicios enterando las remuneraciones y emolumentos legales, debidamente reajustados entre las fechas que indica, decisiones adoptadas en los meses de marzo y abril del año 2022.

c) Ahora bien, consta que los recurrentes interpusieron ante esta I. Corte recurso de protección con fecha 30 de enero del año 2022, en causa ROL 743-2022, acción desechada con fecha 01 de abril del año 2022.

Se asienta en dicho fallo, a la fecha ejecutoriado, que “se debe descartar que estos autos tengan la misma causa de pedir con los recursos de protección ya reseñados, (los referidos en la letra b) anterior) puesto que la petición concreta que ventila esta causa es la renovación de las contratas de los recurrentes de su contrata para el año 2022, alegándose una omisión arbitraria o ilegal, al no dictarse el acto administrativo pertinente.” Se agrega, además, que es “ ..un hecho controvertido si los actores cumplen o no los presupuestos para disponer la renovación de la contrata respectiva, cuestión que precisamente se encuentra ventilado y corresponde ser resuelto en los recursos de protección anteriores, no pudiéndose exigir a la autoridad - por lo menos a la época de interposición del recurso – la dictación de un nuevo Decreto Alcaldicio, al estarse ventilando judicialmente una acción judicial.”. Este es el fundamento base del rechazo del recurso.

d) Que, finalmente, consta que la Municipalidad de CholChol, con fecha 27 de abril, 10 y 13 de mayo del año 2022, en cumplimiento de las sentencias definitivas ejecutoriadas pronunciadas, dejó sin efecto los Decretos Alcaldicios que dispusieron el término anticipado de las contratas del año 2021, replicando los decretados alcaldicios que renovaron las contrataciones durante el año 2021, disponiendo el cálculo y pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales correspondientes a dicho periodo.

e) Que, en este contexto, por efecto de las decisiones judiciales comentadas y lo resuelto por la alcaldía en cumplimiento de estos mandatos, se ha debido entender que todos los recurrentes estuvieron en funciones, en calidad de contrata, prestando servicios ininterrumpidos para la Municipalidad recurrida, hasta el 31 de diciembre de 2021.

CUARTO: Que, expuesto lo anterior, y en cuanto a las alegaciones de litis pendencia y cosa juzgada planteadas por la recurrida, no cabe sino desechar ambas excepciones, puesto que los recursos interpuestos durante el año 2021 dicen relación con la ilegalidad y arbitrariedad del término anticipado de las contrata dispuestas en mayo del año 2021 – cuyos decretos, se reitera, fueron dejados sin efecto por el acogimiento de las acciones de protección deducidas – lo que difiere con la circunstancia de no haberse dispuesto por la entidad recurrida la renovación por el año 2022 de las mismas contrataciones de los recurrentes, siendo diverso, por ende, el objeto y la causa de pedir.

En el mismo sentido, acerca de una posible cosa juzgada respecto a la causa Rol 743-2022, como ya se señaló en el motivo anterior, teniendo a la vista ambas acciones, consta que en éstas difiere la causa de pedir, al hacer referencia el recurso que se ventila en estos autos a la no renovación de las contrataciones de los recurrentes por el año 2022, una vez cumplidas las sentencias judiciales antes mencionadas, lo que en aquel se encontraba pendiente de decisión, no habiéndose dictado decretos alcaldicios que precisamente hubieran dispuesto la decisión de no renovar las contratas por el año 2022, al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias definitivas en comento.

Por último, respecto de la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, también debe ser desechada, puesto que el recurso ha sido deducido dentro del plazo contenido en el Auto Acordado para tramitación del recurso de protección, esto es, el 27 de mayo del año 2022, considerando que el acto que motiva el recurso son los decretos pronunciados por la Municipalidad de CholChol, con fecha 27 de abril, 10 y 13 de mayo del año 2022 a lo que se ha hecho alusión QUINTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, el régimen de contrata en el sector público ha dado lugar a diversas discusiones relativas a su naturaleza, término anticipado y no renovación posterior; y consecuentemente, una serie de pronunciamientos tanto en sede administrativa como también en el ámbito judicial sobre la materia. Se destacan en este punto, el Dictamen E156769-2021 de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de noviembre de 2021, que actualiza instrucciones sobre los criterios de configuración de la denominada confianza legítima en la administración y su aplicación al régimen de contrata; a su vez, consta la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de fecha 13 de marzo de 2018, en los autos Rol N°38.681-2017, en la que se establecen algunas máximas sobre la contratación de funcionarios públicos.

SEXTO: Que, para darle contexto a la controversia sometida a la decisión de esta Corte, debe partirse de la base que en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Ley N°18.883, se consagra el principio de estabilidad laboral a la que tiene derecho todo funcionario sin distinción, conforme a lo establecido en su artículo 87, y sin que se exima a quienes detentan la condición “a contrata”, por lo que no podría discriminarse entre los empleados de planta y los contratas, porque el artículo 5 f) de dicha legislación, se refiere al “empleo a contrata”, lo que permite concluir que la voz “empleo” que utiliza el mencionado artículo 87 es comprensiva del funcionario que se desempeña “a contrata”.

SÉPTIMO: Que, se han aunado los criterios administrativos y judiciales en cuanto a estimar que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N° 18.883.

OCTAVO: Que, el artículo 3 de la Ley 18.883 sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, por el sólo ministerio de la ley, es decir, por la expiración del tiempo de designación, esto es, para el período que media entre la contratación y el 31 de diciembre, debiéndose ejercer la facultad de prorrogar una contrata, según el contenido del Dictamen antes citado, con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, lo que se traduce en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se hubiere generado la confianza legítima en la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior.

En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse según lo disponen los artículos 45 a 47 de la Ley N° 19.880, acto administrativo que además deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho por tratarse de actos que afectan potestades particulares; y a su artículo 41 inciso cuarto, que obliga a que las resoluciones finales contendrán la decisión que será fundada, de forma que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta.

NOVENO: Que, se exige entonces que la resolución que contenga la decisión de no renovación de la contrata debe tener en consideración la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en la que se asegura un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley N° 19.880.

Ahora bien, entre los principios previstos en esa ley se encuentran aquellos sobre transparencia y publicidad consagrados en su artículo 16, en el que se dispone que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas. Por último, es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal, ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

DÉCIMO: Que, de esta forma, es posible concluir que las resoluciones recurridas que dan cuenta del cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por la Excma. Corte Suprema, no da argumento alguno para no renovar la contrata del año 2022.

UNDÉCIMO: Que en este punto cabe resaltar que los dictámenes de la Contraloría General de la República citados en los motivos Quinto y Séptimo, han señalado expresamente en torno a la motivación de la decisión de no renovar una contrata:

“El artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas.

De conformidad con los dictámenes Nos 23.518, de 2016, y 9.317 y 11.316, ambos de 2017, todos de esta Entidad de Control, tampoco basta la mera referencia formal a los motivos invocados por la autoridad, toda vez que ello no permite conocer, de su sola lectura, cuál fue su raciocinio para arribar a tal decisión…”. “A su vez, tampoco resulta suficiente la alusión a argumentos genéricos que podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida en relación a la persona afectada. En tal sentido, la mera referencia a “deficiencias presupuestarias del servicio” no permite conocer la razón por la que la autoridad decidió alterar el vínculo con ese funcionario y no con el resto de los servidores que se encuentran en las mismas condiciones”.

Ha indicado asimismo el órgano contralor, respecto de las consecuencias de la insuficiente fundamentación del acto que determina la no renovación de la contrata: “En los casos en que aplica la confianza legítima, de no dictarse el acto administrativo que fundamente la no renovación o prórroga de la contrata, o en el evento que se resuelva disponer la renovación pero en un grado, estamento o asignación horaria inferior, o por un plazo menor a una anualidad, o que no se encuentren debidamente fundadas esas decisiones, y el afectado reclame oportunamente, corresponde entender, si es acogida su presentación, que la contratación del servidor debe ser prorrogada en iguales términos a la existente al 31 de diciembre de la anualidad respectiva -o a la fecha que corresponda de acuerdo a la preceptiva aplicable-, y por todo el año siguiente”. “Además, en el evento de que el servidor hubiere sido separado de sus labores a causa de una irregular medida, procederá que el servicio respectivo lo reincorpore a sus funciones y le pague las remuneraciones correspondientes al tiempo en que, por motivos no imputables a sus actuaciones, no pudo desempeñarse en la calidad que le incumbía (aplica dictámenes N° 9.317 y 11.316, ambos de 2017)”.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, la decisión administrativa discrecional que aquí se alza como causa de pedir, devino en ilegal y arbitraria. Ilegal porque pugna con la normativa a la que debió atenerse la recurrida y que más arriba se dejó explicada, y arbitraria, porque debiendo haberse renovado las contrata de los actores y en sus funciones, se ha entendido lo contrario, no renovar las contrataciones por el año 2022, contrario a lo que correspondía efectuar una vez que dio cumplimiento a las sentencias de esta I. Corte y de la Excma. Corte Suprema, dado que éstas entendieron a los recurrentes con contrata vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 y al no haberse dispuesto su no renovación han debido entenderse extendidas sus designaciones por el año 2022, vulnerándose de ese modo la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de los recurrentes sobre sus remuneraciones, garantizados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO TERCERO: Que, atento a lo razonado, se acogerá el recurso en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I.- SE RECHAZAN las alegaciones de litis pendencia, cosa juzgada y extemporaneidad deducidas por la parte recurrida.

II.- SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don José Luis Neira Vejar, abogado, en representación de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, en contra de don Luis Huirilef Barra, Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL, ordenándose a la recurrida proceder a la renovación de la contrata de los funcionarios recurrentes por el año 2022, en los mismos términos y condiciones en las que se desempeñaban al 31 de diciembre de 2021, debiendo reincorporarlos en las mismas condiciones en que venían prestando sus servicios y enterarles íntegramente las remuneraciones y demás emolumentos legales, debidamente reajustados, entre el día uno de enero de 2022 y hasta la fecha de sus efectivas reincorporaciones.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Francisco Ljubetic Romero.

Protección-16805-2022.(fcv)