Protección contra Tesorería General de la República y la universidad de la Frontera no podrá prosp

Foja: 92Noventa y Dos C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de agosto de dos mil trece.

VISTOS:

A fojas 2 comparece don nombre reservado, ingeniero mecánico, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección contra la Tesorería General de la República, IX Región, y contra la Universidad de La Frontera específicamente por actuaciones efectuadas por el organismo dependiente de dicha Universidad y denominado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera, alegando como conculcadas las garantías del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El hecho que denuncia como arbitrario e ilegal consiste en que durante el proceso de devolución de impuesto a la renta del presente año, la Tesorería General de la República le retuvo del total de la misma, la suma de $ 1.075.070 por concepto de deuda de Crédito Universitario con la Universidad de La Frontera, tomando conocimiento de este hecho el 23 de Mayo de este año al consultar el Estado de Declaración de Renta 2013 en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos.

Agrega que desde el año 1982 cursó sus estudios de ingeniería en esa casa de estudios, titulándose el año 1986, siendo beneficiario del Crédito Fiscal Universitario, regido por el DFL Nº 4 de 1981, y para garantizar el pago del mismo firmó los pagarés correspondientes los que fueron oportunamente pagados por sus padres, y en atención el tiempo transcurrido no cuenta con los respaldos documentales para acreditar tal hecho. En todo caso, y en atención al tiempo transcurrido, la mencionada deuda se encuentra prescrita porque cada uno de los pagarés señalaba que “la fecha de pago del presente crédito se hará exigible al 31 de Diciembre del año en que se venzan los dos años de gracia antes indicados”, y esos dos años se cuentan desde la fecha de egreso con independencia de si se está o no en posesión del título profesional o grado de licenciado, o bien “después de dos años de no haberse matriculado” y su última matrícula fue en el año 1986, por lo que según el artículo 98 de la Ley Nº 18.092, las acciones cambiarias de los pagarés se encuentran largamente prescritas.

Además de lo anterior, señala que la exigibilidad de eso pagarés ocurrió bajo la vigencia del D.F.L Nº 4 de 1981, siendo esto de la mayor importancia por cuanto las facultad de la Tesorería para efectuar tal retención de la devolución anual de los impuestos a la renta se le confirió en el artículo 9 de la Ley Nº 19.848 del año 2002 que dispone “la Tesorería General de la República estará facultada para retener, de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiera anualmente a los deudores de crédito solidario que se acojan a los beneficios de esta ley, los montos que se encuentren impagos según lo informado por el respectivo administrador, en la forma que establezca el reglamento e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”, disposición que se aplica sólo a los deudores de crédito solidario que se acojan a los beneficios de esa misma ley, lo que no es el caso del recurrente pues no es deudor de crédito solidario ni tampoco se acogió a los beneficios de esa ley ya referida, y tampoco tal retención se justifica en el artículo 1º de la Ley Nº 19.989 de 2004 que se aplica a los deudores de “Crédito Solidario Universitario” regulados por la Ley Nº 19.287, y este tampoco es su caso, por cuanto él solo fue beneficiario sólo del Crédito Fiscal Universitario.

Por lo anterior, el actuar de las recurridas constituye un acto ilegal y arbitrario que le ha provocado privación y perturbación de su derecho de propiedad sobre bienes corporales, como lo es su devolución de impuestos del año 2013, y también sobre derechos incorporales, como lo es su derecho de alegar la prescripción de la deuda ante el Tribunal competente, por lo que pide a esta Corte que se ordene la inmediata devolución de lo retenido por quien actualmente los tenga en su poder.

A fojas 27 rola informe de la recurrida Tesorería General de la República quien solicita el rechazo del recurso, con costas, por cuanto indica que para que proceda un recurso como el de autos es necesario que se haya producido una acción u omisión ilegal o arbitraria del recurrido, y si bien existió una acción por parte del Fisco de Chile que afectó el derecho de propiedad del recurrente, la misma se encuentra amparada en el artículo 1° de la Ley N° 19.848 que le otorga al Servicio de Tesorerías en términos amplios, la facultad retener de la devolución de impuestos las deudas originadas en el crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 según lo que se informe por la entidad acreedora, e imputar dicho monto al pago de la referida deuda, habiendo sólo dado cumplimiento a su deber legal, por lo que no hay ilicitud o arbitrariedad el actuar de este servicio, y si se ha afectado el derecho de propiedad del recurrente, lo ha sido en el legítimo ejercicio de un derecho, siendo improcedente la acción de cautela interpuesta. Añade que, en todo caso, la ley no distingue el tipo de crédito respecto del cual procede la retención, y no únicamente respecto de las deudas de Fondo Solidario de Crédito Universitario y sólo respecto de los deudores que se hayan acogido a los beneficios señalados en la misma ley; en efecto, el artículo 1° de la Ley 19.989 de 31 de Diciembre de 2004, facultó al Servicio de Tesorerías en términos amplios para retener de la devolución anual de impuestos a la renta de los deudores el crédito ya mencionado, y en el inciso final del artículo 12 de la ley N° 19.848, agregado por el artículo 2 de la ley N° 19.989, confirma esta facultad amplia al señalar que "son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes N°. 18.591, 19.287 y 19.848", cuyo caso es el del recurrente.

Finalmente, indica la recurrida que debe tenerse presente que el recurrente reconoce ser deudor de crédito universitario, a lo menos naturalmente, que el servicio de Tesorerías efectúo la retención amparado en la facultad otorgada en la ley 19.989 por lo que su accionar no es susceptible de ser dejado sin efecto por medio de un nombre reservado que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho.

A fojas 75 rola informe de la otra de las recurridas, Universidad de La Frontera, solicitando también el rechazo del recurso, con costas. Para estos fines, y como primera alegación, alega que la presente acción inconstitucional ha sido interpuesta fuera del plazo que otorga el auto acordado de tramitación de este recurso, por cuanto el recurrente presentó su recurso el 7 de Junio del presente año, aduciendo que se habría enterado de la retención efectuada el 23 de Mayo de 2013, pero esta última fecha no es la que la ley contempla para los efectos de entenderse notificado de la retención, puesto que el D.S. N° 297 de 7 de agosto de 2009 del Ministerio de Hacienda que contiene el reglamento que fija el procedimiento de Retención de la devolución del Impuesto a la Renta, señala en el número 2 de su artículo 3° que para todos los efectos las notificaciones a los deudores se hará “por medio de un aviso, entendiéndose notificado el deudor desde la fecha de la respectiva publicación en un diario de circulación nacional” y el día 11 de febrero de 2013 se publicó en el Diario La Tercera online la nómina de deudores afectos a retención, en cuya nómina aparece el nombre del recurrente, el monto a retener y la Universidad de origen, y tal procedimiento no le era desconocido al recurrente, por cuanto al recurrente se le han efectuado retenciones por el mismo concepto los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, en dos oportunidades del 2012, y en dos oportunidades el año 2013.

Como segunda cuestión plantea la recurrida para el rechazo del recurso, porque el recurrente fue beneficiario de Crédito Fiscal Universitario para cada uno de los años que cursó, y este crédito se otorgó bajo las normas del D.F.L N°4 de 1981 del Ministerio de Educación, el que establece que la obligación se hace exigible una vez transcurridos dos años desde que el deudor egrese de la universidad, estando o no en posesión del respectivo título profesional o grado de licenciado, o si por cualquier causa el beneficiario no se matriculare por dos años consecutivos, la obligación se haría exigible y para los efectos de computar el plazo de los dos años, se entendería que vencían el 31 de diciembre de aquel año en que efectivamente se cumplían, y vencidos los plazos señalados anteriormente, respecto del Crédito Fiscal Universitario, el deudor podría solucionar su obligación pagándola de contado más los intereses, o dividiéndola en diez cuotas anuales y sucesivas, cuyo monto también sería expresado en U.T.M., y el número de cuotas podría aumentarse de conformidad a la Ley hasta 15 años, también anuales y sucesivas, cuando el valor de ellas exceda de una suma de dinero equivalente a 40 U.T.M.. Sin embargo, el recurrente no pagó ninguna de las cuotas del Crédito Fiscal Universitario obtenido y durante los períodos tributarios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 al recurrente se le han efectuado retenciones en la devolución de impuestos por aplicación de la Ley 19.989, sin ningún reclamo por su parte.

De otra parte, el recurrente ha alegado ser deudor del Crédito Fiscal Universitario del D.F.L. N° 4 de 1981, y no del Fondo Solidario de Crédito Universitario, pero le es plenamente aplicable la normativa contenida en el artículo 1° de la Ley 19.989 posibilita a la Tesorería General efectuar la retención porque en el año 1987 con la dictación de la Ley N° 18.591, todas las deudas que los deudores mantenían a la fecha con la Tesorería General de la República fueron traspasadas a las Universidades por creación, por ley, del FONDO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO, cuyo patrimonio se formó, en parte, sobre la base de los créditos fiscales originados con anterioridad a su dictación, pasando las Instituciones de Educación Superior a ser las nuevas acreedoras de los créditos según lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley N°18.591. Luego, en el año 1994 se dictó la Ley 19.287 sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario que establece en su artículo 20 que “para todos los efectos legales, los fondos solidarios de crédito universitario y sus respectivos administradores generales, son los sucesores y continuadores legales de los FONDOS DE CRÉDITO UNIVERSITARIO y sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que estos últimos hubieren celebrado. En consecuencia, toda referencia que hagan las leyes, decretos, reglamentos, circulares, contratos u otros instrumentos públicos o privados, a los fondos de crédito universitario o a sus administradores, deberá entenderse hecha, por el sólo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de crédito universitario o a sus administradores generales" por lo que la referencia a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario se entiende hecha a los Fondos de Crédito Universitario, que a su vez se crearon a partir de los fondos y activos provenientes del Crédito Fiscal Universitario.

Por lo anterior, hoy día existe sólo un FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO que agrupa a todos los anteriores y que es el continuador natural y LEGAL de los mismos, por lo que cualquiera que haya obtenido alguno de los créditos anteriores (Crédito Fiscal Universitario o Crédito Universitario) es, ante la ley, deudor del Fondo Solidario de Crédito Universitario.

De otra parte, esta recurrida informa que el recurso el improcedente por cuanto consta que el Sr. nombre reservado reconoce su deuda, reconoce los estudios realizados bajo el otorgamiento de Crédito Fiscal Universitario, y resulta infundada la pretensión del recurrente de invocar que no existe deuda que lo justifique, ni norma legal vigente al respecto.

Además de lo ya expuesto, la recurrida indica que no existe Infracción a la garantía constitucional alegada, por cuanto no se la ha privado de derechos corporales o incorporales, por cuanto su patrimonio no ha sufrido merma por la retención y pago, ya que su activo no disminuyó al no haber ingresado nada a él, y de otra parte su pasivo disminuyó; además, al señalar que no puede alegar la prescripción de la deuda, incurre en un error porque cualquier persona, sea por vía de acción o excepción, puede solicitar en juicio ordinario la prescripción de una deuda lo que a la fecha no ha hecho el recurrente, y mientras ésta no se declare hace que la obligación sea exigible según el artículo 2.493 del Código Civil. Con todo, menciona que es preciso indicar que no es la primera vez que el recurrente ha sido sujeto de retención de la devolución ya que es la sexta vez consecutiva que se le cursa y efectúa la retención, mediante el mismo procedimiento, no existiendo reclamo alguno del recurrente ni durante ni después de efectuada la retención durante los 5 años anteriores a éste.

Finalmente, esta recurrida indica que ha obrado ciñéndose a la legalidad conforme lo permite el artículo 1° de la Ley 19.989, y su reglamento, ambas normas válidamente vigentes, y previamente el recurrente ha tenido a su disposición dos procedimientos previos para evitar los efectos de la retención de la devolución de impuestos y de los que no ha hecho uso; el primero, el plazo de 10 días para regularizar su situación y evitar de ese modo la retención conforme a la Ley 19.989 y el Decreto 297 de 2009 y, el segundo, el procedimiento existente ante Tesorería en virtud de la ley 19.880.

CONSIDERANDO:

SOBRE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN.

PRIMERO: Que como lo sostiene la parte recurrente, los hechos en que dicho recurso se funda fueron conocidos por ella 23 de Mayo de este año al consultar el Estado de Declaración de Renta 2013 en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos, lo que pone de manifiesto que a la fecha de interposición del presente recurso, el 07 de junio del año 2013, no había transcurrido el plazo de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o desde que se tuvo conocimiento de él, establecido en el numerando primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, para deducir la acción de protección, la que, en consecuencia, debe tenerse como deducida oportunamente. En tal sentido si bien el recurrente pudo haberse enterado de la eventual realización de la retención el día 11 de febrero de 2013 se publicó en el Diario La Tercera online la nómina de deudores afectos a ella, tal retención (acto del cual se recurre) sólo se llevó a afecto con posterioridad a tal fecha y como lo señala el recurrente sólo tuvo conocimiento de su concreción el día 23 de mayo de 2013. Por tal razón la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida Universidad de la Frontera no se le hará lugar.

SOBRE EL FONDO:

SEGUNDO: Que, el recurso de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, por lo que esta es una acción de urgencia de carácter tutelar, que permite a este Tribunal, examinar y sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, sin se han producido situaciones que amenacen el legítimo ejercicio de los derechos que hace procedente esta cautelar.

TERCERO: Que, la Excma. Corte Suprema ha precisado que es requisito indispensable de esta acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 ° del Código Civil, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado precedentemente, afectando una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis de decisión de cualquier recurso, como el que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que la acción en estudio constituye un arbitrio constitucional destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos. Que en el presente caso, entre otras, la garantía que se dice conculcada es el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto se afirma que los recurridos al retener la Tesorería General de la República la suma de $ 1.075.070 por concepto de deuda de Crédito Universitario con la Universidad de La Frontera, han afectado éste.

QUINTO: Que, teniendo en consideración lo antes razonado procede analizar si de los antecedentes reunidos en estos autos es posible tener por establecido que se ha configurado un acto u omisión arbitrario o ilegal, que implique una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio del derecho que el actor dice conculcado en especial el de propiedad que tiene el recurrente respecto del dinero afectado.

SEXTO: Que como se ha señalado por el recurrente, siendo un hecho no debatido, que desde el año 1982 cursó sus estudios de ingeniería en esa casa de estudios, titulándose el año 1986, siendo beneficiario del Crédito Fiscal Universitario, regido por el DFL Nº 4 de 1981.

Lo que alega el recurrente es que no le serían aplicables las normas sobre el Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Si embargo, esa circunstancia no es así, y por el contrario le es plenamente aplicable la normativa contenida en el artículo 1° de la Ley 19.989 que posibilita a la Tesorería General efectuar la retención, ello púes como bien lo han señalado los recurridos, el año 1987 con la dictación de la Ley N° 18.591, todas las deudas que los deudores mantenían a la fecha con la Tesorería General de la República fueron traspasadas a las Universidades por creación, por ley, del Fondo De Crédito Universitario, cuyo patrimonio se formó, en parte, sobre la base de los créditos fiscales originados con anterioridad a su dictación, pasando las Instituciones de Educación Superior a ser las nuevas acreedoras de los créditos según lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley N°18.591. Luego, en el año 1994 se dictó la Ley 19.287 sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario que establece en su artículo 20 que “para todos los efectos legales, los fondos solidarios de crédito universitario y sus respectivos administradores generales, son los sucesores y continuadores legales de los Fondos De Crédito Universitario y sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que estos últimos hubieren celebrado. En consecuencia, toda referencia que hagan las leyes, decretos, reglamentos, circulares, contratos u otros instrumentos públicos o privados, a los fondos de crédito universitario o a sus administradores, deberá entenderse hecha, por el sólo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de crédito universitario o a sus administradores generales" por lo que la referencia a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario se entiende hecha a los Fondos de Crédito Universitario, que a su vez se crearon a partir de los fondos y activos provenientes del Crédito Fiscal Universitario. Luego, el Fondo Solidario De Crédito Universitario que agrupa a todos los anteriores y que es el continuador natural y legal de los mismos, por lo que si el recurrente fue beneficiario de cualquiera de los créditos anteriores (Crédito Fiscal Universitario o Crédito Universitario) es, ante la ley, deudor del Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Que la situación anterior se explica por la siguiente sucesión de leyes:

A) El DFL N° 4 del 20/01/81 del Ministerio de Educación crea el Crédito Fiscal Universitario otorgado por el Estado a estudiantes de Universidades existentes al 31/12/80, el Estado era el acreedor y a la Tesorería general de la República le correspondía el cobro de la deuda.

B) La ley 18.591 del 03/01/87 Crea el Fondo de Crédito Universitario en que quien administra los fondos y cobra los créditos son las Universidades.

C) La Ley 19.083 del 12/09/91 y el Reglamento establecido en el D.S. N° 411 del 26/12/91 del Ministerio de Educación, establecieron normas sobre reprogramación de deudas de crédito fiscal universitario y crédito universitario, beneficio voluntario para deudores a la fecha de entrada en vigencia de la ley y el recurrente accedió a ella.

D) Ley N° 19.287 de 1994, estableció un Fondo Solidario de Crédito Universitario, siendo el artículo relevante el N° 20 de tal ley, que ya se ha reproducido..

E) Ley N° 19.848 de fecha 27/12/02. Estableció nuevas normas para la reprogramación de deudas. Era un beneficio voluntario.

F) Finalmente, la Ley N° 19.989 de 31/12/04 y el Decreto N° 297 del Ministerio de Educación, de 19/11/09, fijaron el procedimiento para obtener la retención de la devolución del impuesto a la Renta, por parte de la Tesorería General de la República, con el objeto de pagar deudas con el Fondo Solidario de Crédito Universitario.

SÉPTIMO: Luego, y de conformidad al artículo 1° de la Ley N° 19.989, faculta en términos amplios a la Tesorería General de la República, para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287, que creó el fondo solidario de créditos, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida. Además que, sostiene, la redacción del inciso final del artículo 12 de la Ley N° 19.848, agregado por el artículo 2° de la Ley N° 19.989, confirma el carácter amplio que le dio el legislador a la facultad de retener por parte de Tesorerías al señalar que “son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes N° 18.591, 19.287 y 19.848, entre los cuales se encontraría el recurrente”. Luego el DFL N° 4 del 20/01/81 del Ministerio de Educación crea el Crédito Fiscal Universitario (en relación a la Ley N° 19.083), invocada por el recurrente como aquella bajo la cual habría suscrito el pagaré que dio inicio a la retención en cuestión, establece normas sobre reprogramación de deudas del Crédito Fiscal Universitario, regulado en la Ley N° 18.591, por lo que le sería plenamente aplicable la normativa contenida en el artículo 1° de la Ley 19.989, que posibilitó la retención de la devolución de impuestos de los deudores de la referida entidad acreedora. Lo anterior se explica por lo siguiente: En el año 1987 y con la dictación de la Ley N° 18.591, todas las deudas que los deudores mantenían a la fecha con la Tesorería General de la República fueron traspasadas a las Universidades mediante la creación, por ley del Fondo de Crédito Universitario, cuyo patrimonio se formó, en parte, sobre la base de los créditos fiscales originados con anterioridad a su dictación.

OCTAVO: Que a fojas 58, (signado como documento tres), se acompaña junto al informe de la Universidad de la Frontera, certificado emitido por el Administrador General del Fondo Solidario de Crédito Solidario señor nombre reservado, de fecha 12 de julio de 2013, que da cuenta de las retenciones efectuadas al recurrente nombre reservado los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, destinados a “pagar cuotas en mora de su deuda de Crédito Fiscal Universitario” .

NOVENO: Que teniendo presente los antecedente anteriores en especial que Ley N° 19.989 se aplica en forma amplia a todos los créditos universitarios anteriores a la dictación de dicha ley, el recurso en contra de la Tesorería General de la República y la universidad de la Frontera no podrá prosperar toda vez que ésta actuaron dentro del marco legal, procediendo la Tesorería a retener de la devolución del Impuesto a la Renta el monto que el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de la Frontera informó como deuda vigente del recurrente, cumpliendo con todo el procedimiento fijado por la Ley N° 19.989 de 31 de diciembre de 2004 y el Decreto N° 297 del Ministerio de Educación, de 19 de noviembre de 2009, para notificar al recurrido y obtener en definitiva la retención de la devolución del impuesto a la renta, por el monto impago de la deuda que el recurrente tenía con el Fondo Solidario del Crédito Universitario.

DÉCIMO: En cuanto a las alegaciones de la recurrente en orden a que ha pagado su deuda y a la prescripción alegada, cabe indicar que es la misma actora quien señala que respecto de la primera alegación no tiene antecedentes para sustentarla y respecto de ambas alegaciones, ésta no es la instancia ni el tribunal ante los cuales debe ser reclamada, ya que debe ser declarada judicialmente en la instancia correspondiente, esto es, en un procedimiento de lato conocimiento.

UNDÉCIMO: De lo anterior, antecedentes expuestos y normativa citada, no se vislumbra la vulneración del artículo 19 N° 24° de la Constitución Política de la República, ya que los recurridos actuaron dentro de sus atribuciones, en el marco legal permitido y sin arbitrariedad alguna, por lo que esta Corte no estima como ilegal y/o arbitraria la resolución recurrida.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema en la materia, SE RECHAZA el nombre reservado deducido a fojas 02 por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, IX Región, y contra la Universidad de La Frontera específicamente por actuaciones efectuadas por el organismo dependiente de dicha Universidad y denominado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera, sin costas.

Redacción del Ministro Señor Alejandro Vera Quilodrán.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Protección-1678-2013.(brz)

Sr. nombre reservado

Sra. nombre reservado

Sr. nombre reservado

nombre reservado por la Primera Sala Integrada por su Presidente Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán, Fiscal judicial Sra. nombre reservado Sr. Fernando mellado Diez En Temuco, a veintiséis de agosto de dos mil trece, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.