nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N.º RUT reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, ignoro rut, con domicilio en domicilio reservado, por amenazar y vulnerar los derechos constitucionales establecidos en los numerales 1°, 3° inc. 5º, 5° y N°24 del art. 19 de la Constitución Política de la República y cautelados por la acción de protección, consagrada en el art. 20 de la Carta Fundamental. La presente acción constitucional de protección se deduce en favor y representación de nombre reservado, C.I. RUT reservado, ayudante de mueblista y su madre doña nombre reservado, C.I. RUT reservado, temporera, de 57 años de edad, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Fundo la presente acción constitucional en los antecedentes de hecho y de derecho que se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES DE HECHO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN: Como primer antecedente, es preciso señalar que quienes hoy recurren a través de la presente acción constitucional de protección, se encuentran actualmente habitando un bien raíz ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Collipulli. Inmueble que don nombre reservado y su madre doña nombre reservado, arriendan desde hace más de tres años, sin embargo, no cuentan con contrato escriturado, ya que el propietario en innumerables ocasiones le señaló a don nombre reservado que no era necesario. El dueño del inmueble y arrendador es nombre reservado. Durante estos tres años, siempre se pagó el arriendo correspondiente a la suma de setenta mil pesos mensuales, los que eran pagados en efectivo al dueño. Para acreditar la condición de arrendatario de don nombre reservado existen testigos, doña nombre reservado y nombre reservado. Es del caso que el propietario a raíz de un pequeño incendio ocurrido en el inmueble de domicilio reservado, originado en el cañón de la cocina a leña, de acuerdo a lo que comprobó Bomberos de Collipulli, decidió que tenían que irse de la casa inmediatamente, sin dar tiempo para poder encontrar un lugar donde vivir a don nombre reservado y su madre ya mayor. Este incendio fue el día viernes 20 de mayo de 2022 y el día domingo 22 de mayo el propietario les dijo que tenían que irse porque ellos habían comenzado el incendio, cuestión que como ya se adelantó, no fue su responsabilidad de acuerdo a lo señalado por Bomberos de Collipulli, institución a la cual se pedirá informe. Así las cosas, el día jueves 26 de mayo de 2022, el propietario, aprovechando que don nombre reservado y su madre doña nombre reservado no se encontraban en el inmueble que habitan, comenzó a desarmar la casa que ellos arriendan, vulnerando sus derechos a la vida e integridad física, a la salud, a la inviolabilidad del hogar y a la propiedad, destruyendo un muro de esta mediagua, dejando en total y absoluto desamparo a esta familia. Dejando en claro que esta familia no es que no se quiera ir del lugar, pero necesita tiempo para poder ubicar un lugar donde vivir, lo que se ve agravado por la época del año en la que nos encontramos, el frío invierno. Además, el día de hoy amenazó a los recurrentes de que el día de mañana viernes terminaría de destruir la mediagua.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. El Recurso de Protección tiene como objetivo fundamental otorgarle a la o las personas, un instrumento jurídico expedito y eficaz que le permita recurrir a la Corte de Apelaciones que corresponda cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las garantías constitucionales, sea que el acto provenga de la autoridad o de particulares. En su génesis, responde a una etapa del proceso de constitucionalización del derecho, que consiste en que, al disponer los individuos o grupos de la acción de protección, para exigir el respeto, preventivamente o ex post, del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, se convierte a los particulares en sujetos amparados por la Constitución, haciendo que la sientan y respeten como propia, ya no más como ajena. Con el objetivo mencionado, y con el sentido entregado a la impetrada acción en su génesis, es que traemos ante Vuestras Señorías Ilustrísimas, el conocimiento de la presente controversia, es decir, a fin de que las garantías constitucionales que se encuentran amenazadas, sean efectivamente resguardadas, y percibamos como propia nuestra Carta Fundamental, y no como una herramienta a la que sólo pueden recurrir ciudadanos de distinta categoría. En efecto, la destrucción parcial de la casa arrendada por don nombre reservado y su madre doña nombre reservado fue con fecha 26 de mayo de 2022. De manera tal, que la presente acción constitucional ha sido interpuesta dentro de plazo oportuno. La destrucción parcial de la casa donde arriendan los recurrentes por parte del recurrido es ILEGAL y ARBITRARIA, consiste en un intento de desalojo ilegal y forzoso. Este acto amenaza diversas garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Específicamente amenaza los derechos consignados en el art. 19 N°1, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, 19 Nº 3 inciso 5° de no ser juzgados por comisiones especiales, 19 N°5, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, 19 N° 24 relativo al derecho de propiedad, garantizada con la acción de protección del Art. 20 de la Constitución Política de la República. El acto impugnado es arbitrario e ilegal. Si bien el arrendamiento en este caso no está escriturado, ello no quiere decir que no exista, y debe ceñirse el propietario del inmueble arrendado a las norma de la Ley de Arrendamiento, Ley 18.101. De este modo, el propietario ha debido demandar de término de contrato por cualquier de las causales legales y notificar debidamente a los recurrentes, y luego, sólo con una sentencia judicial, proceder al desalojo de los arrendatarios. Incluso, en el caso que no se considerare la existencia de un contrato de arrendamiento entre el recurrido y los recurrentes, debería proceder el propietario mediante la interposición de una demanda de comodato precario, en última instancia, y luego de desarrollado un juicio de comodato precario, de conformidad a las normas de los artículos 2.174 y siguientes del Código Civil, con una sentencia firme y ejecutoriada proceder al cumplimiento de la sentencia, correspondiente al lanzamiento de los ocupantes. Es así, que el recurrido ha obrado arbitraria e ilegalmente en contra de los recurrentes, poniendo en seria amenaza derechos fundamentales garantizados a todas las personas.

Derechos fundamentales amenazados y/o conculcados. a. Derecho a la vida e integridad física y psíquica (Art. 19 N°1 CPR) Se trata de los derechos más próximos a la dignidad de la persona y, por lo mismo, básicos o primarios en el sentido de que son el supuesto de los demás. En este caso hay daño mediante vías de hecho, que hacen que el acto sea completamente arbitrario e ilegal a la luz de la normativa civil que regula la materia, siendo los recurrentes amenazados tanto en su integridad física como psíquica, por el solo efecto del intento de desalojo y del desarme de una pared de la mediagua en la que habitan, que tal y como se ha mencionado, carece de todo presupuesto de legalidad. Los recurrentes están frente a una amenaza real, verosímil e inminente de su derecho a la vida, e integridad psico-somática, de continuar la destrucción de la mediagua que habitan e implica una mayor exposición al frío del invierno. b. Derecho a un proceso justo (Art. 19 N°3 inc.5°) e ilegalidad. El Artículo 19 N°3 inciso 5° dispone: “La constitución asegura a todas las personas: 3° La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. (…) Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. c. Derecho a la inviolabilidad del hogar (Art. 19 N°5 CPR), lo cual constituye no sólo un derecho personalísimo, sino que esta garantía es un atributo inalienable de toda persona, ligado íntimamente a su dignidad, por lo cual únicamente puede ser restringido en atención a la ley, cuestión que no ha ocurrido en el caso en comento. De esta manera, la vivienda o mediagua que habitan los recurrentes por el contrato de arrendamiento vigente hasta el día de hoy, constituye su hogar, un lugar seguro donde cada individuo ha logrado desarrollar diversos aspectos de su vida y personalidad. Pero además, es el espacio donde los recurrentes llevaban a cabo sus relaciones y dinámicas de familia, donde comparten un proyecto de vida en común. Esto último resulta fundamental, sobre todo si atendemos a los principios consagrados en nuestra carta magna, la cual en su artículo primero inciso segundo, señala que “La Familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, y luego en su inciso quinto, establece que es deber del Estado, dar protección a la población y a la familia. Por ende, es deber también de sus instituciones propender no sólo al desarrollo de cada uno de los individuos al interior de la sociedad, sino que propender también al desarrollo de las familias y brindarles máxima protección. d. Marco Normativo Internacional: Respecto de la normativa internacional que ampara el derecho a la vivienda, o en su caso, que el desalojo es la última ratio y previa planificación en conjunto de esta, podemos señalar la siguiente, que es importante debido a que es incorporada mediante el Artículo 5° inciso 2° que establece como límite a la soberanía el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados en la constitución como en los tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. e. Derecho a la propiedad sobre bienes muebles (Art. 19 N°24 CPR). Este actuar arbitrario, tendrá consecuencias materiales debido a que dentro de la mediagua arrendada se hayan sus enseres, que en el caso de impedirse su ingreso se les privará de su derecho de propiedad sobre los mismos.

Por ello, pide tener por deducida acción de protección en contra del particular nombre reservado, para que la acojan y en definitiva se declare que los hechos denunciados constituyen actos ilegales y arbitrarios, en los términos establecidos en el art. 20 de la Constitución, y en definitiva, ordene a la recurrida: Que se declare arbitrario e ilegal el acto de destrucción parcial de la vivienda arrendada ocurrido con fecha 26 de mayo de 2022.El pago de las costas de la presente acción constitucional. Todas las medidas que SSI consideren conducentes al restablecimiento del imperio del derecho. Acompaña: 1. Set fotográfico del lugar.

Comparece a su turno don nombre reservado, chileno, soltero, cédula de identidad N°RUT reservado, con domiciliado en domicilio reservado, informando: 1.- La presente acción de protección constitucional de protección fue interpuesto por quienes se encuentra haciendo uso de un inmueble ubicado en domicilio reservado, inmueble que fue arrendado a don nombre reservado y su madre doña nombre reservado, dicho arrendamiento fue pactado de palabra el mes de diciembre del año 2018 con el propietario don nombre reservado, el monto acordado para el arriendo fue de $50.000 y no de $70.000 como se indica en dicha acción. En un principio, se cumplió con dicho contrato hasta el mes de diciembre del año 2019, mes en el cual los recurrentes dejaron de cumplir con su obligación de pagar la renta. 2.- El día 20 de mayo del año 2022 hubo un incendio en el inmueble habitado por recurrentes de domicilio reservado, que fue originado por el cañón de la cocina a leña y que sufrió la destrucción del 25% del inmueble que se encontraban habitando los recurrentes según consta en el informe elaborado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Collipulli y que se acompaña en el presente informe. En la acción interpuesta por don nombre reservado y doña nombre reservado se afirma que desde ese momento don nombre reservado decidió que hicieran abandono del inmueble, sin dar tiempo a que pudiesen buscar un lugar en donde vivir, lo que es totalmente falso, puesto que existe una causa llevada a cabo ante el Juzgado de Letras en lo civil de la ciudad de Collipulli que tiene por ROL C-383-2020, caratulado “nombre reservado/nombre reservado” en la cual se busca la terminación del arrendamiento por no pago de rentas y que se encuentra en tramitación actualmente en la etapa de recepción de prueba. 3.- El inmueble en cuestión consta de dos viviendas, una en el frontis y otra en la parte de atrás del mismo inmueble. La vivienda entregada en arrendamiento es la que se encuentra en el frontis, a esta se puede acceder desde la calle y la vivienda y ubicada en el fondo es ocupada por don nombre reservado para la cual accede desde la calle por un pasillo, en el cual muchas veces le obstruye la basura dejada por los recurrentes. 4.- Luego del incendio ocurrido, el día 26 de mayo del 2022 don nombre reservado, propietario del inmueble remueve los escombros que quedaron y que podían causar algún peligro para las personas y que estaban obstruyendo el paso, a lo que por parte de los recurrentes acusan de desarmar la vivienda, solo realicé trabajo de limpieza sin la intención de provocar en la integridad física y psíquica de los arrendatarios., sino por el contrario busca resguardar la integridad física evitando cualquier tipo de accidente que pudiesen sufrir con los escombros. 5.- Es importante destacar que en reiteradas ocasiones los recurrentes se han burlado de don nombre reservado, realizando llamadas afirmando tener el dinero de la renta y al momento de dirigirse en busca del pago, no abren la puerta y se niegan a recibirlo. 6.- Que, la interposición de esta acción de protección no tiene por objeto constituir jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En relación a lo expresado por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sino que por el contrario busca burlar estas normas evitando que el propietario de las viviendas pueda gozar de su derecho a la propiedad y que de igual manera se encuentra consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la Republica que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

INEXISTENCIA DE ILEGALIDADES O ARBITRARIEDADES: I.- Respecto al objetivo principal del recurso de protección es entregar a las personas, un medio jurídico que permita a las personas cuyos derechos sean afectados, busca el resguardo y la cautela frente a posibles perturbaciones o amenazas que provengan de alguna autoridad o particulares, sin embargo, en este caso se está utilizando con fines que buscan desvirtuar el verdadero sentido y alcance de la norma, buscando perjudicar a una persona que por años se ha visto privado de su derecho a la propiedad. En este caso no hay garantías que se estén vulnerando por parte del recurrido, sino el caso contrario, son los recurrentes quienes hacen un mal uso de este mecanismo, para mantenerse en una propiedad ajena, que en conformidad al artículo 19 número 24 garantiza el derecho a la propiedad en los siguientes términos: “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la Ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador…”. Que, no es efectivo que el haya una ilegalidad o arbitrariedad, consistente en un intento de desalojo ilegal y forzoso, puesto que el recurrido ha intentado decirle de todos los modos posibles durante ya años, a lo cual los recurrentes se niegan a hacer abandono de la propiedad, y además hacer que la permanencia del recurrido en su propio hogar sea intolerable puesto que se ve expuesto a las constantes burlas, amenazas e insultos que los recurrentes provocan atentando contra la dignidad de una persona de edad avanzada como don nombre reservado, que a sus 80 años no debería estar pasando por estas dificultades. Se interpuso la respectiva demanda de TERMINO DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE LA RENTA, causa que se encuentra en tramitación, en la causa RIT C-383-2020, caratulado “nombre reservado/nombre reservado”, por lo que tampoco hay una amenaza cierta al derecho invocado, como se manifiesta expresamente en la acción de protección que se ha ejercido en contra del recurrido, en donde se señala que el propietario del inmueble arrendado debe ceñirse a las normas de la Ley de Arrendamiento 18.101, por lo que se ve una notable falta de conocimiento respecto de la causa antes mencionada y de lo cual los recurrentes están en conocimiento de ello, por lo que no hay ningún tipo de arbitrariedad o ilegalidad en contra de los derechos de los recurrentes.

De acuerdo a lo señalado, y a las normas legales citadas, solicito a su Señoría Ilustrísima tener por evacuado el informe respectivo y en mérito de las consideraciones de hecho y de derecho señaladas precedentemente, rechazar en todas sus partes, con costas, el recurso de protección deducido en estos autos. Acompaña: 1- Certificado de Bomberos N°16/2022 respecto del incendio ocurrido con fecha 13 de mayo, emitido por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Collipulli nombre reservado. 2- Demanda interpuesta ante el Juzgado de Letras en lo Civil de la ciudad de Collipulli en causa C-383-2020 caratulada “nombre reservado/nombre reservado” de materia termino de contrato por incumplimiento de obligaciones en el pago de las rentas. 3- Resolución que da curso a la demanda y cita a las partes a comparendo ante el Juzgado de Letras en lo civil de Collipulli en causa C-383-2020, con fecha 4- Notificación de la demanda por el artículo 44 a don nombre reservado con fecha 18 de agosto del 2021.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, de la normativa analizada previamente se desprende que el recurso protección es una vía cautelar excepcional, que pretende imponer el imperio el derecho respecto de actos u omisiones que se consideren arbitrarios o ilegales.

En el caso en comento, y según la descripción que hacen las partes, existiría un contrato de arrendamiento que las vincula, cuyo incumplimiento estaría justamente sometido al imperio del derecho, existiendo causa en actual tramitación ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Collipulli, bajo el Rol C-383-2020, de manera que esa es la vía para que cada uno exponga lo pertinente, en orden a resguardar sus derechos.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo apuntado precedentemente, conviene recordar que nuestro ordenamiento jurídico, proscribe absolutamente los actos de autotutela, esto es, de hacerse justicia por su propia mano, los cuales siempre deben ser reputadas como ilegales, por cuanto pretenden con un obrar de hecho, solucionar un conflicto jurídico.

QUINTO: Que así las cosas, esta acción constitucional deberá ser rechazada, por cuanto estos antecedentes ya se encuentran sometidos a la justicia ordinaria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, sin perjuicio de hacer presente al recurrido nombre reservado, que no le es posible, de acuerdo a lo ya señalado, ejecutar actos de autotutela.

Redacción del Ministro Sr. Alberto Amiot.

Regístrese.

N°Protección-16586-2022. (csd)