nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PURÉN
- Fecha
- 8 de junio de 2020
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 16569-2019, sentencia de 8 de junio de 2020
Resumen
Se rechaza la protección contra la Asociación de Funcionarios Municipales de Purén por haber perdido oportunidad, al haberse celebrado ya la elección de directorio en la que la recurrente pretendía incluir su candidatura, existiendo un directorio elegido y en funciones.
Texto íntegro
C.A. de Temuco Temuco, ocho de junio de dos mil veinte.
VISTO:
A folio N°1-2019 comparece nombre reservado, interpone acción de protección en contra de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PURÉN - ASEMUCH, representada legalmente por su presidenta doña nombre reservado.
Funda su acción en que es funcionaria pública de planta en la Municipalidad de Purén, desde el año 1996. Formando parte de la Asemuch del Municipio a partir del año 2015.
Señala que para las elecciones de la Directiva para el periodo 2019-2021, conforme lo señala el inciso 1° del artículo 19 de la Ley 19.296, formalizó por escrito su candidatura ante el Secretario del Directorio de la Asociación con fecha 09 de Octubre de 2019.
Agrega que con fecha 17 de Octubre de 2019, en virtud de Oficio N° 004, suscrito por doña nombre reservado, presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de la comuna de Purén, se le informa lo siguiente:
“Por medio de esta comunicación y en uso y representación conferida por la Ley N° 19.296 y EL Estatuto de la Asociación de Funcionarios Municipales de Purén; la dirigente Presidenta de esta misma Asemuch que suscribe al final de este oficio, viene en impugnar su candidatura inscrita con fecha 09 de Octubre de 2019 para postular a la elección para renovar el Directorio de esta Asociación por el periodo 2019-2021, toda vez, que usted incurrió en el delito de “APROPIACION INDEBIDA de dinero en perjurio de esta misma Asociación Gremial de Purén” a las que ahora postula, delito contemplado en el artículo 470 N° 1 del Código Penal, por el cual se inició un proceso criminal en su contra bajo el RIT N° 302-2016, en el Juzgado de Letras y Garantía de Purén, RUC: 1500931768-3, siendo formalizada por la Fiscalia de Angol por tales conductas ilícitas precisamente en su calidad de Tesorera de esta Asociación, donde se le fijo en definitivas y por lo mismo, como obligación, se le sanciona con una indemnización de perjuicios a pagar a favor de la Asociación de Funcionarios Municipales de Purén, a través de la figura de reparación económica por los dineros no justificados.
Los anterior constituye una actuación absolutamente reñida con un mínino de estándar de probidad que estos cargos de representación exigen y, por lo demás, constituyen conductas y practicas absolutamente inadecuadas y contrarias a la Ley y a las buenas costumbres, lo que hace que usted no cuente con la debida idoneidad moral, legal ni estatutaria como para representar dignamente a los funcionarios municipales de Purén, no pudiendo en consecuencia, participar en ningún proceso de índole legal.
En conclusión, se impugna su candidatura por la razones legales, estatutarias y morales expuestas, cuyos hechos son de su entero conocimiento, al carecer de antecedentes intachables como lo establece la Ley 19.296 ya aludida.”
Refiere que posteriormente fueron publicadas a través de carteles en todas las dependencias municipales, la lista de candidatos, donde se invita a votar a todos los asociados, en donde se le señala de la siguiente manera “CANDIDATURA IMPUGNADA POR IDONEIDAD MORAL 1.- nombre reservado”.
Indica que efectivamente se inició en su oportunidad procedimiento en su contra por el delito de apropiación indebida, en causa RIT N° 302-2016, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Purén, la cual, tal como consta de resolución firme de fecha 13 de Marzo de 2018, se dictó el sobreseimiento definitivo, ya que fue pagado en su integridad el acuerdo reparatorio en aquella oportunidad, quedando extinguida absolutamente la acción penal, tal como lo señala de manera expresa el artículo 242 del Código Procesal Penal. Por lo que a la fecha mantiene sus antecedentes penales intachables.
Señala que el recurrido para fundamentar su decisión señala en primer lugar; que en la actualidad, a la fecha de postulación de su candidatura, “no cumple con el mínimo de estándar de probidad”.
Cita los artículos 54 y 64 de la ley N°18.575 e indica que no ha incurrido en ninguna de las conductas enumeradas en dichas normas.
Sostiene que la recurrida crea artificiosamente un nuevo requisito no contemplado por el legislador o en los estatutos de la asociación, para excluirla de manera arbitraria, caprichosa e ilegal, esto es; “la idoneidad moral”. En circunstancias que tanto el artículo 18 de la Ley 19.296, como el artículo 11° de los estatutos señalan de manera idéntica y taxativa los requisitos para ser Director de la Asociación:
1.- No haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para la prescripción de la pena, señalado en el artículo 105 del Código Penal. El plazo de prescripción empezará a correr desde la fecha de la comisión del delito.
2.- Tener una antigüedad mínima de seis meses como socio de la asociación, salvo que la misma tuviere una existencia menor.
Afirma que los derechos fundamentales que resultaron comprometidos son los siguientes:
1.- LA IGUALDAD ANTE LA LEY ARTICULO 19 N°2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.- Sostiene que esta garantía implica no incurrir en diferencias arbitrarias, tal cual como se ha producido al impedir su inscripción para la postulación a la directiva de la asociación, aplicándole un requisito adicional no contemplado en la Ley ni reglamento, como la denominada idoneidad moral, decisión que no tiene absolutamente ningún sustrato racional y lógico, sino que arbitrario y caprichoso. Irrogándose facultades de juzgamiento fuera del ámbito de sus atribuciones como presidenta de la Asociación para resolver y configurar una causal de inhabilidad inexistente en este caso y dejándola fuera del proceso eleccionario.
2.- LA IGUALDAD ANTE LA JUSTICIA ARTICULO 19 N° 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA Indica que la vulneración se configura en el momento que la Presidenta de la Asociación, irrogándose facultades legales y estatutarias que no tiene impugna e inhabilita su candidatura, o sea impugna y acto seguido resuelve, dicta resolución en orden a declarar su inhabilidad. Constituye para inhabilitarla ilegalmente un órgano o comisión especial en donde es juez y parte en el asunto, resolviendo en consecuencia su impedimento para postular a las elecciones de la Asociación.
3.- RESPETO Y PROTECCIÓN A LA HONRA DE LA PERSONA ARTICULO 19 N°4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA.- Asevera que al momento de realizar la difusión y propaganda para llamado a los funcionarios y colegas de trabajo a concurrir a votación, al recurrida publica su supuesta inhabilidad moral para conocimiento público, dando a conocer una falta de probidad y moralidad para el cargo, atacando de manera directa y sin criterio la apreciación y estimación que hacen los demás de sus cualidades morales y nuestro valor social, afectando de manera directa su honra.
Señala que hechos descritos, ocurrieron y se configuraron el día 17 de Octubre de 2019, al notificarme el oficio N° 004, donde se le informa la impugnación e inhabilidad para postular a la candidatura de la Asociación, por lo que la deducción de esta acción constitucional cumple con el requisito de plazo de los 30 días corridos contados desde la ocurrencia del acto ilegal y arbitrario conforme lo exige el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema.
Pide ordenar se decreten las medidas pertinentes para el restablecimiento del Derecho, de forma breve y eficaz y, que signifique que acepte la formalización de su postulación a la candidatura de la Asociación, incluyéndola en la lista de candidatos para así competir por el cargo sujeto a votación; además las respectivas disculpas de carácter públicas, de la misma manera en que se afectó su honra Acompañó los siguientes documentos: Oficio N° 005, de la ASEMUCH PURÉN de fecha 17 de Octubre de 2019; Oficio N° 004, de la ASEMUCH PURÉN de fecha 17 de Octubre de 2019; Resolución de fecha 13 de Marzo de 2019, del Juzgado de Letras y Garantía de Purén; Estatuto de la Asociación de Funcionarios Municipales de Purén; Cartel donde se llama a votación para elecciones directiva Asemuch Purén para el día 24 de Octubre de 2019; Certificado de antecedentes de la recurrente de fecha 22 de Octubre de 2019; Solicitud de postulación por escrito para ser candidato a Director de la Asemuch Purén, de fecha 09 de Octubre de 2019.
A folio N°12-2019 evacua informe la recurrida ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PURÉN – ASEMUCH, quien solicita el rechazo del recuso, con costas. Indica que si bien es cierto que la recurrente ingresa a la Municipalidad de Purén en el año 1996, no lo es el hecho de incorporarse a la Asociación en el año 2015, sino que en realidad ha pertenecido a ella desde el 05 de marzo de 1997, según consta en el libro Registro de Socios de la Asemuch y ha desempeñado cargos directivos desde mucho antes de la fecha señalada en el recurso.
Agrega que en el año 2008, y a causa de la renuncia del Tesorero de la Asociación don nombre reservado, y por aplicación de los Estatutos de la Asociación, asume como Tesorera de la organización la recurrente, quien había obtenido en la elección respectiva la 4ª mayoría y por lo tanto le correspondía ser instalada en ese cargo.
Es a partir de esa fecha que la recurrente se desempeña como Tesorera de la Asociación, y como tal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos que la rigen, le corresponde:
a). Mantener bajo su custodia y responsabilidad los fondos, bienes y útiles de la Asociación.
b). Recaudar las cuotas que deben cancelar los asociados, otorgándoles el correspondiente recibo y dejando comprobante de ingreso en cada caso, numerado correlativamente;
c) Llevar al día el Libro de ingresos y egresos y el Inventario;
d). Efectuar de acuerdo con el Presidente, el pago de los gastos e inversiones que el directorio o la Asamblea acuerden, ajustándose al presupuesto;
e) Confeccionar mensualmente un estado de caja, con el detalle de las entradas y gastos, copias del cual se fijará en lugares visibles de la repartición o sede de la organización. Estos estados de caja deben ser firmados por el Presidente y Tesorero y visados por la Comisión Revisora de cuentas que se menciona más adelante;
f). Depositar los fondos de la organización a medida que se perciban en una cuenta corriente o de ahorro abierta a nombre de la Asociación en la oficina del Banco más próxima del domicilio de la entidad, no pudiendo mantener en caja una suma superior a 2 U.T.M., equivalente al mes de enero de cada año;
g). Al término de su mandato hará entrega de la Tesorería, ateniéndose al estado en que esta se encuentra, levantando un acta que será firmada por el director que entrega y el que recibe y por la Comisión Revisora de Cuentas. Dicha entrega deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la designación del nuevo directorio.
h). El Tesorero será responsable del estado de caja y tendrá la obligación de rechazar todo giro o pago no ajustado a la ley o no consultado en el presupuesto correspondiente, entendiéndose, asimismo, que hará los gastos contra presentación de facturas, boletas o recibos debidamente extendidos, documentos que conservará ordenados cuidadosamente en un archivo especial, clasificados por partidas e ítems presupuestarios, en orden cronológico.
A su turno, el artículo 24 Letra a) establece como obligación de los socios conocer el Estatuto, respetar sus disposiciones y cumplirlas.
El artículo 38 de los Estatutos dispone que la Asamblea, en reunión especialmente convocada al efecto, podrá aplicar sanciones de suspensión de los beneficios sociales, sin pérdida del derecho a voto.
Indica que en su condición de dirigentes gremiales de la Asociación de Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Purén, debieron presentar una denuncia al Ministerio Público en contra de nombre reservado, por la conducta observada y los actos cometidos a fin que se investigaran los hechos y se determinara su participación en ellos.
Los hechos denunciados se verifican en el desarrollo normal de las actividades gremiales de la Asociación, cuando con fecha 06 de Mayo de 2008 se designó como Tesorera de la Asociación a la recurrente, lo que fue comunicado a la Inspección del Trabajo respectiva con fecha 07 de Mayo de ese año, mediante oficio ordinario N° 003. Desde entonces, y habiéndose hecho cargo de administrar los fondos gremiales, la denunciada ejerció el cargo titular de Tesorera, siendo responsable de su mantención y custodia, habiendo recibido el cargo y los fondos debidamente ajustados, auditados y conforme sus saldos y justificaciones de los giros del tesorero anterior.
Refiere que a partir del inicio del ejercicio de su cargo comenzaron a generarse situaciones anormales en la administración y disposición de los fondos, todo lo cual se manifestó en reiterados requerimientos para que rindiera una cuenta, justificara los giros que se consignaban en los movimientos registrados en la cuenta mantenida en el Banco del Estado, en la Libreta de Ahorro N° [cuenta reservada]. Esta situación se mantuvo en el tiempo hasta que con fecha 22 de Junio de 2011 la recurrente deja el cargo de Tesorera de la Asociación, designándose un nuevo Tesorero, quien constató que el saldo registrado en la cuenta del Banco del Estado a esa fecha ascendía a $86.699, lo que evidentemente no correspondía a la realidad.
A partir de la fecha señalada iniciaron los requerimientos a la Tesorera para que les hiciera entrega de la caja de la Asociación, rindiera cuenta de los giros y retiros de fondos que había realizado y entregara los comprobantes que los justificaran, tanto en su monto, como del hecho que se habían destinado a financiar obligaciones de la Asociación.
Asevera que no se pudo lograr, manteniendo la ex - tesorera una actitud renuente, displicente, ignorando las diversas solicitudes, gestiones y ruegos que le fueron hechos para que cumpliera sus deberes funcionarios y de Dirigente de la Asociación. Ella se negó sistemáticamente a cumplir con su deber, al extremo de ignorar completamente al Directorio elegido, lo que causó un grave perjuicio, no solamente por el dinero que faltaba en las arcas de las Asociación, sino porque su administración y las rendiciones que deben hacerse a los asociados, no fueron posibles de realizar, debiendo permanecer con resultados provisorios por mas de cuatro años, pendiente de dar cumplimiento a las obligaciones legales de nuestra organización gremial. A causa de esta actitud la Comisión Revisora de Cuentas no pudo concluir su auditoría, permaneciendo sin determinar el destino de los fondos que faltan en sus arcas sociales.
Agrega que ni siquiera fue suficiente la solicitud de los Dirigentes de la época al Alcalde de la Comuna, para que interviniera en este proceso sin que fuera posible lograr la entrega de una cuenta, de los comprobantes y de la justificación de la disposición de fondos hecha por la denunciada, todo lo cual los llevó a la imperiosa necesidad de denunciar estos hechos.
Señala que de acuerdo con su análisis y revisión de los montos consignados en la cuenta de Ahorro y de los giros y retiros efectuados por la tesorera denunciada, considerando el período durante el cual ella estuvo a cargo de su custodia y administración ascendía a la fecha de la denuncia a la suma de $ 5.220.553, respecto de los cuales no existía justificación, comprobante o explicación sobre su destino y causa, correspondiendo la suma indicada a los fondos que faltan en la cuenta de la Asociación.
Como la recurrente fue la única persona que estuvo a cargo de los fondos durante el tiempo que va desde su designación hasta que deja el cargo, y es este, precisamente el período durante el cual se dispuso de la suma indicada sin que haya justificación alguna de su origen, se denunció tal hecho.
Agrega que lo anterior dio origen a la causa criminal RUC: 15000931768-3, RIT: 302-2016 del Juzgado de Letras y Garantía de Purén, en la que la Fiscalía de Angol la formalizó por el delito de Apropiación Indebida del artículo 470 Nº 1 del Código Penal. Tal actuación se realizó el 12 de Julio del año 2016.
Sostiene que es cierto que con posterioridad, se alcanzó entre la recurrente y la Asociación un acuerdo reparatorio para poner término al juicio, ello obedeció exclusivamente a su intención de permitir que finalmente la denunciada rindiera cuenta documentada y restituyera la suma de dinero no justificada, y de paso, concederle la opción de que cumpliéndolo, se evitara el juicio de condena que con seguridad le habría sido impuesto por la apropiación de los dineros.
Asevera que la medida de impugnación de su candidatura se produce como consecuencia de esta actitud de la recurrente, quien en todo el tiempo que duró el conflicto ignoró el interés común de los socios que integran la organización, sus deberes con la Asociación, que vulneró sus deberes como Directora – Tesorera, incurriendo en una apropiación de fondos que se había obligado a custodiar, resguardar y mantener consignadas en una cuenta por tratarse de fondos comunes, que no le pertenecían.
Se trata de una conducta negligente desarrollada en dos periodos consecutivos, desde 2007 al 2011, que se arrastró por años, y que solamente vino a concluir por causa del proceso penal incoado en su contra, en el que fue formalizada, se le impusieron medidas cautelares, y que solamente en el año 2018 vino a concluir del modo antes señalado.
Señala que la medida de censurar o impugnar su candidatura se encuentra plenamente justificada, obedece a que ella demostró un total desprecio por los intereses de la Asociación, y que con su conducta le causó perjuicios, toda vez, que los comprobantes de pago la recurrente los dio por perdidos, por lo que en definitiva se aceptó que pagara una indemnización a la Asociación para lograr un acuerdo reparatorio, como restitución de fondos de los cuales dispuso para sí. Es evidente que en tales condiciones no podía ser una candidata a ocupar nuevamente el cargo de Directora de la Asociación, por lo que su impugnación aparece claramente justificada.
Afirma que en este caso no se trató, como lo señala el recurso, de una disposición de la Presidenta de la Asociación, ni de una sanción impuesta por ella, sino de la manifestación de su opinión respecto de la postulación al Directorio de la recurrente, lo que, dado su comportamiento y conducta anterior, el manifiesto desprecio por los intereses de la Asociación, por sus bienes, el incumplimiento de sus deberes como Directora y como socia, propuso no aceptar su postulación por las razones que, directamente, le comunicó, consignando que su candidatura estaba impugnada en la convocatoria a elecciones.
Esta denuncia motivó que, previo al proceso eleccionario, se citara a una Asamblea General de socios, a fin de discutir si debía o no realizarse la votación para elegir Directorio dada la impugnación de la candidatura, aparentemente bien presentada por la recurrente, pero que había sido objeto de la impugnación. Todo ello, además, motivado porque la propia interesada comunicó que había presentado un Recurso de Protección, reclamando de esta medida, en el que había solicitado una orden de no innovar, con el objeto de evitar que se realizaran las elecciones.
Refiere que como consecuencia de ello, se citó a la Asamblea General de socios, con el único objeto de conocer de la impugnación presentada, la que se cita a reunión extraordinaria para el día 18 de Octubre de 2019, publicándose los avisos correspondientes. En la fecha señalada se realiza la Asamblea General, en la que tiene una activa participación la recurrente, interviniendo frente a los asistentes acerca de su situación, rebatiendo a su favor los hechos que motivan la impugnación, señalando que el acuerdo reparatorio la eximía de toda responsabilidad penal y señalando que seguiría acciones legales si no se le permitía ser candidata para el proceso de elecciones de renovación del directorio Asemuch, periodo 2019 – 2021 fijada la votación para el 24 de Octubre de 2019.
El día 24 de octubre de 2019 con ocasión del paro del sector público, se cita Asamblea en donde participa la recurrente informando que interpuso recurso de protección, con la pretensión de detener las votaciones este día, no obstante se decide llevar a votación la moción, ganando la opción de cumplirse con el proceso eleccionario programado con este fin para este mismo día.
En dicho proceso participó también de la votación la señora nombre reservado, emitiendo su voto, y el resultado fue que la mayoría de los asistentes decidió que el proceso eleccionario debía llevarse a cabo, lo que importaba aceptar la impugnación, considerando, además, que no había razón alguna para suspenderla como pretendía la recurrida.
Indica que la Asociación se constituye en el seno del contingente de funcionarios de la Municipalidad de Purén, y que, la condición de funcionarios municipales les somete a las normas de la Ley 18.883 que establece el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, el que en su artículo 118 regula la responsabilidad administrativa, y en el artículo 119 señala que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, y que las resoluciones referidas a la responsabilidad penal como el archivo provisional, principio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparatorios no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos.
Sostiene que no se trata de una medida antojadiza, infundada, que carece de razonabilidad y sea por tanto arbitraria o ilegal, sino que obedece a una medida de resguardo que el máximo órgano de la Asociación ha consentido en aplicar, y que encuentra su justificación en la conducta anterior de la recurrente, que se ha descrito suficientemente en este informe.
En cuanto a las garantías constitucionales que se invocan, señala que no es efectivo que resulten infringidas con el proceder de la Asociación, quien ha hecho aplicación de normas estatutarias, ha adoptado una determinación en el marco de sus atribuciones, y lo ha hecho con la debida justificación por los hechos que se han explicado.
Es cierto que la acción constitucional exige la reclamación de un derecho indubitado, que no pueda ser discutido y cuya existencia conste efectivamente.
El derecho de igualdad ante la ley del numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República lo que señala es que ni la ley ni la autoridad pueden establecer diferencias arbitrarias, y en este caso, solamente se menciona el acto de la impugnación de la candidatura, silenciando los demás que se refieren a las causas de ello, al procedimiento empleado, y a las conclusiones de la Asamblea de socios, en la que la recurrente participó activamente, ejerció su derecho a voz y voto en la decisión de la Asamblea, y por lo tanto, está en la obligación de acatarla en los términos que ella dispuso.
No se trata de diferencias arbitrarias, ni de imponer requisitos no señalados en la ley, ni de establecer condiciones diferentes a la recurrente de aquellas que se reclaman de todos quienes aspiran a un cargo de representación sindical. A diferencia de la recurrente, ninguno de los otros participantes y pretendientes candidatos en la elección tiene en su hoja de vida una actitud semejante, todos ellos tienen una conducta correspondiente a un socio que cumple sus obligaciones, que defiende y protege los intereses de la organización, y que tiene al bien común de todos, y no al aprovechamiento del cargo para la obtención de privilegios (fuero) o de un beneficio económico indebido.
En cuanto al derecho consagrado en el numeral 3º del artículo 19 de nuestra Constitución Política, indica que no puede resultar infringido, porque solamente se considera el inciso 4º de la norma constitucional, y en este caso, no ha existido un juzgamiento por comisiones especiales, ni mucho menos puede imputarse a la Presidenta de la Asociación haber adoptado una decisión de condena a la recurrente. Por el contrario, como se ha dicho, ella ejerció un derecho a impugnar la candidatura por las razones que señaló directa y expresamente a la denunciada, y que puso en conocimiento de la Asamblea para que ésta, soberanamente decidiera darle curso y realizar la votación, o bien suspenderla como solicitaba la recurrente.
El recurso se presenta en contra de la Asociación de Empleados Municipales de Purén, pero se atribuye un juicio de reproche a la Presidenta, como si esta fuere la causante del acto que se dice arbitrario e ilegal, lo que no aparece explicado. Existe una contradicción grave entre el acto arbitrario atribuido a la Presidenta y la acción deducida en contra de la Asociación, puesto que no se ha reclamado del acuerdo adoptado en la asamblea de 18 de octubre de 2019.
En cuanto al derecho contemplado en el numeral 4º del artículo 19 de nuestra constitución política no puede ser aceptado como fundamento del recurso, en primer lugar, porque se trata de una garantía que no está amparada por el recurso establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, y en segundo lugar, porque la decisión de la Asamblea obedece a fundamentos reales, que no tienen por objeto afectar la honra de la recurrente, sino de proteger los intereses de la Asociación frente a la conducta desarrollada por esta en su perjuicio.
Acompañó los siguientes documentos: Copia de Oficio Interno Nº 003, de fecha 07 de Mayo de 2008 dirigido a la Inspección del Trabajo de Malleco; Copia Oficio Nº 012 de 21 de Octubre de 2015 dirigido a la recurrente nombre reservado; Copia de Carta de fecha 26 de diciembre de 2011 de la Directiva de la Asemuch de Puren a la recurrente. pidiendo la rendición de cuenta pendiente; Copia de Carta de fecha 24 de Junio de 2013 dirigida por la Directiva de la Asemuch a la recurrente pidiendo la rendición de cuenta de la Tesorería de la Asociación; Copia de Carta de fecha 04 de diciembre de 2013 dirigida por la Directiva de la Asemuch de Purén a la recurrente pidiendo cuenta de la Tesorería; Copia de la denuncia presentada a la Fiscalía del Ministerio Público en contra de la recurrente nombre reservado por los hechos referidos a la Tesorería de la Asociación; Copia de la Carta del Directorio de la Asemuch de Purén al Alcalde de la Comuna dando cuenta de la presentación de la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público; Copia de la Solicitud de Audiencia de Formalización presentada por el Ministerio Público al Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén; Copia de la Audiencia de Formalización; Copia de la Audiencia de Salida Alternativa de Acuerdo Reparatorio; y Copia de la Consulta hecha a la Inspección del Trabajo respecto de la situación producida con la recurrente durante su desempeño como Tesorera de la Asociación.
A folio N°14-2020 se trajeron los autos en relación.
RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.
SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario por la recurrente es la impugnación de su candidatura al Directorio de la Asociación de Funcionarios Municipales de Purén, por haberse estimado que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°19.296 para ser Directora de dicha asociación, por cuanto habría sido formalizada por el delito de apropiación indebida en causa R.I.T.N °302-2016 del Juzgado de Letras y Garantía de Purén, procedimiento en el cual se arribó a un acuerdo reparatorio, decretándose posteriormente el sobreseimiento definitivo de dicha causa.
TERCERO: Que consta en autos que con fecha 24 de octubre del año 2019 se realizó una Asamblea General de Socios por parte de la recurrida, con la asistencia de doña doña nombre reservado, en la cual se discutió la impugnación de su candidatura, se le dio la oportunidad de efectuar sus descargos, confirmándose la decisión de marginarla del proceso de elecciones por estimar que no cumplía con los requisitos legales para tal efecto, realizándose al final de dicha asamblea la elección de renovación del Directorio Asemuch periodo 2019-2021, con exclusión de la candidatura de la actora.
CUARTO: Que la actora ha recurrido de protección peticionando la formalización de su candidatura al Directorio de la Asociación de Funcionarios Municipales de Purén, incluyéndola en la lista de candidatos para el periodo 2019-2021.
QUINTO: Que de lo razonado precedentemente se concluye que la acción que se revisa ha perdido toda oportunidad, pues el proceso eleccionario, en el que pretendía ser incluida la recurrente se verificó el 24 de octubre de 2019, existiendo en la actualidad un Directorio elegido y en funciones.
SEXTO: Que habiendo perdido oportunidad la presente acción constitucional, atendida su finalidad, sólo cabe rechazarla.
Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Asociación De Funcionarios Municipales de Purén.
Regístrese.
Redacción del Sr. Ministro Alejandro Vera Quilodrán.
Rol N° Protección-16569-2019 (pvb).