nombre reservado con SERV. LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

1°. A lolio 1, con fecha 28 de enero de 2024, comparece don MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDERO, abogado, RUT RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado en representación, según se acredita, de don nombre reservado, profesor, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA COSTA ARAUCANÍA, Rol Único Tributario N° 65.154.272-3, representado para estos efectos, de conformidad al artículo 4° del Código del Trabajo, por su Director nombre reservado, RUT RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por las razones que a continuación se detallan.

Deduce esta acción constitucional en contra de la Resolución Exenta RA N° 122570/3309/2023 de fecha 27 de diciembre de 2023, dictada por el Director del Servicio Local de Educación Costa Araucanía, que dispone no prorrogar la designación a contrata del recurrente a partir del 1 de marzo de 2024, notificada con fecha 29 de diciembre de 2023.

Informa que desde 2012 ha sido funcionario en calidad de profesor contratado. Primero se desempeñó como docente para la municipalidad de Carahue, luego como director de un establecimiento educacional en la misma comuna y. por último, en labores administrativas en el área educación de aquella municipalidad.

Explica que el año 2018, cuando se creó el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, fue traspasado como funcionario de dicho servicio, siempre a contrata. El año 2022 su calidad de contratado se suscribió bajo la condición “mientras sean necesarios sus servicios”. En dicho contexto, el mismo año 2022 fue separado retroactivamente de su cargo, fundado en aquella expresión “mientras sean necesarios sus servicios”. Frente a dicho acto que consideró ilegal y arbitrario dedujo la correspondiente acción de protección, la que fue acogida por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Como consecuencia de ello, fue reincorporado.

Señala que actualmente está destinado para cumplir funciones docentes en el complejo educacional Darío Salas de la comuna de Carahue. Esto se debe a que el Servicio Local de Educación mencionado no lo reincorporó.

Afirma que la Resolución impugnada es ilegal porque estaba considerado como docente en el mencionado complejo educacional para el año 2024. En efecto, mediante correo electrónico enviado a su casilla se le había programado actividad docente.

Sostiene que se vulnera la legítima confianza, porque lleva 12 años prestando servicios en el sector educación. Primero en la municipalidad por 6 años y ahora en el servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía por otros 6 años. Además, la resolución del SLE tiene un defecto formal por cuanto en lo resolutivo no se cumplen los requisitos para que el acto administrativo esté completo. Expresa que, en definitiva, la no renovación carece de motivación real, constituyendo en realidad una desviación de poder. Concluye sosteniendo que se vulneran los DF a no ser discriminado y de propiedad.

Solicita se acoja la presente acción de protección y se otorguen las siguientes peticiones:

1. Que, se proceda al reintegro de su representado a la dotación docente del Liceo Claudio Arrau León, disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N° 122570/3309/2023, de fecha 27 de diciembre de 2023, que comunica decisión de no prorrogar la contrata, dictado por el director del Servicio Local de Educación Costa Araucanía, y dispone no prorrogar la designación a contrata del recurrente a partir del 1 de marzo de 2024.

2. Dictar en su reemplazo el acto administrativo que renueva su contrato por la anualidad que va desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, como parte de la dotación del Liceo Claudio Arrau León.

3. Que, se disponga además el pago íntegro de todas las remuneraciones e imposiciones obligatorias que le correspondan por el tiempo que pueda permanecer alejado del servicio público por causa ajena a su voluntad.

4. Que se condene justa y ejemplarmente en costas a la recurrida 2°. A folio 8 el Servicio Local de Educación Pública Araucanía Costa evacúa informe, en el que solicita el rechazo del recurso.

Explica que el Servicio informante fue creado el 1 de julio de 2018 por las comunas de Carahue, Toltén, Teodoro Schmidt y Puerto Saavedra. En aquella época el recurrente había sido traspasado como director encargado en el establecimiento en que prestaba servicios. Al concursar por el cargo de director en el mismo establecimiento, perdió, obteniendo el tercer lugar de la terna respectiva. Como no estaba satisfecho con esa decisión, impugnó la decisión ante la Contraloría General de la República y ante esta Ilustrísima Corte, pero su pretensión fue rechazada en ambas instancias.

Luego se refiere a los antecedentes de la acción de protección del año 2022, deducida por el ahora nuevamente recurrente. Cuando el Sr. nombre reservado perdió el referido concurso, el Servicio Local de Educación tuvo dos opciones: nombrarlo en otro cargo o poner término a su contrata. Se tomó esta última decisión, pero se tardó en generar el acto administrativo respectivo, y esta Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección porque la decisión de no renovación fue extemporánea.

Expone que, en dicho escenario, el Servicio Local de Educación lo nombra para el año 2023 a contrata a cargo de un proyecto educativo de vida sana, cuidado y protección del medio ambiente, en el Liceo Darío Salas. Sin embargo, el recurrente no se considera como docente en el plan anual de 2024 en dicho Liceo para el mencionado programa. Por ello se dicta la Resolución Exenta impugnada, para no renovar la contrata.

Explica que el recurso alega dos cosas. Por una parte, sostiene que se ha vulnerado su derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Sin embargo, los artículos 22, 72 y 73 del Estatuto Docente autorizan para no renovar su calidad de contratado. Por otra parte, invoca el principio de confianza legítima. No obstante, a folio 20 de estos autos consta que el 2017 el recurrente renunció voluntariamente. En efecto, ese año asumió como director encargado del establecimiento de Tranapuente. Por tanto, solo puede reclamar confianza legítima respecto del Liceo Darío Salas.

Profundizando en lo señalado, señala que la Ley N° 19.070 dispone, en su artículo 72, que los profesionales de la educación dejan de pertenecer a una dotación docente, entre otras causales, por la establecida en la letra d) Por término del período por el cual se efectuó el contrato. En concordancia con ese precepto, en el PLAN ANUAL para el año 2024, aprobado por Resolución Exenta N°1185, del 15 de diciembre de 2023, no se contempla el proyecto de vida sana, cuidado y protección del medio ambiente, función para la cual fue contratado y desempeñaba el docente don nombre reservado, como da cuenta su nombramiento por Resolución Exenta RA N° 122570/1345/2023, del mencionado Servicio. Por lo mismo, se aplican las causales del artículo 22 del DFL N° 1 de 1997, en este caso, numeral 2 “Modificaciones Curriculares” y numeral 3 “Cambios en el tipo de educación que se imparte”. Esto se debe a que la fijación de la dotación docente para el año 2024 y que se encuentra debidamente fundamentada en el Plan Anual año 2024 (todo ello en conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 21.040), no se contempla la función que desempeña el docente Sr. nombre reservado, no requiriéndose sus servicios.

De este modo, precisa que el recurrente no puede continuar como contratado porque ya no existe el programa de vida sana, cuidado y protección del medio ambiente en el que se desempeñaba. Hace presente que incluso a un docente de planta se le puede poner término a su prestación de servicios si es que desaparece el programa en que se desempeña.

Concluye solicitando que esta Ilustrísima Corte rechace la acción de protección deducida, con costas.

3°. Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acto u omisión ilegal o arbitrario, derechos vulnerados y pretensión del accionante. De acuerdo con lo señalado en lo expositivo de la presente sentencia, el acto contra el cual se deduce la acción de protección es la Resolución Exenta RA N° 122570/3309/2023 de fecha 27 de diciembre de 2023, dictada por el Director del Servicio Local de Educación Costa Araucanía.

Los hechos denunciados constituyen, a juicio del accionante, una vulneración de los derechos fundamentales conferidos en el artículo 19, número 2 y número 24, incisos primero a tercero, de la Constitución. En particular, y respectivamente, los derechos a la igualdad y de propiedad.

A partir de tales alegaciones, el recurrente solicita que esta Corte deje sin efecto la Resolución Exenta ya indicada, que se ordene la dictación del acto administrativo que renueve su calidad de contratado para el período marzo de 2024 a febrero de 2025, que se le reincorpore a sus labores y que se le paguen todas las remuneraciones de las que se ha visto privado durante el tiempo en que ha estado indebidamente separado de las mismas.

SEGUNDO: Alegaciones del recurrido. El recurrido presenta varias líneas de argumentación, al hilo de lo señalado por la accionante de protección en su escrito.

Por una parte, afirma que en el Plan Anual para el año 2024, aprobado por Resolución Exenta N°1185, del 15 de diciembre de 2023, emitida por el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, no se contempla el proyecto de vida sana, cuidado y protección del medio ambiente. Por tanto, se encuentra legalmente autorizada para no renovar la contratación del recurrente, que concluyó en febrero recién pasado. Esto se debe a que Por otra parte, sostiene que la confianza legítima del recurrente solo podría invocarse desde que inició su prestación de servicios en el Liceo Dario Salas.

Por lo anterior, concluye que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, ni se ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal.

TERCERO: Procedencia de la acción de protección. La acción constitucional de protección se encuentra prevista en el artículo 20 de la Constitución. Esta acción puede ser interpuesta por cualquier individuo, por sí o por un tercero a su nombre.

Los requisitos de procedencia de esta acción cautelar, expresados en el mencionado artículo 20, son los siguientes:

1) Que exista una conducta, la que puede consistir en una acción o en una omisión, ilegal o arbitraria, esto es, contraria a normas de jerarquía legal o que sea consecuencia del mero capricho, o que carezca de razonabilidad, lógica o proporcionalidad.

2) Que la conducta lesione, mediante privación, perturbación o amenaza, el legítimo ejercicio de alguno de los derechos fundamentales mencionados en el artículo 20 de la Constitución, esto es, alguno de los derechos fundamentales tutelados por la acción de protección.

Para que la Corte pueda acoger la acción de protección deducida es necesario que se cumplan cada uno de los señalados requisitos.

CUARTO: Antecedentes normativos de la decisión. Para evaluar si existe un acto ilegal o arbitrario es necesario atender a las facultades que el ordenamiento jurídico entrega al empleador de un profesional de la educación del sector público, en orden a no renovar su prestación de servicios en calidad de contratado.

Al respecto se deben tener en consideración los artículos 22, 72 y 73 del Estatuto Docente, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 10 de septiembre de 1996, del Ministerio de Educación.

El artículo 22, en lo que interesa al presente caso, dispone: “La Municipalidad o Corporación que fija la dotación docente de cada comuna, deberá realizar las adecuaciones que procedan por alguna de las siguientes causales: (…) 2.- Modificaciones curriculares”.

El artículo 72, por su parte, expresa, siempre n lo pertinente al presente caso: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: (…) j) Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley”.

Por último, el artículo 73 prescribe: “El Alcalde de una Municipalidad o el representante de una Corporación que aplique la causal de término de la relación laboral contemplada en la letra j) del artículo anterior, deberá basarse obligatoriamente en la dotación aprobada en conformidad al artículo 22 de esta ley, fundamentada en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, mediante el cual se haya resuelto la supresión total de un número determinado de horas que puedan afectar a uno o más docentes”.

QUINTO: Antecedentes fácticos de la decisión. Para evaluar si existe un acto ilegal o arbitrario es necesario atender, además, a los hechos no controvertidos en el presente caso. Tales hechos son:

1) El recurrente se desempeñaba, hasta febrero de 2024, como profesional de la educación impartiendo la asignatura de vida sana, cuidado y protección del medio ambiente.

2) En el Plan Anual para el año 2024, aprobado por Resolución Exenta N°1185, del 15 de diciembre de 2023, emitida por el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, no se contempla el proyecto de vida sana, cuidado y protección del medio ambiente, función para la cual fue contratado y desempeñaba el recurrente.

3) El Plan Anual mencionado en el número precedente se encuentra debidamente fundamentado.

SEXTO: Acto ilegal o arbitrario. A partir de las disposiciones y de los hechos señalados en los dos considerandos precedentes es posible evaluar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto recurrido.

En ese sentido, y por una parte, se puede concluir que no existe un acto ilegal por parte del Servicio Local de Educación recurrido. En efecto, la Resolución Exenta impugnada se encuentra respaldada jurídicamente en los artículos 22, 72 y 73 más arriba transcritos.

Por otra parte, la existencia de justificación en el plan anual que sirve de fundamento a la mencionada Resolución permite excluir la existencia de arbitrariedad en la decisión cuestionada.

SÉPTIMO: El principio de confianza legítima de un profesional de la educación contratado. Siempre en orden a evaluar la ilegalidad o arbitrariedad de la Resolución Exenta impugnada, resulta imperativo pronunciarse respecto de la confianza legítima que invoca el recurrente.

Al respecto acierta el accionante de protección al señalar que un funcionario público a contrata tiene derecho a que se aplique a su favor el principio de confianza legítima, si se ha permanecido en el cargo por un período igual o superior a cinco años. En otras palabras, le protege dicho principio si su contrata ha sido renovada por cuatro o más veces, sin solución de continuidad. Bajo dicho supuesto, solo podría ser removido en virtud de una sanción aplicada mediante el pertinente sumario administrativo o en caso de una calificación deficiente. Todo esto ha sido reiteradamente sostenido por la Corte Suprema. Al efecto pueden revisarse, a modo de ejemplo, las sentencias recaídas en las causas rol N° 26.279-2023 y rol 26.301-2023, ambas de fecha 31 de marzo de 2023, y en la causa rol 104.638-2023, de 25 de septiembre de 2023.

Sin embargo, el mismo máximo tribunal agrega una tercera posibilidad para separar a un funcionario de sus labores, en el específico caso de un docente que presta servicios en el sector público de la educación. Al respecto sostuvo lo siguiente en la sentencia recaída en la causa rol 63.092-2020, de fecha 9 de septiembre de 2020:

“Además, la recurrida deberá renovar la contrata del recurrente en las mismas condiciones durante los años siguientes, debiendo permanecer en el cargo en tanto no concluya por calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado, o por alguna de las causales establecidas en el artículo 72 de la Ley N° 19.070 sobre Estatuto Docente, que no sea la mera expiración del plazo de la contratación a plazo fijo”.

Como se puede advertir, esa tercera razón consiste en que se verifique alguna de las causales establecidas en el artículo 72 del estatuto Docente. Esta causal se adiciona a la sanción aplicada mediante sumario administrativo y la calificación deficiente, más arriba señaladas y que se aplican a todo funcionario público.

Por tanto, el principio de confianza legítima tiene una excepción frente a la concurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 72 citado.

OCTAVO: Improcedencia del análisis de la vulneración de derechos fundamentales. Faltando la ilegalidad y la arbitrariedad, no resulta pertinente pronunciarse respecto de una posible lesión a los derechos fundamentales invocados por la recurrente.

Por lo mismo, la presente acción de protección deberá ser desestimada, y así se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE DECLARA:

Que SE RECHAZA la acción de protección deducida en esta causa por don MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDERO, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA COSTA ARAUCANÍA.

Sentencia redactada por el abogado integrante Sr. Luis Iván Díaz García.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-164-2024. (cwm)