nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dos de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece don IVAN FELIX MARTINEZ VEGA, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación judicial de don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo el presente recurso de protección en contra de nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, conforme al artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en virtud de los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido la recurrida, los cuales se mantienen a la fecha, consistentes en la prohibición de permitir al recurrente efectuar actos de mantenimiento de la parcela perteneciente a la sociedad conyugal habida entre ambos, por si o por terceros, según se expondrá, solicitando desde ya que el presente recurso sea acogido, con costas, a objeto que se restablezca el imperio del derecho ordenando el cese inmediato de los actos denunciados, atendidas las consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer.

El recurrente y la recurrida son marido y mujer desde el año 1987, casados bajo el régimen de sociedad conyugal, encontrándose actualmente separados de hecho. En el año 2006 el matrimonio adquirió la parcela ubicada en Los Confines Norte, Parcela Lote A Nº2, General Bonilla, Angol, donde actualmente hay dos casas construidas, una de ellas que servía de residencia al matrimonio y donde hoy habita la recurrida.

En este inmueble las partes además de mantener su hogar, tienen actividades de explotación del campo, tales como cultivo de árboles frutales, nativos, producción y comercialización de productos derivados. Actualmente en la parcela hay cientos de árboles frutales de diferentes especies ejemplo, todos ellos de cuatro a seis años de vida que necesitan riego urgente todas las semanas especialmente en esta época de sequía total en la ciudad de Angol con una temperatura de 30° a 35°. Hay también una piscina que requiere mantenimiento rodeada de un área verde compuesta de cientos de arbustos ornamentales que igualmente necesitan agua y poda para su mantención. Por otra parte, señala que la parcela tiene 325m de largo donde al final pasa el río Huequén, que por razones obvias en esta época deambulan muchos bañistas por el lugar y reviste un peligro inminente para un bosque de 600 plantas aproximadamente que existe en el fondo de la parcela de diferentes especies, todos recursos que posteriormente se traducen en leña para el consumo y para la venta.

Indica que vecinos le han informado al recurrente que el cerco del costado derecho se mantiene en el suelo con sus estacas podridas, 100 metros aproximadamente, el que debe ser reparado a la brevedad por razones de seguridad. Adicionalmente, cabe indicar que existe una gran cantidad de maleza seca que se encuentra en el bosque que puede ser incendiada en cualquier momento por lo antes señalado.

El peligro de incendios forestales en la zona y en esta fecha es de tal magnitud que incluso se ha decretado alerta roja en la comuna de Angol por la ONEMI, como da cuenta noticia emitida por radio cooperativa con fecha 18 de enero del presente que puede encontrarse en el siguiente link: https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/incendio-forestal-se-registra-en-angol-fuego-amenaza-a-viviendas/2021-01-18/173356.html Por último, agrega que la parcela no posee canal de regadío, solo es una parcela de agrado motivo por el cual se instalaron 3 punteras para extraer aguas subterráneas donde se debe tener conocimiento para trabajar y extraer el recurso para regar el predio. El patrimonio que representa el inmueble y las actividades que en el mismo se realizan, se ha visto afectado gravemente desde que su representado fue obligado a abandonarlo, en virtud de sentencia judicial recaída en causa RIT F-90-2020, del Juzgado de Familia de Angol. En dicha causa, al se le impuso la prohibición de acercamiento respecto de su cónyuge y del domicilio de ésta, razón por la cual, la recurrida ha impedido que el recurrente ingrese o que un tercero ingrese por el a la parcela a efectuar labores de mantenimiento. Se comprende que la recurrida está en su derecho de prohibirle el ingreso al recurrente en virtud de la sentencia judicial ya comentada, pero éste, buscando soluciones que le permitan continuar ejerciendo labores de mantenimiento de su campo ha intentado contratar a terceras personas que puedan hacerlo por él, cosa a la cual se ha opuesto tajantemente la recurrida sin motivo, situación de que de mantenerse en el futuro, provocara la perdida de todos los árboles y demás vegetación que se encuentra en la parcela, desvalorizándola enormemente e impidiendo que la misma pueda seguir generando ingresos, afectando directamente el patrimonio de la sociedad conyugal.

En consecuencia, su representado ve amenazado su derecho de propiedad a través de la negativa injustificada de la recurrida, de permitir se lleven a cabo actos de mantenimiento de la parcela en que habita, lo cual lo obliga a solicitar se adopten las medidas necesarias tendientes a suprimir el impedimento señalado, estableciendo el derecho del recurrente de concurrir al mantenimiento del bien común de que es propietario con la recurrida, en la forma que se indicara en la parte petitoria, la cual tiene por objeto permitir este efecto sin que su representado incurra en infracción a la prohibición de acercamiento que le afecta.

La procedencia del presente recurso se encuentra justificada, toda vez que, como se mencionó, la recurrida ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios toda vez que existen formas a través de las cuales se puede gestionar que se continúen efectuado actividades de conservación y mantención de la parcela, que pertenece no solo a la recurrida sino también al recurrente, en partes iguales y respecto de la cual el marido es el administrador, conforme a lo dispuesto en el artículo 1749 del Código Civil, función que está privado de ejercer amparándose la recurrida en una resolución judicial que impone una prohibición de acercamiento, lo cual puede subsanarse delegando el recurrente las funciones de mantención en un tercero.

Hace presente que la administración ordinaria de la sociedad conyugal, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de la mujer, corresponde únicamente al marido.

Citando los artículos 1749 , 1749 , 1752, 1754 del Código Civil, sostiene que el actor no se encuentra en ninguna de las situaciones que prevé la ley para restringir su derecho a impetrar medidas conservativas para proteger y resguardar el patrimonio de la sociedad conyugal el cual se está viendo patentemente amenazado, según se ha expuesto.

Por ello pide, acoger el recurso y en definitiva ordenar a la recurrida permitir el acceso al recurrente, o a un tercero designado por éste a la parcela ubicada en Confines Norte parcela Lote A Nº2, General Bonilla, Angol, con el único fin de realizar actividades tendientes a la mantención, conservación y cuidado de la misma, con costas en caso de oposición.

Acompaña: Certificado de matrimonio y copia de inscripción de dominio fojas 435 vuelta, Nº 11847, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Angol del año 2006.

Que a su turno, comparece doña nombre reservado, chilena, casada, dueña de casa, recurrida en estos autos, señalando que el presente recurso es solo una forma más de acoso y hostigamiento que efectúa en forma constante el recurrente hacia su persona, tras haber sido condenado por actos de violencia intrafamiliar según consta en causa RIT F-90-2020, del Juzgado de Familia de Angol. En la sentencia respectiva queda fehacientemente establecido que el denunciado ha incurrido en violencia grave de larga data, provocándole una afectación psicológica importante, debido a la violencia de género que éste ejerció durante todo el matrimonio y que se materializaba en actos de acoso y control permanente sobre todas las acciones que realizaba, existiendo una relación asimétrica en donde él recurrente siempre fue la autoridad y ejercía poder de mando, además de presentar una conducta de celopatía enfermiza.

Agrega que el recurrente fue condenado a dos medidas accesorias, a saber: Expulsión del hogar común, pues su presencia provoca intimidación en su persona, por el plazo de 2 años a contar del 15 de agosto del año 2020 y prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o estudios, así como a cualquier otro lugar al que concurra o visite habitualmente, haciéndose presente en dicha oportunidad a la parte denunciada, que en el evento de no cumplir las medidas accesorias decretadas, los antecedentes serían remitidos al Ministerio Público, a fin de que se le investigue y persiga por el delito de desacato.

El recurrente apeló de dicha sentencia, la que fue confirmada por esta Corte de Apelaciones, manteniéndose no solo la condena como autor de violencia intrafamiliar sino que además ambas medidas accesorias.

Desde entonces y no quedándole ningún recurso legal, el recurrente ha intentando ingresar a la parcela ubicada en Los Confines Norte parcela Lote A Nº2, General Bonilla, Angol, en la que actuablemente se encuentra viviendo, en reiteradas ocasiones y con distintas excusas, a lo cual ella en efecto, se ha negado, pues de lo contrario, no solo estaría incumpliendo una resolución judicial que se encuentra firme y ejecutoriada y el recurrente incurriría en el delito de desacato, sino que además implicaría un retroceso en el proceso terapéutico que actualmente está llevando a cabo como víctima de violencia de género, además de poner en riesgo su integridad física y psíquica.

Sostiene que el recurrente falta a la verdad, pues éste nunca ha solicitado que se lleven a cabo actos de mantenimiento de la parcela en la que habita a través de la contratación de terceras personas que puedan hacerlo por él. Por el contrario, en el mes de diciembre del año 2020, la llamó a su teléfono personal una persona, quien se identificó como el abogado de don nombre reservado de nombre nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, del estudio jurídico de “Abogados de Concepción” para solicitarle que dejara ingresar a su representado a la parcela a regar los árboles y cuidar de la piscina, pero efectivamente se negó a esa petición, porque de aceptar, estaría infringiendo una resolución judicial firme, la cual le brinda tranquilidad para su diario vivir. Sin embargo, el abogado jamás señaló que podría efectuar la labor una tercera persona, siempre mencionó que era el recurrente en persona quien quería entrar a la parcela.

Se menciona en el recurso que en el inmueble precedentemente individualizado, las partes mantienen explotación del campo, tales como cultivo de árboles frutales, nativos, producción y comercialización de productos derivados. Sin embargo, se debe hacer presente que el inmueble tiene actualmente y tenía cuando el recurrente residía ahí, un uso de vivienda y habitación, más no de explotación agrícola y actualmente lo único que existe es el cultivo de algunas verduras para consumo personal y jardinería en forma de recreación.

Además, hay árboles frutales como, duraznos, ciruelos, parras, nogales, que dan frutos para consumo personal y de su familia y por ello vende algunos kilos de fruta durante los meses de enero y febrero, en pequeñas cantidades, a personas que van a comprar a la parcela, no obteniendo más de $40.000 por éstas ventas, porque el campo no se usa con fines de comercializar productos, sino solo como parcela de agrado.

Los árboles y plantas como se puede apreciar en las fotos que se acompañan a la presentación, están en buen estado.

A mayor abundamiento, habiendo concluido ya la estación de verano, a la fecha no hay ningún peligro de incendio forestal en la parcela, a pesar de la alerta roja que hubo en la comuna de Angol decretada por la ONEMI, como mencionaba el recurrente.

Argumenta que desde el día 15 de Agosto del año 2020, cuando Carabineros de Chile obligó al recurrente a abandonar el inmueble en cuestión y por tanto, se hizo cargo de la parcela, ha cuidado diligentemente su hogar, preocupándose de cortar el pasto, mantener el aseo y ornato del lugar, regar árboles y plantas, podar sus flores, arbustos y árboles, muchos de los cuales son herencia de su madre, quien era la anterior dueña del inmueble y le enseñó desde temprana edad los cuidados necesarios del campo. Sobre este particular, cabe señalar, que la parcela referida era de propiedad exclusiva de su madre, por tanto correspondía que su hermana y ella la heredaran, sin embargo, antes de fallecer ésta en el año 2005, los maridos de ambas decidieron efectuar una “compraventa ficticia” del inmueble, siendo adjudicado por mitades a cada uno de ellos a título de compraventa y por la tanto, ingresando a la sociedad conyugal. En ese entonces no comprendió la magnitud del error, porque no entendía que ese inmueble le correspondía solo a ella, como herencia de su madre, siendo lo señalado precedentemente solo una muestra de la autoridad que ejercía el recurrente en la relación conyugal, quien dominaba en todos los aspectos de la misma y encontrándose hoy sin poder vigilarla, efectúa distintas maniobras para lograr ingresar al inmueble y recuperar algo del control que siempre ejerció contra su persona.

Finalmente hace presente que si bien está consciente que cualquier persona que se encuentre amenazado o vulnerado en sus derechos, puede recurrir de protección, la presente acción, no constituye más que una reacción desproporcionada del recurrente con ocasión de la demanda impetrada por su parte por divorcio culposo y compensación económica, actualmente tramitada en causa RIT C-456-2020 del Tribunal de Familia de Angol, toda vez que si se aprecia la historia judicial entre las partes, cada vez que ha presentado una acción judicial en contra del demandado (como lo es violencia intrafamiliar, alimentos, divorcio), el recurrente reacciona con otra demanda de regreso, impidiendo y limitando su tranquilidad y bienestar.

Si el recurrente no puede ingresar al domicilio, en ningún caso responde al capricho, arbitrariedad o ilegalidad que se le imputa, sino que responde a su necesidad de protección como víctima de violencia de género y a la cual el Tribunal de Familia de Angol y esta Corte responden asertivamente, no solo condenado a su cónyuge sino que además decretando las medidas cautelares que ya fueron expuestas y que en la actualidad se encuentran vigentes.

Por todo lo anterior pide el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña:

1.- Set Fotografías de distintos lugares, árboles y frutos, correspondientes a la parcela ubicada en Los Confines Norte parcela Lote A Nº2, General Bonilla, Angol, debidamente certificadas por Notario Público, don nombre reservado.

2.- Sentencia condenatoria causa RIT F-90-2020 sobre Violencia Intrafamiliar, dictada por Juzgado de familia Angol.

3.- Sentencia Confirmatoria causa RIT Familia-445-2020, dictada por la Iltma Corte de Apelaciones de Temuco.

4.- Certificado de Atención Psicológica emitido por don nombre reservado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el legislador; en concreto, el recurrente considera que se vulneran los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 1°, 4 y 24, respectivamente, de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, el objeto del presente recurso es que la recurrida, cónyuge del actor, permita el ingreso de este último a la parcela ubicada en Los Confines Norte, Lote A Nº2, General Bonilla, Angol, lugar que resulta ser el domicilio de la demandada, a pesar de existir en la actualidad una medida de alejamiento decretada a favor de la misma, ordenada por el Juzgado de Familia de Angol y que prohíbe al actor acercarse a la recurrida.

Lo anterior, según explica el recurrente, con el único fin de efectuar actos conservativos respecto del inmueble objeto de la Litis, el cual requiere de múltiples cuidados de regadío y poda, entre otros, y que estima no estarían siendo efectuados a la fecha por la recurrida, poniendo en riesgo la adecuada mantención de la propiedad, así como los productos agrícolas que de la misma se obtienen.

TERCERO: Que, si se observan las alegaciones de cada parte, podría estimarse que en el caso, aparentemente existiría una colisión de garantías constitucionales: por una parte el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas, alegada implícitamente por la recurrida al exponer que la medida de prohibición de acercarse, -que hoy pesa sobre su cónyuge-, fue decretada a su favor justamente para protegerla de él, quien es descrito como una persona agresiva, controladora y celosa, versus, el derecho de propiedad, invocado por el actor, quien estima que dicha medida le estaría conculcando su derecho a mantener en buenas condiciones su propiedad, la que forma parte de la sociedad conyugal habida entre ambos.

CUARTO: Que analizando la situación expuesta por las partes, es posible concluir que esta aparente contraposición de derechos no es tal, por cuanto de los antecedentes aportados a los autos no logra acreditarse que el inmueble sub lite se encuentre en condiciones deplorables, abandonado por la recurrida o en peligro de generar focos de incendios en la zona. De esta forma, las aprehensiones expuestas por el actor pierden fuerza, al no haberse probado que dicha propiedad pueda perder su valor al encontrarse descuidada.

Por otra parte, tampoco es posible sostener, desde el punto de vista jurídico, que el actor se encuentre despojado de su dominio, al mantener el mismo la calidad de bien de la sociedad conyugal, por lo cual los derechos del actor así como sus facultades, permanecen incólumes.

QUINTO: Que de otro lado, el recurrente olvida que la restricción de acceso al inmueble de autos, deriva directa y únicamente de la condena en juicio sobre violencia intrafamiliar que pesa sobre él, en la cual se decretaron como medidas accesorias, -por el lapso de dos años a contar del 15 de agosto del 2020-, la de abandono del hogar común y la prohibición de acercarse a la cónyuge, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde la misma se encuentre.

De esta forma, al constituir el inmueble de autos el domicilio de la recurrida, el recurrente por medio de una resolución judicial que se encuentra firme y ejecutoriada se encuentra impedido y con prohibición de ingresar al mismo bajo cualquier pretexto, tanto que de hacerlo, podría incurrir en el delito de desacato.

SEXTO: Que así, entonces, no se vislumbra de qué manera pueda encontrarse conculcado o amenazado el derecho de propiedad del actor, conservando el mismo, como ya se dijo, el dominio en la parte que le corresponde, existiendo únicamente una “suspensión” en la facultad del actor de ingresar a dicho lugar, restricción impuesta a su persona mediante una decisión jurisdiccional, que lo condenó por actos de violencia intrafamiliar en contra de su cónyuge, la que fue adoptada en el marco de un juicio legalmente tramitado y en el cual, -conforme a la prueba rendida por las partes-, se resolvió otorgarle a la cónyuge la debida protección a su integridad física y psíquica.

SÉPTIMO: Que en consecuencia, al encontrase debida y racionalmente fundada la negativa de la cónyuge, en cuanto a no permitir el ingreso del recurrente a la parcela en cuestión, dicha acción desplegada no puede ser ni ilegal ni arbitraria, desde el momento en que como ya se apuntó, es consecuencia de una sentencia judicial firme legalmente tramitada, no pudiendo tampoco ser tachada de caprichosa, al pretender únicamente el necesario resguardo de la integridad física y síquica de la recurrida.

Que tampoco se accederá al ingreso de un tercero desconocido y ni siquiera individualizado al domicilio de la recurrida, más aún cuando el propio recurrente señala que tal persona sería designada por él, en el entendido que aquella no tiene obligación alguna de permitir la entrada a su residencia particular de un tercero extraño.

OCTAVO: Que a petición de la apoderada de la recurrida en estrados, para los efectos que sean pertinentes, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público, mediante oficio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se declara:

I.- SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de nombre reservado.

II.- Remítanse copia del recurso, informe y documentos acompañados por las partes al Ministerio Público de Angol, para los efectos que correspondan. Ofíciese.

Regístrese.

Redacción de la ministra A.nombre reservado.

Rol N° Protección-164-2021 (pvb).