nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, siete de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, chileno, casado, trabajador dependiente, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce un recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, Rol Único Tributario N° 81.826.800-9, persona jurídica del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, conforme a los siguientes argumentos:

Explica que la recurrida es dueña de un pagaré, suscrito por su parte con fecha 17 de noviembre del 2022, por la suma de $6.694.901.- pesos. Dicha obligación debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $224.061.- pesos, venciendo la primera de ellas el 31 de marzo de 2023. Señala que a la fecha de suscripción de dicho pagaré, se encontraba trabajando en una empresa de retail con contrato indefinido con el cargo de vendedor integral; sin embargo, debido a la pandemia, la empresa para la cual prestaba servicios, decidió terminar su contrato de forma abrupta, desvinculándolo, por lo que solo pagó 6 cuotas.

Afirma que en enero del año 2024, fue demandado por La Caja, en procedimiento ejecutivo, Causa Rol C-200-2024, caratulado “CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES/nombre reservado”, en el 1º Juzgado Civil de Temuco; sin embargo, la recurrida no dio curso progresivo a los autos, por lo que a principios del presente año, el tribunal ordenó el archivo de la causa, con fecha 19 de enero de 2026.

Agrega que hace un par de meses, encontró un trabajo estable. Sin embargo, tras recibir su liquidación de sueldo del mes de marzo, se percata que se realizó un descuento por la suma de $362.232.- por concepto de “Créditos personales CCAF”, monto que supera más de la mitad del sueldo que percibe y excede con creces el límite legal permitido para esta clase de créditos.

Añade que C.C.A.F. LOS ANDES. no le ha informado de ninguna forma que comenzarían a realizar descuentos sobre su remuneración, por lo que tal decisión es completamente unilateral y arbitraria.

En razón de lo anterior, señala que la recurrida actuó de manera injustificada y arbitraria, reviviendo una deuda por medio del descuento mensual, que, si bien la ley autoriza conforme el artículo 22 de la Ley 18.833, se trata de un beneficio que la ley solo prevé para un cobro oportuno. De esta manera, al presentar La Caja la demanda ejecutiva ya mencionada, manifestó expresamente su intención de requerir el pago de la obligación por la vía judicial.

Estima que de esta manera, al realizar este descuento por planilla, C.C.A.F. LOS ANDES estaría abusando de las facultades que le otorga la ley, pues el cobro conforme el artículo 22 de la Ley 18.833 se trataría de una facultad excepcional, que no se justifica cuando la recurrida ya ha decidido ejercer su derecho al cobro de la obligación a través de la vía ejecutiva. La Caja actúa como si desconociera las acciones judiciales que ella misma realizó y dejó abandonadas, o bien, no ejerció de manera oportuna; por lo que su actuar se traduciría en un uso y un abuso de las facultades legales permitidas.

Concluye qye el actuar de la recurrida no solo constituye una especie de autotutela, sino que además configura un acto del todo arbitrario, obteniendo de esta manera el pago de la deuda de forma irregular, sin que para ello medie fundamento y sustento legal. Estima que lo más grave de toda esta situación, es que la Caja de Compensación Los Andes al realizar estos descuentos transgrede de manera directa su derecho de propiedad.

Explica que el actuar de la C.C.A.F. LOS ANDES vulnera el derecho de propiedad que le asiste, al descontar dineros desde su remuneración, de forma que le impide gozar de ella en su integridad, lo cual es del todo ilegal, por cuanto la recurrida cobra dineros sin fundamento legal.

Pide tener por interpuesto la presente ACCIÓN DE PROTECCIÓN en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN LOS ANDES, representada legalmente por don nombre reservado, ya individualizados, admitirlo a tramitación en todas sus partes y, en definitiva, acogerlo, adoptando las medidas necesarias que esta Corte estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y ordenándole a la recurrida las siguientes acciones:

1. Que se deje sin efecto los descuentos sobre sus remuneraciones, acto realizado por el empleador a requerimiento directo de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar.

2. Que se restituyan los montos descontados, desde la liquidación de sueldo de marzo de 2026 a la fecha.

3. Que se condene en costas a la parte recurrida de autos.

A su recurso acompañó su liquidación de sueldo de marzo de 2026 y el Ebook civil, causa ROL C-200-2024, seguida ante el 1º Juzgado Civil de Temuco, caratulado “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”.

A folio 6, evacúa informe la abogada doña INES RIQUELME ARAO en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, en los siguientes términos:

Refiere que el 17 de noviembre 2022 le otorgó al recurrente la operación de crédito código N° nombre reservado por un capital inicial de $6.694.901, a una tasa de Interés mensual de 2.00%, pagadero en plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $224.061, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de enero 2023. Las cuotas de los meses de enero 2023 a julio 2023, N° 1 a N° 7, fueron pagadas con fecha 31 de marzo 2023 al 09 de abril 2026. A la fecha, la operación de crédito presenta en estado de morosidad las cuotas de los meses de agosto 2023 a marzo 2026, N° 8 a N° 39.

Señala que la recurrida inició una demanda en contra del recurrente por una obligación establecida en el en la circular N°3567 del 4 de enero de 2021 del compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las Cajas De Compensación De Asignación Familiar, donde se obliga a iniciar acciones de cobranza judicial a los deudores de un crédito social, y señala que la cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 100 UF, no existe otra opción para la Cajas que iniciar el juicio ejecutivo. La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), despeja toda duda, fortaleciendo la posibilidad de cobrar por descuento existiendo un juicio ejecutivo previo con la única limitación de informar previamente el reinicio de los descuentos.

Con fecha 13 de noviembre de 2025, la SUSESO a través de la circular 3894 modificó el Libro III del Compendio de Normas que Regulan a las C.C.A.F. específicamente en el punto 4 de la Sección I, "MODIFÍCASE EL LIBRO III EN EL SIGUIENTE SENTIDO:", establece las instrucciones relativas al reinicio de los descuentos de crédito social cuando existe una acción judicial iniciada agregando los siguientes párrafos al numeral 3.1.17.2 Cobranza de créditos morosos:

AGRÉGANSE los siguientes párrafos séptimo al undécimo al numeral 3.1.17.2 Cobranza de créditos morosos:

“Si, durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré que cauciona un crédito social o en caso de que la Caja notifique al deudor de una acción ordinaria tendiente al cobro del mismo crédito, se reiniciare el descuento de cuotas desde las remuneraciones o pensiones por el mismo crédito, la Caja, en la etapa judicial de liquidación de la deuda, deberá informar al tribunal dichas cuotas descontadas, a fin que éstas sean rebajadas del monto total adeudado En consecuencia, estima que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentra prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

Finalmente se refiere al carácter de social del crédito, de la forma de descuento y que la obligación es actualmente exigible por cuanto no se ha declarado su prescripción judicialmente. También explica que no existe limitación en cuanto a exigir el cobro por vía judicial y luego mediante descuentos por cuanto se trata de una forma especial de pago prevista por el legislador en atención a la naturaleza del crédito de carácter social.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido.

Acompaña a su informe tabla de desarrollo de crédito.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que el recurrente denuncia como acto ilegal y arbitrario la decisión de la recurrida de descontar de sus remuneraciones, a partir de marzo de 2026, sumas destinadas al pago de un crédito social otorgado el 17 de noviembre del 2022, por un monto de $6.694.901, pagadero en 48 cuotas, cuyo vencimiento contractual ocurrió durante el año 2023.

Tercero: Que no se encuentra controvertido que el crédito social fue otorgado al recurrente el 17 de noviembre de 2022, que posteriormente se produjo mora en su cumplimiento, que la recurrida inició su cobro judicial en causa Rol C-200-2024 del Primer Juzgado Civil de Temuco, actualmente archivada, y que a partir de marzo de 2026 se reiniciaron descuentos sobre las remuneraciones del actor para satisfacer dicha obligación.

Cuarto: Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 contempla un mecanismo especial de pago de los créditos sociales mediante descuento en las remuneraciones del trabajador. Sin embargo, su ejercicio debe sujetarse no sólo a dicha disposición, sino también a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, particularmente aquellas relativas al reinicio de descuentos. El Compendio SUSESO reconoce que el descuento constituye un mecanismo especial inherente al régimen de crédito social.

Quinto: Que el numeral 3.1.17.3 del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, modificado por la Circular N°3.894, de 13 de noviembre de 2025, dispone que cuando no haya sido posible descontar regularmente las cuotas durante los últimos seis meses, la Caja, antes de requerir a la entidad empleadora el reinicio de los descuentos, debe comunicar previamente al deudor la existencia de las cuotas impagas, entregarle información actualizada del crédito y concederle un plazo de, al menos, quince días corridos para regularizar su situación, sin que antes de su vencimiento pueda informarse el descuento al empleador.

Sexto: Que, en la especie, el recurrente ha sostenido que no recibió comunicación alguna antes del reinicio de los descuentos, mientras que la recurrida, aun cuando invoca expresamente la Circular N°3.894 para justificar jurídicamente la posibilidad de reanudar el mecanismo del artículo 22 de la Ley N°18.833, no ha acreditado haber efectuado el aviso previo exigido por esa misma normativa, cuya observancia constituye una condición para proceder al reinicio.

Séptimo: Que no obsta a lo concluido la existencia de la cobranza judicial anteriormente iniciada, desde que la regulación vigente contempla expresamente la posibilidad de reiniciar descuentos aun durante la sustanciación de un juicio ejecutivo, imponiendo a la Caja el deber de informar las cantidades percibidas para su correspondiente imputación a la deuda. Por consiguiente, la arbitrariedad que aquí se constata no emana de la coexistencia abstracta de ambas modalidades de cobro, sino de haberse reiniciado los descuentos sin acreditarse el cumplimiento de las condiciones reglamentarias que debían precederlos.

Octavo: Que la Excma. Corte Suprema ha confirmado recientemente este criterio al establecer que la comunicación previa exigida por el numeral 3.1.17.3 del Compendio constituye una condición esencial para reanudar descuentos de un crédito social sobre las remuneraciones del trabajador, calificando de arbitraria su reanudación cuando la Caja no acredita haber cumplido dicha exigencia, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación y de las acciones de cobro que correspondan.

Noveno: Que dichos precedentes han enfatizado que el prolongado silencio del acreedor genera en el trabajador la legítima expectativa de percibir íntegramente sus remuneraciones y de no verse enfrentado, años después, a descuentos compulsivos practicados en virtud de una facultad excepcional cuyo ejercicio fue abandonado durante largo tiempo.

Décimo: Que en la especie el lapso de inactividad excede incluso el observado en los precedentes antes referidos, alcanzando aproximadamente nueve años desde el vencimiento contractual del crédito y cerca de doce años desde su otorgamiento.

Undécimo: Que tal conducta evidencia una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de las facultades de cobro otorgadas por la ley, incompatible con los principios de buena fe, certeza jurídica y protección de la confianza legítima que deben inspirar la actuación de entidades que desarrollan funciones de seguridad social.

Duodécimo: Que la recurrida sostiene que la deuda no ha sido judicialmente declarada prescrita y que, por consiguiente, subsiste la obligación de pago.

Décimo Tercero: Que, sin embargo, el presente recurso no exige pronunciarse acerca de la prescripción de la deuda ni declarar extinguida la obligación, materias propias de un procedimiento declarativo diverso.

Décimo Cuarto: Que lo sometido al conocimiento de esta Corte consiste exclusivamente en determinar si resulta jurídicamente admisible que una Caja de Compensación utilice la vía privilegiada del artículo 22 de la Ley N°18.833 después de haber permanecido inactiva durante un período extraordinariamente prolongado.

Décimo Quinto: Que aun cuando la obligación principal subsista y pueda ser perseguida por las vías ordinarias contempladas en el ordenamiento jurídico, el ejercicio tardío, súbito y unilateral del mecanismo especial de descuento por planilla aparece desprovisto de razonabilidad suficiente y constituye una utilización abusiva de una potestad excepcional.

Décimo Sexto: Que, de este modo, el acto impugnado reviste carácter arbitrario, por carecer de justificación razonable y por contrariar la finalidad de cobro oportuno que informa el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Décimo Séptimo: Que la actuación antes descrita resulta arbitraria y afecta actualmente el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que determinó una disminución compulsiva de sus ingresos mediante un mecanismo de descuento cuyo reinicio no se ajustó a las condiciones que regulan su ejercicio.

Décimo Octavo: Que la afectación denunciada es actual y persistente, puesto que los descuentos continúan ejecutándose mes a mes, comprometiendo el ejercicio normal del derecho fundamental invocado.

Décimo Noveno: Que, en consecuencia, concurren en la especie los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, desde que existe un acto arbitrario que perturba el legítimo ejercicio de una garantía constitucional amparada por esta acción cautelar.

Vigésimo: Que ello no importa extinguir la deuda ni impedir que la recurrida ejerza las acciones ordinarias que el ordenamiento jurídico le confiere para perseguir judicialmente el cumplimiento de la obligación, sino únicamente impedir el uso improcedente de la vía especial de descuento por planilla.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I. Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

II. Que la recurrida deberá cesar los descuentos actualmente efectuados sobre las remuneraciones del recurrente para obtener el pago del crédito social individualizado en autos, mientras no se dé íntegro cumplimiento a las condiciones establecidas por la normativa vigente para su eventual reinicio.

III. Que la recurrida deberá restituir al recurrente las sumas descontadas desde marzo de 2026 mediante el procedimiento que por esta sentencia se declara arbitrario, dentro del plazo de treinta días desde que ésta quede firme, sin perjuicio de su correspondiente imputación a la obligación crediticia en caso de ejercerse posteriormente el cobro conforme a derecho.

IV. Que lo resuelto no importa declarar extinguida, prescrita o inexigible la obligación crediticia ni impide a la recurrida ejercer las acciones o mecanismos de cobro que el ordenamiento jurídico le reconoce, con estricta sujeción a las condiciones legal y reglamentariamente establecidas.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-1627-2026.(csd)