nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece Diego Alonso Calderón Castillo, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien dice:

Que, interpone Recurso de Protección en favor de LIXIAO JI, XINGHUA WU, JINGYONG XIE, TENGYUAN LIU. YONGLIU LIU, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, se desconoce profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria de no dictar el acto terminal pertinente, respecto de la solicitud de residencia temporal por actividades lícitas remuneradas realizada desde fuera de Chile de los recurrentes, perturbando dicha omisión el derecho constitucional de igualdad ante la ley y el debido proceso, establecidos en los artículos 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, y con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, todo ello conforme a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

LOS HECHOS Respecto de la solicitud de residencia temporal de los recurrentes Los recurrentes, todos de nacionalidad china, realizaron las solicitudes de residencia temporal por actividades lícitas remuneradas desde fuera de Chile en las fechas que a continuación se indican:

Nº Nombre Pasaporte Fecha Solicitud Domicilio domicilio reservado

LIXIAO JI EJ7112511 17-03-2023 Dong An Zhong Lu 209-18, Qingtian, Zhejiang, China 2 XINGHUA WU EF1807289 23-05-2023 Pueblo de Cheng Yu Wei 132, ciudad de Zhu Hai, provincia de Guangdong, China 3 JINGYONG XIE EJ9384409 27-06-2023 Dong He Hua Yuan 165, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China 4 TENGYUAN LIU EK1483940 03-08-2023 Rong Jiang Zhong 10-301, ciudad de Qingtian, provincia de Zhejiang, China 5 YONGLIU LIU EK1487680 03-08-2023 Rong Jiang Zhong 10-301, ciudad de Qingtian, provincia de Zhejiang, China Lo anterior, consta de sus respectivas solicitudes de residencia las que se acompañan en otrosí.

Se señala que todos ellos suscribieron los respectivos contratos de trabajo con sus futuros empleadores, estando domicilidos sus empleadores en la jurisdicción de esta Corte - donde se producen los efectos de la omisión recurrida - según consta de contratos de trabajo adjuntos, entre ellos, el domicilio ubicado en domicilio reservado, Región de La Araucanía. 4 Por otra parte, los recurrente han cumplido con todas la exigencias legales y reglamentarias para obtener la residencia temporal subcategoría actividades lícitas remuneradas, desde fuera de Chile.

Sin embargo, habiendo transcurrido más de 210 días desde efectuada la solicitud de residencia temporal, ésta aún no ha sido resuelta.

Este actuar negligente de la recurrida le ha impedido acceder a la condición de residente con residencia temporal, derecho legal que le asiste ya que cumple cabalmente con la exigencias legales y reglamentarias, afectando su desarrollo personal y laboral.

Garantías constitucionales vulneradas cuya protección se solicita.

- Respecto de la garantía constitucional de igualdad ante la ley:

El artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política establece que “la Constitución asegura a todas las personas: 2.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Por tanto, no se pueden establecer diferencias arbitrarias entre las personas frente a la ley, repudiando nuestro derecho, tanto los tratos preferentes como los discriminatorios, sin una fundamentación legal razonable.

Ha sido un trato evidentemente desigual el que se le ha dado a esta parte en comparación con otros administrados, quienes, al acudir ante la administración del Estado, en sus diferentes peticiones, no son sometidos a plazos de tramitación excesivos, sino que, al contrario, el Estado chileno les garantiza la respuesta de sus solicitudes dentro de los plazos previstos en la Ley 19.880, dándole así cumplimiento a la norma.

No solo se evidencia la vulneración a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley de la que ha sido víctima el recurrente en lo dicho en el párrafo que antecede, sino que también en el mismo funcionamiento interno del ente recurrido, esto es, el Servicio Nacional de Migraciones, quien resuelve sus solicitudes al azar, de forma no organizada ni cronológica, otorgando respuesta a solicitudes en plazos que exceden, por mucho, el tiempo máximo de tramitación permitido por la Ley 19.880.

En la discusión legislativa conducente a la promulgación de la Ley N° 21.325 (Nueva Ley de Migraciones), el artículo 21 de esta ley que define el debido proceso se fue modificando a lo largo de la discusión, en la búsqueda de concordancia con la jurisprudencia internacional, llegando a reconocer que el debido proceso no se agota en la actuación de los tribunales y ni siquiera en la actuación de órganos que ejerzan funciones jurisdiccionales, sino que se integra a todas las actuaciones que tenga algún órgano estatal con respecto a un nacional de otro Estado que se encuentre bajo su jurisdicción.

Esto se explicita mucho más en la nueva redacción, pues deja de estar vinculado el derecho al debido proceso ante sanciones y se amplía a todas las etapas del proceso migratorio, debido a que asegura la igual protección de los derechos establecidos en la ley. Este artículo evolucionó en la discusión legislativa en una aproximación más precisa a lo establecido en la Constitución, permitiendo la igual protección de los derechos del extranjero, al mismo nivel que el nacional5. En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que: “La igualdad es un elemento esencial del debido proceso.”

Asimismo, la igual protección de los derechos va en consonancia con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que “el debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio”7 No puede ser sinónimo de demoras injustificadas o amparadas por la fuerza mayor que pudo haberse producido con la pandemia del Covid-19 u otros elementos como la cantidad de solicitudes que el Servicio Nacional recibe. Esto haría que el cumplimiento de lo establecido en la Ley 19.880 se convierta en irrisorio y, en adición, genera desigualdad directa ante la Ley, atendida la categoría de migrante o no migrante con respecto a los procedimientos administrativos en general, lo que podría convertirse en una patente de corso a la autoridad del Servicio Nacional de Migraciones, PUES SU DEMORA INJUSTIFICADA, MUCHO MÁS ALLÁ DEL PLAZO RAZONABLE, NO SERÍA SANCIONADA EN NINGÚN CASO.

Las afectaciones son más profundas. Hay situaciones que, tanto en la especie como en general, los migrantes en tal situación enfrentan y provocan vulneración de derechos de otras características.

Un ejemplo de esto en relación a la afectación a la igualdad ante la ley que provoca la demora más allá de un plazo razonable impide el acceso a derechos que solo están reservados en la ley N° 21.325 para los residentes temporales, en el entendido de que dicha legislación establece un camino del migrante que va avanzando en virtud de su arraigo en el país, pasando desde la residencia temporal, luego la residencia definitiva y, como último paso y fin del camino, la nacionalización.

La residencia temporal es un requisito sine qua non para la solicitud de la permanencia definitiva, por lo que el retraso injustificado imputable a la propia autoridad migratoria provoca una desigualdad ante la ley respecto de otros extranjeros en una situación jurídicamente equivalente, toda vez que algunos de ellos podrán solicitar la residencia definitiva en un plazo menor, basado en un actuar arbitrario y antojadizo del Servicio Nacional de Migraciones.

Por lo tanto, la desigualdad ante la ley que produce la omisión en resolver la solicitud de residencia temporal no sólo tiene consecuencias negativas prácticas, sino que tiene produce impedimentos legales innegables, como el derecho a solicitar residencia definitiva o el derecho a solicitar reunificación familiar.

-Respecto de la garantía constitucional del debido proceso:

Por lo tanto, la omisión en resolver la solicitud de residencia temporal más allá de un plazo razonable vulnera la garantía constitucional del debido proceso, garantizado por el artículo 19 nº 3 de nuestra Constitución, por cuanto “en el campo de la doctrina, el principio de celeridad se asocia con la idea de acceso a la justicia, por cuanto no basta con que los órganos del Estado permitan un acceso a la jurisdicción, sino que, además, tal acceso debe implicar, necesariamente, que nos encontremos en presencia de un procedimiento racional, justo y resuelto en un período breve de tiempo.” (Sentencia del Tribunal Constitucional rol 4313-18, considerando 27)

Ciertamente que la aplicación de los principios de debido proceso, tienen su origen y aplicación principal en la rama jurisdiccional del concepto, pero crecientemente se aplican también -con matices- a la hora de verificar su concurrencia en los actos administrativos.

Solicito tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido ya individualizado, por la omisión ilegal y arbitraria de no dictar el acto administrativo terminal pertinente respecto de la solicitud de residencia temporal de los recurrentes y, conforme a la información y documentación acompañada:

1.- Que se ordene a la recurrida a dictar el acto administrativo terminal, dando respuesta a las solicitudes de residencia temporal objeto de este recurso en un plazo no superior a 30 días desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada o el plazo que US. Iltma estime conveniente.

2.- Que, ante el improbable caso de que se rechacen las peticiones anteriores, en subsidio, US. Iltma. adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

3.- Que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Hoja de identificación de pasaporte chino de los recurrentes.

2.- Comprobante de solicitud de residencia temporal de los recurrentes;

3.- Contrato de trabajo de los recurrentes.

A folio informa Valentina Ignacia Vera Nazal, abogado de la Dirección Regional de La Araucanía del Servicio Nacional de Migraciones, quien dice:

Que, vengo en evacuar el informe requerido en la presente acción constitucional de protección, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y protegidas por la presente acción.

I. ANTECEDENTES DE HECHO 1. De la situación migratoria del recurrente.

1) Que el extranjero XINGHUA WU, de nacionalidad China, solicitó una visa temporaria para extranjeros fuera de Chile, ID N° 65077567, con fecha 23.05.2023 La solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de resolución, tal como se muestra en la siguiente fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros:

2) Que el extranjero JINGYONG XIE, de nacionalidad China, solicitó una visa temporaria para extranjeros fuera de Chile, ID N° 65955598, con fecha 21.06.2023 La solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de resolución, tal como se muestra en la siguiente fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros:

3) Que el extranjero TENGYUAN LIU, de nacionalidad China, solicitó una visa temporaria para extranjeros fuera de Chile, ID N° 66888923, con fecha 02.08.2023.

La solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de resolución, tal como se muestra en la siguiente fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros:

4) Que el extranjero YONGLIU LIU, de nacionalidad China, solicitó una visa temporaria para extranjeros fuera de Chile, ID N° 66888986, con fecha 02.08.2023 La solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de resolución, tal como se muestra en la siguiente fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros:

5) Que el extranjero LIXIAO JI, de nacionalidad China, solicitó una visa temporaria para extranjeros fuera de Chile, ID N° 62683840, con fecha 17.03.2023.

La solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de resolución, tal como se muestra en la siguiente fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros:

II. ANTECEDENTES DE DERECHO 1. EN CUANTO AL TIEMPO DE TRAMITACION:

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición.

Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Ahora, tal y como ha sido recogido por jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de protección N° 25817-2020, sentencia de 18 de agosto de 2020, el plazo establecido en la ley N° 19.880, para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración. Y en este caso particular, tampoco puede desprenderse la existencia de un nexo causal entre las “molestias” que aduce sufrir la recurrente por el tiempo de tramitación de su solicitud, máxime cuando la Ley y Reglamento de Extranjería le reconoce situación migratoria regular en el territorio nacional mientras penda la resolución de su solicitud.

El fallo ya referido señala, en su considerando décimo: “Que, finalmente, en cuanto a la alegación de la recurrente con respecto al incumplimiento de los plazos del procedimiento administrativo, contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cierto es que dicho requisito impone una obligación al funcionario a cargo de sustanciar el respectivo procedimiento en un breve plazo, pero no importa una fatalidad. Así, la Contraloría General de la República ha sostenido en diversos Dictámenes como, por ejemplo, en el N° 61.059 de 2011; N° 20.306 de 2012 y N° 51.532 de 2015, que “(...) salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, y que su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo.

Por consiguiente y en virtud de las razones anteriormente expuestas, la acción constitucional impetrada será forzosamente rechazada”.

Esta parte entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, se impone como un plazo no fatal, esto es, un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado.

Esta posición se haya en sintonía con el voto disidente emitido por el Sr. Ministro de la Corte Suprema nombre reservado, en causa rol 94.906-2021, en fallo divido de fecha 20 de junio de 2022, en el cual indicó:

1. Que con un mayor estudio de los antecedentes respecto de la institución del plazo en los procedimientos administrativos, este disidente ha llegado a la conclusión de que no existe en nuestro sistema la institución del decaimiento ni es fatal el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N.° 19.880, pues la ley no ha establecido a su respecto la sanción de caducidad. Es más, tratándose de un procedimiento de oficio como el de la especie, para compeler a la administración a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro del plazo establecido para ello, el artículo 64 de dicha Ley confiere al administrado el derecho de solicitar la certificación del silencio administrativo negativo, entendiéndose que en ese caso su impugnación a los cargos efectuados estaría rechazada, habilitándose en consecuencia el plazo para interponer los recursos legales que correspondan en su contra. Sin embargo, no consta en estos autos que así se haya procedido.

Si bien los hechos que motivaron dichas sentencias citadas, son diversos a los que se han presentado ante S.S. Iltma. en la presente acción de protección, no dejan de ser relevantes las reflexiones de esta Iltma. Corte. Las cuales, se vuelven relevantes porque la pretensión de la contraria es alzar el tiempo de tramitación como una omisión que por sí sola trae aparejada una serie de perturbaciones en su vida, que ha subsumido en amenaza o vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2, así como los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4, 16 y 21, todos también del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al argumentar un supuesto trato desigual y discriminatorio, lo que es absolutamente falso. La tramitación de la solicitud de regularización de la extranjera recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

“Artículo 57. La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.”

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de permanencia definitiva, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición de la recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

2. LA VÍA IDÓNEA PARA ALEGAR UNA FALTA DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN ES LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

Esta parte entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

En efecto, el silencio administrativo constituye una garantía para los ciudadanos de que, si han transcurrido los plazos legales sin que la administración resuelva el procedimiento, este puede tener efectos estimatorios (silencio positivo) o desestimatorios (silencio negativo).

De este modo, al no ser el plazo del artículo 27 uno de carácter fatal y no tener una sanción de caducidad asociada de forma expresa en la ley, el incumplimiento de dicho plazo por parte de la Administración tiene por único efecto la presunción de los efectos del acto administrativo. Dicho planteamiento ha sido recogido de forma constante y sostenida por el Sr. Ministro de la Corte Suprema nombre reservado quien, en voto disidente en sentencia de la Excma. Corte Suprema de 7 de julio de 2022, causa rol N° 22.684-2022, estimó: Que, además, la Ley N°19.980, para evitar la indefensión de los administrados ante una eventual demora injustificada en el pronunciamiento de la autoridad, establece un mecanismo especial para hacer efectivo el principio de celeridad que contempla, el cual no es otro que el llamado silencio administrativo, en su dos modalidades: positivo y negativo, según se contempla en sus artículos 64 y 65. En consecuencia, solo tras la certificación del transcurso del plazo y el requerimiento de hacer valer el silencio administrativo los tribunales podrán apreciar la legalidad o arbitrariedad del acto administrativo que sea consecuencia de haber ejercido la vía que la ley ha dispuesto para que el administrado haga realidad el principio de celeridad y no el recurso de protección durante su tramitación que, Como se ha dicho, no puede para constituirse en una vía paralela de tramitación de solicitudes cuyo resultado es incierto.

Esta parte también entiende que el mecanismo de silencio administrativo es el del silencio administrativo negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debido a que la solicitud planteada por la recurrente tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos, cuyo monto es determinado a través de los mecanismos establecidos por el artículo 40 de la Ley N° 21.325. En consecuencia, la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria y hace solamente aplicable a los permisos migratorios la institución del silencio administrativo negativo.

Artículo 65. Silencio Negativo. Se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo se aplicará en los casos en que la Administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política.

La contraparte no ha solicitado la debida certificación ante este Servicio que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal.

En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan.

Finalmente, concluido el acto administrativo por vía del silencio administrativo, el acto de certificación, produce los siguientes efectos:

Artículo 66. Efectos del silencio administrativo. Los actos administrativos que concluyan por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes, tendrán los mismos efectos que aquéllos que culminaren con una resolución expresa de la Administración, desde la fecha de la certificación respectiva.

Verificado el silencio administrativo entonces, el interesado cuenta con todos los plazos y acciones que el ordenamiento jurídico le entrega para hacer valer sus derechos en el evento de existir disconformidad con lo que ha sido resuelto.

4. EL ABUSO DE LA VÍA JUDICIAL HA VULNERADO LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY DE LOS DEMÁS SOLICITANTES DE PERMISOS DE RESIDENCIA.

Finalmente, también es necesario señalar los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria.

Existen aproximadamente más de trece mil recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra de este Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia.

La consecuencia directa de la interposición de dichos recursos respecto de aquellos extranjeros que han elegido esta vía, es la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad. En perspectiva, es un grupo reducido, pero que a la vez se ha constituido en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

Dicha situación evidencia la necesidad de concluir los procedimientos administrativos en la forma prevista por la misa Ley N° 19.880, a saber, a través del mecanismo que produce el efecto jurídico deseado de dar conclusión al procedimiento administrativo mediante un acto de autoridad, salvaguardando así la garantía de la igualdad ante la ley, evitando la creación de grupos privilegiados de extranjeros que ven sus solicitudes resueltas en un menor tiempo respecto de aquellos que han realizado una solicitud de igual naturaleza en igual tiempo o, incluso, con anterioridad a aquellos.

Es en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente fue tramitada dentro de plazo y debidamente notificado al amparado por cuanto el amparado debe presentar documento solicitado.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Acompaña a su presentación el siguiente documento:

1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°795/2024, de fecha 14 de febrero de 2024, otorgada ante la notaria de Temuco, de don nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la presente acción constitucional de protección dirigida en contra del Servicio Nacional de Migraciones, se interpone por la omisión en que habría incurrido el servicio referido, respecto de la solicitud de residencia temporal por actividades lícitas remuneradas realizada desde fuera de Chile de los recurrentes. Pide, en definitiva, ordenar al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud presentada y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

TERCERO: Que, la cuestión a resolver será si la demora del Servicio Nacional de Migraciones afecta los derechos de los recurrentes, que fueron realizadas en el año 2023.

CUARTO: Que, la parte recurrente ha centrado su acción en que la situación ya descrita, le afecta su derecho a la vida e integridad física y síquica, pues se le mantiene en un estado de permanente angustia y desesperación al no poder ejercer prácticamente ningún derecho constitucional, así como su garantía constitucional de igualdad ante la ley, habiendo transcurrido el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880.

QUINTO: Que, del informe del recurrido, queda en evidencia que la solicitud presentada se encuentra sometido a un procedimiento uniforme y previamente establecido por el órgano, para el conocimiento, tramitación y resolución del mismo.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de la parte recurrente en relación a haberse transgredido el artículo 27 de la Ley N°19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento, debe aclararse que lo que ha dicho esta Corte en relación a este plazo, es que el mismo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado hasta ahora, resulta ser un hecho conocido por todos que existe una problemática que se ha mantenido no obstante la claridad del artículo 43 de la Ley N°21.325, y que se materializa en las dificultades que, otros órganos públicos y/o privados, colocan a los extranjeros en la situación de espera de pronunciamiento del beneficio de permanencia definitiva, cuestión que legitima pasivamente a dichas entidades para ser objeto de esta acción, y no al Servicio recurrido.

OCTAVO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni aún en grado de amenaza, deberá desestimarse la acción, sin perjuicio que el recurrido deberá emitir pronunciamiento en un plazo razonable de conformidad con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley N°21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, por sus representados, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada con el voto en contra del Ministros Sr. Carlos Gutiérrez Zavala, quien fue de opinión de acoger el recurso de protección en razón de lo siguiente:

PRIMERO: Que, en cuanto al fondo, cabe señalar que el artículo 3º inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases General de la administración del Estado dispone que: “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes”. Por su parte, el artículo 7 inciso primero de la Ley N° 19.880 señala: “Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.” A su turno, el artículo 8 de dicha ley prescribe:

“Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.”. En ese mismo sentido, el artículo 9 inciso primero de la misma ley indica: “Artículo 9º. Principio de economía procedimental.

La Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Finalmente, es menester consignar que el artículo 27 de dicha ley señala: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”

SEGUNDO: Que, en ese orden de ideas, la tramitación de un procedimiento administrativo como el de marras, debe aspirar a su finalización oportuna, debiendo la administración del Estado propender a su impulso, dando celeridad al mismo, todo ello conforme a los principios de servicialidad del Estado, de eficiencia y eficacia que rigen su actuar. En esas condiciones, no habiéndose justificado ni acreditado por parte de la recurrida alguna hipótesis que pudiera constituir alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor para que la duración de estos procedimientos administrativos para la resolución de la solicitud de permiso de permanencia definitiva de la parte recurrente exceda con creces el plazo de seis meses, es menester concluir que dicha actuación ha devenido en ilegal al exceder el plazo contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 antes citado, vulnerándose así el derecho de igualdad ante la ley por cuanto importa una discriminación en contra de este en relación con el trato otorgado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal, dentro de plazo legal, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, quedando la parte recurrente en una situación de indefensión respecto de su situación migratoria, razones por las cuales la acción constitucional debe ser acogida.

Redacción del abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1626-2024. (csd)