Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, domiciliada en esta ciudad, quien interpone nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Cautín, por haber ambas rechazado cuatro licencias médicas extendidas entre los meses de septiembre y noviembre de 2024, por diagnóstico de episodio depresivo moderado, otorgadas por su médico tratante, Dra. nombre reservado.

Estima la recurrente que tales decisiones importan una vulneración de su derecho a la integridad física y psíquica, garantizado en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto desconocen su real estado de salud y fueron adoptadas sin que se realizara un peritaje médico especializado que las sustente.

Expone que, tras haber hecho uso de licencias médicas por trastorno de salud mental, debidamente respaldadas por certificados médicos, la COMPIN procedió a rechazar las últimas cuatro, sin fundar adecuadamente su decisión. Añade que, aun cuando interpuso los respectivos recursos de reposición, éstos también fueron rechazados por razones genéricas, sin valorar adecuadamente los antecedentes clínicos acompañados, ni realizar evaluación médica especializada. Señala que, en sede administrativa, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó las resoluciones impugnadas, incurriendo así en una actuación coordinada que estima ilegal y arbitraria. Pide se declare que las licencias quedan aceptadas y se ordene el respectivo pago del subsidio a que dan lugar.

A folio 10, evacuó informe la COMPIN Subcomisión Cautín, y en lo sustancial, sostuvo que las licencias médicas fueron rechazadas por considerar que el reposo prescrito excedía lo que se estima médicamente razonable para un episodio depresivo moderado, y que no constaban registros de psicoterapia, evolución clínica detallada ni ajustes farmacológicos relevantes que justificaran una prolongación del reposo laboral. Además, señaló que las licencias fueron emitidas por una médica general, sin especialidad en psiquiatría, lo que, a su juicio, limitaba la suficiencia técnica del diagnóstico emitido. Acompañó como sustento los informes técnicos utilizados en sede administrativa.

A folio 34, comparece la abogada Andrea Cisternas Tiemann, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, evacuando el informe requerido, solicitando su rechazo, señalando que la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la Sra. nombre reservado, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la Subcomisión Cautín - Compín Región De La Araucanía, que rechazó de las licencias médicas N°s 107654910-5, 108688614-2, 109559395-6, 110771014-7, por reposo no justificado.

En primer lugar, solicita que se declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, indicando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Sostiene que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar, afirmando que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República, por lo que debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”, solicitando se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

En subsidio de la alegación anterior, evacúa el informe requerido haciendo referencia al marco normativo que regula la materia de la presente acción de protección, en cuanto al Derecho a Licencia Médica y las incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una Compín o Institución De Salud Previsional (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal, indicando que en estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Expone que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. 4 La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”, afirmando que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, refiere que le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes”. En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Sostiene que en relación al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud. En tal sentido, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

Añade que las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI), añadiendo que estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), señalando que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Expone que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas, de acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución, indicando que en caso de que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 7 Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Argumenta que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”, indicando que un derecho tiene el carácter de indubitado, cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es necesario recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia y por el contrario, cuando un Derecho Reclamado por una parte es discutido por la otra parte, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra carta fundamental para su protección por la presente vía de acción.

Argumenta que en el presente caso existe un conflicto o controversia respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada, cual es la medicina con especialidad en Psiquiatría, en que intervienen diversos profesionales quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto de una acción cautelar de esta naturaleza, por lo que en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la Compín y esta superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

En cuanto a los antecedentes administrativos del caso y la evaluación técnica efectuada por la Superintendencia, refiere que con el objeto de resolver la reclamación presentada por la recurrente, la Superintendencia procedió a recabar los antecedentes médicos y administrativos del caso desde la Compín respectiva, particularmente el registro histórico de licencias médicas del sistema FONASA y la cartola médica del Servicio de Salud correspondiente, indicando que los antecedentes clínicos y administrativos fueron analizados por distintos profesionales médicos de este Servicio, quienes efectuaron el correspondiente estudio técnico del caso de la Sra. nombre reservado, en diversas oportunidades, conforme se expone a continuación:

1.- Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 26 de diciembre de 2024, reclamó ante este servicio por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 107654910-5, 108688614-2, 109559395-6, 110771014-7, extendidas por un total de 93 días a contar del 24 de septiembre de 2024, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas precedente no se encontraba justificado, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 107654910-5, 108688614-2, 109559395-6, 110771014-7, no se encontraba justificado, conclusión que se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 99 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Añade que los informes adjuntos no logran dar cuenta de severidad psicopatológica, compromiso funcional significativo durante el periodo de reposo extendido, necesidad de ajuste en el plan de tratamiento ni detalles de un plan que considere intervenciones orientadas a la reincorporación laboral, asimismo, no se adjunta certificado de un proceso psicoterapéutico, intervención que pudiera favorecer la buena evolución del diagnóstico planteado, por lo tanto, no se logra fundamentar el rol terapéutico del reposo reclamado, lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-17418-2025, de fecha 10 de febrero de 2025.

Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva, que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, 108688614-2, 109559395-6, 110771014-7, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. Se deja constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)”.

Añade que por su parte, el profesional de esta Superintendencia, don nombre reservado consistente con lo señalado, informa en ficha médica de fecha 08 de febrero de 2025, lo siguiente: “Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas) Inicio de la licencia más antigua: 24-09-2024 Cantidad total de días reclamados: 93. Días autorizados por la(s) patología(s): 99. Modalidad de emisión de las licencias reclamadas: ( ) Particular/Libre Elección ( ) Institucional ( ) Ambas Licencias: Datos Licencia 1 Folio Licencia: 107654910-5 Diagnóstico: F32.1 - Episodio depresivo moderado Nombre del médico: nombre reservado: Médico Cirujano Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 2 Folio Licencia: 108688614-2 Diagnóstico: F32.1 - Episodio depresivo moderado Nombre del médico: nombre reservado: Médico Cirujano Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 3 Folio Licencia: 109559395-6 Diagnóstico: F32.1 - Episodio depresivo moderado Nombre del médico: nombre reservado: Médico Cirujano Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 4 Folio Licencia: 110771014-7 Diagnóstico: F32.1 - Episodio depresivo moderado Nombre del médico: nombre reservado: Médico Cirujano Alto emisor: ( ) SI (X) NO Sección C (Antecedentes Médicos) IMC con fecha: (X) SI ( ) NO. DETALLE: FECHA 14-11-24 Y 3-12-24. MÉDICO GENERAL. INFORME NO PROTOCOLIZADO. DIAGNÓSTICO: EDM MODERADO. DESCRIPCIÓN PSICOPATOLÓGICA SDR ANSIOSO DEPRESIVO SIN CRITERIOS DE SEVERIDAD EN CONTEXTO DE SOBRECARGA LABORAL Y PROBLEMAS INTERPERSONALES EN AMBIENTE LABORAL. COMPROMISO FUNCIONAL O OBJETIVADO. TRATAMIENTO: ESCITALOPRAM HASTA 20MG + LAMOTRIGINA 100MG (?) + CLOTIAZEPAM. NO PRESENTA PLAN DE REINCORPORACIÓN LABORAL Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle: Exámenes con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle: TPI: ( ) SI (X ) NO Detalle: Lista de espera quirúrgica: ( ) SI ( ) NO (X) N/A Detalle: Acredita Atención GES: ( ) SI ( ) NO (X) N/A Detalle: Otros Antecedentes Médicos: ( ) SI (X ) NO Detalle: Otros Antecedentes Relevantes: ( ) SI (X ) NO Detalle: Sección D (Fundamentos de la resolución) FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: ELEMENTOS RELEVANTES DEL CONTEXTO. OCUPACIÓN: OPERARIO. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL: EPISODIO DEPRESIVO MODERADO. REPOSO INDICADO POR MÉDICO GENERAL, FIRMA COMO "SALUD MENTAL - PSIQUIATRÍA" PESE A QUE NO REGISTRA INFORMACIÓN COMO ESPECIALISTA EN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PAE. TIEMPO DE REPOSO RECLAMADO POR 93 DÍAS. REPOSO PREVIO AUTORIZADO POR 99 DÍAS. FUNDAMENTOS CLÍNICOS: SDR ANSIOSO DEPRESIVO SIN ELEMENTOS DE SEVERIDAD DESCRITOS. EN CONTEXTO DE CONFLICTOS INTERPERSONALES LABORALES. EN TRATAMIENTO CON MÉDICO NO ESPECIALISTA, CON ESQUEMA DE SEGUNDA LÍNEA (ISRS + EA). SIN CLARO FUNDAMENTO EN USO DE EA. SIN CERTIFICADO DE PSICOTERAPIA O APOYO PSICOSOCIAL. EN SUMA, DE LOS INFORMES ADJUNTOS NO SE LOGRAN DESPRENDER ELEMENTOS DE SEVERIDAD, DEL COMPROMISO FUNCIONAL NI DEL PLAN DE TRATAMIENTO QUE FUNDAMENTEN EL ROL TERAPÉUTICO DEL REPOSO RECLAMADO. POR LO TANTO, SUGIERO NO ACOGER POR FALTA DE FUNDAMENTOS CLÍNICOS.

Señala que de acuerdo con el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 17 de febrero de 2025, reclamó por segunda vez, ante este servicio solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-17418-2025 de fecha 10 de febrero de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la Subcomisión Cautín - Compin Región De La Araucanía, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 107654910-5, 108688614-2, 109559395-6, 110771014-7, extendidas por un total de 93 días a contar del 24 de septiembre de 2024, por reposo no justificado, indicando que esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluye rechazar la solicitud, y mantener lo obrado en la resolución primaria, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-34438-2025, de 18 De Marzo de 2025, esta Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador”.Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva, que: “Rechácese la solicitud de reconsideración de la Resolución Exenta N°R-01-UME-17418-2025, de fecha 10/02/2025, mediante la cual se confirmó lo actuado por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, respecto al rechazo de las licencias médicas N°s 107654910-5, 108688614-2, 109559395-6, 110771014-7, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

Añade que el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4 N° II que, tratándose de patologías mentales, el reposo laboral superior a 30 días —prorrogable hasta 180— debe cumplir ciertos requisitos, entre los que destacan: que la licencia sea otorgada por médico psiquiatra, que exista informe de peritaje especializado, que se acredite refractariedad o resistencia al tratamiento con evaluaciones periódicas, y que el reposo se indique junto con tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales, conforme a las guías clínicas del Ministerio de Salud, siendo posible observar que la Sra. nombre reservado, con anterioridad a las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido un total de 99 días autorizados, por patología psiquiátrica, sin que en dicho período conste derivación a dispositivos de mayor complejidad, evaluación por especialista en psiquiatría adulto, ajustes terapéuticos proporcionales a la evolución del cuadro, tratamiento farmacológico acorde con la magnitud del reposo prescrito, ni asistencia regular a psicoterapia o intervenciones psicosociales, elementos indispensables para justificar la continuidad del reposo.

Argumenta que el médico tratante de la Sra. nombre reservado, doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quien ha emitido las licencias médicas reclamadas, no posee la especialidad de psiquiatría, siendo precisamente dicha área la que fundamenta el diagnóstico consignado en tal licencia médica, lo que consta expresamente en los certificados emitidos por la Superintendencia de Salud que se acompañan a esta presentación, señalando que en este contexto, se advierte que la recurrente ha acumulado un periodo de reposo médico otorgados por médicos generales, alcanzando con ello el límite máximo permitido por el decreto supremo n° 7, de 2013, para licencias fundadas en patologías que requieren atención especializada. en consecuencia, resulta jurídicamente improcedente autorizar la continuidad de dichas licencias médicas, por cuanto no han sido emitidas por un especialista competente en relación con la patología de base invocada, configurándose un incumplimiento directo y objetivo de la normativa vigente, que impide a esta superintendencia conferirles validez sanitaria y previsional, citando un fallo de la Corte Suprema en dicho sentido en causa Rol 2359-2025 de fecha 28 de mayo de 2025.

Considera que las licencias médicas reclamadas por la recurrente no cumplen con los parámetros mencionados precedentemente, toda vez que resulta los hechos indubitados, el período por el que se han extendido, las licencias médicas no han sido expeditas por médico psiquiátrico, y no acredita asistencia regular a terapia psicológica ni intervenciones psicosociales durante toda la extensión de su reposo.

Añade que, del análisis de los antecedentes médicos y administrativos acompañados, esta Superintendencia concluye que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas emitidas por diagnóstico psiquiátrico, carece de justificación clínica suficiente, toda vez que los antecedentes no acreditan incapacidad laboral temporal más allá de los 99 días de reposo previamente autorizados por la misma patología, estimándose dicho período como razonable y suficiente para la resolución del cuadro clínico y el eventual reintegro laboral, afirmando que los informes médicos acompañados no describen sintomatología de gravedad, ni compromiso funcional objetivable que permita sustentar la mantención del reposo, ni se evidencian ajustes terapéuticos proporcionales o farmacológicos efectuados a la extensión del reposo. Asimismo, no consta evaluación por psiquiatra adulto durante la mayor parte del reposo, ni se acredita la realización de psicoterapia, no detallándose la frecuencia efectiva ni las fechas de sesiones realizadas durante el periodo en análisis, elemento terapéutico central en el manejo de los trastornos de adaptación. Del mismo modo, no consta derivación a dispositivos de mayor complejidad, ni la implementación de un plan de manejo estructurado orientado al reintegro laboral, pese a tratarse de un cuadro extenso que, conforme a la evidencia clínica disponible, exigiría un abordaje especializado y multidisciplinario.

Considera que atendida la ausencia de fundamentos clínicos objetivos que respalden su prolongación, se concluye que el reposo prescrito no se encuentra médicamente justificado, resultando procedente mantener el rechazo de la licencia médica reclamada, conforme a lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, y en el D.S. N° 7, de 2013, ambos del Ministerio de Salud, estimando que con los documentos acompañados al reclamo se acredita que las decisiones objetadas se ajustan al Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales, Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la Emisión de Licencias Médicas, según el tipo de patología y duración de reposo laboral, motivo por el cual procede descartar la arbitrariedad en las conductas cuestionadas lo que permite concluir, asimismo, que su representada, en cuanto organismo técnico en la materia, actuaron en el marco de sus atribuciones legales y con estricto apego a los criterios médicos de orden general, previamente definidos Agrega que los documentos acompañados al reclamo acreditan que las decisiones impugnadas se ajustan al Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales, relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas según la patología y la duración del reposo, por lo que resulta improcedente imputar arbitrariedad, pues la resolución se dictó dentro de las competencias del organismo técnico y con estricto apego a los criterios médicos y jurídicos que regulan la materia.

Expone que lo resuelto por esta Superintendencia se encuentra en plena correspondencia con el concepto de temporalidad que define la naturaleza de la licencia médica, conforme lo dispone el artículo 1° del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional. Dicho precepto establece que: “Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda, o por la Institución de Salud Previsional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

De la norma transcrita se desprende que la licencia médica constituye un beneficio de carácter temporal, circunscrito a un período determinado de incapacidad laboral debidamente acreditada, lo que impide extenderla de manera indefinida o sin sustento clínico suficiente, en el caso de autos, la prolongación del reposo por sobre los límites normativos, sin la intervención de especialista competente, sin informe de refractariedad ni evidencia de tratamiento integral, vulnera directamente la finalidad de temporalidad que caracteriza a este beneficio, confirmando la improcedencia de las licencias reclamadas, estimando que la actuación desarrollada por esta Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que determinan sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 469-2025 de fecha 6 de marzo de 2025.

Sostiene que en cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, garantizado a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud, indicando que la única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de la reclamación que presentó impugnando la resolución de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), precisa que su representada ha aplicado los mismos criterios técnicos y jurídicos que se utilizan para resolver todos los casos análogos, basándose en antecedentes médicos y administrativos evaluados por profesionales competentes y conforme al procedimiento reglado previsto en el D.S. N° 3/1984 del Ministerio de Salud, por lo que no existe trato desigual ni discriminatorio, sino la aplicación objetiva y uniforme de la normativa vigente, lo que condujo a concluir que el reposo prescrito en las licencias médicas objeto del recurso carecía de justificación clínica suficiente.

Hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado. 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

Afirma que conforme lo expuesto, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, una rechazada sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos, señalando que si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, conclusión que califica como inaceptable, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 557-2015, en fallo de fecha 7 de abril de 2025.

Manifiesta que el procedimiento empleado y la decisión pronunciada, han sido emitidas en la oportunidad y con la justificación pertinente, por su representada, autoridad llamada por la ley para hacerlo, sin que le competa a la jurisdicción, en tal caso, revisar sus fundamentos técnicos, en sede extraordinaria y meramente cautelar, razones suficientes para concluir la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso, lo que conduciría necesariamente a desestimar la acción interpuesta por la recurrente, solicitando finalmente que en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, se tenga por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el nombre reservado ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, en la especie, el acto recurrido consiste en las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Subcomisión Cautín, mediante las cuales se rechazaron cuatro licencias médicas otorgadas a la recurrente entre los meses de septiembre y noviembre de 2024, por diagnóstico de episodio depresivo moderado, así como las decisiones que desestimaron los recursos administrativos interpuestos en su contra, confirmando dicho rechazo.

La recurrente afirma que tales actuaciones son ilegales y arbitrarias, por carecer de una debida fundamentación y haberse adoptado sin la realización de un peritaje médico especializado que permita desvirtuar el diagnóstico de su médico tratante, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho a la integridad física y psíquica y a la igualdad ante la ley, al desconocer su real estado de salud y privarla injustificadamente del acceso al subsidio por incapacidad laboral correspondiente.

CUARTO: Que, en primer lugar, la recurrida afirma que las materias objeto del recurso incoado pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, se encuentran excluidas del ámbito de la acción de protección. En este punto, cabe recordar que lo pretendido por la actora es el pago del subsidio por incapacidad laboral que indica, el cual ha sido negado por la recurrida y respecto del cual se afirma que lo fue de manera ilegal y arbitraria. Así las cosas, la recurrente ha imputado a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de un acto ilegal y arbitrario que afectaría las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Carta Fundamental, materias que, por imperativo del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, es precisamente objeto de la presente acción constitucional. Conforme a lo anterior, esta alegación será rechazada.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo y sobre la materia reclamada se debe tener en consideración que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

SEXTO: Que, a su vez, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”. Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

De esta forma, conforme a las disposiciones transcritas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

SÉPTIMO: Que, en el caso en cuestión, de los antecedentes acompañados aparece que los organismos recurridos han actuado dentro de la esfera de sus competencias legales, evaluando los antecedentes médicos y administrativos conforme a la normativa vigente, concluyendo que el reposo prescrito no se encontraba suficientemente justificado, atendida la ausencia de elementos clínicos que acreditaran una incapacidad laboral prolongada, la falta de evaluación por especialista en psiquiatría y la inexistencia de un tratamiento integral que sustentara la extensión del reposo.

OCTAVO: Que, en relación con las garantías constitucionales invocadas, cabe señalar que en relación a la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la recurrente, de los antecedentes expuestos se desprende que la Superintendencia recurrida se ha limitado a ejercer las facultades que expresamente le confiere la ley, circunscribiendo su actuación al conocimiento y resolución de la reclamación deducida por la recurrente en contra de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que rechazó sus licencias médicas.

En tal contexto, no es posible atribuirle la generación de las afecciones de salud que aquejan a la actora, ni tampoco la privación o perturbación de su acceso a prestaciones médicas, desde que resulta incuestionable que ésta ha podido consultar a su médico tratante y someterse a los tratamientos indicados conforme a la cobertura de salud correspondiente, sin que exista antecedente alguno que dé cuenta de una intervención u obstaculización por parte de la autoridad administrativa en dicho ámbito. Por consiguiente, no se verifica en la especie un acto u omisión ilegal o arbitrario que haya comprometido de manera real y efectiva la garantía constitucional invocada.

Ahora bien, en cuanto a la alegación sobre vulneración a la igualdad ante la Ley, tampoco puede prosperar, desde que la autoridad recurrida ha aplicado criterios técnicos y jurídicos uniformes, conforme al procedimiento reglado establecido en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, resolviendo sobre la base de antecedentes médicos y administrativos evaluados por profesionales competentes, sin que se advierta un trato arbitrario o discriminatorio respecto de la recurrente.

NOVENO: Que, en estas condiciones, no se advierte la existencia de un derecho indubitado de la recurrente a la autorización de las licencias médicas cuya denegación impugna, toda vez que su procedencia ha sido objeto de un proceso de evaluación técnica por parte de los organismos competentes.

Asimismo, se estima que no se configura en la especie un acto ilegal o arbitrario, desde que las decisiones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en antecedentes técnicos y en la normativa aplicable, sin que se advierta un actuar caprichoso o carente de razonabilidad por parte de los recurridos, por lo que no habiéndose acreditado la existencia de una vulneración de las garantías constitucionales invocadas, el nombre reservado no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en los artículos 19 Números 1, 18, 24 y 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley N.º 16.395; en la Ley N.º 19.880; en el Decreto Supremo N.º 3, de 1984, del Ministerio de Salud, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción.

II.-Que SE RECHAZA, sin costas, el nombre reservado interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) SUBCOMISIÓN CAUTÍN.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción de Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán.

N° Protección-1625-2025. (cwm)