nombre reservado con FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

C.A. de Temuco Temuco, catorce de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, conductor mecánico, con domicilio en la comuna de Purén, quien interpone recurso de protección en contra de la MUTUAL CHILE DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN y de FONASA.

Expone que, desde noviembre de 2021, se desempeña en la ciudad de Calama para una empresa dedicada al rubro de la venta y traslado de áridos, como conductor mecánico, con jornada bisemanal, contexto en el cual, el 15 de diciembre de 2021, mientras se dirigía a su domicilio, llegando a la ciudad de Angol, al descender del bus, fue impactado violentamente por un vehículo que le provocó graves lesiones, fracturando su pierna derecha y golpeando fuertemente su cabeza, persistiendo a la fecha efectos de aquel accidente, los que se centran en la pérdida de memoria, lo que dice constituye un accidente laboral.

Que, desde entonces, comienzan sus dificultades, estuvo hospitalizado y sometido a tratamiento, en la que de forma arbitraria la Mutual de Seguridad CChc a la que se encuentra afiliada su empresa, ordena su alta médica y comienza a rechazar sus licencias médicas, pese a que no se encontraba en condiciones de volver a trabajar dadas las secuelas originadas por el accidente de trayecto.

Así, refiere, se le han rechazado sistemáticamente cinco licencias médicas de forma consecutiva, desde el 11 de noviembre de 2023, hasta la actualidad, en el que se fundamenta por la COMPIN que su enfermedad no sería de carácter común, sino producto de una enfermedad por un accidente del trabajo, ante lo cual COMPIN le señala que la recuperación debe ser de cargo de la Mutual recurrida, lo que agudiza su situación, ya que tanto FONASA, la COMPIN y la Mutual de Seguridad de la CChC, no se hacen responsable de su situación debiendo hacerlo, pues no está en duda su diagnóstico ni como se produjo el accidente, pero no quieren asumir y responder por su condición precaria de salud en la que se encuentra actualmente y de la que no se puede recuperar.

Destaca que su empleador realizó la respectiva declaración de accidente del trabajo.

Califica el actuar de las recurridas de ilegal y arbitrario, constitutivo de autotutela, pues aparece de manifiesto que su intención es negligente y poco seria, se observa que no estudian a cabalidad el estado de salud y su incapacidad para llevar a cabo una actividad laboral.

Que, en ese contexto, le han sido rechazadas cada una de las licencias y, pese a apelarlas, se mantiene tal decisión, más aún dice no se entiende la discrepancia en el sentido que el tipo de licencia, se establece como accidente común, cuando fue un accidente de traslado y en la resolución de rechazo indica que la enfermedad, de conformidad a la Ley N° 16.744 se encuadra dentro de las que corresponde a la Mutualidad, no obstante, haberse dado de alta por dicha institución.

Cita el Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, que en sus artículos 2 y 4 numeral 3°, consagran la seguridad en el trabajo, el apoyo en los accidentes laborales y de seguridad social.

Pide, se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida la revisión de todas las licencias rechazadas y que sea reincorporado a la Mutual de Seguridad de la CChC, toda vez que posee serios problemas a consecuencia del accidente, los que le impiden desarrollar una actividad remunerada lo que le ha acarreado un grave perjuicio económico.

Acompañó contrato de trabajo y anexos, certificado de alta laboral de 25 de agosto de 2022, informe neuropsicológico, informes traumatológicos realizados con fecha 17 de julio de 2023 y el 13 de febrero de 2024, epicrisis de atención ambulatoria realizada por la Mutual de Seguridad el 3 de febrero de 2022 y certificado de la Superintendencia de Pensiones de 28 de abril de 2023.

A folio 5, comparece Diego Montero Quezada, abogado en representación del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) y evacúa informe al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Aclara que es de competencia de la COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no a FONASA, así se desprende de los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984 del Ministerio de Salud, al prescribir que es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas y no a FONASA.

Agrega que ni la Ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN y las ISAPRES, menciona a FONASA como organismo tramitador, ni autorizados de licencias médicas.

En cuanto al pago de los subsidios, sostiene que compete a las propias COMPI –función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud- o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, según sea el caso que el trabajador esté o no afiliado a esta últimas.

Destaca que la función de FONASA en la materia se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas curativo común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.

En cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad alegada por la recurrente, precisa que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma su representada habría incurrido en una pretendida ilegalidad o arbitrariedad, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de la licencia.

Precisa que FONASA no está facultada para fiscalizar sobre el uso, origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los subsidios por incapacidad laboral, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO, sin que se advierta de qué forma FONASA habría conculcado y/o infringido garantías constitucionales del recurrente, lo que hace concluir que, en la especie, no se configura acción u omisión, arbitrario o ilegal alguna por parte del Fondo Nacional de Salud.

A folio 8, comparece Roberto Torres Rebolledo, abogado, en representación de la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, administradora del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744, quien evacúa informe al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

Como cuestión previa, solicita se declare la improcedencia del recurso desde que su fundamento se basa únicamente en una supuesta afectación al derecho a la seguridad social, en donde lo que se pretende es que por vía de este recurso se revise el actuar de su representada y de la Superintendencia de Seguridad Social en cuanto a la calificación de su patología, lo que encuadra dentro del referido derecho, el cual no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, razón por la cual resulta improcedente.

No obstante, sostiene que el recurso igualmente debe rechazarse debido a que su ejercicio lo ha sido en forma extemporánea, precisando para ello, que en lo que respecta a su actuar, debe referirse las instancias de calificación, que es de 3 de julio de 2023, que califica el reingreso del recurrente como común y la Resolución Exenta N° R-01-UME-47945-2023 de la Superintendencia de Seguridad Social que confirma lo obrado por su parte, el 11 de abril de 2023.

Luego, agrega, tal como consta en el expediente virtual, el recurrente interpuso el recurso como consecuencia del rechazo de licencias médicas de origen común el 27 de marzo de 2024, es decir, aproximadamente once meses desde que el Sr. nombre reservado tuvo conocimiento de la situación por la cual recurre en contra de su representada, de manera tal que el recurso debe rechazarse al haber sido interpuesto más allá del plazo de 30 días corridos desde la ejecución del acto, como lo regula el respectivo Auto Acordado.

En cuanto al fondo, reconoce que el recurrente ingresó a la Mutual el 22 de diciembre de 2021, en virtud de un accidente de trayecto hacia su domicilio, consistente en un atropello de vehículo menor, ocurrido el 21 de diciembre de 2021, estableciéndose que presentaba una factura de tibia/peroné y otras heridas relacionadas con el accidente. Se indicó hospitalización, dictándose Resolución de Calificación N° 4634005, que otorga las prestaciones del seguro como un accidente de trayecto.

Que el 23 de diciembre de 2021 fue objeto de intervención recibiendo el alta hospitalaria el 27 de diciembre de 2021, con evolución favorable en condiciones de continuar tratamiento de manera ambulatoria.

Luego, sostiene, sufre el recurrente un accidente doméstico, reingresando por dolor en pierna derecha; el 26 de mayo de 2022 en control de kinesioterapia, se da cuenta que el paciente está caminando sin bastones, completando función rodilla y tobillo, exámenes muestras consolidación de la operación y se planifica el retiro de los tornillos de bloqueo distales por molestia del paciente, lo que se realiza el 29 de junio de 2022, siendo dado de alta el 30 de junio de 2022; el 9 de septiembre de 2022 se presentó sin molestias, realizando su vida de forma habitual.

En tal contexto, expone que el 28 de junio de 2023, a un año y medio del accidente, el trabajador reingresa refiriendo dolor de rodilla derecha, hombro derecho y problemas de amnesia, siendo diagnosticado de una tendinopatía del manguito rotador, sin la existencia de compatibilidad entre el mecanismo de ingreso y el cuadro clínico, siendo éste de origen común, ya que respecto del cuadro por el cual ingresó, fue suficientemente tratado, habiendo sido otorgadas todas las prestaciones de la ley.

Señala que por ello se le derivó a continuar tratamiento a su organismo previsional común, en virtud del procedimiento establecido en el artículo 77 de la Ley N° 16.744, siendo confirmada dicha decisión por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-47945-2023, de fecha 11 de abril de 2023.

Por lo expuesto, afirma, su representada no ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente, ya que toda la actuación al respecto se encuentra regulada y fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social, institución que debe calificar en ultima instancia respecto de la procedencia de estas prestaciones, lo que en la especie ha ocurrido, solicitando el rechazo del libelo a su respecto.

Acompañó informe médico, historia clínica, resoluciones de calificación 46434005 y 5210206, derivación del artículo 77 bis del Código del Trabajo y Resolución Exenta R-01-UME-47945-2023, de fecha 11 de abril de 2023, de la Superintendencia de Seguridad Social.

A folio 11, siendo indispensable para la resolución del asunto, se ordena evacuar informe a la COMPIN.

A folio 15, evacúa su informe el SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía, en representación de la COMPIN, don nombre reservado, quien explica que, de acuerdo a lo observado en sistema informático de FONADA, las licencias medicas rechazadas, corresponden a los folios N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado Y RUT reservado, con la causal de “pertenece a organismo administrador Ley N° 16.744, por lo que corresponde a COMPIN Regional de Atacama, la tramitación de dichas licencias”, haciendo presente que la COMPIN Regional Araucanía no cuenta con los antecedentes clínicos y administrativos tenidos a la vista al momento del pronunciamiento de las licencias reclamadas.

A folio 17, se ordena requerir informe a la COMPIN Regional Atacama.

A folio 36, comparece la Jefa del Departamento COMPIN, de la SEREMI de Salud de Atacama, doña María Cristina Menafra Prieto, quien, en cumplimiento de lo ordenado, indica que las licencias médicas han sido rechazadas por corresponder a consecuencia de un accidente de trayecto correspondiendo al organismo administrador de la Ley N° 16.744 (Mutual de Seguridad CCHC) entregar el reposo y las prestaciones médicas y económicas que correspondan.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

SEGUNDO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, alegada por la Mutual, esta será rechazada, toda vez que el hecho recurrido, tiene la calidad de permanente, razón por la cual el presente recurso fue presentado dentro de plazo.

TERCERO: Que, respecto a la alegación de improcedencia opuesta por la Mutual, por tratarse este asunto de materias que pertenecen al campo de la seguridad social y que, por ende, están excluidas del ámbito del recurso de protección, cabe recordar que lo pretendido por la recurrente, es el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las diversas licencias médicas que no fueron autorizadas, decisiones que el recurrente considera ilegales y arbitrarias y que vulneran los derechos constitucionales que menciona en su libelo y que, por cierto, es una garantía distinta de aquella contemplada en el N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, circunstancia que es suficiente para rechazar la alegación formulada.

CUARTO: Que, para resolver el fondo del presente arbitrio, se tendrá presente, únicamente, que de acuerdo a los antecedentes agregados a estos autos, se concluye que las licencias médicas que han sido rechazadas tienen su origen en un accidente de trayecto, esto es, son consecuencia de una enfermedad profesional.

QUINTO: Que, así las cosas, corresponde al órgano administrador de la Ley N°16.744, en este caso, la recurrida Mutual Chile de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, brindar el reposo y las prestaciones médicas y económicas que sean procedentes.

SEXTO: Que, no obstante que el recurrente no se encuentra en condiciones de volver a trabajar, a consecuencia de las secuelas del accidente, la referida Mutual ordenó su alta y rechazó injustificadamente sus licencias médicas, lo que a juicio de esta Corte constituye un acto arbitrario e ilegal, que vulnera las normas de la Ley 16.744, del Convenio N°187 de la Organización Internacional del Trabajo y, en lo pertinente, el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, razones por las que se acogerá el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I.- Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia deducida por la Mutual.

II.- Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la MUTUAL CHILE DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN y de FONASA, debiendo dicha Mutual reincorporar al recurrente para entregarle el reposo y prestaciones médicas y económicas que correspondan, hasta su completa recuperación.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo por el abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

N°Protección-1619-2024 (pvb).