nombre reservado con nombre reservado

C.A. nombre reservado.

nombre reservado, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparecen los abogados David Alejandro Leal Alarcón, cédula nacional de identidad número RUT reservado, y nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en favor de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de La Araucanía, en contra del nombre reservado, nombre reservado, RUT RUT reservado, y del Obispo de la nombre reservado, nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, Región de La Araucanía.

Refiere que el recurrente ingresó al Seminario Mayor “San Fidel” de nombre reservado de la Mariquina en marzo de 1982, egresando en diciembre de 1987, señalando que durante febrero y marzo de 1988 realiza práctica pastoral en la parroquia “San Luis Gonzaga” de Collipulli junto al Pbro. nombre reservado, administrador parroquial, posteriormente, entre abril y octubre de 1988, continúa su práctica pastoral en la Parroquia “San Judas Tadeo” de Ercilla junto al mismo sacerdote, añadiendo que con fecha 03 de julio de 1988 es ordenado diácono en la Parroquia “Inmaculada Concepción” de Angol por Monseñor nombre reservado, Obispo nombre reservado, en octubre del mismo año es trasladado a la Parroquia “San Pedro” de Curacautín para colaborar como diácono transitorio.

Expone que con fecha 31 de marzo de 1989 es ordenado presbítero en la Iglesia Catedral nombre reservado por Monseñor nombre reservado, siendo nombrado vicario parroquial de Curacautín, indicando que posteriormente, en enero de 1991, es designado párroco de la Parroquia “San Judas Tadeo” de Ercilla y capellán de las Hermanas Franciscanas y del Colegio “San Judas Tadeo” de Ercilla, señalando que entre agosto de 1993 y julio de 1995 realiza estudios en Roma, residiendo en el Colegio Pío Latino Americano y obteniendo el grado de Licenciado en Teología con especialidad en Teología Espiritual en el “Teresianum” de Roma.

Relata que desde agosto de 1995 hasta marzo de 2003 se desempeña como párroco de la Parroquia “San Pedro” de Curacautín, alternando dicha labor con colaboración periódica en el Seminario Mayor “San Fidel” de nombre reservado de la Mariquina, indicando que entre marzo de 1996 y febrero de 2005 presta servicios como profesor, director espiritual y miembro del equipo formador del Seminario, añadiendo que entre marzo de 2003 y febrero de 2005 es nombrado representante del Obispo ante el Seminario Mayor “San Fidel”, encargado de la pastoral vocacional y miembro del equipo formador, indicando que desde marzo de 2005 a marzo de 2010 se desempeña como párroco de la Parroquia “La Anunciación del Señor” nombre reservado y capellán de diversas comunidades religiosas y establecimientos educacionales, y asimismo, entre marzo de 2005 y julio de 2010 es director de la Escuela del Diaconado Permanente de la Diócesis de Temuco.

Agrega que entre marzo de 2006 y diciembre de 2010 ejerce como Capellán “ad honorem” de la IX Zona de Carabineros y profesor del Grupo de Formación de Carabineros nombre reservado, posteriormente, entre marzo de 2010 y abril de 2013 es párroco de la Parroquia “Sagrado Corazón” de Lautaro. Luego, entre junio de 2013 y marzo de 2015 desempeña funciones pastorales en la Parroquia “San Miguel” de Nueva Imperial, señalando que desde marzo a octubre de 2015 ejerce como vicario parroquial de la Parroquia “Perpetuo Socorro” nombre reservado y capellán del Hospital Regional de Temuco. Desde octubre de 2015 reside en domicilio reservado, nombre reservado, por disposición de Mons. nombre reservado, y asimismo, entre marzo de 2015 y junio de 2018 es capellán de distintas comunidades religiosas nombre reservado, indicando que durante su trayectoria también se desempeña como Decano del Decanato de Victoria, miembro del Consejo de Presbiterio, del Colegio de Consultores, del Consejo de Gobierno y del Consejo de Órdenes. En suma, el recurrente entrega 36 años de vida sacerdotal y trabajo pastoral a la nombre reservado.

En cuanto a los hechos por los que se recurre, señala que a fines de marzo de 2025, el recurrente es notificado de su dimisión del estado clerical mediante rescripto del Dicasterio para el Clero, indicando que la autoridad eclesiástica fundamenta dicha decisión en la supuesta existencia de delitos prescritos y en la abundancia de rumores o noticias indirectas sobre tales hechos, indicando el consiguiente escándalo de los fieles, sin perjuicio de ello, el recurrente hace presente que por los mismos hechos existió anteriormente una acusación que concluyó declarando prescritos los hechos denunciados, cuestión ya resuelta administrativamente, señalando que nunca ha sido objeto de reproche penal alguno por la justicia ordinaria y no registra antecedentes penales.

Sostiene que la presente acción de protección tiene su origen en la vulneración del derecho de propiedad del recurrente, toda vez que durante sus 36 años de vida sacerdotal acumuló fondos previsionales administrados por “Mutual Pax”, mutualidad creada para atender las necesidades previsionales de los sacerdotes diocesanos en Chile, indicando que al tomar conocimiento de su expulsión del estado clerical, el recurrente se comunica mediante correo electrónico con “Mutual Pax” para consultar por el estado de sus fondos previsionales y de salud, señalando que en dicha comunicación expone su situación de vulnerabilidad económica, indicando que tiene 61 años, no posee vivienda propia, no cuenta con trabajo ni redes familiares de apoyo.

Refiere que con fecha 06 de agosto de 2025, “Mutual Pax” responde indicando que los fondos aportados por el nombre reservado al Fondo de Pensión Solidario son pagados anualmente hasta los 75 años del sacerdote y que, una vez retirado del listado del nombre reservado, los fondos son liquidados y transferidos al nombre reservado, asimismo, informa que la exclusión del listado implica la pérdida inmediata de los beneficios de salud otorgados por la mutualidad.

Expone que, ante ello, el recurrente solicitó reiteradamente al nombre reservado una respuesta concreta respecto del destino de los fondos acumulados durante sus 36 años de ministerio, indicando que con fecha 03 de octubre de 2025 remite correo electrónico a Mons. nombre reservado reiterando su situación de indigencia y solicitando acceder a los fondos acumulados, invocando incluso el canon 1350 párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, sin obtener respuesta, reitera su solicitud el 03 de noviembre y posteriormente el 04 de diciembre de 2025, exponiendo nuevamente su precaria situación económica, su imposibilidad de acceder a subsidios habitacionales y las dificultades para sostenerse económicamente trabajando como conductor de Uber, sin embargo, el recurrido no entrega respuesta favorable ni desfavorable a las solicitudes formuladas, solo se concreta una reunión privada el día 06 de diciembre de 2025 en la ciudad nombre reservado, ocasión en que tampoco se otorga claridad respecto del destino de los fondos que “Mutual Pax” señala serán entregados al nombre reservado.

Detalla que el recurrente es actualmente una persona adulta mayor que ha dedicado gran parte de su vida al sacerdocio y a la labor pastoral, careciendo de herramientas efectivas para reinsertarse laboralmente en condiciones dignas, haciendo presente que el nombre reservado aporta aproximadamente 40 UF anuales por sacerdote, lo que permite concluir que el fondo previsional acumulado durante 36 años constituye una suma cuantiosa y esencial para la mantención de una vejez digna.

Afirma que el acto arbitrario denunciado consiste en la respuesta otorgada por “Mutual Pax” y en el silencio mantenido por el recurrido respecto de la devolución de los fondos aportados por el recurrente durante sus años de ministerio sacerdotal, indicando que la omisión de respuesta constituye un actuar arbitrario por implicar un flagrante desconocimiento del derecho de dominio sobre los ahorros previsionales del recurrente, señalando que dicha conducta carece de razonabilidad y fundamento suficiente, vulnerando garantías constitucionales esenciales.

Manifiesta que la omisión arbitraria respecto de las reiteradas solicitudes efectuadas por el recurrente vulnera en grado de privación el derecho fundamental de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, señalando que los recursos contenidos en “Mutual Pax” provienen de aportes efectuados durante 36 años de ministerio sacerdotal y constituyen patrimonio del recurrente, indicando que la negativa u omisión de entregar dichos recursos desconoce las facultades esenciales del dominio, particularmente las facultades de usar, gozar y disponer, afirmando que el régimen previsional establecido en el Decreto Ley N° 3.500 reconoce la propiedad individual sobre los fondos previsionales, criterio respaldado por doctrina, jurisprudencia y pronunciamientos del Tribunal Constitucional, citándose expresamente la STC Rol 3058.

Argumenta que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad y protege tanto el bien sobre el cual recae como los atributos y facultades esenciales del dominio, señalando que en el presente caso, aun cuando formalmente se reconoce la existencia de los fondos previsionales, se niega al recurrente el ejercicio de las facultades esenciales del dominio, esto es, usar, gozar y disponer de dichos recursos, indicando que la doctrina constitucional y civil reconoce que las facultades esenciales del dominio son usar, gozar y disponer, facultades que no pueden ser desconocidas sin afectar la esencia misma del derecho de propiedad, señalando que la conducta del recurrido impide al recurrente ejercer dichas facultades respecto de sus ahorros previsionales, privándolo de disponer libremente de recursos destinados a asegurar una vejez digna.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesta la presente acción de protección en contra del acto arbitrario constituido por la omisión a la solicitud de retirar los ahorros para la pensión, admitirla a tramitación, y acogerla en definitiva en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, declarando que se ha vulnerado el derecho de propiedad en los términos expuestos en el presente recurso y ordenar: 1.- la entrega, en el más breve plazo, de los ahorros por concepto de ahorros para la pensión. 2.-Se condene en costas a la recurrida.

A folio 16, comparece el abogado Manuel Espinoza Torres, en representación del nombre reservado-nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado nombre reservado, quien evacúa informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Expone, en primer término, acerca de la naturaleza y límites del recurso de protección, señalando que la acción contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar, urgente y de carácter excepcional, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten garantías constitucionales indubitadas, indicando que la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que esta acción no constituye una vía idónea para declarar derechos, resolver controversias contractuales ni determinar titularidades patrimoniales controvertidas, materias que requieren un procedimiento de lato conocimiento con rendición de prueba y contradictorio pleno, añadiendo que, en la especie, el recurrente pretende que la Corte declare la existencia de un derecho de propiedad sobre supuestos fondos previsionales, cuestión controvertida que exige interpretar reglamentos internos, normas canónicas y principios de derecho civil, excediendo el ámbito propio de esta acción constitucional.

Luego, se refiere a “Mutual Pax”, indicando que se trata de una institución de previsión eclesiástica creada para atender necesidades de salud y vejez de sacerdotes diocesanos de Chile, bajo un régimen eminentemente solidario y redistributivo, señalando que sus fondos no se estructuran sobre la base de cuentas individuales ni generan derechos subjetivos patrimoniales en favor de cada aportante. Explica que, desde la perspectiva del derecho civil, los aportes a un fondo solidario ingresan a un patrimonio común de afectación especial, perdiendo individualización, y que, conforme al artículo 582 del Código Civil, el dominio supone la existencia de bienes determinados susceptibles de uso, goce y disposición exclusiva, elementos que no concurren en un fondo solidario, añadiendo que la doctrina nacional ha sostenido uniformemente que los patrimonios colectivos no generan derechos reales individuales.

Sostiene que la naturaleza jurídica de “Mutual Pax” resulta funcionalmente asimilable a sistemas solidarios estatales, como el Fondo Nacional de Salud (FONASA), en los cuales las cotizaciones obligatorias no generan derecho de propiedad ni facultad de restitución, sino únicamente un derecho eventual a prestaciones sujeto al cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, añadiendo que la jurisprudencia ha establecido que no existe derecho de dominio sobre cotizaciones incorporadas a sistemas solidarios o de reparto, por destinarse estas a satisfacer necesidades colectivas y no a conformar un patrimonio individualizable.

Posteriormente, afirma la absoluta inaplicabilidad del régimen contemplado en el Decreto Ley N° 3.500, señalando que el recurrente funda improcedentemente su pretensión en una analogía con el sistema de capitalización individual de las AFP, explicando que la esencia de dicho sistema radica precisamente en la existencia de cuentas individuales reconocidas legalmente como propiedad del afiliado, añadiendo que el Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente que el derecho de propiedad sobre fondos previsionales se predica exclusivamente respecto de sistemas de capitalización individual, sin extenderse a regímenes solidarios, por lo que estima inaplicable la jurisprudencia citada por el recurrente.

Desarrolla alegaciones relativas al Derecho Canónico y la autonomía de la Iglesia Católica, indicando que el ordenamiento jurídico chileno reconoce expresamente la personalidad jurídica pública y autonomía normativa de dicha institución, señalando que el el artículo 547 inciso segundo del Código Civil, en relación con la Ley N° 19.638, consagra el respeto estatal a las normas internas de las confesiones religiosas, añadiendo que la Excma. Corte Suprema ha sostenido que los tribunales de justicia carecen de competencia para revisar el mérito, oportunidad o justicia de decisiones adoptadas por autoridades eclesiásticas dentro de su esfera propia de atribuciones. En ese contexto, señala que la dimisión del recurrente del estado clerical fue dispuesta por el Dicasterio para el Clero por causas graves, conforme al Derecho Canónico, produciendo la pérdida de los derechos inherentes al estado clerical, entre ellos el acceso a beneficios destinados exclusivamente a sacerdotes en comunión canónica.

Argumenta acerca del uso efectivo del sistema y del principio de no enriquecimiento sin causa, haciendo presente que, durante más de treinta y seis años, el recurrente hizo uso efectivo del sistema solidario administrado por “Mutual Pax”, accediendo a prestaciones de salud y seguridad social financiadas con cargo al fondo común, señalando que la doctrina civil sostiene que nadie puede pretender la restitución de aportes efectuados a un sistema solidario del cual se ha beneficiado, pues ello configuraría un enriquecimiento sin causa, añadiendo que el artículo 2295 del Código Civil proscribe el enriquecimiento injustificado, principio general del derecho que impide obtener beneficios patrimoniales sin causa jurídica que lo justifique, en desmedro del patrimonio común.

Finalmente, sostiene la inexistencia de acto ilegal o arbitrario por parte del nombre reservado y de “Mutual Pax”, indicando que la negativa a restituir fondos se funda en normas reglamentarias objetivas, de aplicación general, conocidas y aceptadas por todos los sacerdotes, y coherentes con la naturaleza solidaria del sistema, añadiendo que la mera disconformidad del recurrente con el resultado jurídico de su situación personal no transforma una actuación legítima en arbitraria, conforme a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe y rechazar íntegramente el recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas.

A folio 24, comparece nombre reservado, contador auditor, y Juan Eduardo Izquierdo Bacarreza, abogado, ambos en representación, de “Mutual Pax” Chile corporación de derecho privado sin fines de lucro, RUT N° RUT reservado, todos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado. Región Metropolitana, quienes evacúan el informe requerido en autos, señalando en lo pertinentes que Mutual Pax Chile es una corporación de derecho privado sin fines de lucro creada en el mes de Junio de 1968 por la Conferencia Episcopal de Chile, a fin de otorgar prestaciones/subsidios de salud y vejez a los sacerdotes diocesanos de la Iglesia Católica chilena y a los integrantes de algunas congregaciones religiosas cuya incorporación fue aprobada de manera excepcional.

Detalla que la personalidad jurídica de Mutual Pax fue concedida con fecha 30 de enero de 1969 mediante Resolución 270 del Ministerio de Justicia y se encuentra inscrita bajo el número 35926 en el Registro de Personas Jurídicas, señalando que Mutual Pax no es ni participa de la naturaleza de una Mutualidad de Empleadores, de una Administradora de Fondos de Pensiones ni de una Institución de Salud Previsional, señalando que su régimen interno de prestaciones/beneficios no se estructura en torno a cuentas de capitalización individual, sino en torno a Fondos de Reserva colectivos que se financian con cuotas/cotizaciones enteradas/aportadas por las Diócesis – y excepcionalmente por congregaciones religiosas – y que se administran e invierten conforme a una Política aprobada por su Consejo Directivo, indicando que conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 8° de los estatutos de la Mutual, el nombre reservado – nombre reservado reviste la calidad de “asociado activo” de Mutual Pax.

En cuanto a las regulación de los fondos reclamados, sostiene que Mutual Pax integra en su patrimonio y administra un Fondo de Reserva de Pensiones y un Fondo de Reserva de Salud, describiendo que sobre el primero de ellos recae la pretensión del recurrente, aunque uno y otro detentan la misma naturaleza, señalando que el Fondo de Reserva de Pensiones corresponde a un patrimonio colectivo y solidario conformado por aportes anuales que realizan las Diócesis en tanto asociados activos de Mutual Pax, que permiten el otorgamiento – de forma directa o indirecta – de prestaciones de vejez a los sacerdotes beneficiarios desde que éstos cumplen 70 años de edad.

Añade que los aportes de las Diócesis al Fondo de Reserva de Pensiones, se determinan en función de cálculos actuariales, que considera variables tales como edad y cantidad de sacerdotes activos y pasivos, la tabla de mortalidad, la tasa de interés de descuento, etcétera, y del número de sacerdotes diocesanos incardinados o con encargo pastoral en cada una aquellas en el año de que se trate. De consiguiente y en referencia directa a las alegaciones que al respecto esgrime el recurrente, no existen aportes de los sacerdotes diocesanos al Fondo de Reserva de Pensiones ni menos un derecho de propiedad de aquellos sobre montos individualizables o cuentas individuales asociadas, sino que fondos comunes de afectación aportados por las Diócesis cuya administración se encuentra entregada a Mutual Pax Chile.

En torno a la factibilidad de que fondos reclamados puedan ser restituidos al recurrente, afirman que no es factible lo anterior, ni Mutual Pax se encuentra habilitada para restituir los fondos reclamados al Recurrente, pues éste último no contribuyó de forma alguna a su formación; muy por el contrario, el aportante y propietario de dichos fondos, en tanto no se cumplan los presupuestos que permiten su aplicación al otorgamiento de beneficios, es el nombre reservado.

Hace presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los estatutos de Mutual Pax, como consecuencia de la dimisión de su estado clerical, el Recurrente perdió la calidad de beneficiario de aquella y de conformidad con lo dispuesto en el literal A.5. del Reglamento de Mutual Pax, verificado el retiro de un sacerdote, los aportes rescatados deben transferirse al nombre reservado, por lo que no existe posibilidad factual ni justificación legal ni vía estatutaria ni reglamentaria que permita a Mutual Pax restituir directamente al recurrente —ni a ningún exsacerdote— fondos del Plan de Pensiones, por la sencilla razón de que ellos nunca han sido de su titularidad, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe y tengan presentes las consideraciones expuestas al momento de resolver el Recurso de Protección.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que el acto que se denuncia como arbitrario consiste, por una parte, en la negativa o falta de respuesta del nombre reservado respecto de la solicitud de restitución de fondos, y, por otra, en la supuesta decisión de no reconocer el dominio del recurrente sobre dichos recursos.

Cuarto: Que, en la especie, la controversia planteada por el recurrente dice relación con la supuesta titularidad de derechos patrimoniales respecto de fondos administrados por la entidad denominada “Mutual Pax”, sistema previsional de carácter eclesiástico respecto del cual las partes sostienen interpretaciones jurídicas divergentes en cuanto a su naturaleza, funcionamiento y régimen aplicable.

En efecto, mientras la recurrente sostiene que tales fondos tendrían naturaleza previsional asimilable al sistema de capitalización individual regulado por el Decreto Ley N°3.500, los recurridos afirman que se trata de un sistema solidario y redistributivo, carente de cuentas individuales y respecto del cual no existe derecho de dominio individualizable sobre aportes determinados.

Quinto: Que, precisamente, la determinación acerca de si existe o no un derecho de propiedad individual sobre tales fondos supone la interpretación de normas civiles, reglamentarias e incluso canónicas, lo que excede el ámbito de cognición propio del recurso de protección, toda vez que la pretensión deducida exige necesariamente determinar la naturaleza jurídica de “Mutual Pax”, establecer si los aportes efectuados durante el ejercicio del ministerio sacerdotal generan o no derechos subjetivos patrimoniales exigibles individualmente y resolver, además, el alcance de los reglamentos internos y normas canónicas aplicables al caso concreto, materias todas que exceden manifiestamente el ámbito cautelar y sumarísimo del recurso de protección.

Que, conforme con lo expresado, la jurisprudencia ha sido consistente en señalar que no procede esta acción cuando el derecho invocado es discutido o requiere prueba, debiendo ventilarse en un procedimiento declarativo.

Sexto: Que, en consecuencia, la existencia del derecho de propiedad cuya tutela se solicita no aparece revestida del carácter de indubitada que exige esta acción constitucional, desde que su reconocimiento requiere un pronunciamiento declarativo previo susceptible únicamente de ser obtenido en un procedimiento de lato conocimiento, con adecuada rendición de prueba y pleno contradictorio entre las partes.

Séptimo: Que la circunstancia de que la parte recurrida no haya accedido o no haya otorgado una respuesta satisfactoria a las solicitudes del recurrente no constituye por sí misma un acto arbitrario en los términos del artículo 20 de la Constitución, especialmente cuando existe una justificación fundada en la normativa propia del sistema en cuestión.

Octavo: Que, en cuanto a la autonomía de las organizaciones religiosas, debe considerarse que el conflicto se inserta en el ámbito de una organización religiosa, cuyo ordenamiento interno y funcionamiento goza de reconocimiento jurídico y autonomía, lo que limita la intervención jurisdiccional en materias propias de su organización interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 547 inciso segundo del Código Civil y en la Ley N°19.638.

Noveno: Que, en consecuencia, no se verifica en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte de manera indubitada la garantía de propiedad del recurrente, desde que la cuestión debatida dice relación con la determinación misma del derecho invocado, lo que impide su tutela por esta vía cautelar.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, se debe señalar que el recurso ha sido dirigido exclusivamente en contra del nombre reservado y de su Obispo diocesano, y no en contra de la entidad que administra los fondos respecto de los cuales se formula la reclamación constitucional.

En efecto, de los antecedentes acompañados no aparece que los recurridos hayan adoptado decisión alguna acerca de la procedencia o improcedencia de entregar al actor los recursos reclamados, ni que les corresponda la administración material de dichos fondos, cuestión que, según los propios antecedentes de autos, se encuentra radicada en “Mutual Pax”.

Undécimo: Que, en consecuencia, la circunstancia de que el recurrente haya remitido correos electrónicos al nombre reservado solicitando información o ayuda económica no altera la conclusión precedente, toda vez que el objeto de la presente acción no se relaciona con una eventual obligación asistencial o alimentaria derivada del Derecho Canónico, sino con la pretensión concreta de obtener la restitución de recursos que se encontrarían bajo la administración de un tercero distinto del nombre reservado y de su Obispo diocesano, de manera que tampoco se advierte la concurrencia de una actuación ilegal o arbitraria atribuible a los recurridos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se resuelve:

I. Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del nombre reservado, nombre reservado.

II. Que lo anterior es sin perjuicio del derecho del recurrente para ejercer las acciones que estime pertinentes ante los tribunales ordinarios de justicia.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

Rol N° Protección-16-2026 (cwm).