RECURSO DE PROTECCION SEMILLAS GENERACIÓN DOS MIL LIMITADA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.

VISTO:

A folio N°15873-2017 comparece Patricio Mackenna Cortés, abogado, en representación convencional de nombre reservado 2000 LIMITADA, quien interpone recurso de protección en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, representada legalmente por don nombre reservado.

Funda su recurso en que con fecha 21 de marzo pasado, la recurrida publicó una factura emitida el 11 de abril de 2016, e informó como morosa una obligación inexistente que habría contraído para con la empresa Apis Chile Limitada. Dicha factura, jamás fue aceptada y mucho menos incorporada a su contabilidad.

Sostiene que la extensión del servicio que se cobra, jamás se materializó, y que no obstante haber exigido por escrito a la recurrida que omitiese la publicación de la factura en su registro de morosidad, aquélla se negó a hacerlo mediante correo de fecha 6 de abril pasado y continuó infringiendo la ley, manteniendo publicado un documento que a esta fecha tiene prescrita su acción de cobro, circunstancia que por sí sola obliga a la recurrida a abstenerse de seguir publicándola conforme ordena el artículo 18 de la Ley 19.628.

Indica que de la Ley N°19.812 modificó la ley N°19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que en la actualidad sólo se puede comunicar información referida a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, siempre que éstas consten en títulos ejecutivos como letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, entre algunas otras.

No obstante, la recurrida se encuentra actualmente publicando el supuesto incumplimiento de una obligación inexistente contenida en una factura, documento que no se encuentra dentro de los enumerados en el artículo 17 de la Ley N°19.628.

Cita los artículos 4° de la Ley N°19.628 e indica que si bien es cierto que esta misma norma señala que no será necesaria dicha autorización cuando los datos personales “…sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial…, el artículo 17 de la misma ley impone una limitación a esta excepción, al enumerar de manera taxativa aquella información de carácter económico, financiero, bancario o comercial que se puede comunicar.

Asevera que la ley en ninguna parte autoriza a publicar morosidades provenientes de facturas, motivo por el cual, para hacerlo, se requiere la autorización expresa y por escrito del titular tal como exige el artículo 4º de la ley referida.

Sostiene que la jurisprudencia de manera unánime ha declarado que la prescindencia de la autorización a que se refiere el artículo 4°, cuando de antecedentes comerciales o financieros se refiere, es una prescindencia relativa, pues está limitada a los títulos taxativamente enumerados en el artículo 17. La publicación de cualquier otra morosidad proveniente de un título distinto, como es el caso de las facturas, requiere de autorización del titular, la que en este caso no fue otorgada.

Indica que la ilegalidad del acto está dada por publicar una obligación que emana de una factura, esto es, de un documento distinto a aquellos que la ley autoriza a publicar, pese a no contar con la autorización del titular conforme ordena la norma. Agrega que el actuar de la recurrida resulta del todo arbitrario si se considera que pese a haber sido advertida de tratarse de una obligación inexistente, proveniente de una factura que recurrente rechazó y no incorporó a su contabilidad, de todos modos continúa publicándola.

Asevera que la acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales:

1.- Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, esto es, el respeto a la honra de la persona. La afectación de la honra o prestigio comercial en el caso de las personas jurídicas, ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema al pronunciarse sobre Recurso de Protección de similar naturaleza, con fecha 30 de enero de 2013, Rol 8940-2012, al señalar que se “ha vulnerado la garantía establecida en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto la publicación de la morosidad de la recurrente afecta directamente el prestigio comercial de ésta, toda vez que ha causado una lesión a la imagen de la empresa" 2.- Articulo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Tal como reconoce la Excma. Corte Suprema en fallo de fecha 3 de agosto de 2011, recaído en recurso Rol Nº 4058-2011, con el accionar de la recurrida se ve conculcada la garantía establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto la publicación de la morosidad de la recurrente en el boletín de Dicom afecta directamente el prestigio comercial de ésta y con ello la posibilidad de desarrollar su actividad económica sin perturbación alguna. Tal como se desprende del fallo referido, el desprestigio comercial se materializa en un sin fin de consecuencias negativas que impiden el desarrollo de la actividad económica de manera normal. Por de pronto y como es de público conocimiento, aparecer en DICOM restringe el acceso al crédito, cuestión fundamental para el normal funcionamiento de cualquier empresa. Ello sin dejar de mencionar que la mayoría de las personas prefiere no hacer negocios con quien aparece identificado como alguien que no cumple con sus obligaciones.

Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Pide resolver que al publicar la factura en que la recurrente aparece como morosa, la recurrida ha actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales previstas en los Nº 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, ordenándole a la recurrida que se abstenga de continuar publicando la factura Nº 18 emitida por Apis Chile Limitada, por un monto de $6.265.350, con costas.

Acompañó los siguientes documentos:a.-)Informe de la recurrida que contiene el detalle de protestos y morosidades impagas, donde aparece publicada desde el día 21 de marzo pasado, la factura referida en el cuerpo de este escrito;b.-) Carta de reclamo a Equifax, de fecha 5 de abril pasado, en que se exige eliminar la publicación de la factura por los motivos que en dicha comunicación se indican; Correo de 6 de abril pasado en que la recurrida, advertida de la ilegalidad en la que incurría, se negó a eliminar la publicación de la factura; c.-) Copia de la factura electrónica Nº 18 de fecha 11 de abril de 2016, publicada en el informe referido en la letra anterior.; Pantallazo del registro de cuentas corrientes proveedores y tesorería de mi representada, en que figura el rechazo de dicha factura; d.-)Dos fallos de la Excma Corte Suprema y uno de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago en que se acogen recursos de protección deducidos por personas jurídicas, a raíz de la publicación de facturas.

A folio N°19037-2017 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recuso, con costas.

Indica que la recurrente ha omitido que mediante correo electrónico de 03 de abril de 2017, efectuó un requerimiento de forma directa al Servicio de Titulares de Datos de Equifax solicitando la eliminación de publicación de factura objeto de la presente acción constitucional. Dicho requerimiento fue respondido en tiempo y forma por recurrida, informándose la procedencia de la publicación, bajo los argumentos que en este acto se replican.

Señala que solicitados los respaldos de la publicación de factura, el aportante de la misma, Sociedad Apis Chile Limitada envió la documentación solicitada, pudiendo Equifax percatarse que la factura publicada es electrónica y se encuentra irrevocablemente aceptada, ya que el recurrente es emisor y receptor de facturación electrónica desde el año 2013. Asimismo, se tuvo a la vista información del Servicio de Impuestos Internos, donde consta que el Documento Tributario Electrónico fue debidamente recepcionado el 05 de mayo de 2016.

Afirma que el recurso debe rechazarse el recurso, por cuanto las disposiciones de la ley Nº19.628 no resultan aplicables a la sociedad recurrente en su calidad de persona jurídica, criterio confirmado de forma uniforme y reiterada por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Señala que el principal argumento esgrimido por la recurrente para efectos de fundar su recurso, radica en una infracción a lo dispuesto por los artículos 4, 17 y 18 de la ley Nº19.628, motivo por el que la publicación sería improcedente. Dicha afirmación, resulta abiertamente contraria al tenor literal de la ley en comento, así como también a la historia de la tramitación de la mentada ley, cuestión que ha sido sostenida por la doctrina y ratificada por la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia.

Hace presente que de los mismos dichos de la recurrente se desprende el error de derecho en la pretendida aplicación de las disposiciones de la ley N°19.628 a personas jurídicas, por cuanto cita como respaldo de su tesis, además de doctrina extranjera que en caso alguno constituye una fuente del derecho, una sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en autos Rol 1951-2014, en circunstancias que dicha sentencia fue revocada por la Excma. Corte Suprema en fallo dictado el 28 de abril de 2014 en los autos Rol Ingreso 6337-2014.

Cita fallo Rol N°6337-2014 de la Excma. Corte Suprema, indicando que a través del mismo habría consolidado su criterio jurisprudencial, en cuanto a la inaplicabilidad de la ley N°19.628 a las personas jurídicas y la procedencia de publicar una morosidad proveniente de factura.

Indica que no existe ley o norma jurídica alguna que prohíba a Servicios Equifax Chile limitada publicar morosidades provenientes de facturas. No hay ninguna Ley vulnerada en el giro de su actividad por lo que no es dable señalar a su respecto un comportamiento contrario a norma expresa que impida o prohíba su actuar y que por lo mismo pueda ser considerado como ilegal y menos arbitrario.

Refiere que el recurso de protección deberá ser rechazado, pues EQUIFAX ha obrado en todo momento de buena fe, de forma diligente, y con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales.

Asevera que el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien liberó a EQUIFAX de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos. Así, EQUIFAX no está obligada a realizar, previo al análisis de los antecedentes comerciales que publica, un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada.

Indica que habiendo controversia sobre la procedencia de la publicación, Equifax de forma oportuna y diligente procedió a revisar los respaldos de la misma, concluyendo su validez por cuanto la factura se encontraba irrevocablemente aceptada de conformidad a las disposiciones de la ley N°19.983.

Refiere que el recurrente no puede pretender por la vía de un recurso de protección, tratar materias que a todas luces deben ser ventiladas en un juicio de lato conocimiento, ante tribunales competentes, dado que su fin último es cuestionar asuntos atingentes a obligaciones existentes entre emisor y receptor de la factura, cuestión que desnaturaliza por completo el fin del recurso de protección.

Finalmente, indica que el recurso de protección deberá ser rechazado, por cuanto la prescripción de la acción de cobro debe ser declarada por sentencia judicial. Recurrente señala que la publicación de factura deviene en improcedente, por cuanto a esta fecha tiene prescrita su acción de cobro, pero dicha afirmación resulta errónea, por lo que deberá ser desestimada. Cita artículo 2493 del Código Civil, e indica que para que opere la prescripción extintiva, ésta debe ser alegada formalmente en sede jurisdiccional por quien quiere aprovecharse de ella y declarada judicialmente mediante resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, lo que no ha ocurrido en este caso.

Asevera que no existen garantías constitucionales conculcadas, pues de la simple lectura del articulo 19 N°4 de la Constitución, puede colegirse que el precepto transcrito resulta aplicable únicamente a las personas naturales, por cuanto sólo a ellas es posible aplicar conceptos relacionados al de la intimidad.

En cuanto a la garantía consagrada en el numeral 21 del artículo 19, alegación de la recurrente carece de todo fundamento, por cuanto la información de la factura morosa vigente como tal, no es o constituye objeto ilícito, de tal forma que la comunicación de las citadas facturas morosas no es una medida cautelar que per se inhiba a la recurrente de la administración de sus bienes; por el contrario ella sigue ejerciendo sus facultades de administración y disposición, sin perjuicio de la existencia o no de la información de la factura morosa, razón por la cual la garantía antedicha en caso alguno puede verse afectada.

Acompañó los siguientes documentos: Factura electrónica N°18 emitida por sociedad Apis Chile Limitada a nombre de la recurrente: Copia de certificado emitido por el SII que acredita que la recurrente es emisor y receptor de factura electrónica desde el año 2013; Copia de registro del SII donde consta fecha de emisión y recepción conforme de la factura publicada; y verificación del contenido del documento tributario electrónico, por el Servicio de Impuestos Internos, respecto de Factura N°18 emitida por sociedad Apis Chile Ltda.

A folio N°51298-2017 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso se dirige en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, a quienes se imputa la infracción a los derechos constitucionales de la nombre reservado 2000 LIMITADA consagrados en los numerales 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política, por haber informado y publicado supuestos estados de morosidad en el pago de la factura que se individualiza.

SEGUNDO: Que, el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal establece: “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”.

TERCERO: Que como se aprecia de la redacción antes descrita nos encontramos ante normas de orden singular que hacen excepción a las reglas generales, en el sentido de que ellas derogan principios establecidos por la más vasta categoría de relaciones. Tratándose del derecho singular el tratadista romano Paulo en una expresión que recoge el Digesto señalaba: ius singulare est quod contra tenorem rationis, propter aliquam utilitatem, auctoritate constituentium est. "Es derecho singular el que contra el tenor de la razón, ha sido introducido a causa de alguna utilidad concreta, con base en la autoridad del que lo establece". Por la misma razón, él en el libro Lili ad edictum expresaba "Quod vero contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias" "Lo que se ha admitido contra la razón del derecho no debe extenderse hasta sus últimas consecuencias". En este sentido Pasquale Coppa-Zuccari, precisa que una norma con contenido excepcional lleva implícito un concepto de contradicción al derecho común, es decir "una interrupción de la consecuencialidad lógica de los principios de este derecho". (Pasquale Coppa-Zuccari, Diritto singolare e diritto territoriale. Editorial Società Tipografica Modenese Italia, 1915. Pág. 90).Lo anterior conlleva, como indica nombre reservado que “las normas contrarias a los principios generales del sistema, al ius commune, no puedan aplicarse analógicamente, ni constituirse en reglas de derecho de aplicación generalizada, salvo que la propia norma así lo establezca o pueda deducirse de una adecuada interpretación de la misma” (Antonio Fernández de Buján. Concepto y dicotomía del "ius" Revista Religión y cultura, Vol. 46, Nº 212, España Año 2000, págs. 111-144). Sobre esta base, se ha formulado el llamado principio de la interpretación restrictiva de las normas de excepción, expresado como “exceptio est strictisssima interpretationis” (la excepción es de interpretación estricta), ya que de lo contrario lo excepcional se vuelve general.

CUARTO: Que adicionalmente no se debe olvidar por aplicación del principio pro homine, que las normas que imponen cargas, deben ser interpretadas restrictivamente lo que implica acotar el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. En tal caso tiene plena aplicación el argumento bi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, que se asocia con esta modalidad interpretadora, ya que conforme a él los supuestos jurídicos no pueden hacerse extensivos a casos no expresamente previstos QUINTO: Que la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, es precisamente derecho singular, o de carácter excepcional, por lo que sus normas no pueden aplicarse analógicamente, ni interpretarse extensivamente, sino que en forma restrictiva. Adicionalmente, no debe olvidarse que permitir el uso en ciertas condiciones de datos personales afecta al principio pro homine, generando cargas que obligan también a su interpretación restrictiva.

SEXTO: Que, el artículo 17 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal establece, en lo pertinente, que los responsables de registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa.

SEPTIMO : Que, la norma señalada no menciona expresamente a las facturas como documentos mercantiles que pueden motivar tal comunicación, por lo que haber requerido y efectuado la publicación relativa al no pago de tales documentos, importa una clara trasgresión a la norma, configurándose por ende, una infracción legal. La única forma a través de la cual podría ser de incluida la misma era si contaba el asentimiento expreso del deudor, autorización que no existió en la especie y, por consiguiente, la publicación de la referida factura es ilegal al transgredir lo dispuesto en el citado precepto.

OCTAVO: Que, en el supuesto que se aceptara el hecho que de acuerdo al artículo 2° letra “ñ” de la ley 19.628, solo pueden ser titulares de los datos las personas naturales, ello no implica que una persona jurídica afectada, en alguna de las garantías constitucionales que nuestro derecho le reconoce, pueda recurrir de protección, si estima que la actuación de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, al tener carácter de ilegal o de arbitraria, afecta precisamente éstas, aun cuando la ley 19.628 no le reconozca titularidad de los datos que eventualmente se publican, toda vez que, en tal evento, son otras las cuestiones que determinan la procedencia de este recurso de naturaleza cautelar, y que no dicen necesariamente relación con la circunstancia de ser titular de los datos la persona jurídica recurrente.

DECIMO : Que, además, “en base a la doctrina de la eficacia normativa directa de la Constitución, las Cortes no pueden tolerar ver vulnerado los derechos fundamentales (sea esta persona natural o jurídica) como lo es el caso de la honra, y menos aun cuando la mayoría de la doctrina se encuentra conteste en considerar a las Personas Jurídicas como titulares del derecho a la honra, ya sea fundamentado desde la perspectiva del prestigio comercial o como un concepto objetivo de honra. Por ejemplo, el Supremo Tribunal Español al respecto ha indicado que "en nuestro ordenamiento constitucional, aún cuando no se explicite en los términos con que se proclama en los textos constitucionales de otros Estados, los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales en la medida en que, por su naturaleza, resulte aplicable a ellas” (nombre reservado. Sobre la Ley de Protección de la Vida Privada: La importancia de una "fuente legal" y su aplicación en las Personas Jurídicas.Ius et Praxis vol.21 no.2 Talca 2015. pág. pp.499-522).

UNDECIMO: Que, la alegación relativa a que la responsabilidad por ello recae sobre quien solicita la publicación, que en este caso lo habría sido la otra recurrida, no resulta procedente toda vez que la ilegalidad en que se habría incurrido, esto es, actuar no obstante tal prohibición, en modo alguno puede exonerar de responsabilidad a quien, como SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, opera con el tratamiento de datos de carácter personal al amparo de la ley antes mencionada, puesto que es la primera obligada a velar por su estricto cumplimiento.

DUODECIMO: En definitiva, en la especie se acreditó que la recurrida SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, transgrediendo la normativa legal a que está sujeta, realizó la publicación de una información comercial que daña el prestigio de la recurrente, puesto que le atribuye una calidad de morosa en el pago de un obligación, que no está establecida fehacientemente y tratándose de datos que no podían ser objeto de publicidad, hecho que le causa perjuicios en su actividad comercial, afectándose la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política esto es, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, toda vez que la publicación de la morosidad de la recurrente afecta directamente el prestigio comercial de ésta y con ello la posibilidad de desarrollar su actividad económica sin perturbación alguna.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE CON COSTAS el recurso de protección deducido Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. nombre reservado don Roberto Contreras Eddinger.

Rol Proteccion N° 1586-2017 Se deja constancia que el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.