Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

Que compareció don Víctor Hugo Astete Becker, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos nacionales de la Federación Rusa, e interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, denunciando como acto arbitrario e ilegal la dictación de la Resolución Exenta de 30 de octubre de 2025, que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, y de la Resolución Exenta de 27 de marzo de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de aquella decisión. Sostuvo que tales actuaciones vulneraron la garantía prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al poner en riesgo su vida e integridad física y psíquica.

Expuso que, a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y por su condición de opositores al gobierno de Vladímir Putin, abandonaron Rusia por temor a sufrir persecución política. Indicó que se trasladaron a Georgia, donde permanecieron aproximadamente cinco meses, período durante el cual habrían sufrido actos de discriminación étnica y religiosa por su nacionalidad rusa. Agregó que las autoridades georgianas les exigieron regularizar su situación migratoria o abandonar dicho país, optando por esta última alternativa debido al riesgo que implicaba acudir a dependencias consulares rusas y a la persistencia de actos discriminatorios. Señaló además que los recurrentes nombre reservado y nombre reservado habrían desatendido órdenes de reclutamiento militar, circunstancia que los expondría a persecución política y al riesgo de ser enviados al ejército ruso Refirió que ingresaron a Chile el 11 de octubre de 2025 y que el 15 del mismo mes solicitaron ante el Servicio Nacional de Migraciones el reconocimiento de la condición de refugiados. Indicó que mediante Resolución Exenta N° NUM000 se les comunicó que la solicitud no cumplía con los requisitos formales exigidos por la ley, otorgándoseles un plazo para subsanar observaciones, antecedentes que afirmaron haber acompañado oportunamente. No obstante ello, mediante Resolución Exenta N° NUM001 la autoridad tuvo por desistida la solicitud, estimando insuficiente la información proporcionada para subsanar las deficiencias observadas. Añadió que el recurso de reposición deducido en contra de dicha decisión fue rechazado mediante Resolución Exenta N° NUM002 Afirmó que la autoridad migratoria interpretó erróneamente las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 26 de la Ley N° 20.430, pues Georgia constituyó únicamente un país de tránsito y no un lugar seguro donde pudieran solicitar refugio, atendidas las situaciones de discriminación y el riesgo de deportación hacia Rusia que habrían enfrentado. Sostuvo asimismo que el rechazo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados y de los recursos administrativos deducidos en su contra amenazó gravemente su derecho a la vida e integridad física y psíquica, puesto que un eventual retorno a Rusia implicaría persecución política, encarcelamiento y reclutamiento militar forzoso para nombre reservado y nombre reservado. Invocó en apoyo de sus alegaciones los artículos 2 y 26 de la Ley N° 20.430 y los artículos 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política de la República. Pidió en definitiva que se acogiera el recurso, se ordenara al Servicio Nacional de Migraciones reevaluar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se otorgara dicha calidad a los recurrentes;

Informó la recurrida Servicio Nacional de Migraciones y solicitó el rechazo de la acción. Expuso que la Ley N° 20.430, particularmente tras las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655, faculta al Servicio para examinar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y para declarar desistidas aquellas solicitudes que no subsanen oportunamente las observaciones efectuadas. Señaló que los recurrentes presentaron su solicitud el 15 de octubre de 2025, oportunidad en que se constató el incumplimiento de requisitos formales mínimos, otorgándoseles un plazo de quince días hábiles para subsanar tales deficiencias. Reconoció que acompañaron antecedentes dentro del plazo concedido, pero sostuvo que éstos no permitieron satisfacer el requisito contemplado en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley N° 20.430, referido a explicar razonablemente por qué no solicitaron refugio en el país donde residieron o transitaron antes de arribar a Chile Indicó que los propios antecedentes aportados por los recurrentes demostraban que residieron durante varios meses en Georgia sin proporcionar razones atendibles para justificar la omisión de solicitar refugio en dicho país. Añadió que las alegaciones relativas a una supuesta discriminación hacia ciudadanos rusos en Georgia constituían apreciaciones subjetivas y no acreditaban una imposibilidad real de obtener protección internacional en ese Estado. Agregó que información de ACNUR daba cuenta de la existencia de miles de refugiados reconocidos en Georgia, incluidos nacionales rusos. Señaló además que la permanencia de los recurrentes en Georgia excedió ampliamente el plazo de sesenta días contemplado en el inciso final del artículo 2 de la Ley N° 20.430 para entender que una persona llega directamente desde el territorio donde su vida o libertad se encuentra amenazada. Sostuvo que las resoluciones impugnadas fueron debidamente fundadas y dictadas dentro del ámbito de las atribuciones legales del Servicio, por lo que no existió actuación arbitraria o ilegal alguna que justificara la procedencia de la acción cautelar;

Por su parte, informó la Subsecretaría del Interior solicitando que se tuviera por evacuado el informe y haciendo presente que no le correspondía pronunciarse sobre los hechos materia del recurso, por cuanto éstos se produjeron durante la etapa de tramitación de la solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones, órgano que intervino en la dictación de las resoluciones impugnadas. Señaló que la normativa aplicable en la especie corresponde a la Ley N° 20.430 y su reglamento, destacando que el procedimiento administrativo seguido se desarrolló conforme a las disposiciones legales vigentes y que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por la autoridad competente Se trajeron los autos en relación Y considerando:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de urgencia destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, a consecuencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que de los antecedentes allegados al proceso aparece que los recurrentes formularon solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones, las que fueron observadas por la autoridad administrativa mediante resoluciones de 15 de octubre de 2025, por estimar que no cumplían el requisito previsto en el numeral 3 del artículo 26 de la ley N° 20.430, relativo a haber permanecido o transitado por un tercer Estado sin entregar razones atendibles para no haber solicitado refugio en él. Con posterioridad, la autoridad tuvo por desistidas las respectivas solicitudes y rechazó los recursos de reposición deducidos en sede administrativa, sosteniendo que los antecedentes aportados por los interesados no permitían tener por subsanada la observación efectuada;

Tercero: Que si bien corresponde al Servicio Nacional de Migraciones verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley N° 20.430 para dar curso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, así como apreciar la suficiencia de los antecedentes aportados por los solicitantes para tales efectos, el ejercicio de dicha potestad debe exteriorizarse mediante actos administrativos debidamente motivados, que permitan conocer las razones concretas que conducen a la decisión adoptada;

En consecuencia, no corresponde a esta Corte determinar si los recurrentes satisfacen o no los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiados, ni tampoco pronunciarse acerca de si Georgia constituía o no un tercer Estado seguro para los solicitantes, materias que pertenecen al ámbito de apreciación técnica y jurídica entregado por el legislador a la autoridad administrativa competente.

Cuarto: Que, en la especie, las resoluciones recurridas reconocen expresamente que los solicitantes acompañaron antecedentes dentro del plazo conferido para subsanar las observaciones formuladas. Sin embargo, pese a afirmar que dichos antecedentes fueron analizados, la autoridad administrativa no individualiza cuáles fueron los documentos efectivamente presentados, ni expone el contenido relevante de los mismos, ni desarrolla las razones específicas por las cuales aquellos resultaban insuficientes o inidóneos para acreditar el cumplimiento de la exigencia prevista en el numeral 3 del artículo 26 de la ley N° 20.430;

Tampoco es posible advertir de qué manera específica fueron ponderados los antecedentes aportados por los interesados para explicar las razones por las cuales no solicitaron protección internacional en Georgia, ni cuáles fueron los elementos concretos que llevaron a la autoridad a concluir que aquellos resultaban insuficientes para satisfacer la exigencia legal observada.

Quinto: Que, en efecto, la fundamentación de las decisiones impugnadas se limita a señalar, de manera conclusiva, que las alegaciones referidas a las circunstancias experimentadas por los actores durante su permanencia en Georgia no constituían razones atendibles para justificar la falta de solicitud de refugio en dicho país, agregando consideraciones generales relativas a la existencia de refugiados reconocidos en ese Estado y a la duración de la permanencia de los recurrentes en él. No obstante, no se explicita de qué forma tales razonamientos se vinculan con los antecedentes concretos aportados por los solicitantes ni por qué éstos carecerían de mérito suficiente para ser valorados favorablemente en el análisis del requisito legal observado;

Sexto: Que la insuficiencia de motivación advertida no se configura por la circunstancia de que la autoridad administrativa haya arribado a una conclusión desfavorable a los solicitantes ni por la valoración misma de los antecedentes efectuada en sede administrativa, sino porque las resoluciones impugnadas no permiten reconstruir de manera adecuada el iter lógico seguido por la Administración para descartar los antecedentes concretos aportados por los interesados durante la etapa de subsanación, dificultando con ello tanto el ejercicio del derecho de defensa de los afectados como el control jurisdiccional de la juridicidad del acto.

Séptimo: Que, en tales condiciones, se advierte una insuficiente motivación de los actos administrativos impugnados, desde que no permiten conocer adecuadamente el proceso lógico que condujo a descartar los antecedentes acompañados por los solicitantes en la etapa administrativa respectiva, cuestión que impide a los afectados comprender las razones efectivas de la decisión adoptada y dificulta asimismo el control jurisdiccional de su juridicidad;

Octavo: Que lo anterior no supone pronunciamiento alguno acerca de si los antecedentes aportados por los recurrentes satisfacen o no el requisito contemplado en el numeral 3 del artículo 26 de la ley N° 20.430, ni importa sustituir la valoración que corresponde efectuar a la autoridad administrativa competente. Tal determinación pertenece privativamente al Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, dicha apreciación debe plasmarse en una resolución suficientemente fundada, que dé cuenta de la efectiva ponderación de los antecedentes acompañados y de las razones por las cuales éstos son o no aptos para ser considerados en el análisis del cumplimiento de la exigencia legal referida;

Octavo: Que, en consecuencia, la falta de motivación advertida conculca la garantía de igualdad ante la ley que asiste a los afectados y torna arbitrarias las resoluciones recurridas, resultando procedente adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida tramitación administrativa de las solicitudes formuladas por los actores;

Tal determinación pertenece privativamente al Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, esta Corte no emite pronunciamiento acerca de la procedencia material de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ni acerca del cumplimiento efectivo del requisito previsto en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley N° 20.430, limitándose exclusivamente a constatar que la decisión administrativa cuestionada carece de una fundamentación suficiente para justificar, respecto de estos solicitantes en particular, el rechazo de los antecedentes aportados para subsanar la observación formulada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, únicamente en cuanto se dejan sin efecto las resoluciones dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones que se pronunciaron respecto de sus respectivas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y aquellas que rechazaron los recursos administrativos deducidos en su contra;

En consecuencia, el Servicio Nacional de Migraciones deberá disponer lo que en derecho corresponda respecto de las solicitudes presentadas por los recurrentes, retrotrayendo los respectivos procedimientos a la etapa de descargos y análisis de los antecedentes agregados a las respectivas solicitudes, debiendo reevaluarlos y pronunciarse el Servicio previa dictación de la o las resoluciones que procedan, debidamente motivadas y que den cuenta de la efectiva ponderación de los antecedentes aportados por éstos en sede administrativa, explicitando las razones por las cuales tales antecedentes resultan o no idóneos para ser valorados o no en sede de admisibilidad relación con el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 3 del artículo 26 de la ley N° 20.430 Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Redacción a cargo del ministro Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-1581-2026.(jog)