nombre reservado con MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece nombre reservado, kinesiólogo, quien interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado, adulta mayor, viuda, domiciliada en la comuna de Padre Las Casas, en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas, representada por su Alcalde Mario González Rebolledo, por estimar ilegal y arbitrario el pronunciamiento municipal de 26 de marzo del 2026, que rechazó las peticiones formuladas por la afectada respecto de la deuda por derechos de aseo domiciliario correspondiente al inmueble Rol de Avalúo N° 03424-00016.

Funda la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas en que la recurrida mantuvo la exigibilidad de dieciocho giros emitidos a nombre de su cónyuge fallecido, rechazó su rectificación o invalidación y desestimó las solicitudes de condonación y exención, sin ponderar suficientemente las circunstancias personales y socioeconómicas de la afectada ni pronunciarse concretamente sobre los antecedentes acompañados. Estima vulneradas las garantías reconocidas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativas a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Expone que doña nombre reservado nació el 12 de diciembre de 1945, enviudó el 19 de julio de 1993 y habita domicilio reservado, el que forma parte de la comunidad hereditaria dejada por su cónyuge, don nombre reservado, cuya posesión efectiva fue concedida el 26 de agosto del 2025 e inscrita el 2 de marzo del 2026.

Señala que pertenece al tramo 0–40% del Registro Social de Hogares, percibe únicamente Pensión Garantizada Universal, con un ingreso líquido mensual de $212.758, y que es analfabeta y presenta diversas patologías crónicas.

Indica que, con ocasión de la regularización de la herencia, tomó conocimiento de una deuda por derechos de aseo domiciliario ascendente a $529.448, correspondiente a dieciocho giros emitidos entre agosto del 2022 y enero del 2026 a nombre de su cónyuge, fallecido en 1993.

Refiere que el 17 de marzo del 2026 solicitó a la Municipalidad, en primer término, la rectificación o invalidación de dichos giros, en subsidio, la condonación total de la deuda y, además, la exención del pago del derecho de aseo mientras subsistieran sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Expresa que el 26 de marzo del 2026 la Municipalidad rechazó tales peticiones, argumentando que la naturaleza de la obligación permitía mantener el cobro pese a que los giros hubiesen sido emitidos a nombre del anterior propietario fallecido, que la condonación total sólo resultaba procedente en los supuestos previstos por la ley y que la exención debía sujetarse al procedimiento contemplado en la Ordenanza Municipal N° 51. Añade que se le informó como alternativa la posibilidad de pagar al contado con los beneficios legales correspondientes o celebrar un convenio de pago.

Sostiene que dicho pronunciamiento aplicó reglas generales sin examinar suficientemente su situación particular ni pronunciarse sobre la procedencia de rectificar los giros emitidos a nombre de una persona fallecida. Invoca al efecto los artículos 53 y 62 de la Ley N° 19.880, el Decreto Ley N° 3.063, la Ley N° 18.575 y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Concluye solicitando que se declare ilegal y arbitrario el pronunciamiento recurrido, se ordene emitir una nueva resolución fundada que examine la rectificación o invalidación de los giros y pondere sus circunstancias personales y socioeconómicas respecto de la procedencia de exención, rebaja o condonación, se suspendan las acciones de cobro y se condene en costas a la recurrida.

Acompaña a su acción, entre otros antecedentes, copia de la solicitud presentada el 17 de marzo del 2026 y del pronunciamiento municipal de 26 del mismo mes, certificado de defunción de su cónyuge, antecedentes de la posesión efectiva e inscripción especial de herencia, certificado de avalúo fiscal, cartola del Registro Social de Hogares, liquidación de pensión, certificado de deuda por derechos de aseo y certificado médico emitido por el CESFAM Conunhuenu.

A folio 8 informa don nombre reservado, abogado, por la Municipalidad de Padre Las Casas, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En primer término, alega su extemporaneidad, sosteniendo que parte de los reproches formulados se refiere a giros emitidos entre los años 2022 y 2026 y a situaciones administrativas anteriores al pronunciamiento individualizado como acto recurrido.

Enseguida, sostiene la improcedencia de la acción de protección, por estimar que las materias discutidas corresponden a controversias administrativas y tributarias que requieren un procedimiento de lato conocimiento, respecto de las cuales existen mecanismos ordinarios de impugnación.

Alega, además, la inexistencia de un derecho indubitado susceptible de protección, pues la procedencia de la invalidación o rectificación, la determinación del sujeto pasivo y el otorgamiento de condonaciones, rebajas o exenciones dependen de presupuestos legales y reglamentarios cuya concurrencia se encuentra controvertida.

En cuanto al fondo, explica que los derechos de aseo fueron girados conforme a los antecedentes registrales proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos y que el cambio de titularidad sólo fue incorporado durante el año 2026. Agrega que dio respuesta a la solicitud, explicando la normativa aplicable, las alternativas de pago y los mecanismos de postulación a beneficios, sin que constara una postulación previa de la afectada a exención o rebaja.

Respecto de la condonación, sostiene que la Municipalidad carece de una atribución general para extinguir obligaciones por derechos de aseo ya devengadas y sólo puede ejercer dicha potestad en las hipótesis expresamente autorizadas por la ley. Afirma que las rebajas y exenciones por condiciones socioeconómicas se encuentran sujetas a la normativa legal y municipal respectiva.

Concluye que la Municipalidad actuó dentro de sus atribuciones, aplicando criterios generales y objetivos, que no existe un derecho indubitado a obtener los beneficios pretendidos y que tampoco se configura vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por lo que solicita el rechazo de la acción, con costas.

Acompaña, entre otros antecedentes, documentación emanada del Departamento de Rentas y Patentes Municipales, la Ordenanza Municipal N° 51 y su modificación, certificados relativos a la deuda y al inmueble y antecedentes provenientes del Servicio de Impuestos Internos.

Con fecha 17 de septiembre del 2026, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y otorgar debida protección a quien sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que dicha norma contempla, como consecuencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario.

SEGUNDO: Que el objeto de la presente acción está constituido por el control de juridicidad del pronunciamiento municipal de 26 de marzo del 2026, mediante el cual se mantuvo la exigibilidad de la deuda por derechos de aseo correspondiente al inmueble Rol N° 03424-00016 y se rechazaron las peticiones de rectificación o invalidación de los giros, condonación de la deuda y exención de su pago formuladas por la afectada.

Por consiguiente, corresponde determinar si dicha decisión fue adoptada de manera fundada y conforme al ordenamiento jurídico, sin que ello importe resolver en esta sede la existencia o extinción de la obligación ni reconocer directamente alguno de los beneficios solicitados.

TERCERO: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada, el acto recurrido se encuentra suficientemente individualizado y corresponde al pronunciamiento de 26 de marzo del 2026 que resolvió la solicitud presentada por la afectada el 17 del mismo mes y año. Los giros anteriores constituyen antecedentes de dicha decisión, pero no el acto directamente impugnado.

Habiéndose deducido la acción el 25 de abril del 2026, dentro del plazo de treinta días corridos previsto por el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la alegación será desestimada.

CUARTO: Que tampoco obsta al conocimiento de la acción la existencia de otros procedimientos administrativos o jurisdiccionales, pues el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece expresamente su procedencia sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En todo caso, el ámbito de esta acción queda limitado al examen de la legalidad y razonabilidad del pronunciamiento impugnado, sin extenderse a declarar definitivamente la validez de los giros, extinguir la deuda ni conceder directamente una condonación, rebaja o exención.

QUINTO: Que se encuentra acreditado que los dieciocho giros por derechos de aseo correspondientes al período comprendido entre agosto del 2022 y enero del 2026 fueron emitidos a nombre de don nombre reservado, fallecido en 1993, y que la afectada, en su calidad de cónyuge sobreviviente, adquirió derechos hereditarios sobre el inmueble al que se encuentran asociados dichos cobros.

Asimismo, consta que el 17 de marzo del 2026 solicitó a la Municipalidad la revisión de tales giros, la condonación de la deuda y la exención del derecho de aseo, peticiones que fueron rechazadas mediante el pronunciamiento de 26 de marzo del mismo año.

SEXTO: Que el Decreto Ley N° 3.063 regula el cobro municipal por el servicio domiciliario de extracción de residuos y contempla la posibilidad de establecer rebajas o exenciones atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los usuarios, conforme a los requisitos fijados por la normativa legal y la respectiva ordenanza.

De ello se sigue que debe distinguirse entre la existencia de la obligación por derechos de aseo y la regularidad de los actos mediante los cuales ésta se individualiza y exige. Así, la sola circunstancia de haberse extendido los giros a nombre de una persona fallecida no determina necesariamente su nulidad ni la extinción de la obligación, pero constituye un antecedente que debía ser examinado al resolver la solicitud de rectificación o invalidación formulada por la interesada.

SÉPTIMO: Que, a su vez, la condonación de derechos de aseo no constituye un derecho que nazca para el administrado por la sola concurrencia de determinadas circunstancias personales o socioeconómicas, sino que depende de la existencia de una habilitación legal y del cumplimiento de los presupuestos establecidos por el legislador.

Del mismo modo, las rebajas y exenciones fundadas en condiciones socioeconómicas se encuentran sometidas a las reglas y procedimientos previstos en el Decreto Ley N° 3.063 y en la Ordenanza Municipal N° 51.

En consecuencia, la edad, situación económica y demás circunstancias personales de la afectada no le confieren por sí mismas un derecho indubitado a obtener la condonación, rebaja o exención pretendidas, ni facultan a esta Corte para conceder directamente tales beneficios.

OCTAVO: Que lo anterior, sin embargo, no excluye el deber de la Administración de resolver fundadamente las peticiones sometidas a su conocimiento. Los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 exigen que las decisiones administrativas que afecten derechos de los particulares expresen los hechos y fundamentos jurídicos que las sustentan, exigencia que supone relacionar la normativa aplicable con las circunstancias concretas sometidas a decisión.

En la especie, el pronunciamiento impugnado explicó la naturaleza de la obligación, las limitaciones existentes respecto de la condonación y la existencia de un procedimiento de postulación a beneficios, pero no desarrolló suficientemente las consecuencias derivadas de haberse emitido durante varios años los giros a nombre de una persona fallecida ni resolvió de manera circunstanciada la petición de rectificación o invalidación formulada a ese respecto.

NOVENO: Que, en relación con la exención o rebaja, la propia normativa aplicable reconoce las condiciones socioeconómicas del usuario como antecedentes jurídicamente relevantes para determinar la procedencia de tales beneficios. Por ello, el rechazo de la solicitud exigía establecer si los antecedentes aportados por la afectada permitían encauzar su petición conforme al procedimiento previsto en la Ordenanza Municipal N° 51, si resultaban insuficientes o si correspondía requerir su complementación.

La decisión impugnada se limitó a señalar la existencia de un procedimiento reglado de postulación, sin explicar suficientemente la situación de la solicitud concretamente formulada ni la incidencia de los antecedentes socioeconómicos acompañados.

DÉCIMO: Que la circunstancia de tratarse de una persona mayor refuerza la exigencia de una decisión individualizada y comprensible, atendidos los principios reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Con todo, tales estándares no crean por sí solos un derecho a la condonación, rebaja o exención ni permiten prescindir de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Su incidencia en este caso se limita a exigir que los antecedentes de vulnerabilidad oportunamente puestos en conocimiento de la Administración sean efectivamente considerados al ejercer las potestades que la ley le confiere.

En este punto, cabe precisar que el certificado del CESFAM Conunhuenu que da cuenta de las patologías de la afectada fue emitido el 17 de abril del 2026, con posterioridad al acto recurrido, por lo que su contenido específico no pudo ser ponderado por la Municipalidad al resolver el 26 de marzo anterior.

UNDÉCIMO: Que las consideraciones precedentes no importan reconocer a la recurrente un derecho indubitado a la rectificación o invalidación de los giros ni a la obtención de los beneficios solicitados. La procedencia de la rectificación prevista en el artículo 62 de la Ley N° 19.880 exige determinar la existencia de un error material, de hecho o aritmético, mientras que la invalidación regulada en su artículo 53 supone establecer la concurrencia de sus respectivos presupuestos legales. Del mismo modo, la condonación, rebaja y exención se encuentran sujetas a sus propias condiciones legales y reglamentarias.

Precisamente por ello, corresponde a la Municipalidad, y no a esta Corte, determinar fundadamente la procedencia de cada una de tales solicitudes.

DUODÉCIMO: Que, de esta manera, la ilegalidad y arbitrariedad que justifican la intervención cautelar no derivan de haberse negado a la afectada un beneficio al que tuviera un derecho cierto y preexistente, sino de la insuficiente fundamentación del acto mediante el cual fueron rechazadas sus peticiones, al no hacerse cargo de aspectos concretos y jurídicamente relevantes sometidos a la decisión de la autoridad.

Tal deficiencia adquiere relevancia desde la perspectiva de la garantía de igualdad ante la ley, desde que la normativa aplicable reconoce expresamente las condiciones socioeconómicas como elemento susceptible de justificar rebajas o exenciones, sin que ello signifique que la recurrente tenga derecho a obtenerlas.

Asimismo, la mantención de una pretensión patrimonial municipal sustentada en una decisión administrativa insuficientemente fundada incide actualmente en la esfera patrimonial de la afectada, quien ostenta derechos hereditarios sobre el inmueble al que se encuentran vinculados los cobros, configurándose una perturbación susceptible de tutela conforme al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

DECIMOTERCERO: Que la medida cautelar adecuada debe limitarse a remover el acto insuficientemente fundado y ordenar a la autoridad competente emitir un nuevo pronunciamiento, sin determinar anticipadamente su contenido.

En consecuencia, esta Corte no se encuentra llamada a declarar la nulidad de los giros, extinguir la obligación por derechos de aseo, condonar la deuda ni reconocer directamente una exención o rebaja, materias cuya resolución corresponde a la autoridad administrativa dentro de sus atribuciones y con sujeción a los presupuestos establecidos por el ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°s 2 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Decreto Ley N° 3.063, en la Ley N° 19.880, en la Ley N° 18.575, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas, únicamente en cuanto se deja sin efecto el pronunciamiento municipal de 26 de marzo del 2026.

II.- Que la recurrida deberá emitir, dentro del plazo de sesenta días contado desde que esta sentencia quede firme, un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud presentada por la afectada el 17 de marzo del 2026, en el cual deberá resolver, separada y fundadamente, la procedencia de la rectificación o invalidación de los giros cuestionados y de la exención, rebaja, condonación o demás alternativas solicitadas, conforme a los antecedentes pertinentes y a los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico.

III.- Que se rechaza la petición de disponer directamente la rectificación o invalidación de los giros, la condonación de la deuda o el otorgamiento de una exención o rebaja determinada, por corresponder a la autoridad competente establecer previamente la concurrencia de los presupuestos legales y reglamentarios respectivos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Alejandro Vera Quilodrán.

Rol N° Protección-1579-2026.(jog)