nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Ha comparecido ante este Tribunal DON nombre reservado, deduciendo Recurso de Protección contra la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, Corporación Autónoma de Derecho Público, del giro de su denominación, RUT N°RUT reservado, representada por su Alcalde don MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR, chileno, casado ignora Profesión, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, por transgresiones consistentes en la conculcación, perturbación y amenaza a los derechos individuales protegidos por los artículos 19 N°2, N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, al emitir el Decreto Alcaldicio N° 47 del 13 de febrero de 2019, según el cual se le aplica la medida disciplinaria de término de la relación laboral por las disposiciones de los artículos 72 letra b) y c) de la ley N° 19.070, no obstante, que dichas disposiciones casi en su integridad, no fueron objeto de cargos en el Sumario Administrativo ordenado instruir mediante Decreto Alcaldicio N° 14 de 09 de abril de 2018, encontrándose dicho Decreto Alcaldicio que lo desvincula laboralmente, preñado de arbitrariedad e ilegalidad. Señala que los hechos se desarrollaron de la manera siguiente:

1.- Con fecha 09 de abril de 2018 se dicta el Resolución N°14 ordena instruir Sumario Administrativo en mi contra.

2.- Con fecha 16 de abril de 2018 se dicta Resolución N° 02 y se le impone la medida de suspensión preventiva de sus funciones.

3.- Con fecha 3 de julio de 2018 se dicta Resolución N° 03, que resuelve el cierre del Sumario en su etapa de investigación.

4.- Con fecha 6 de julio de 2018 se dicta Resolución N° 04 en que se le formulan 8 cargos de los cuales solo los cargos N° 3 y 4 citan como norma transgredida el Articulo 72 letra C de la Ley 19.070. Sin embargo en la vista Fiscal es absuelto de él.

5.- En ningún caso, se le formulan cargos fundados en la letra B del Artículo 72 de la Ley N° 19.070, como erróneamente se pretende tanto en la vista Fiscal como en el Decreto Alcaldicio N°47, de fecha 13 de febrero de 2019, que le aplica la medida disciplinaria de Término de la Relación laboral. En este sentido, del solo cotejo de los cargos versus la Vista Fiscal y Decreto Alcaldicio N° 47, se puede constatar la absoluta falta de congruencia que existe entre estos.

6.- Con fecha 24 de julio de 2018 procedío a efectuar sus descargos respecto de los cargos Nos. 3 y 4, estos últimos fundados en la letra c) del Artículo 72 de la Ley N° 19.070., peticionando a la Srta. Fiscal Administrativa, se decretaran una serie de diligencias de prueba, a fin de exculparse de la responsabilidad administrativa que se pretende. En la Vista Fiscal y Decreto Alcaldicio N° 47, fui absuelto del cargo N°4.

7.- Con fecha 02 de agosto de 2018 y según resolución N°07 se resuelven como presentados sus descargos.

8.- Con fecha 22 de agosto de 2018, mediante Resolución N° 8 se dicta la Vista Fiscal, de la cual jamás ha sido notificado legalmente y de la cual recién pudo tomar conocimiento el día 06 de marzo de 2019, debiendo para al efecto solicitar por escrito al Sr. Alcalde dicho documento, ante la negativa reiterada por parte de los funcionarios vinculados de concederle acceso a dicho documento, por lo que le resultó imposible presentar en tiempo y forma el respectivo Recurso de Reposición; a fin de acreditar lo anterior, acompaña solicitud escrita de copia de vista fiscal al Sr. Alcalde.

9.- Con fecha 01 de marzo de 2019 tomó conocimiento del Decreto Alcaldicio N° 47 del 13 de febrero de 2019 en el cuál se refrenda lo propuesto por la fiscal administrativa y se le aplica la medida de término de la relación laboral, fundando la misma en los Artículos N° 72 letras b y c de la Ley 19070. Esta resolución fechada el 13 de febrero de 2019 le fue entregada (según Timbre Postal de Correos de Chile) en su domicilio el día 26 de febrero de 2019 vía correo certificado, fecha en la cual no se encontraba presente en el mismo. Asimismo, en la distribución del mentado Decreto Alcaldicio se menciona que fue remitido a su dirección de Correo Electrónico correo reservado, lo que no es efectivo, por lo que se da por notificado recién el día viernes 01 de marzo de 2019. Señala que en el mencionado decreto Alcaldicio N° 47, no se acompaña ni se menciona la vista Fiscal como uno de los vistos a tener en cuenta, para aplicar la medida de terminación de la relación laboral docente, sino que solo se efectúa una transcripción literal de los cargos sin un mayor fundamento y/o análisis jurídico que permitiese fundar debidamente dicho decreto. En dicho documento no se valoran sus descargos ni menos aún la prueba rendida, careciendo la resolución del Sr. Alcalde que lo desvincula de una debida fundamentación y motivación.

Cargo 1:

“Haber ejercido el día 28 de marzo de 2018 maltrato verbal y psicológico a la educadora de párvulos, doña nombre reservado, obligándola a repetir tres veces su horario de llegada al Colegio Mundo Mágico y a firmar una amonestación escrita por el atraso del día 27 de marzo provocando a la docente un ataque de pánico y un desmayo en el aula de clases”

Fundamentos de Derecho:

- Ley 19070 Estatuto Administrativo Docente.

- Art. 71.”Los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las código del trabajo y sus leyes complementarias”

· DFL1 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

· Código del Trabajo Art. 2: “Reconocese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elija. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quién los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamientoreiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otrou otros trabajadores. Por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humilación, o bien que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación”.

- DFL2/2010 Ministerio de Educación que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 20370 con las normas no derogadas del Decreto Fuerza de Ley 1 de 2005.

- Art. 10 letra c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo, tienen derecho que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes y maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”

- D.A. N° 302 de 1982 Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal de los Establecimientos Educacionales de la Municipalidad de Temuco.

Párrafo 2: Obligaciones del personal de establecimientos educacionales. Artículo 4. El personal de los establecimientos educacionales estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas.

5. Mantener, en todo momento relaciones deferentes con los jefes, compañeros de trabajo, subalternos y alumnos.

Cargo 2:

“Haber aplicado a través del memorándum N°3 de fecha 3 de diciembre de 2017, a doña nombre reservado, educadora de párvulos del Colegio Mundo Mágico, una amonestación escrita si un justo procedimiento, omitiéndose la solicitud de descargos, vulnerándose lo dispuesto en el DS.453/1991 del Ministerio de Educación, artículos 53, 54 y 55, Reglamento de la Ley 19.070, Estatuto administrativo docente”

Fundamentos de Derecho:

- Ley 19070 Estatuto Administrativo Docente.

Art. 71:”Los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las código del trabajo y sus leyes complementarias”

- DFL1 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Art. 2. “Reconocese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elija. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quién los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamientoreiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otrou otros trabajadores. Por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humilación, o bien que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación”.

- DFL 2/2010 Ministerio de Educación que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 20370 con las normas no derogadas del Decreto Fuerza de Ley 1 de 2005.

Art. 10 letra c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabjar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo, tienen derecho que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes y maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”

- Decreto 453 de 1991 Ministerio de Educación. Aprueba Reglamento de la Ley 19070 Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Párrafo XI Responsabilidad profesional. Artículo 53 “Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación deberán formularse por escrito o escribirse por el funcionario que las reciba, por persona o personas individualizadas para que sean admitidas a tramitación por el director del establecimiento. Respecto de los directores de establecimientos educacionales y de los profesionales de la educación que se desempeñen en los organismos de administración educacional del sector municipal, estas quejas o denuncias deberán presentarse ante el jefe de dicho organismo”

Artículo 54: “La queja o denuncia deberá ponerse en conocimiento del profesional de la educación afectado en un plazo de 5 días de recibida, para que éste, tambiénen un plazo de cinco días proceda a dar respuesta escrita a la misma, acompañando los antecedentes que estime del caso”

Artículo 55: “El Director, Sostenedor o jefe respectivo resolverá en un plazo de 10 días con el mérito de los antecedentes que obren en su poder, desestimando la queja o denuncia o bien adoptando las medidas correctivas que la naturaleza de la situación amerite. No obstante, siempre podrá recabar antecedentes adicionales cuando el mérito de la queja o denuncia así lo aconseje y, cuando se trate de asuntos técnico pedagógicos podrá pedir informe al consejo de profesores. Este procedimiento deberá llevarse en forma privada de tal manera que no dañe la imagen o la honra profesional de la educación para el caso que la queja o denuncia resultase infundada”

- D.A. N° 302 de 1982 Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal de los Establecimientos Educacionales de la Municipalidad de Temuco. Párrafo 2: Obligaciones del personal de establecimientos educacionales. Artículo 4. El personal de los establecimientos educacionales estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas.

5. Mantener, en todo momento relaciones deferentes con los jefes, compañeros de trabajo, subalternos y alumnos.

Cargo 3:

“No haber cumplido sus funciones de jefatura de la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio Mundo Mágico desde su ingreso en el mes de agosto de 2017 al no supervisar el funcionamiento del Programa de Integración Escolar e informar a la Dirección del establecimiento educacional las deficiencias constatadas por la Coordinación Comunal PIE en el informe de desempeño laboral de fecha 04 de enero de 2018 de doña nombre reservado, Coordinadora del Programa, señalándose deficiencias en los siguientes aspectos: 1) Coordinación de las diferentes etapas del programa en el Establecimiento Educacional; 2) Velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del equipo del programa; 3) Gestionar y Organizar la cantidad de horas colaborativas requeridas según normativa y cautelar el cumplimiento del trabajo colaborativo; 4) velar por el cumplimiento de la documentación requerida para los estudiantes postulados a la plataforma, en los plazos establecidos por la coordinación comunal; 5) Coordinar permanentemente talleres o jornadas de sensibilización en temáticas de inclusión y diversidad en el establecimiento; 6) Comunicar a padres y apoderados situaciones académicas de mayor complejidad de acuerdo a los diagnósticos de los estudiantes para prever denuncias en Secretaria Ministerial, Superintendencias u otra entidad”

Fundamentos de Derecho:

- Ley 19070 Estatuto Administrativo Docente Artículo 8.: “Las funciones técnico pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente especifíca para cada función se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, prevío informe de los organismos competentes”

Art. 72: Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal dejarán de pertenecer a ella, por las siguientes causales:

Letra c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas”

- Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Art. 74. Corresponde a la Unidad Técnico Pedagógica.

Letra a) Organizar la articulación de los objetivos fundamentales transversales con los objetivos verticales de los subsectores. Letra c) Monitorea el logro de la planificación, retroalimentando el proceso permanente. Letra d) Monitorea el logro de los aprendizajes de los estudiantes especificamente los estudiantes prioritarios. Letra k) Confecciona el horario de clases cautelando la coherencia del curriculum. Letra h) Evalúa e informa a dirección los resultados de aprendizaje. Letra e) Supervisa el buen uso de los tiempos de clases.

Cargo 4: (Absuelto)

“Haber manifestado en sus descargos entregados al Jefe del Departamento de Educación, con fecha 8 de enero de 2018, la existencia de abandonos reiterados a su lugar de trabajo por doña nombre reservado, sin respaldos y sin informar estos hechos oportunamente al Departamento de Educación Municipal”

Cargo 5:

“No haber asignado para el año 2018 a doña nombre reservado, las veinticinco horas cronológicas en la especialidad de Historia y Ciencias Sociales en nivel básico del Colegio Mundo Mágico incumpliendo el Decreto Alcaldicio n° 4912 de fecha 23 de agosto de 2013 que otorga titularidad a la docente”

Fundamentos de Derecho:

- Ley 19070 Estatuto Administrativo Docente Artículo 8.: “Las funciones técnico pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente especifíca para cada función se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, prevío informe de los organismos competentes”

Art. 71: ” Los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las código del trabajo y sus leyes complementarias”

- DFL1 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Art. 2. “Reconocese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elija. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quién los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamientoreiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otrou otros trabajadores. Por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación”.

- DFL2/2010 Ministerio de Educación que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 20370 con las normas no derogadas del Decreto Fuerza de Ley 1 de 2005.

Art. 10 letra c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabjar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo, tienen derecho que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes y maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”

- DFL 2/2010 Ministerio de Educación que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 20370 con las normas no derogadas del Decreto Fuerza de Ley 1 de 2005. Art. 10 letra c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabjar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo, tienen derecho que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes y maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”

- Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar: Art. 74. Corresponde a la Unidad Técnico Pedagógica.

Letra a) Organizar la articulación de los objetivos fundamentales transversales con los objetivos verticales de los subsectores.

Letra c) Monitorea el logro de la planificación, retroalimentando el proceso permanente.

Letra d) Monitorea el logro de los aprendizajes de los estudiantes especificamente los estudiantes prioritarios.

-D.A. N° 302 de 1982 Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal de los Establecimientos Educacionales de la Municipalidad de Temuco.

Párrafo 2: Obligaciones del personal de establecimientos educacionales. Artículo 4. El personal de los establecimientos educacionales estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas:

2.- Desempeñar su labor con diligenciay colaborar a la mejor marcha del proceso educacional del establecimiento y la comuna.

3.- Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeñey hacia el empleador y sus representantes.

Cargo 6:

“Haber ejercido maltrato verbal y psicológico durante el mes de marzo de 2018 a la docente de religión, doña nombre reservado, en el colegio Mundo Mágico, produciéndose la intervención de la Unidad de Convivencia Escolar, solicitándose por la docente que la comunicación entre ambos se desarrolle sólo por correo electrónico y ante una conversación urgente debe existir una tercera persona como testigo”

Fundamentos de Derecho:

- Ley 19070 Estatuto Administrativo Docente Art. 71:”Los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las código del trabajo y sus leyes complementarias”

- DFL1 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Art. 2. “Reconocese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elija. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quién los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamientoreiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otrou otros trabajadores. Por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humilación, o bien que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación”.

- DFL2/2010 Ministerio de Educación que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 20370 con las normas no derogadas del Decreto Fuerza de Ley 1 de 2005.

Art. 10 letra c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabjar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo, tienen derecho que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes y maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”

- D.A. N° 302 de 1982 Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal de los Establecimientos Educacionales de la Municipalidad de Temuco.

Párrafo 2: Obligaciones del personal de establecimientos educacionales. Artículo 4. El personal de los establecimientos educacionales estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas:

5.- Mantener en todo momento relaciones deferentes con los jefes, compañeros de trabajo y alumnos.

Cargo 7:

“Haber ofrecido medicamento Clonazepán a los docentes presentes en la reunión de primer y segundo ciclo en el mes de agosto de 2017 en el Colegio Mundo Mágico, siendo este hecho reprochado por la docente presente en dicha reunión, doña nombre reservado”

Fundamentos de Derecho.

- DFL2/2010 Ministerio de Educación que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 20370 con las normas no derogadas del Decreto Fuerza de Ley 1 de 2005.

Art. 10 letra c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo, tienen derecho que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes y maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”

- D.A. N° 302 de 1982 Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal de los Establecimientos Educacionales de la Municipalidad de Temuco.

Párrafo 2: Obligaciones del personal de establecimientos educacionales.

Artículo 4. El personal de los establecimientos educacionales estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas:

4.- Mantener sobriedad y correccion en el desempeño de sus funciones.

5.- Mantener en todo momento relaciones deferentes con los jefes, compañeros de trabajo y alumnos.

Cargo 8:

“Haber interrumpido en el mes de septiembre de 2017 el horario de colación a doña nombre reservado, desde las 14:00 a 14:45 horas., ordenándole que regresara al aula a atender a un niño, ejerciendo malos tratos verbales enfrente de funcionarias del Colegio Mundo Mágico, recalcando a viva voz que sólo tenía 30 minutos de almuerzo”

Fundamentos de Derecho:

- Ley 19070 Estatuto Administrativo Docente Art. 71:”Los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las código del trabajo y sus leyes complementarias”

- DFL1 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Art. 2. “Reconocese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elija. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quién los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores. Por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humilación, o bien que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación”.

- D.A. N° 302 de 1982 Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal de los Establecimientos Educacionales de la Municipalidad de Temuco. Párrafo 2: Obligaciones del personal de establecimientos educacionales. Artículo 4. El personal de los establecimientos educacionales estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas:

5.- Mantener en todo momento relaciones deferentes con los jefes, compañeros de trabajo y alumnos.

Mediante la Resolución N° 08 del 22 de agosto de 2018 a fjs. trescientos ochenta y uno a cuatrocientos siete del Sumario Administrativo, en su parte resolutiva la Fiscal Instructora desarrolla la Vista Fiscal en la cual efectúa una relación de los hechos con los respectivos antecedentes indicando que se encuentra agotada la investigación de los hechos en autos y dictando lo siguiente en su parte Resolutiva a fjs. cuatrocientos siete:

Punto 3. Por tanto, en mérito de lo expuesto y dispuesto en la Ley N° 18883 Estatuto Administrativo Municipal, Código del Trabajo, Ley N° 19070 Estatuto Administrativo Docente, D.S.N°453/1991 Reglamento de la misma Ley, el D.A. N°302/1982 Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal de los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Temuco, y demás normas legales que corresponde aplicar, se resuelve: Se confirman los cargos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Se le absuelve del cargo N° 4; y Se considera vulnerada la siguiente normativa: Ley 19070 Estatuto Administrativo Docente, artículos 8, 71, 72 letras b) y c); DFL 1 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, art. 2 DFL 2/2010 Ministerio de Educación, Fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley 1 de 2005, artículo 10 letra c); DA. N°302 de 1982 Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad para el personal de los Establecimientos Educacionales de la Municipalidad de Temuco Párrafo 2, artículo. 4, Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, Art. 74, letras a), c), k), h) y e).

Se propone la medida disciplinaria de término de relación laboral a don nombre reservado, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio Mundo Mágico, por el Artículo 72 letras b) y c) de la Ley 19.070 Estatuto Administrativo Docente.

a) Se sugiere ordenar a la Directora del Colegio Mundo Mágico dejar sin efecto la medida de amonestación escrita efectuada a doña nombre reservado, Educadora del Colegio Mundo Mágico, a través del Memorándum N°3 de fecha 03 de diciembre de 2017 por falta de aplicación de un justo procedimiento, vulnerándose lo dispuesto en el DS 453/1991 del Ministerio de Educación artículos 53, 54, y 55 del Reglamento de la Ley 19070 Estatuto Administrativo Docente.

b) Se sugiere solicitar la revisión por la Unidad Jurídica del DAEM del Manual de Convivencia Escolar del Colegio Mundo Mágico por no ajustarse a la normativa educacional.

Se solicita que el Sumario sea remitido al Jefe del Departamento de Educación Municipal para su resolución final, previa revisión de la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal.

Luego, se le notifica el Decreto Alcaldicio N° 47 de 13 de febrero de 2019, por el cual se le e aplica medida disciplinaria de término relación laboral y que en lo pertinente solo fundamenta dicha medida en la reproducción textual de los cargos, sin siquiera reproducir y/o analizar los fundamentos de hecho y derecho de la Vista Fiscal, limitándose en sus considerandos a mencionar los antecedentes del proceso administrativo, cuyas consideraciones pretenden ser dadas por íntegramente reproducidas. Cabe señalar que el mencionado Decreto Alcaldicio N° 47 además de no fundar ni motivar la medida de término de la relación laboral-Docente, tampoco considera la Vista Fiscal en los Vistos de la precitada Resolución, careciendo de un análisis lógico y empírico de sus descargos y medios de prueba, en definitiva, el mentado Decreto, carece del sustento y fundamentación mínima requerida para que un acto administrativo, permita aplicar la medida disciplinaria que se pretende.

Ciertamente el decreto expulsivo es precario e incurre en una falta administrativa flagrante al aplicar la medida de término de la relación laboral, fundada en la aplicación del Artículo N° 72 letra b de la Ley 19.070, disposición que jamás fue objeto de cargos. Cabe señalar que en la Resolución N° 04 de fecha 6 de julio de 2018, en que se procede a la formulación de los cargos en su contra, en ningún fundamento del derecho se hace mención al citado artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070, lo que conforme al análisis en estudio pugna con el artículo 138 inciso 3° de la Ley N°18.883, aplicable al efecto, que dispone: “ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”.

Claramente este error es patente y reiterado tanto en la Vista Fiscal, como en el Decreto Alcaldicio N° 47, puesto que ambas resoluciones administrativas incluyen el precitado artículo 72 letra b) de la Ley 19.070, no obstante, que como se dijo, esta última norma no fue materia de cargos.

A continuación cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, explicando que conforme al artículo 138 inciso 3° de la Ley N°18.883 “ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”, norma complementada por el art. 41 de la ley 19.880 que dispone que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados, agregando en el inciso tercero que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente.” Agrega que dichas normas consagran el principio de congruencia, que debe respetarse en todo procedimiento administrativo, y sobre todo en el sancionador en cuya virtud debe existir concordancia entre lo imputado en el pliego de cargos y la resolución del procedimiento sancionador lo que implica que en la formulación de cargos se deben exponer en forma correcta y clara los hechos que se imputan al sumariado, como la calificación jurídica que se da a los mismos. En este sentido el artículo 11 inciso 2° de la Ley N°19.880 dispone que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.

Manifiesta que, el derecho de defensa, reconocido en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política supone que la formulación de la acusación sea precisa, no sólo desde el punto de vista fáctico sino también jurídico. No basta entonces con señalar los hechos materiales que sirven de base a la pretensión punitiva; es también indispensable que se indique la calificación jurídica de los mismos, pues la estrategia de defensa depende, en gran medida, de su valoración jurídica. La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos que describen los hechos como de los argumentos y las citas normativas específicas. Esto implica que el aspecto fáctico mencionado en la acusación y su calificación es lo único que puede ser tenido en cuenta por el sancionador al momento de dictar la resolución final. Así los cargos o acusación deben ser concretos y precisos, indicando el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se le imputa al inculpado y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, lo que implica la calificación jurídica que se da a los mismos; lo que no obsta, a que la búsqueda de la justicia material, conlleve que la imputación de cargos y la calificación tenga carácter provisional, pudiendo ser modificada, a través de la reapertura de la investigación y de una nueva formulación de cargos en los términos que fruto de la investigación se estimen correctos. Pero no puede la autoridad administrativa al aplicar la sanción, sin romper la congruencia, cambiar la calificación jurídica de los hechos y agravar la responsabilidad con relación a los cargos imputados. Así, si se acusó por incumplimientos de funciones y se varió a faltas graves a la probidad administrativa, no se le puede condenar por esta última y aplicar la medida de destitución. Para ello, previamente debió haberse reabierto la investigación y reformularse los cargos imputados, como lo permite el artículo 138 inc. 2° de la Ley N°18.883.

Manifiesta que se le formulan 8 cargos, ya señalados precedentemente, que supuestamente vulneran (Decreto Alcaldicio N°47) lo dispuesto en los artículos 72 letras b) y c) de la Ley N°19.070, en su calidad de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio Mundo Mágico de esta ciudad, luego se describen los hechos en los que se relatan las actuaciones que le reprochan; pero en el resuelvo de la resolución recurrida, se le aplica la medida disciplinaria de Término de Relación Laboral, sanción fundada erróneamente en los artículos 72 letras b) y c) de la Ley N°19.070.8, por lo que queda en evidencia que la autoridad administrativa lo está condenando por una conducta que ha sido calificada con una denominación jurídica diversa a que la que se le dio cuando se le formularon los cargos, en los que no se planteó como parte de la acusación administrativa la existencia de una “falta a la probidad, conducta inmoral” establecida fehacientemente respecto de su persona, imputación esta última errónea y flagrante que se plantea tanto en la Vista Fiscal como en el Decreto Alcaldicio N° 47. De esta manera, se transgredió el principio de congruencia que debe existir entre la formulación de cargos y la resolución final, porque no solamente modificó la denominación jurídica de la conducta punible, -“falta a la probidad administrativa, conducta inmoral”- sino que se alteró la esencia de la imputación fáctica, ya que del simple “incumplimiento de los obligaciones que impone su función” de la letra c) del mentado artículo 72 de la ley 19.070, se ha pasado también a la calificación de “falta a la Probidad administrativa, conducta inmoral”, expresión que tiene una connotación claramente diversa y que conlleva un agravamiento de la responsabilidad, a tal punto que se ha colocado término a la relación laboral-docente por falta a la probidad, conducta inmoral, no obstante que nunca fue materia de cargos esta supuesta falta a la probidad de su parte.

Concluye que así las cosas, el Decreto Alcaldicio N° 47 de 13 de febrero de 2019, adolece de ilegalidad al vulnerar el principio de congruencia establecido en el artículo 138 inciso 3° de la Ley N°18.883; lo que no solo conlleva a que el acto administrativo recurrido sea ilegal, sino que también arbitrario, ya que carece de explicación racional la falta evidente de congruencia entre los cargos y la decisión final.

19 N° 2; 19 N° 3 incisos 4° y 5°;

Resume, que en consecuencia los derechos vulnerados son: el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Política, desde que no se divisa en la especie, la razón de un tratamiento distinto en el caso de este actor que ha sido excluido de la Administración, respecto de otros casos en los cuales si se ha respetado el principio de congruencia.

Señala que además se afecta la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, que establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta ya que la incorrecta actuación conlleva que la autoridad administrativa se transforme a en una comisión especial que ha juzgado la procedencia de su destitución, sin haber obrado conforme a las exigencias que al respecto le impone el ordenamiento jurídico.

Que, finalmente se vulnera el artículo 19 N°3 inciso 5, puesto que la dictación del Decreto N° 47, se ha fundado en un proceso ilegal, al no permitirle ejercer adecuadamente mi derecho a defensa, no habiéndose garantizado un proceso racional y justo; acota que el debido proceso está consagrado en el artículo 19 N° 3° de la Constitución Política de la República, el que reproduce; así, en el aspecto administrativo, se encuentra claramente consagrado en el artículo 18 inciso 2º de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, cuando señala: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento”.

El debido proceso exige la formulación de cargos previos, el artículo 140 inciso 3º del Estatuto Administrativo prescribe sobre el particular que “ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”; lo que se traduce en que dichos cargos deben formularse por escrito al inculpado y ser notificados personalmente o por carta certificada, tal como lo dispone el artículo 125 del Estatuto Administrativo.

Por otra parte, los cargos deben formularse en forma concreta, precisando específicamente los hechos constitutivos de la infracción, su temporalidad y las normas transgredidas, no siendo posible imputar al inculpado conductas genéricas o imprecisas, de modo que impidan asumir adecuadamente su defensa, conforme lo expresado reiteradamente por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes. Al efecto cita jurisprudencia de este Tribunal en las causas Rol N° 1688-2012 caratulada “nombre reservado con Municipalidad de Traiguén” y Rol N° 1669-2018, caratulada “nombre reservado con Municipalidad de Lautaro”.

Pide se tenga por interpuesto nombre reservado en contra del Decreto Alcaldicio N° 47 del 13 de febrero de 2019 dictado por don nombre reservado en su calidad de Alcalde de la I. MUNICIPALDAD DE TEMUCO, y, acogiéndolo se decrete la ilegalidad o arbitrariedad del mencionado Decreto y vulneración de las garantías denunciadas, ordenando dejarlo sin efecto y en su lugar resolver que la recurrida debe dictar un nuevo decreto que sea congruente con la formulación de cargos y para tal efecto retrotraerlo a la etapa de formulación de cargos; sin perjuicio de las demás medidas que este Tribunal estime pertinentes conforme a sus facultades, con expresa declaración que se condena a la recurrida al pago de las costas del recurso.

Informando el abogado don Héctor Campos Maldonado, en representación de la recurrida I. Municipalidad de Temuco, expresa que en primer lugar hay que indicar que el recurrente, se ha desempeñado como Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del Colegio Mundo Mágico dependiente del Departamento de Educación del citado Municipio, regido por la Ley N°19.070, cabe también agregar que el cargo que desempeña es de los denominados “de exclusiva confianza” conforme lo dispuesto en el artículo 34 c) del mismo cuerpo legal; debiendo tener presente que al tratarse de un funcionario regido por la Ley N°19.070, procede que en casos como el que se ha indicado, se inicie un sumario administrativo, el que se rige por las normas de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo Municipal y los dictámenes de Contraloría General de la República que le fueren atingentes.

Que por Resolución N°14 de fecha 09 de abril de 2018 del Jefe del Departamento de Educación Municipal, se ordenó instruir sumario administrativo en contra del Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del Colegio Mundo Mágico de la ciudad de Temuco, don nombre reservado, a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar la existencia de responsabilidad administrativa por denuncias interpuestas en su contra por doña nombre reservado, Educadora de Párvulos del establecimiento educacional, la primera, con fecha 18 de diciembre de 2017 por discriminación y malos tratos hacia su hijo nombre reservado, niño con necesidades educativas especiales y de condición down; y la segunda, con fecha 02 de abril de 2018 por agresión verbal hacia ella en el lugar de trabajo provocándole un ataque de pánico y un desmayo en el aula de clases, acompañando a dicha denuncia formulario de atención de urgencias del Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena.

El funcionario nombre reservado, se encuentra regido por el Estatuto Administrativo Docente Ley 19.070, siendo designado en un cargo de exclusiva confianza por la Directora del Colegio Mundo Mágico, Sra. nombre reservado, en virtud del artículo 34 c) de la referida Ley, norma incorporada por el artículo 1 n°21 de la Ley 20.501 de 2011.

A través de la Resolución Interna N°02 del procedimiento disciplinario se dispuso la suspensión de funciones de don nombre reservado, como medida preventiva a fin de resguardar el éxito de las diligencias mientras dure la investigación.

En virtud de la Resolución N°03 de fecha 03 de julio de 2018 se resolvió el cierre del sumario administrativo y a través de la Resolución N°04 de fecha 06 de julio de 2018 dispuso la formulación de cargos en su contra atendidos los antecedentes de la investigación.-Que los cargos formulados ascendieron a un total de ocho, relacionados con incumplimientos de funciones, y faltas a la probidad administrativa, ambas resoluciones fueron notificadas en forma personal con fecha 09 de julio de 2018, tal como consta a fojas 223 del expediente sumarial.

A través de la Resolución N°07 de fecha 02 de agosto de 2018 se resolvieron los descargos presentados, haciéndose presente que a dicho documento no se acompañó ningún medio probatorio, sino que en el primer otrosí solicita se reciba la causa a prueba y en el segundo otrosí, solicita diligencias probatorias, testigos, careos y oficios.-Hay que señalar que de acuerdo al Dictamen N°49547 del 2011, la vista al fiscal no se notifica al sumariado, y que todas las notificaciones se deben efectuar al domicilio señalado por el propio interesado (no siendo obligatorio efectuar notificaciones a los correos electrónicos).-} Será responsabilidad del sumariado, que el domicilio que señale, corresponda a donde se efectúen sus notificaciones, no pudiendo excusarse con que no estaba en dicho domicilio.- El proceso sumarial fue revisado por la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal, dictándose el Decreto Alcaldicio N°47 de fecha 13 de febrero de 2019, el que establece en sus considerandos los antecedentes del proceso administrativo, los fundamentos de la vista fiscal, cuyas consideraciones se dan por íntegramente reproducidas, determinándose la existencia de responsabilidad administrativa en don nombre reservado, Jefe de UTP del Colegio Mundo Mágico.

Que dicho acto administrativo decreta aplicar la medida de término de relación laboral en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 letra b) y c) de la Ley 19.070. Se ordena la notificación por el Sr. Secretario Municipal y se le informa el derecho a presentar Recurso de Reposición dentro de cinco días hábiles a contar de la notificación.

Respecto a la notificación consta acta de constancia del Sr. Secretario Municipal quien se constituyó personalmente en el domicilio de don nombre reservado ubicado en domicilio reservado, con fechas 21 y 22 de febrero de 2019, no resultando factible el acto de notificación por no encontrar moradores en la dirección particular. En consecuencia, se procedió a efectuar el trámite por carta certificada, la que fue remitida con fecha 25 de febrero de 2019.

Transcurrido el plazo legal para presentar Recurso de Reposición, sin hacerlo valer por don nombre reservado, se procede a dictar el Decreto N°3.153 de fecha 13 de marzo de 2019 que confirma la medida disciplinaria de término de relación laboral en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 letra b) y c) de la Ley 19.070.

Al respecto debemos señalar que don nombre reservado interpuso con fecha 28 de agosto de 2018 ante la Corte de Apelaciones de Temuco, Recurso de Protección en contra de la Resolución Interna N°7 de fecha 02 de agosto de 2018 del Sumario Administrativo, que resuelve presentación de descargos y solicitudes de diligencias probatorias, causa ROL 4620-208.-Señala que dicha Resolución constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 n°2 y n°3 inc.4 de la Constitución Política de la República.-La Ilustrísima Corte de Apelaciones en dicho Recurso, resolvió a través de la Sentencia de fecha 15 de enero de 2019 rechazar el Recurso de Protección en todas sus partes, estableciendo en su considerando Tercero: “Que para que un acto resulte arbitrario, éste debe carecer de fundamentos, lo que en el caso no ocurre ya que éstos se encuentran expresados en la propia resolución impugnada que expresa una a una las razones por las cuales no se accede a las pruebas ofrecidas, como consta en los documentos adjuntados a la causa y que fueron reproducidos en el recurso, los que como puede apreciarse son el resultado de un proceso legalmente tramitado, de manera que tampoco es posible afirmar que la resolución n°7 de 2018 del sumario administrativo resulte ser un acto arbitrario respecto del cual se pueda otorgar protección a la recurrida”. Cuarto: “Que, en cuanto al mérito de las decisiones contenidas en la resolución no corresponde a esta Corte pronunciarse sobre ellas ya que el nombre reservado no constituye una instancia que permita modificar decisiones de otros órganos del Estado, sino en cuanto de manera ilegítima vulneren o atenten contra garantías fundamentales, lo que no ocurre en la especie”. Quinto: “Que, sólo a mayor abundamiento, cabe observar que no resulta procedente por vía del arbitrio constitucional resolver sobre incidentes tramitados dentro del desarrollo de un proceso administrativo, sin que aquello importe inmiscuirse en una actuación que constituye un acto intermedio, o de mero trámite, y en ningún caso, un acto decisorio que establezca o afecte garantías fundamentales de los administrados una vez agotada la vía administrativa”.

Se rechaza el Recurso de Protección interpuesto en contra de la Municipalidad de Temuco y Fiscal sumariante, y se deja sin efecto la orden de no innovar decretada.

Lo anterior, demuestra claramente y con precisión que el recurrente tenía conocimiento cierto de todo lo actuado en el Sumario, y que además estaba ejerciendo acciones legales, que suponían un debido proceso Posteriormente, la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal procede a revisar la legalidad y debido proceso del sumario administrativo, dictándose a este efecto el Decreto Alcaldicio n°47 de fecha 13 de febrero de 2019 que en su parte resolutiva procede aplicar la medida disciplinaria de término de relación laboral a don nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 72 letra b) y c) de la Ley 19.070 Estatuto Administrativo de los Profesionales de la Educación.

La Ley 19.070 Estatuto Administrativo de los Profesionales de la Educación, establece en su artículo 72 que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: a) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la Ley N°18.883, en lo que fuere pertinente; b) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas.

Que, en cuanto a la probidad administrativa, se debe mencionar que constituye un concepto amplio que se encuentra consagrado en el artículo 8 inciso 1 de la Constitución Política de la República que dispone: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”

A su vez el artículo 13 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que: “los funcionarios de la administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan”. El artículo 52 del mismo cuerpo legal establece que: “las autoridades de la administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la administración pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

El artículo 61 letra g) de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo General, impone a los trabajadores públicos el deber de dar estricto cumplimiento a dicho principio que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

El decreto Alcaldicio N°47 que aplica la medida disciplinaria de término de relación laboral consideró acreditada la responsabilidad administrativa de don nombre reservado en virtud de los cargos formulados, respecto de los cuales es posible informar lo siguiente:

Cargo N°1: “Haber ejercido el día 28 de marzo de 2018 maltrato verbal y psicológico a la Educadora de Párvulos, doña nombre reservado, obligándola a repetir tres veces su horario de llegada al Colegio Mundo Mágico y a firmar una amonestación escrita por un atraso del día 27 de marzo, provocando en la docente un ataque de pánico y un desmayo en el aula de clases”. A través del presente cargo se acreditó la existencia de acoso laboral hacia doña nombre reservado, considerando diversas declaraciones de funcionarios del Colegio Mundo Mágico, además de la declaración de la víctima, quien acompañó formulario de atención de urgencia del Hospital Regional de Temuco, que indica atención médica el día 28 de marzo de 2018 cuyo diagnóstico es ataque de pánico producido por acoso laboral de Jefe de UTP relativo a reclamo interpuesto por la funcionaria por discriminación hacia su hijo Síndrome de Down, asimismo memorándum interno de fecha 28 de marzo de 2018 por atraso en la hora de llegada dirigido a doña nombre reservado, consignando la misma funcionaria en dicho documento existir acoso laboral de parte del Jefe de UTP, por último antecedente médico de fecha 15 de mayo de 2018 de la Dra. nombre reservado certificando estar atendiendo a doña nombre reservado quien cursa un episodio de depresión mayor reactiva a causa de mobbing laboral. El acoso laboral se encuentra relacionado con la vulneración al principio de probidad administrativa, conducta imperativa para todos los funcionarios y servidores públicos.

Cargo N°2: “Haber aplicado a través del memorándum n°3 de fecha 03 de diciembre de 2017, a doña nombre reservado, Educadora de Párvulos del Colegio Mundo Mágico, una amonestación escrita sin un justo procedimiento, omitiéndose la solicitud de descargos, vulnerándose lo dispuesto en el DS.453/1991 del Ministerio de Educación, artículos 53, 54 y 55, Reglamento de la Ley 19.070, Estatuto Administrativo Docente”. A través de este cargo se acredita la aplicación del Jefe de UTP a doña nombre reservado de una amonestación escrita haciendo alusión a incumplimiento de normas de convivencia escolar, atrasos y abandono de funciones, sin un justo procedimiento, omitiéndose la posibilidad de presentar descargos por la funcionaria. Estos hechos se encuentran relacionados con conductas de acoso laboral. Se acredita la aplicación de una medida arbitraria e injusta al agregar entre sus fundamentos hechos que no fueron acreditados por el Jefe de UTP. A fs. 6 a 11 del expediente sumarial constan descargos de don nombre reservado, solicitados por el Jefe del Departamento de Educación Municipal, quien reconoce haber aplicado directamente la medida, sin un justo proceso, teniendo además presente que la funcionaria se rige por el Decreto 453/1991 que dispone el procedimiento en sus artículos 53 al 58 sobre quejas en contra de un profesional de la educación... Que la vulneración a la normativa y la aplicación de una amonestación en la hoja de vida de la funcionaria son conductas que caben considerar dentro del mobbing o acoso laboral teniendo en cuenta los demás antecedentes del proceso, declaraciones y documentos incorporados. El acoso laboral se encuentra vinculado directamente con la probidad administrativa, el actuar correcto que cabe exigir a todos los funcionarios y servidores públicos.- Cargo N°3: “No haber cumplido sus funciones de Jefatura de la Unidad Técnica Pedagógica del Colegio Mundo Mágico desde su ingreso en el mes de agosto del año 2017 al no supervisar el funcionamiento del Programa de integración Escolar e informar a la Dirección del establecimiento educacional las deficiencias constatadas por la Coordinación Comunal PIE en el informe de desempeño laboral de fecha 04 de enero de 2018 de doña nombre reservado, Coordinadora del Programa, señalándose deficiencias en los siguientes aspectos: coordinación de las diferentes etapas del programa en el establecimiento educacional; velar por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del equipo del programa; gestionar y organizar la cantidad de horas colaborativas requeridas según normativa y cautelar el cumplimiento del trabajo colaborativo; velar por el cumplimiento de la documentación requerida para los estudiantes postulados a plataforma, en los plazos establecidos por la coordinación comunal; coordinar permanentemente talleres o jornadas de sensibilización en temáticas de inclusión y diversidad en el establecimiento; y comunicar a padres y apoderados situaciones académicas de mayor complejidad de acuerdo a los diagnósticos de los estudiantes para prever denuncias en Secretaría Ministerial, Superintendencias u otra entidad”. A través del cargo N°3, y conforme los antecedentes incorporados, variadas declaraciones y prueba documental, específicamente el Informe de la Coordinadora Comunal del Programa de Integración Escolar, Sra. nombre reservado, se consideró vulnerado el artículo 8 de la Ley N°19.070, que dispone: “Las funciones técnico pedagógicas son aquéllas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada función se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación de aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los órganos competentes”. La vulneración de este artículo se encuentra en vinculación directa con el artículo 72 letra c) de la Ley 19.070, disposición legal que fue descrita como fundamento del cargo en cuestión.

Cargo N°5: “No haber asignado para el año escolar 2018 a doña nombre reservado, las veinticinco horas cronológicas en la especialidad de Historia y Ciencias Sociales en nivel básico del Colegio Mundo Mágico incumpliendo el Decreto Alcaldicio n°4.912 de fecha 23 de agosto de 2013 que otorga la titularidad docente”. A través del cargo N°5 se acredita el incumplimiento al artículo 8° de la Ley N°19.070 además de antecedentes de acoso laboral hacia la docente nombre reservado por el Jefe de UTP, hechos probados durante el procedimiento a través de variadas declaraciones de funcionarios del establecimiento educacional, declaración de la docente, declaración del Jefe de Recursos Humanos del Departamento de Educación, y otros antecedentes documentales. En consecuencia respecto a este cargo se cumplen las causales del artículo 72 letras b) y c) de la Ley 19.070, reiterándose que el acoso laboral se encuentra en vinculación directa con el principio de probidad administrativa.

Cargo N°6: “Haber ejercido maltrato verbal y maltrato psicológico durante el mes de marzo de 2018 a la Docente de Religión, doña nombre reservado, en el Colegio Mundo Mágico, produciéndose la intervención de la Unidad de Convivencia Escolar, solicitándose por la docente que la comunicación entre ambos se desarrolle sólo por medio de correos electrónicos y ante una conversación de carácter urgente debe existir una tercera persona como testigo”. En cuanto al cargo N°6, se acreditaron hechos de mobbing o acoso laboral hacia la docente nombre reservado, en mérito de variadas declaraciones de funcionarios del Colegio Mundo Mágico, declaración de la docente, declaración de la Encargada de Convivencia Escolar, declaración de la Asistente Social, y pruebas documentales.

Cargo N°7: “Haber ofrecido el medicamento Clonazepán a los docentes presentes en la reunión de primer y segundo ciclo concertada en el mes de agosto de 2017 en el Colegio Mundo Mágico, siendo este hecho reprochado por la docente presente en dicha reunión, doña nombre reservado”. Se consideró, en mérito de los antecedentes recabados, esto es, variadas declaraciones de funcionarios del establecimiento educacional, declaración de la Directora nombre reservado, vulnerada la normativa educacional específicamente lo dispuesto en la letra c) del artículo 10 del DFL 2/2010 del Ministerio de Educación, respecto a la existencia de un ambiente tolerante y de respeto mutuo, respeto a la integridad física, psicológica y moral no pudiendo ser los docentes objeto de tratos vejatorios, degradantes y maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Conductas en relación directa con el principio de Probidad Administrativa.

Cargo N°8: “Haber interrumpido en el mes de septiembre de 2017 el horario de colación a doña nombre reservado, desde las 14:00 a 14:45 hrs., ordenándole que regresara al aula a atender a un niño, ejerciendo malos tratos verbales enfrente de funcionarias del Colegio Mundo Mágico, recalcando a viva voz que sólo tenía 30 minutos de almuerzo”. A través del presente cargo, y en mérito de los antecedentes incorporados a la investigación, es especial declaraciones de funcionarias del establecimiento, y declaración de doña nombre reservado, se acreditó la existencia de hechos de acoso laboral hacia la funcionaria, además de la vulneración al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad. Que como se ha explicado los hechos de acoso laboral se encuentran en relación directa al principio de probidad administrativa.

Expone que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del nombre reservado, sobre el particular, y es preciso recordar que el nombre reservado fue creado como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a violaciones o atropellos flagrantes de ciertos derechos fundamentales, y que pretende el amparo o restablecimiento de estos, pero tal como ha sido establecido por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en las Sentencias de fechas 22 de abril de 2014 recaída en la causa Rol N°4536 de 2014; 02 de diciembre de 2014 recaída en la causa Rol N° 28.217 de 2014; y 14 de diciembre de 2010 dictada en la causa Rol 7843 de 2010 se dispone que “El control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, resultando un planteamiento erróneo intentar que por la presente instancia jurisdiccional se revise la investigación y se revise la Resolución contra la cual se recurre la que fue adoptada sobre la base del mérito establecido por la funcionaria a cargo del sumario administrativo”.

Hace presente que el sumario administrativo fue llevado por la Fiscal designada, Abogada del Departamento de Educación, con absoluto celo en el cumplimiento de las normas de Derecho Público y los principios que informan este tipo de procedimiento especial, esto es, el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, el derecho a defensa del inculpado, por lo cual el procedimiento se encuentra ajustado a derecho.-El Recurso de Protección no es el medio idóneo para impugnar procesos disciplinarios ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido procedimiento y asegurar la adecuada defensa, así también lo ha establecido Contraloría General de la República en los Dictámenes N°18.884 de 2010 y N°13.939 de 2017.- NO PROCEDE A TRAVÉS DEL RECURSO DE PROTECCIÓN LA REVISIÓN DE ACTOS TRÁMITE DE UN SUMARIO ADMINISTRATIVO.

Cita Jurisprudencia de esta Corte en sentencia de fecha 28 de junio de 2011 dictada en la causa Rol 19-2011, considerando 7°, que señala: “a través de la vía del Recurso de Protección es factible revisar la legalidad y razonabilidad de la actuación administrativa, manifestada en el acto terminal, pero sin que ello importe revisión de cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades, cuestión con todo que no cabe considerar en este etapa del procedimiento administrativo por estar ante un acto trámite que no puede estimarse que cause agravio o constituya una amenaza ya que ello ocurre sólo en el acto terminal”. El mencionado fallo fue confirmado por la Corte Suprema a través de la Sentencia Rol 6349-2011.

Atendidas las justificaciones y razones expresadas no es posible a través del Recurso de Protección revisar la legalidad y razonabilidad de un acto trámite, sólo por excepción cuando éste determina la imposibilidad de continuar un procedimiento o por su contenido o decisión conlleva la indefensión de los afectados, como sería negar el derecho a los recursos legales, que no es el caso.

Dice que el principal argumento, para alegar la ilegalidad del acto administrativo estaría en que el Decreto Alcaldicio N°47 de fecha 13 de febrero de 2019, vulneraría el principio de congruencia establecido en el artículo 138 inciso 3° de la Ley N°19.883, ya que se habría cambiado la “calificación jurídica” que se dio a los hechos en la formulación de cargos, sin que previamente se hubiese reabierto el sumario y reformulado los cargos; además significaría que sería arbitrario, ya que carece de una explicación racional, pero ninguna de esas razones es efectiva, en primer término, porque el acto es dictado por una autoridad que tiene la competencia y atribuciones para dictarlo, gozando además de una presunción de legalidad.

No debemos olvidar que se trata de actos administrativos y no de sentencias judiciales, en la cual debe existir una “calificación jurídica”, acto que es de exclusiva competencia de los Tribunales, de tal forma que mal podría ser ilegal un acto administrativo que supuestamente tenga una errada calificación jurídica de los hechos.

Por otra parte hay que tener presente que en la especie opera el principio de la desformalización contemplado en el artículo 13 de la Ley N°19.880, que señala: “Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado. La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ellos no se afectaren derechos de terceros”. Como puede observarse, el supuesto vicio alegado, no afecta la esencia del acto administrativo recurrido. Por último, y solo tomando en consideración las denuncias efectuadas contra el recurrente, se descarta la absoluta arbitrariedad de su presentada.

En cuanto a los derechos constitucionales que el recurrente estima afectados, estima que el recurrente no ha acreditado la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente respetado durante todo el procedimiento por la Fiscal instructora, toda vez que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia en los mismos términos que lo ha hecho respecto de otros funcionarios que se han encontrado en similar situación sometidos a procedimientos disciplinarios, sumarios administrativos e investigaciones sumarias, razón por la que mal podría suponerse que dicho pronunciamiento haya significado dar al inculpado un tratamiento discriminatorio que haya quebrantado la garantía de que se trata. Cita jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante sentencia de 13 de mayo de 2017, recaída en la causa Rol N° 1.352-2017, la cual en su considerando Séptimo señaló que “En este sentido, para establecer la transgresión al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, como lo alega el recurrente, debió acreditarse la diferencia de criterio seguido en otros casos similares, lo que no se ha hecho en la especie, por lo que el Recurso de Protección incoado no puede prosperar.”

Agrega que, a mayor abundamiento, lo que proscribe dicha garantía son las distinciones arbitrarias, es decir, las que sólo representen un mero capricho y carezcan de una motivación o fundamento racional, cuestión que no tiene lugar en éste caso, puesto que la Resolución N° 7 del sumario administrativo fue dictada en uso de las potestades que la Ley confiere, dentro de un proceso sustanciado conforme a derecho y aplicando la Jurisprudencia Administrativa, sobre la materia, en iguales términos que a cualquier otro funcionario, sujeto a un justo y racional proceso disciplinario, por otro lado, el recurrente no añade ningún antecedente a fin de fundamentar la vulneración a la garantía de igualdad ante la Ley, por lo que dicha alegación debe rechazarse.

Expresa que el recurrente alega que se habría vulnerado la garantía dispuesta en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, citando erróneamente el inciso 6 de dicha norma: “Toda Sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”, por lo que desde ya se solicita su inmediato rechazo en atención a que el artículo 20 de la Constitución Política protege el Debido Proceso en cuanto a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señalare la Ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, que es a lo que se refiere el inciso quinto del número tercero del artículo 19 del texto constitucional.

Al mérito del Recurso interpuesto, los motivos de agravio no se condicen con lo antes expuesto, no se recurre por haber sido investigado por una comisión especial, se reclama por haber excluido ciertas diligencias probatorias solicitadas por el inculpado, que como se ha explicado corresponde a un exhaustivo análisis en base a Jurisprudencia Administrativa de Contraloría General de la República.

Señala que en la especie, y en relación con la garantía constitucional invocada, procede que la alegación efectuada sea rechazada ya que el debido proceso, de la forma como ha sido expuesta por el recurrente, no se encuentra tutelado por la acción de protección.

En definitiva solicita tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el Recurso de Protección en todos sus partes con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como ha hecho presente la Excma. Corte Suprema de Justicia en forma reiterada, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en el presente caso se ha recurrido de protección por don nombre reservado, en contra del Decreto Alcaldicio N° 47, de fecha 13 de febrero de 2019, emanado del Alcalde de la I. Municipalidad de Temuco, que pone término a la relación laboral entre el recurrente y la recurrida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 letras b) y c) de la Ley N° 19.070; por cuanto estima que no obstante, que dichas disposiciones casi en su integridad, no fueron objeto de cargos en el Sumario Administrativo ordenado instruir mediante Decreto Alcaldicio N° 14 de 09 de abril de 2018.

TERCERO: Que, al respecto cabe considerar que de los antecedentes consta: la Resolución N° 14, de 09 de abril de 2018, da inicio al sumario administrativo y le es notificado personalmente al Sr. nombre reservado, apareciendo la firma de éste al final: luego la resolución que le formula los cargos, que se encuentran claramente fundados tanto en los hechos como en el derecho también le es notificada personalmente, pero, además existe constancia de que se le dieron a conocer todos los derechos que le correspondían frente a este acto, en cuanto al procedimiento a seguir para su defensa.

El recurrente formula descargos, ofrece pruebas y solicita diligencias y con fecha 02 de abril de 2018, la Sra. Fiscal a cargo del sumario resuelve abrir un término probatorio de siete días hábiles y, además decreta algunas de las diligencias solicitadas por el recurrente y rechaza otras mencionando las razones de hecho y legales para no darles curso, resolución que es notificada al actor, por carta certificada expedida a Correos de Chile el mismo día de su confección, el 25 de enero de 2019.

Finalmente el Decreto Alcaldicio N° 47, de 13 de febrero de 2019, previo a resolver la sanción a imponer, da por reproducidos íntegramente el proceso administrativo, la Vista Fiscal, además señala las normas legales relacionados con la sanción que se impone en definitiva.

CUARTO: Que, en relación con el derecho a la igualdad y no discriminación, cabe considerar que se ha fallado; “la igualdad ante la ley, que garantiza a todas las personas un trato equivalente en todos aquellos casos en que las personas se encuentren en igual condición, requiere, para hacer procedente la acción constitucional, que el recurrido haya realizado un acto u omisión que no respete dicha equivalencia, o lo que es lo mismo, discrimine o establezca diferencias en relación a otro caso o sujeto, que estando en las mismas circunstancias recibió un trato diferente, de manera que para establecer la transgresión al derecho constitucional que alega el recurrente, debía acreditarse la diferencia de criterio seguido por el mismo Servicio del Estado u otro similar, lo que, es la especie, no se hizo.

QUINTO: Que, en relación al debido proceso que también estima vulnerado el actor, se refiere a que éste tenga la posibilidad de un contradictorio, es decir que conozca íntegramente los cargos que se le imputan, tenga derecho a rebatirlos y presentar pruebas, lo que, a la luz de lo consignado en el fundamento tercero de este fallo, efectivamente se hizo.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, se debe considerar que para la procedencia del Recurso de Protección, es necesaria la existencia de un acto ilegal o arbitrario que conculque alguno de los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, de manera que la controversia jurídica se plantea respecto de la vulneración de este derecho, el que se pretende amparar por esta vía, y no sobre la legalidad misma de la actuación impugnada que, como en este caso, corresponde a una decisión de la autoridad administrativa..

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, y conforme lo antes relacionado, no habiéndose producido vulneración de garantías constitucionales respecto del recurrente, el arbitrio recursivo deducido no se encuentra en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y atendido lo prescrito en los artículos 19 Nos. 2 y 4 inciso 3° de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del nombre reservado, SE RECHAZA el Recurso de Protección deducido por don nombre reservado en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, representada por su Alcalde don Miguel Angel Becker Alvear.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. María Elena Llanos Morales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°Protección-1574-2019.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.