nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT

C.A. de Temuco Temuco, quince de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece Francisco Jeldres Ojeda, abogado a favor de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Alcalde don Baldomero Santos Vidal, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en retener de manera ilegal la remuneración mensual de la recurrente, afectando con ello la garantía constitucional del derecho de propiedad y el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Funda su recurso en que la recurrente es parte de la dotación de planta de funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Teodoro Schmidt perteneciente a dicho Municipio, desempeñándose en el área Administrativa como Encargada de Programas Extra Presupuestarios desde el año 2009, en el Departamento de Salud Municipal.

Agrega que a contar del mes de mes de diciembre del 2019 y en distintas oportunidades, mí representada hizo uso de licencias médicas con motivo de encontrarse aquejada de Depresión Recurrente, siendo rechazadas por la entidad correspondiente22 de ellas, las que individualiza y que se encontrarían en proceso de apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), sin que hasta la fecha dicho organismo haya emitido pronunciamiento respecto al rechazo definitivo de las mismas.

Pese a lo referido anteriormente, a partir del mes de Noviembre de 2021, la recurrida ha procedido a retener en forma mensual y de manera íntegra las remuneraciones de mi representada, sin la existencia hasta el día de hoy del respectivo Decreto Alcaldicio o acto administrativo alguno que respalde dicha retención; cuyo motivo fue informado a mí representada únicamente a través de correo electrónico, por parte de la Encargada de Personal de salud, quien manifestó que por indicación del abogado Municipal se ordenó la suspensión del sueldo, hasta realizar las apelaciones correspondientes.

Hace presente que su representada no desconoce la existencia de la obligación de reembolsar los montos correspondientes a las licencias médicas rechazadas y cuya apelación no fuere acogida por la SUSESO, para lo cual ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Municipalidad, el respectivo Decreto Alcaldicio en donde consten los descuentos correspondientes para efectuar el pago de dicha obligación.

Sostiene que la retención efectuada por la recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal, ya que según el Dictamen N° 2722-2020 de fecha 27 de Agosto de 2020, emitido por la SUSESO, la competencia para realizar los descuentos de remuneraciones por licencias rechazadas a funcionarios públicos recae en la Contraloría General de la Republica como “ente de control de las remuneraciones de los funcionarios públicos”, pudiendo emitir un pronunciamiento “respecto a los descuentos que correspondan por el rechazo, reducción o invalidación de una licencia médica de los servidores públicos y en su caso, determinar si incluyen fines de semana y festivos”.

A mayor abundamiento, el actuar de la recurrida contraviene lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo Nº 58 del Código del Trabajo. Efectivamente, el inciso tercero referido dispone que el empleador puede descontar de las remuneraciones de los trabajadores sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pago de cualquier naturaleza, en la medida que hayan sido autorizados por escrito por el trabajador y no excedan del 15% de la remuneración total del dependiente.

Así las cosas, en primer lugar, para proceder al descuento de la remuneración del trabajador deben existir dos elementos indispensables, primeramente, la autorización del trabajador por escrito y, luego, que el descuento no exceda el 15%. En cuanto al inciso 4º de la referida disposición, este indica que “cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquellas podrán exceder, en conjunto del 45% de la remuneración total del trabajador”.

Agrega que la aplicación de esta normativa del Código del Trabajo a los funcionarios públicos ha sido refrendada por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha 6 de mayo de 2020, dictada en causa Rol N° 26.067-2019. Sostiene que este derecho, como todo aquel de naturaleza laboral, es de carácter irrenunciable, de manera que cualquier acuerdo firmado impuesto por el empleador es nulo, precisamente porque versa sobre derechos indisponibles para las partes, siendo su objeto ilícito lo que acarrea su nulidad.

En la práctica, la recurrida ha retenido el 100% de la remuneración de la recurrente, excediendo con creces el descuento autorizado por el artículo 58 del Código del Trabajo, vulnerando groseramente sus derechos como trabajadora, omitiendo procesos y requisitos legales a los cuales debe atender para poder perseguir los créditos que su representada o cualquier otro trabajador pueda tener para con ella; sin que por lo demás exista acto administrativo alguno que sustente su decisión.

En el mismo sentido, añade, el artículo 67 de la ley Nº 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, señala que el Contralor puede ordenar descuentos en las remuneraciones de los funcionarios que dicho órgano controla por concepto de dineros percibidos indebidamente, descuento que no puede exceder del 50% de las remuneraciones, otorgando además un derecho a los funcionarios de solicitar condonación total o parcial o facilidades de pago de las referidas sumas. Es más, el Dictamen Nº 56059 de fecha 29 de junio de 2016 de la propia Contraloría General de la República, señala que el empleador, previo a efectuar el descuento en las remuneraciones, debe consultar a sus empleaos si ejercerán el derecho que les entrega el mencionado artículo 67 y en el caso de que el trabajador no haga efectivo su derecho, es posible realizar el descuento, hecho que no ha ocurrido respecto a mi representada, lo que refuerza el carácter arbitrario e ilegal de la conducta de la recurrida.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

1. Derecho de Propiedad.

El actuar arbitrario e ilegal denunciado, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del derecho de la propiedad, contenido en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto la norma garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, estableciendo al mismo tiempo que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de Interés Nacional calificada por el legislador.

En la especie, el acto realizado por la recurrida consistente en retención de las remuneraciones desde el mes de Noviembre 2021, constituye una suerte de expropiación, pues la remuneración de mi representada al haber prestado servicios para su empleadora tiene como efecto que el derecho a percibir dicha remuneración haya ingresado a su patrimonio formando parte de sus haberes, de manera que la privación del derecho de propiedad sobre su remuneración tiene el carácter de fundamental, y no puede ser arrebatado de manera arbitraria e ilegal como en la especie lo hizo la recurrida.

Así las cosas, la retención de las remuneraciones por licencias rechazadas, sin mediar resolución que la respalde y por autoridad incompetente- Contraloría general de la Republica-, y excediendo el tope legal que es posible descontar, carece de motivación y no puede sino ser considerado como arbitrario e ilegal, impactando directamente sobre el derecho de propiedad de mi representada al privarle del 100% de su remuneración mensual, lo que, a nuestro juicio, determina que el presente recurso deba ser acogido.

2. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Indica que las remuneraciones tienen carácter alimenticio para el trabajador. En palabras de la Excma. Corte Suprema en la sentencia ya citada: “…que para el caso de marras importa considerar que el artículo 58 del Código del Trabajo está inserto en un capítulo que protege la remuneración del trabajador. Lo anterior es trascendente, pues tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, la remuneración tiene carácter alimenticio y, por consiguiente, constituye de ordinario la fuente principal de subsistencia del trabajador y de su grupo familiar -en ocasiones la única- , de modo que en última instancia la protección de las remuneraciones está encaminada a la tutela de las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, protegidas en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República”.

Tal es el caso de la recurrente, quien depende de las remuneraciones que percibe mes a mes por su trabajo en la Municipalidad para su subsistencia y la de su familia, viéndose privada -de manera ilegal y arbitraria- de ellas hace más de 6 meses, por lo que, hoy en día, no cuenta con medios económicos para su subsistencia y la de sus hijas, siendo urgente que esta Corte restablezca el imperio del derecho quebrantado por la demandada.

Pide que se acoja su recurso de protección, ordenando las siguientes medidas a la recurrida:

Disponer y efectuar el pago de las remuneraciones adeudadas a la recurrente, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2021, y enero a mayo de 2022.

Que se abstenga de realizar nuevas retenciones de las remuneraciones de mi representada mientras no exista resolución que ordene el descuento en su remuneración, con los topes legales y dictada por la autoridad competente respecto de aquellas licencias cuyo rechazo se encuentre firme.

Que se abstenga de efectuar nuevas retenciones de remuneraciones de la actora, en tanto no se encuentren firmes y ejecutoriadas las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias médicas de la recurrente y que se encuentran en proceso de apelación ante la SUCESO.

La devolución de los dineros indebidamente retenidos correspondientes a las remuneraciones de la recurrente, durante el periodo Noviembre 2021 a Mayo 2022 por la suma de $4.628.456 y de todos aquellos que se descuenten durante la secuela del presente juicio.

Toda otra medida que considere necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por la recurrida.

Que la recurrida sea condenada al pago de las costas del recurso.

Acompaña los siguientes documentos: Correo electrónico a través del cual se informa la existencia de Licencias Médicas con reparos; Correo electrónico a través del cual se informa de la apelación a las licencias médicas rechazadas; Correo electrónico a través del cual se informa de la retención de las remuneraciones; Solicitud ingresada a través de la página de Transparencia Municipal; Respuesta evacuada a solicitud de transparencia municipal; Formulario único apelación a SUSESO; Liquidación de remuneraciones de los meses de noviembre y diciembre de 2021; Liquidación de remuneración mes de enero de 2022; Liquidación de remuneración mes de febrero de 2022; Liquidación de remuneración mes de marzo de 2022.

A folio 7 evacúa informe la recurrida Municipalidad de Teodoro Schmidt, solicitando el rechazo del recurso con costas.

En primer término alega la extemporaneidad del recurso, por cuanto la actora indica que desde noviembre de 2021 la recurrida ha procedido en forma mensual a retener sus remuneraciones, sin decreto que lo autorice. Parece ser que la recurrente alega vulneración de garantías constitucionales por no existir este decreto, mas no alega la falta de legitimación de la recurrida para ello.

En cuanto al fondo, indica que la actora presta servicios en el Departamento de Salud Municipal dependiente de este municipio, como encargada de programas extrapresupuestarios, con 44 horas semanales, en dicho servicio, habiendo ingresado a prestar funciones el año 2009; desde el mes de octubre de 2019, ha presentado numerosas licencias médicas por enfermedad común, extendiéndose hasta el día de hoy, suman más de 800 días de licencias médicas continuas.

Durante todo este periodo el Municipio recurrido y hasta noviembre de 2021, pagó las remuneraciones puntualmente y de manera integra a la demandada.

Ahora bien, cuando la recurrente presentó licencia médica, el municipio pagó la remuneración como ya se dijo regularmente, procediendo que los Servicios de Salud, las Instituciones de Salud Previsional y las Cajas de Compensación de Asignación Familiar respectivamente, una vez aprobada la licencia médica, reembolse dichos montos al municipio, lo que no ha ocurrido, pero en el caso de la recurrente este reembolso no se produjo debido a que la gran mayoría de las licencias médicas por ella presentadas fueron rechazadas.

Ante el rechazo de las licencias, la recurrente ni siquiera ejerció los derechos que le confiere la ley y cuando lo hizo sus recursos fueron rechazados, por ser extemporáneo o falta de fundamento, ya que muchas de las licencias médicas fueron rechazadas por estar mal extendidas, o sea por vicio de forma.

Es de esta forma que al mes de noviembre de 2021 la cantidad de licencias pagadas a la recurrente sin haberse obtenido reembolso asciende en dinero a más de 20 millones de pesos, lo que motivó el inicio de la investigación sumaria respectiva, así como la interposición de una acción civil de cobro de pesos en su contra, radicada en el Juzgado de Letras en lo Civil de Villarrica causa rol N° C-802-2021, la que se encuentra en etapa de notificación de la demanda.

En paralelo la recurrente ingresó presentación ante la Contraloría regional sobre esta misma situación, la que se inhibió de conocer su reclamo atendida la judicialización de la materia discutida.

Como puede apreciar US. I., la recurrente no ha prestado servicios por casi 800 días hasta el día de hoy para este municipio, amparada en una licencia médica que luego de ser presentada en el Municipio, es rechazada, y que por ende no es reembolsada, pero ella recibe de parte del municipio la totalidad de su remuneración promedio de los últimos 3 meses efectivamente trabajados completos. Todo lo anterior en virtud de a plena aplicación del artículo 12 de la ley 18.196 y de la ley 19.117, en su artículo único, lo que se ha traducido en que debe reembolsar cuantiosas sumas que hoy ascienden a más de $20.000.000.

Agrega que todo pago supone una deuda u obligación destinada a extinguirse de manera que, no existiendo obligación civil ni natural, el pago carece de causa, no tiene sentido ni lógica jurídica. Por ello en nuestra legislación, quien paga lo no debido tiene acción para recuperar lo pagado al amparo de las normas expresadas inspiradas en el principio del enriquecimiento sin causa, que sin duda constituye uno de los pilares de fundamentales del ordenamiento jurídico civil. La obligación de restituir lo que ha recibido indebidamente encuentra su fuente directa en un cuasicontrato, este es el regulado en el artículo 2295 y ss del Código Civil, normas destinadas precisamente a impedir el lucro injustificado de quien recibe un pago a expensas de aquel que lo ha efectuado. En la especie resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 2300 del mismo Código Civil, que dispone: “ El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad“ Indica que conforme lo expuesto en la ley 18.196 y 19.117, al haberse pagado por mi representada las remuneraciones de manera íntegra, y no haber esta suma sido reembolsada por la institución correspondiente, se encuentra legitimada activamente para retener los pagos futuros a fin de compensar las sumas adeudadas y además accionar el reembolso de las sumas pagadas a la demandada, ya que por su propia negligencia al no apelar los rechazos de las licencias médicas o haberse desechado su recurso, el Municipio ha sufrido el daño patrimonial cuantioso que está obligado a cautelar. Confirma lo expuesto, el artículo 63 del DS 3 de 1984 que Aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, al disponer: “Artículo 63°.- La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.”

Y así también lo confirma la Dirección del trabajo en dictamen 3595 de 18 de Julio de 2019 que señala en síntesis la procedencia del descuento, sin tope, y sin que proceda el pacto de cuotas, así como también el total de lo adeudado, aunque afecte el total de las remuneraciones”. De todo lo expresado, resulta claramente que su representada no ha incurrido en ilegalidad alguna y no ha vulnerado garantía constitucional de la recurrente, pues ha ejercido una facultad deber legal que le impone el ya tantas veces mencionado DS 3 de 1984.

Acompaña los siguientes documentos: Planilla con el listado completo de licencias médicas rechazadas de la demandada; Copia de denuncia interpuesta ante el Ministerio Publico por la posible comisión de delito en el caso de las licencias médicas rechazadas y sin reembolso que afecta al municipio que represento, RUC N° 2200325160-1; Copia Ebook causa civil radicada en el Juzgado Civil de Pucón sobre cobro de pesos Rol N° C-90-2022; Dictamen de la Dirección del Trabajo N° 3595 de 2019.

Se trajeron los autos en relación compareciendo a la vista de la causa que tuvo lugar el día trece de septiembre en curso los abogados representantes de ambas partes quienes alegaron conforme a sus respectivas pretensiones.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar protección.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos, se ha deducido recurso de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de la I. Municipalidad de Teodoro Schmidt por haber ésta retenido las remuneraciones de aquella, durante los meses que indica, aduciendo una deuda por no haber reembolsado las sumas pagadas por dicho concepto en razón de haberse rechazado licencias médicas de la recurrente.

TERCERO: ACERCA DE LA EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO.

Que, en forma previa, la recurrida ha alegado que la acción interpuesta lo ha sido fuera del plazo establecido, sosteniendo como fundamento que la propia recurrente reclama que la retención de remuneraciones se produce desde noviembre de 2021.

Esta cuestión será desestimada, toda vez que, según el libelo y los antecedentes reunidos, se advierte que la retención de estipendios se extendió hasta el mes de mayo de 2022, de modo que los efectos de la conducta tildada de ilegal y arbitraria se ha extendido y reiterado en el tiempo y,, consecuencialmente, el término para deducir la acción cautelar constitucional ha debido contarse desde la última conducta.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO.

Que, para lo que se resolverá, conviene señalar que son hechos establecidos por haber sido expuestos por las partes o no contradichos y constar de la documentación acompañada, los siguientes:

Que, doña nombre reservado es parte de la dotación de planta de funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Teodoro Schmidt perteneciente al mismo Municipio, desempeñándose en el área Administrativa como Encargada de Programas Extra Presupuestarios desde el año 2009, en el Departamento de Salud Municipal, encasillada en la categoría E, nivel 10 del escalafón de planta de Salud Municipal.

Que, la misma ha hecho uso de diversas licencias médicas otorgadas por profesional competente.

Que, la Municipalidad recurrida pagó las remuneraciones de la recurrente de manera regular y a partir de noviembre de 2021 y hasta mayo de 2022 retuvo aquellas.

QUINTO: Que, siendo efectivo que la recurrida retuvo y no pagó las remuneraciones de la recurrente, cabe analizar la justificación dada al efecto y si ésta se encuentra ajustada a la ley.

El fundamento para tal retención – que ha importado el no pago de las remuneraciones mensuales como se ha dicho– es que varias de las licencias médicas presentadas por la actora fueron rechazadas, incluso ni siquiera reclamadas por ella, y habiendo enterado el municipio los estipendios a la funcionaria lo que correspondía era el reembolso de las sumas percibidas, por ser pagos carentes de causa. Que, por ello, existe de parte de la recurrente obligación de restituir, de origen cuasicontractual, conforme las disposiciones del Código Civil sobre la materia, por lo que la Municipalidad, sostiene, “ … se encuentra legitimada activamente para retener los pagos futuros a fin de compensar las sumas adeudadas y además accionar el reembolso de las sumas pagadas a la demandada,”. Agrega que tal facultad tiene, además, concordancia con lo previsto en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, reglamento de autorización de licencias médicas por las comisiones de medicina preventiva e instituciones de salud previsional en cuanto la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio, debiendo el empleador adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos, lo que se confirma por la Dirección del Trabajo en dictamen 3595, de 2019.

SEXTO: Que, sobre el particular, la retención de remuneraciones ha sido dispuesta de manera unilateral amparado en las facultades que tendría la Municipalidad recurrida a partir de la normativa que se ha reseñado en el motivo anterior, pero sin que haya mediado acto administrativo alguno que lo disponga, emitido fundadamente, y para hacerse pago de una deuda no determinada por vía legal o judicial.

En este escenario cabe colacionar que el artículo 111 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la misma forma como lo hace el artículo 110 de la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, disponen que durante la vigencia de la licencia médica el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones. Este mismo derecho lo reconoce el artículo 19 de la Ley Nº 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Esto significa que tales servidores públicos, que hacen uso de licencia médica, mantienen íntegras sus remuneraciones y no reciben el subsidio por incapacidad laboral contemplado en el D.F.L. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que a la entidad pública se le permite recuperar los desembolsos incurridos por este concepto de parte de los Servicios de Salud, las Instituciones de Salud Previsional y las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

De esta suerte, la recurrente, en los períodos que presentó licencias médicas, tenía derecho a percibir el total de las remuneraciones en virtud de su contratación, pudiendo el municipio reclamar la devolución de lo pagado de las entidades pertinentes respecto, obviamente, de aquellas que si fueran cursadas y aprobadas por las entidades competentes.

Ahora bien, tocante a las licencias rechazadas, cualquiera sea el supuesto y cuya decisión haya quedado firme, en sede administrativa o judicial si fuere el caso, hace nacer para quién percibió la totalidad de sus remuneraciones la obligación de restituir, que es de carácter legal, pues los estipendios percibidos no tienen causa que la sustente, es decir, el reposo médico justificativo no fue tal. Si este fuera el caso, la modalidad de descuento directo de las remuneraciones que tiene derecho a percibir el funcionario deudor, no puede ser tal que lo prive de la totalidad de las remuneraciones, existiendo en la legislación límites precisamente para salvaguardar lo necesario para la manutención personal y/o familiar, lo que obviamente no podría en el evento de no recibir ninguna remuneración de las pactadas o establecidas.

Útil resulta colacionar en este línea de argumentos, lo que disponen los artículos 58 del Código del Trabajo, que faculta descuentos voluntarios autorizados por el trabajador hasta un determinado por ciento, o el artículo 67 de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, citado en el recurso y atingente, que permite al órgano contralor cuando se trata de dineros percibidos de forma indebida – como sería el caso de estos autos – para disponer descuentos pero que no excedan del 50% de los estipendios, estando incluso facultado para condonar o dar facilidades para el pago de lo adeudado, según las circunstancias se entiende; o la preceptiva sobre inembargabilidad prevista en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, también impidiendo cautelar estipendios, sueldos o pensiones más allá de un determinado porcentaje.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, una interpretación armónica, especialmente de los artículos 67 de la Ley 10.336 y 63 del Decreto Supremo 3, de 1984, citado previamente, permite avizorar que el municipio podría disponer lo necesario para obtener el reintegro de dineros que se analiza, pues el último precepto le otorga dicho mandato al empleador, calidad que precisamente ostenta la recurrida.

Sin embargo, reconocida esta prerrogativa, estiman estos sentenciadores que no podría ejercerse de manera tal que abarcara el total de la remuneración – aspecto del todo sensible por constituir la retribución esencial en la relación jurídica y, como se señaló, esta destinado a cubrir y solventar necesidades humanas tal y como lo establece el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que asegura a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias; y asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece en su artículo 14 respecto al derecho a la remuneración: “Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”.

Esta normativa que tiene rango constitucional, protectora de derechos humanos esenciales, permite inferir que, dado el carácter de la remuneración, a entender de esta Corte, el proceder de la recurrida aparece como arbitrario, esto es, un actuar que, si bien se enmarca en principio en la preceptiva, se concreta de manera caprichosa y antojadiza, desatendiendo al especial carácter de las remuneraciones que previamente se ha referido, irrespetando criterios de proporcionalidad y razonabilidad en el ejercicio de mandatos legales.

OCTAVO: Que, al actuar de la forma como lo ha hecho la recurrida, se afecta, qué duda cabe, el derecho de propiedad de la actora, desde que se le ha privado de parte de su remuneración; y, además, dado que ella tiene el carácter alimenticio ya acotado, constituyéndose de ordinario en la fuente principal de subsistencia del trabajador y de su grupo familiar - en ocasiones la única -, se afecta de igual modo el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, garantías protegidas en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, lo que traerá como consecuencia el acogimiento del presente arbitrio y adopción de las medidas de restablecimiento del imperio del derecho, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el interpuesto por el abogado Sr. Francisco Jeldres Ojeda en representación de doña nombre reservado, y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT; sólo en cuanto se dispone que en lo futuro, de estimarse procedente por dicha entidad realizar descuentos de las remuneraciones de la actora, consecuencia del reintegro de remuneraciones mal enteradas durante el periodo en que la recurrente estuvo con las licencias médicas rechazadas a que se refiere este recurso, deberán realizarse teniendo como límite un 50% de las remuneraciones mensuales de la recurrente, debiendo la Municipalidad recurrida restituir, además, aquellas sumas descontadas en los meses de noviembre y diciembre de 2021 y de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022, en aquella parte que excedió el porcentaje antes señalado, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes desde que esta sentencia queda ejecutoriada.

Regístrese y oportunamente archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Francisco Ljubetic Romero.

Protección-15665-2022.(fcv)