nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

Comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN y de don nombre reservado, administrador del cementerio municipal, por la perturbación y/o amenaza a su estabilidad psico-emocional ocasionado por la restricción a su labor como maestro, nivel artesano, en obras para nichos y sepulturas que ejerce desde hace 60 años en el Cementerio Municipal de la comuna de Pucón, lo que vulnera las garantías de los numerales 1, 2, 21 y 22 del Artículo 19° n de la Constitución Política de la República.

Señala que actualmente tiene 74 años de edad, pertenece al 40 % de los integrantes más vulnerables según la ficha de protección social y por más de 60 años se ha desempeñado como maestro en obras para nichos y sepulturas, donde siempre ha pagado semestralmente un permiso identificado como “Realizar trabajos al interior del cementerio municipal de Pucón”.

Explica que, como cada año, pagó su permiso con fecha 21 de febrero de 2025, sin embargo, a los días la Municipalidad le comunicó que sería dejado sin efecto, sin señalar la causa de tal revocación, ofreciéndome en el acto, hacer devolución del dinero. Alega que lo anterior vulnera la confianza legítima que significa el consecutivo accionar histórico de la autoridad, quien siempre le permitió trabajar, principio también reconocido ante tribunales en un sentido más laxo o extensivo hacia los usuarios de la administración otorgando la suficiente certeza jurídica.

Agrega que, desde la I. Municipalidad de Pucón, solo ha recibido un trato denigrante, displicente y discriminatorio, afectando su honra al acusarlo de hechos antijurídicos que jamás ha cometido, advirtiendo que incluso se hicieron públicamente denostaciones y agresivas actuaciones coactivas, en busca de amedrentar su trabajo. Hace presente que antiguamente tuvo una causa penal por un conflicto con el administrador del cementerio, en que fue imputado, en el cual cumplió la condición a cabalidad [tratamiento psiquiátrico] encontrándose sobreseída y sin reincidencia.

Indica que ingresó una solicitud de Lobby para entrevistarse con el Sr. Alcalde, ocasión en que no fue recibido arguyendo que estaba acompañado de su abogada, suspendiendo, arbitrariamente un derecho que me asiste como ciudadano de obtener una respuesta formal sobre otros asuntos que también conciernen a mi trabajo en dicho cementerio, esto, por la ejecución de mausoleos, autorizados por la autoridad edilicia anterior, que constituyen no solo una oportunidad para esta parte, sino una plusvalía para el cementerio, tema que no forma parte de esta discusión, pues su esfera o rango no empece a esta acción. Quedaron de llamarme para retomar la reunión, cuestión que nunca más aconteció.

Las calificaciones que se publicaron son del siguiente tenor: “Las autoridades comunales, así como los responsables de cuidar el lugar, apuntan a seguir fiscalizando e impedir el ingreso a personas que obren sospechosamente.” Transcurridos un par de días, un inspector municipal fue y le cursó un parte que hoy le impide trabajar.

Refiere que la recurrida en un acto de hostigamiento, el pasado 11 de marzo de 2025 decide remitir a los inspectores municipales para ordenarle que se abstenga de trabajar, cursándome un parte de infracción, ordenándome asistir a la indagatoria, por supuestamente “ejecutar trabajos sin permisos municipales, realizando sepulturas”, actuar arbitrario que perturba su integridad psíquica por no dejarle trabajar cuando “tengo pagados todos los derechos municipales” como se acreditará en esta oportunidad.

Sostiene que los hechos expuestos constituyen una perturbación, amenaza o restricción al derecho fundamental de la “integridad física y psíquica”, “a no ser discriminado arbitrariamente”, además, de mi “derecho a la honra” vinculado al derecho establecido en el art. 19 n° 22 de la Constitución “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica”; en estrecha vinculación al art. 19 n° 21 de la Carta Magna, que protege “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional…” , hecho que requiere de las medidas urgentes que permitan reestablecer el imperio del derecho.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene:

1. Que las recurridas se abstenga de vulnerar los derechos fundamentales del recurrente, ordenando que se adopten las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección frente al acto u omisión arbitraria de los recurridos que le han ocasionado por el trato discriminatorio que atenta a su integridad psíquica y honor, sin desmerecer los derechos fundamentales protegidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. – 2. Ordenar cesar de inmediato los actos de restringir y/o amenazar la integridad física y psíquica de la recurrente, esto, durante todo el transcurso de tiempo que sea necesario, instruyendo a los funcionarios, administradores y/o fiscalizadores, en general, y, en especial, a la I. Municipalidad y a don nombre reservado, administrador del cementerio; para que se abstengan de privar al recurrente de su fuente de trabajo, nivel artesanal, reintegrando su derecho Realizar trabajos al interior del cementerio municipal de Pucón tal como le fue autorizado por la entidad para lograr recuperar su estabilidad psicológica que ha sido alterada por las consecutivas acciones de privación y perturbación proferidas en mi contra.

3. Se decrete que la recurrida se abstenga a publicar información inductiva al error, teniendo presente que la reunión Lobby se solicitó para buscar una solución al recurrente por circunstancias previas como se explicó; ordenando el cese inmediato de las publicaciones que se adjunta, las que deben ser retiradas por vulnerar la integridad y dignidad del afectado.

Acompaña los siguientes documentos: ficha de protección social. orden de ingresos municipales 2025, parte infracción, receta psiquiátrica, certificado psiquiátrico de atención, receta médica, solicitud de construcción de mausoleo 02-05-2023, solicitud de construcción de mausoleo y orden de ingresos municipales 12-12-2023, solicitud de construcción de mausoleo y orden de ingresos municipales 11-06-2024, permiso ocasional n° 11656 12-03-2025, solicitud de construcción de mausoleo y orden de ingresos municipales 23-09-2024, sobreseimiento definitivo, Publicación wbsite La voz de Pucón, Publicación Website de la Municipalidad de Pucón, Resumen de las publicaciones en Internet, Set fotográfico de las obras.

A folio 19 informa la Municipalidad de Pucón pidiendo el rechazo del recurso.

Alega que la acción de protección no es la vía idónea para sustentar el reclamo de autos, por cuanto la especial naturaleza de esta acción la hace incompatible para situaciones en que se pretende un pronunciamiento de fondo, donde no existan derechos indubitados, ya que ello corresponderá que sea ventilado en un procedimiento de lato conocimiento.

Además, el carácter excepcional de esta acción se traduce en que no resulta factible por esta vía ventilar cuestiones que el legislador ha entregado a procedimientos específicos. En concreto, ante las resoluciones u omisiones ilegales de los municipios, el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades establece un procedimiento especial, en cuya virtud la judicatura puede decidir u ordenar, según sea procedente, la anulación total o parcial del acto impugnado; la dictación de la resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada; la declaración del derecho a los perjuicios, cuando se hubieren solicitado, y el envío de los antecedentes la Ministerio Público, cuando estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de delito.

En segundo término, alega la inexistencia de una acción u omisión ilegal y arbitraria. ausencia de vulneración a los derechos constitucionales del recurrente.

En primer término, se debe tener presente que la normativa que regula la explotación del camposanto municipal se encuentra principalmente contenida en el Decreto N° 357 de 1970 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento General de Cementerios. Su artículo 45 precisa que los propietarios de los cementerios podrán construir por cuenta del establecimiento nichos, bóvedas, mausoleos, capillas, columbarios y cinerarios, con materiales sólidos e impermeables. Agrega su artículo 46, numerales 13 y 14, que los cementerios deberán llevar un archivo de planos de construcciones ejecutadas por particulares y de construcciones ejecutadas por el establecimiento.

El camposanto del municipio se rige, además, por la “Ordenanza Municipal que Regula el Funcionamiento, Uso y Cobro de Derechos del Cementerio Administrado por la Municipalidad de Pucón”, debidamente publicada por medio del Decreto N° 4273 de fecha 21 de diciembre de 2023. En su título VII –artículos 30 y siguientes– se regulan las construcciones que pueden llevarse a cabo dentro del recinto, requiriendo en todo caso autorización escrita que deberá contener las características de la obra, presupuesto y tiempo de ejecución. El artículo 32 establece que, para los contratistas y/o maestros especializados deberán inscribirse en un registro especial; y el artículo 33 prescribe que, en el caso de iniciarse la construcción o reparación de una sepultura o bóveda, se deberán, además, pagar los derechos correspondientes. Enseguida, el artículo 35 que la Administración del Cementerio Municipal de Pucón, se reserva el derecho de autorizar o rechazar cualquier tipo de construcción o reparación si ésta no cumple con las normas de seguridad o no guarda relación con el entorno armónico, materialidad y estética del resto del patio donde se construye. En cuanto a los derechos, se encuentran regulados en el Título VIII de la referida ordenanza; y el Título XI regula las prohibiciones a que se encuentran afectos el público general, los contratistas y jardineros que laboran en el recinto. Es así como el artículo 46 prohíbe en términos categóricos el ingreso al recinto en estado de ebriedad, reñir con los visitantes y cometer cualquier acto en contra de la moral y las buenas costumbres, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública para expulsar a quienes se encuentren infringiendo esta disposición.

Los hechos descritos en los párrafos anteriores transgreden abiertamente la prohibición contenida en el artículo 46 de la Ordenanza de Funcionamiento, Uso y Cobro de Derechos del Cementerio Administrado, por lo que el municipio cuenta con la facultad de no autorizar su ingreso al aludido recinto.

Además, es relevante mencionar que con fecha 29 de diciembre del año 2021, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón se inicia causa penal, individualizada con el RUC N° 2101174797-0, RIT N° 2506-2021, por el delito de Lesiones leves, en contra del imputado don nombre reservado quien agredió al funcionario municipal don nombre reservado, y el que concluyó el 4 de marzo del año 2022 en audiencia de procedimiento simplificado asumiendo su participación como autor del delito de lesiones, en grado de consumado aceptando la salida alternativa de Suspensión Condicional del Procedimiento consistente en Prohibición de acercarse a la(las) victima(s) de autos, don(ña) nombre reservado, por el lapso de 1 año, en cualquier lugar que se encuentre, en especial domicilio ubicado en Cementerio Municipal, de esta comuna.- Teniendo en consideración lo mencionado, es que con fecha 3 de abril del año 2025, mediante OF. N° 394/2025, el alcalde de la comuna de Pucón, sr Sebastián Álvarez Ramírez, pone en antecedentes al Fiscal Adjunto del Ministerio Púbico de Pucón, don Jorge Calderara González, de la posible comisión de delitos respecto a os hechos informados en los adjuntos del referid oficio.

Así mismo, debe precisarse que el recurrente al momento de requerir autorización para efectuar trabajos y pagar los derechos establecido en la ordenanza, no acreditó contar con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, siendo un requisito indispensable a la luz de lo preceptuado en el artículo 8 del Código Tributario y en armonía con lo señalado en los artículos 23 y 26 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, por lo que los dineros enterados por concepto de pago de derechos contemplados en la mencionada ordenanza debieron serles reintegrados.

Consecuencialmente, a juicio de esta entidad consistorial, no se avizora una acción u omisión que hubiere provocado una vulneración a las garantías constitucionales del recurrente, de modo que su recurso debiese ser desestimado, con expresa condenación en costas.

Finalmente alega perdida de oportunidad , por cuanto el recurrente con fecha 07 de abril del año 2025, folio N° 17, acompaña Declaración Jurada de Inicio de Actividades, Folio N° 12210981, de fecha 5 de abril del año 2025, del Servicio de Impuestos Internos, el que da cuenta inequívoca, que el señor nombre reservado, ha dado cumplimiento a la formalización de su actividad económica, lo que constituye un reconocimiento explícito, al requisito exigido por la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, para que el que acciona, pueda ejercer sus actividades de comercio, en cumplimiento a la normativa legal y administrativa, regulatoria. realizar trabajos en el cementerio.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección es una acción constitucional mediante la cual se pretende reparar las consecuencias perjudiciales causadas o evitar los perniciosos efectos futuros de todo acto arbitrario o ilegal que amague o produzca privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales que específicamente señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Se trata así de una acción protectora cuyo objetivo principal consiste en restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, cuando este se haya visto amagado, en los términos antes indicados o tema sufrir un daño de ese orden en el futuro.

Segundo: Que, en el caso sublite, lo controvertido dice relación principalmente con la revocación del permiso, sin causa justificada y sin aviso previo, para ejercer labores como maestro de urnas y sepulturas en el Cementerio de Pucón, labor que ha ejercido por más de 60 años.

Tercero: Que, para resolver la presente controversia, debe tenerse presente que es exigencia sine qua non de todo acto administrativo, la existencia de un fundamento legal para el ejercicio de cualquier potestad administrativa, en el caso de autos, para el ejercicio de una potestad invalidatoria. Al efecto el inciso 2 del artículo 11 de la Ley 19.880 establece: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.” Por su parte, el artículo 42 inciso 4 del mismo cuerpo legal, establece: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.” Finalmente, el artículo 53 de la citada ley, señala: “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.”

Cuarto: Que, en el caso subjudice la Municipalidad de Pucón, sostiene que el recurrente no cumplía los requisitos para tener un permiso municipal para ejercer su oficio, por no tener inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, requisito indispensable a la luz de lo preceptuado en el artículo 8 del Código Tributario y en armonía con lo señalado en los artículos 23 y 26 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, por lo que no obstante haber pagado el permiso correspondiente al primer semestre del año 2025, los mismos debieron serle reintegrados.

Quinto: Que, es un hecho no controvertido que el recurrente pagó el permiso correspondiente al primer semestre del año 2025, por lo que se cumplió el procedimiento para el otorgamiento del permiso referido, sin que se observara ninguna infracción en dicho procedimiento que habilitara para anularlo.

Sexto: Que, esta Corte advierte que no existe fundamento alguno en la actuación reclamada que explique el cambio de decisión de la administración en su resolución invalidatoria, en circunstancias que amparaba al recurrente el principio de la confianza legítima; pues por más de 60 años se ha permitido al recurrente el ejercicio de su oficio en el Cementerio Municipal, girándole el respectivo permiso.

Cabe consignar que tampoco se le informó, en forma previa al otorgamiento del permiso del presente año, que debía cumplir con nuevos requisitos a saber, el respectivo inicio de actividades, sino que, con posterioridad a haber concedido el permiso, el que fue debidamente pagado por el actor, hizo uso de la potestad invalidatoria, pero sin emplear el procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley 19.880, lo que pone en evidencia que dicha actuación no sólo es ilegal, sino que además caprichosa. Era obligación de la administración, en su decisión, invalidatoria del permiso ya concedido, de emplazar al recurrente. Nada de ello se advierte en la actuación de la recurrida.

Séptimo: Que, de lo razonado se desprende que la actuación de la recurrida carece de sustento fáctico y jurídico y, en consecuencia, resulta vulneratoria de la garantía establecida en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que, al invalidar el permiso sin cumplir con el debido proceso, se ha realizado una diferencia ilegal y arbitraria respecto del recurrente, que deviene en un atentado en contra su derecho a la igualdad ante la ley.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido, solo en cuanto se ordena que la Municipalidad de Pucón deberá cursar el permiso respectivo para que el recurrente puede ejercer su oficio como maestro de sepulturas en el Cementerio Municipal de Pucón.

Decisión acordada contra el voto de la Ministra señora María Georgina Gutiérrez Aravena, quien fue del parecer de desestimar el recurso, por cuanto, dada su naturaleza cautelar a través del Recurso de Protección sólo se pueden plantear situaciones que dicen relación con derechos indubitados y respecto de los cuales su titular se encuentre en ejercicio legítimo, y con los antecedentes acompañados, no se da cuenta de la existencia de un derecho indubitado, pues por la Municipalidad recurrida se niega que actor cumpla con los requisitos para obtener un permiso, al no tener un inicio de actividades, lo cual debe ser dilucidado en procedimiento de lato conocimiento.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-1566-2025.(jog)