nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparecen nombre reservado, Rut: RUT reservado, domicilio: domicilio reservado, nombre reservado Rut: RUT reservado, domicilio: domicilio reservado, Angol y nombre reservado Rut: RUT reservado, domicilio: domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de la Sección Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, R.U.T. N° RUT reservado, legalmente representada por su Director General, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, R.U.N. N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los siguientes hechos:

Los motivos de fondo de la interposición del recurso de protección dice relación con 2 aspectos: El primero, con la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la "asignación de grado efectivo", código H0050 que es una remuneración adeudada desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, que corresponde a una época no regularizada por la recurrida, cuyo incumplimiento de pago afecta el derecho indubitado contenido en el art. 19 N° 24 de nuestra constitución, esto es el "derecho de propiedad" sobre las remuneraciones de los recurrentes quienes recibieron el pago incompletamente. El segundo de los aspectos dice relación con la conducta pasiva del recurrido en regular sus deberes como empleador público conculcando el derecho y garantía constitucional del art. 19 N° 2, debido a que la PDI hace distinción arbitraria en perjuicio de los recurrentes quienes son discriminados respecto de otros exfuncionarios a los que sí ha pagado de forma íntegra aquellos montos insolutos por el mismo período alegado en autos.

El incumplimiento de las obligaciones correlativas de la prestación de pagar los saldos adeudados a los recurrentes de sus remuneraciones constituye un acto ilegal y arbitrario, por el vínculo jurídico que unió a los funcionarios afectados con la PDI.

I.- LOS HECHOS:

1.- En lo que respecta a don nombre reservado, ingresó a la PDI en el año 2002, don nombre reservado ingresó a la PDI el 02 de febrero de 2006, y don nombre reservado ingresó a la PDI el 01 de febrero de 2004, quienes en la actualidad se encuentran en calidad de funcionarios activos Cabe mencionar que la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, esto es: Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario, Subprefecto, Prefecto, Prefecto Inspector, Prefecto General y hasta el cargo de Director General de la PDI.

3.- ASIGNACIÓN DE ZONA RECLAMADA.

Se hace presente a V.S.I., que, desde el egreso de la Escuela de Investigaciones, al cargo de Detective, a mis representados, se le generó "El derecho a percibir la asignación de grado efectivo", pero esta remuneración tiene un incremento cuando algún funcionario se desempeña en regiones con derecho a la asignación de zona como es el caso de la ciudad de Angol en la cual mis representados prestaron funciones en las fechas que a continuación se señalan:

- Recurrente don nombre reservado, desempeñó funciones en: ANGOL: Desde 26 de junio de 2007 a la actualidad - Recurrente don nombre reservado desempeñó funciones en: ANGOL: Desde enero de 2009 a la actualidad - Recurrente don nombre reservado desempeñó funciones en: ANGOL: Desde febrero del año 2013 a la actualidad La evolución de su pago que hizo la PDI, se señala a continuación:

En el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que "habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo", lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, ese hecho significó que ese mes se cancelara de manera íntegra dicha asignación.

No obstante, al mes siguiente junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, y así lo expresó la propia PDI mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de julio de 2019 que informó que el pago efectuado en el mes de mayo de 2019 había sido sometido al pronunciamiento del órgano contralor, refiriendo textualmente la PDI, lo que sigue:

"Conforme a lo anterior, las remuneraciones con asignación de zona continuarán cancelándose utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, a partir de la cual se procederá conforme a derecho al pago en cuestión" Por lo antes expuesto, se solicita al personal MANTENERSE A LA ESPERA hasta que esta Jefatura Nacional reciba el referido pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República".

El pago integro fue suspendido en el mes de junio de 2019, posteriormente con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021 que en síntesis señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

4.- REGULARIZACIÓN ASIGNACIÓN RECLAMADA.

Se hace presente que no fue hasta las SCS en materia de protección en roles N° 12.008-2022 (Loaiza - PDI) y 12.465-2022 (Pozo - PDI) que la PDI agilizó los procesos para pagar esta remuneración de forma íntegra la que ocurrió entre los meses de diciembre del año 2022 para los funcionarios activos y en el mes enero del año 2023 para los funcionarios en retiro.

Es importante señalar que la regularización de pago hecha por la PDI fue solamente parcial, ya que la PDI malinterpretó el Dictamen N° E98928 / 2021 de la C.G.R. al estimar que con la emisión de aquel documento era la fecha que generaba este derecho por considerar la palabra "actualmente", como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Se señala que esta situación fue clarificada en fallo reciente de SCS Protección ROL N° 147.027 - 2023 caratulado "nombre reservado contra nombre reservado (Sección Remuneraciones)"asignación de grado efectivo" donde el Máximo Tribunal del País, resuelve definitivamente la interpretación ambigua del Dictamen N° E98928 / 2021 de la C.G.R y fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

5. - SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA ILEGALIDAD.

Se hace presente que uno de los beneficiados con la SCS de Protección en autos Rol N° 147.027-2023, que recae en apelación de la sentencia de protección autos Rol N° 44 -2023 de la ICA Coyhaique, en la especie don nombre reservado, RUT RUT reservado, fue el encargado de comunicarles a los funcionarios de la PDI, el hecho de ser favorecido con el fallo que ordenaba a la PDI pagar aquellos montos adeudados por asignación de grado efectivo "Desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021", dando cuenta de este hecho a mi representado y para certeza de aquello lo hace mediante una declaración jurada simple suscrita ante notaria, que se acompaña en estos autos.

En este orden de ideas el ex - funcionario le dio cuenta a los recurrentes que pagaron íntegramente el saldo adeudado por el período mandatado por el fallo (Desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021), el cálculo fue por el saldo de los períodos que ellos estuvieron en Coyhaique.

6. - SENTENCIA EXCMA. CORTE SUPREMA ROL N° 147.027 - 2023.

La sentencia de la Excma. Corte Suprema, que acoge el recurso de protección causa Rol N° 147027 - 2023, la que versa en una apelación recaída contra el fallo de primera instancia en Rol N° 44 - 2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, en favor de los ex funcionarios don nombre reservado y don nombre reservado en contra la Sección Remuneraciones de la PDI, por el no pago de la asignación de grado efectivo (ítem H0050), por el período anterior al 26 de abril de 2021.

Para contextualizar dicho recurso de protección, don nombre reservado alegó que sólo le pagaron los montos adeudados desde el 26 de abril de 2021, excluyendo el período anterior. La PDI para sustentar el rechazo de la acción era que la fecha de pago comenzaba a partir de la fecha de emisión del dictamen. Don nombre reservado por su parte alegó que no le pagaron lo adeudado, sustentando la PDI para el rechazo de la acción que al haberse acogido a retiro temporal el Sr. nombre reservado a partir del mes de octubre de 2020, su derecho se encontraba prescrito.

Justamente, el mismo objeto de pedir, fue resuelto por la Corte Suprema, indicando que el máximo Tribunal del país hace la correcta interpretación Dictamen N° E98928 / 2021 de la C.G.R, señalando en el CONSIDERANDO TERCERO párrafos tres y cuatro, lo que sigue:

"Con ello desconoce su propio actuar previo, de mayo de 2019, así como que tal pronunciamiento sólo responde a la solicitud de aclarar la materia que realizara el Director General de la PDI, por lo que no puede pretender que sólo a partir del mismo haya nacido el derecho de los recurrentes.

De manera que, desconocer el derecho del recurrente por tales fundamentos aparece como vulneratorio del derecho de propiedad sobre las remuneraciones a que tiene derecho, debiendo, en consecuencia, ordenarse el pago también por el período que media entre su ingreso a la institución y el 26 de abril de 2021".

Además, es importante indicar lo que la Corte Suprema resuelve respecto de la prescripción alegada por la PDI para sustentar el rechazo conforme al art. 99 de la Ley N° 18.834, señalando lo que sigue conforme al considerando cuarto:

"Que, en relación con el señor nombre reservado, cabe reiterar que tampoco la recurrida niega que le asiste el derecho al pago que impetra, alegando únicamente la prescripción del mismo en virtud de lo previsto en el artículo 99 del Estatuto Administrativo.

No obstante, olvida la recurrida que mediante Radiograma N° 225 de mayo de 2019 reconoció expresamente la procedencia de pago y que mediante Radiograma N°285, de julio de 2019 hizo presente a sus funcionarios que la situación de la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona estaba siendo consultada a la Contraloría General de la República, lo que no puede estimarse como un desconocimiento de su procedencia sino, por el contrario, un antecedente más que da cuenta de que la recurrida estimaba procedente su pago.

En tales circunstancias, aparece como arbitrario que, pese a que dicho órgano contralor emitió su Dictamen, resolviendo la consulta con fecha 26 de abril de 2021, no resulta comprensible que no haya regularizado el pago de sus funcionarios de inmediato.

Por lo que no se advierte fundamento para que la recurrida se niegue también al pago de este recurrente de la asignación de zona sobre la asignación especial de grado efectivo por todo el período en que prestó servicios para la recurrida".

Finalmente, La Corte Suprema hace lugar al recurso y falla lo que se transcribe de manera textual:

"Se declara que se Acoge el Recurso de Protección deducido en favor de don nombre reservado y de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, debiendo esta institución proceder al pago de la "Asignación de Grado Efectivo" con la gratificación de zona, por el periodo que media entre su ingreso a la institución y el 26 de abril de 2021, para el caso de nombre reservado, y por todo el tiempo que prestó servicio, para el caso de nombre reservado".

7.- EL DERECHO.

Se señala que los derechos indubitados que se alegan como conculcados corresponden al art. 19 N° 2, esto es igualdad ante la Ley, y el art. 19 N° 24, esto es el Derecho de Propiedad.

VULNERACIÓN ART. 19 N° 2 DE LA CONSTITUCIÓN.

Se produce una discriminación arbitraria por parte de la PDI, debido a que teniendo el deber de regularizar sus obligaciones incumplidas de sus empleados activos y en retiro de la institución por la precisión que hizo el fallo emanado de la Excma. Corte Suprema de Justicia en autos Rol N° 147.027-2023, esta ha hecho pago de aquellos montos adeudados por el período del ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, sólo respecto de algunos con lo cual ha hecho diferencias arbitrarias respecto de otros ex funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad, como lo son nombre reservado y nombre reservado.

TRANSGRESIÓN ART. 19 N° 24 DE LA CONSTITUCIÓN.

La asignación del grado efectivo, es remuneración, los recurrentes tiene sobre estas un derecho de propiedad, el cual es un derecho de carácter ABSOLUTO, EXCLUSIVO y PERPÉTUO, y por su calidad está protegido por el art. 19 N° 24 de la CPR., esto es el Derecho de Propiedad, siendo un derecho indubitado.

Para aclarar como regula la normativa de la PDI este derecho, es menester señalar que los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, conforme a los artículos 97 y 98 del DFL 1 de 1980 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, detentan por ese vínculo jurídico los siguientes derechos:

Primero, El derecho a las remuneraciones por los servicios prestados consagrado en el art. 97 que confirma esa calidad de derecho indubitado; y Segundo, por el art. 98 se establece el derecho a percibir la integridad de las remuneraciones. Para ilustrar el contenido de estos dos derechos, se transcriben a continuación:

Artículo 97°- El personal tiene derecho, como retribución por sus servicios, a las remuneraciones y demás beneficios que determine la ley.

Los funcionarios regidos por este Estatuto tendrán derecho a sus remuneraciones desde la fecha en que asuman su cargo. Si para hacerlo necesitaren trasladarse a un lugar distinto del de su residencia, las remuneraciones se devengarán desde el día en que emprendan el viaje.

Artículo 98°- Las remuneraciones que percibe el personal son inembargables, salvo por resolución judicial ejecutoriada, decretada en juicio de alimentos.

Queda prohibido deducir de las remuneraciones del personal otras cantidades que las correspondientes a pago de impuestos, cuotas o servicios de deudas de previsión y otros descuentos establecidos expresamente por las leyes.

De las remuneraciones del personal, podrá deducirse, además, los descuentos provenientes de obligaciones que estos hayan contraído con organismos administrativos internos.

Es así, que el hecho de no pagar aquellos montos adeudados de la asignación de grado efectivo por el período que media entre el ingreso a la Institución al 26 de abril de 2021, conculca el derecho de propiedad que tiene el recurrente sobre el saldo insoluto no pagado de sus remuneraciones por el tiempo que sirvieron en la institución.

EL DERECHO Por medio del presente vengo respetuosamente a interponer en plazo legal computado desde la fecha que se tomó noticia de la ilegalidad indicado en el cuerpo del recurso, a la presente acción constitucional por la conducta de la recurrida por ser ilegal y arbitraria, debido a que los servicios de mi representado fueron efectivamente prestados, la obligación de la PDI es remunerarlos o sea cumplir con la prestación de lo que debe, tal como lo regula su propia normativa en los artículos 97 y 98 del Estatuto del Personal de la PDI, será de manera completa e indivisible y no como lo ha hecho la recurrida, esto es de manera parcial.

Es por ello, que la disminución patrimonial afecta el derecho indubitado del art. 19 N° 24 de la Constitución Política de la República debido a su privación y perturbación del derecho de propiedad que tiene mi representado, que incluso se extiende a una decisión arbitraria, respecto de otros ex - funcionarios a los cuales sí les pagaron el monto adeudado de manera completa.

Por todo lo anteriormente, se solicita dar curso al presente recurso de protección que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el art. 20 de la Constitución Política de la República, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES de la PDI RUT N° RUT reservado, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Sr. Prefecto nombre reservado don nombre reservado, RUT N° RUT reservado.

Al mismo tiempo, se solicita que pueda adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para asegurar el imperio del derecho y garantizar la debida protección de mis representados, cuya pretensión es que se acoja el presente recurso de protección y se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021.

A folio 8 La Policía de Investigaciones acompaña informe en los siguientes términos:

En primer lugar, interpone excepción de prescripción en atención a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 15.MAY.980, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile, ni el Decreto 135 de 17.SEP.009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Asignaciones, Sobresueldos, Gratificaciones Especiales y otros Derechos Económicos del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, no consagra un plazo de prescripción para el derecho al cobro de las asignaciones establecidas en aquellos cuerpos normativos, razón por la cual, supletoriamente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

En ese orden de ideas, conforme la legislación vigente tanto el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la que a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Sabido es que las asignaciones a que se refiere el artículo 99 del Estatuto Administrativo se hacen exigibles desde el momento en que se devengan, esto es, desde que se han verificado las condiciones que establece la ley para el pago de las mismas, pues, en ese instante, nace el derecho a percibir las sumas respectivas.

Así las cosas, conforme la Contraloría General de la República –cuyos dictámenes y pronunciamientos son obligatorios para los Órganos de la Administración del Estado-, ha señalado que, para que opere la prescripción se requiere: a) que haya una obligación pendiente, b) que transcurra un determinado lapso; y c) que haya inactividad por parte del acreedor, conforme los dictámenes N°s 1.347, de 1993 y 60.042, de 2009.

En este entendido, resulta necesario tener presente, tal como se informó en el dictamen N° 31.752, de 2011, del mismo Órgano Fiscalizador, estableció que la prescripción constituye una sanción a la inactividad de los titulares de un derecho que sólo puede terminar en virtud de actos que suponen una reclamación personal de los afectados.

En efecto, el plazo de prescripción de seis meses previsto en el artículo 99 se cuenta según el principio general establecido en el artículo 2.514, inciso segundo, del Código Civil, desde que estas se hicieron exigibles, lo que tratándose del derecho al pago de remuneraciones periódicas, acontece desde que estas se devengan.

En cuanto a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, el mismo Órgano Contralor ha señalado, que el derecho al cobro de las asignaciones de su artículo 98, prescribe en el plazo de seis meses, contados desde que se hicieron exigibles, conforme a lo señalado en el artículo 99 de dicha ley, término que se interrumpen por el reclamo formal ante el pertinente organismo o esta entidad fiscalizadora, de acuerdo a los dictámenes N°s 21.838, de 2013 y 62.712, de 2014.

Por otra parte, en relación con el pago retroactivo de la bonificación en estudio, es menester recordar que el artículo 99 de la ley N° 18.834 dispone que el derecho al cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales -tal como ocurre con el bono en comento-, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles.

A mayor abundamiento, la génesis del reclamo del recurrente se funda en el Radiograma N° 225 de 30.MAY.019, mediante la cual, informó que por error se encontraba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo a la asignación de zona. Sin embargo, debemos tener en consideración que la Contraloría General de la República, a través de su jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s 33.924, de 2008; 47.598, de 2012; 47.562, de 2013, entre otros, ha señalado que el plazo de prescripción de seis meses es aplicable al cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, cuanto por la inadvertencia de la Administración de la concurrencia de un supuesto que permitía al interesado la percepción del estipendio en un monto mayor, como acontece, por ejemplo, con la asignación de antigüedad por el cumplimiento de un nuevo bienio o trienio.

Es decir, que tanto la interpretación errónea de la ley como el error de hecho por parte de la Administración no impiden la aplicación de las normas de prescripción, institución que tiene por objeto brindar certeza a las situaciones jurídicas, sancionando a quienes no ejerzan sus derechos en la oportunidad que señala la ley.

En consecuencia, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales, consagrado en el Estatuto Administrativo, la acción de protección intentada no puede prosperar, debiendo ser rechazado con expresa condenación en costas.

Luego, y en segundo orden de ideas, solicita que se declaré extemporáneo el recurso de protección, indicando que tomaron conociendo en el año 2019 a través del Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019, excediendo así el plazo de 30 días que establece el autoacordado de tramitación de recurso de protección.

Sigue, y en un tercer orden de ideas, plantean la excepción de pago indicando que le pagaron a los recurrentes en diciembre de 2022, el pago retroactivo de la asignación de zona.

En un cuarto orden de ideas, informa el recurso en los siguientes términos:

I. ACERCA DE LA PRESUNTA ACCIÓN U OMISIÓN ILEGAL O ARBITRARIA Luego de definir que es una acción u omisión ilegal o arbitraria, el recurrente señala actuar de la recurrida resulta arbitrario al no procederse al pago de la remuneración íntegra situación que se extiende hasta la actualidad.

Asimismo, debemos tener en consideración que el Recurso de Protección es una acción cautelar de emergencia establecida para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, reglamentado en forma especial, nacido de las peculiares circunstancias y necesidades existentes al momento de su creación.

Así las cosas, intentar una acción de tal naturaleza, para perseguir el cobro de estipendios remuneraciones no reclamados en su oportunidad, no constituye la vía idónea en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos siempre que estén indubitados, y no de aquellos otros que se encuentren en discusión, como ocurre en la especie, o que constituyan una mera expectativa, de tal manera que la acción constitucional deducida no está en condiciones de prosperar.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

También, es cuestionable que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa, tendiente a exigir a su juicio el cobro de estipendios pagados de forma incompleta, desvirtuando la naturaleza cautelar y excepcionalísima del recurso de protección.

II. ACERCA DEL DICTAMEN N°E98928, DE 2021, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

Es preciso reiterar que mediante Oficio N° E98928/2021, del 26.ABR.021, la Contraloría General de la República, remitió el dictamen a esta Policía de Investigaciones de Chile, en virtud a una consulta formulada por el Director General, respuesta en la cual el ente Contralor, señalo que:

“En dicho contexto, conviene puntualizar que la nueva asignación de especialidad al grado efectivo establecida en el artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1968, no contiene una regla que ordene no considerar dicho beneficio para el cálculo de la gratificación de zona, como sí lo hacía la normativa tácitamente derogada relativa al beneficio de similar denominación contenido en el citado artículo 41 del decreto ley Nº 3.551, de 1980.

Finalmente, cumple con señalar que los artículos 2° de los citados decretos Nos. N° 87, de 1999 y 135, de 2019, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, definen remuneración como cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, acorde con lo establecido en el aludido artículo 46, letra d), numeral 3), del reseñado texto estatutario.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio”.

Al tenor de lo resuelto por la Contraloría General de la República, cabe mencionar en primer término que dicho pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, luego a fin de determinar su sentido y alcance, es menester aplicar las reglas generales de interpretación, contenidas, entre otras, en el artículo 20 del Código Civil, de acuerdo con el cual las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

De esta manera, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en su versión vigente indica que la palabra “actualmente” significa “en el tiempo actual”.

Lo anterior está en consonancia y armonía con el artículo 53 de la Ley N° 19.880, así como también, con el principio de irretroactividad de las leyes.

Asimismo, la Contraloría General de la República ha actuado dentro del ámbito de su competencia y dentro de sus atribuciones legales y constitucionales. En efecto, inciso primero del artículo 6 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, establece que “Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen.” A su vez, el inciso final de la referida norma jurídica, reza que “De acuerdo con lo anterior, sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias a que se refiere al artículo 1°”.

A mayor abundamiento, debemos recordar que los dictámenes de ese órgano de control son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, razón por lo cual, es esta parte recurrida se encuentra en el imperativo de cumplir con lo dispuesto en cada uno de sus pronunciamientos.

En ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto en el artículo 9°, inciso final, de la ley N° 10.336, y atendido a lo indicado por el Ente Fiscalizador en sus oficios N°s 50.931, de 2005 y 14.251, de 2007, que los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República producen efectos vinculantes para los órganos sujetos a su fiscalización, en los casos concretos a que se refieren, por lo que su incumplimiento por parte de las autoridades significa la infracción de sus deberes funcionarios, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

III. EN CUANTO AL PAGO EFECTUADO A LOS RECURRENTES:

Conforme lo informado por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, de la Policía de Investigaciones de Chile, esta institución policial no procedió con el pago al recurrente, (atendiendo a la fecha del dictamen, esto es, el 26.ABR.021), conforme al siguiente detalle:

nombre reservado: El pago de $1.256.060, por pago de zona retroactiva.

nombre reservado: El pago de $1.231.382, por pago de zona retroactiva.

nombre reservado: El pago de $1.237.338, por pago de zona retroactiva.

IV. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESUMIBLEMENTE CONCULCADAS:

De los antecedentes expuestos, no cabe duda que no ha existido algún actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile; en efecto, se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

Lo anterior está en consonancia con el artículo 3, inciso final, de la Ley N°19.880, que dispone que “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

Por otra parte, no es posible establecer que existe una vulneración a las garantías constituciones presuntamente conculcadas, toda vez que durante el servicio activo del recurrente fueron solucionadas sus remuneraciones, así como también, el -presunto- pago de la asignación de zona que le correspondía durante su estadía en la Institución, fueron determinadas de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de aquella época, siendo imposible intentar beneficiarse por una situación que ocurrió diez años después de su salida de la Policía, de esta forma no se posible sostener que esta arte recurrida ha incurrido en un acto legal y arbitrario, que vulnere derechos fundamentales.

V. CONCLUSIÓN:

En atención a los antecedentes señalados y argumentos vertidos, se hace presente tal como se ha expuesto a lo largo del presente instrumento, queda de manifiesto que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que la Policía de Investigaciones de Chile, ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios, a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio de conformidad al dictamen N° E98928, del 26.ABR.021, de la Contraloría General de la República, en el cual en el caso de los recurrentes no corresponde por los argumentos vertidos.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Tercero: Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Quinto: Que, a fin de resolver el presente arbitrio constitucional, cabe hacer presente que el recurrente alega que no se le ha pagado el beneficio de gratificación de zona, según detalle que indica en su presentación, por todo el tiempo que prestó servicios en la institución hasta su retiro.

Sexto: Que, sobre el asunto de marras, la Excma. Corte Suprema ha señalado recientemente en fallo de 11 de julio del año 2025 que “…como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de la PDI, más allá de abril de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda. En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos . ” (E. Corte Suprema, Rol 25.157-2025, Considerando Quinto).

Finalmente, el mismo fallo concluye en su considerando Sexto que “…por lo explicado en el motivo que antecede, el recurso no podrá prosperar por no asistir un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva .”

Lo propio ha sucedido en la causa 31.133-2025, de fecha 22 de agosto de 2025, que resolviendo la materia ha señalado en su considerando quinto lo siguiente:

“QUINTO: Que, como se puede apreciar, la pretensión desarrollada en el libelo dice relación con el pago retroactivo de remuneraciones a funcionarios de la PDI, más allá de abril de 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

En efecto, un primer asunto que impide el éxito de la presente acción constitucional cautelar consiste en que el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación su presupuesto de hecho esencial: el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio. Se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspecto que depende de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.”

Séptimo: Que, de lo señalado por el Máximo Tribunal, se puede concluir que, por una parte, el derecho de un determinado funcionario a percibir la gratificación de zona exige la acreditación de su presupuesto de hecho esencial, esto es, el desempeño de una función pública en un lugar del territorio nacional sujeto a este beneficio, requisito que debe ser verificado por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que al interesado franquea el ordenamiento jurídico, ya no se está frente a un derecho indubitado sino que controvertido.

A lo anterior, se añade que en la especie se persigue el pago retroactivo de remuneraciones, situación que requiere un pronunciamiento de fondo en que todos los involucrados puedan plantear sus argumentos, defensas, descargos o excepciones, así como la prueba correspondiente en relación a sus alegaciones, todo ello en atención a que el asunto queda discutido respecto a una posible retroactividad de un posible pago; falta de mayores antecedentes para resolver; la imposibilidad que por esta vía constitucional la recurrida pueda oponer excepciones o defensas frente a tal pretensión (como la prescripción por ejemplo), y la discutida interpretación de lo dictaminado por el Ente Contralor respecto de la frase actualmente que alega la recurrida para reconocer la asignación, en atención a que el referido dictamen expresa que “En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.” Tales tópicos imposibilitan a esta Corte pronunciarse sobre un asunto controvertido, no siendo esta vía constitucional el mecanismo idóneo para resolver tales cuestionamientos.

Que, de todo lo expresado, procede el rechazo de la presente acción, debiendo discutirse por otras vías tanto la procedencia del pago de la prestación como los montos reclamados.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, contra la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

N°Protección-1565-2025. (csd)