nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, once de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, profesor, Director del Departamento de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Carahue desde el 22 de octubre de 2021, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, concejala de dicho municipio, por estimar que su actuar ha vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 4 y 5 de la Carta Fundamental. Expone que, en sesión de concejo municipal N° 102 de fecha 15 de abril de 2024, transmitida en vivo por redes sociales y disponible en la página web institucional, la recurrida denunció supuestas irregularidades en su situación contractual, aludiendo a que mantenía doble contrato —con la municipalidad y con la Corporación Educacional San Mateo— e imputándole faltas a la probidad, incluso con expresiones burlescas. Señala que, invitado por el alcalde a intervenir, explicó que el vínculo con dicha corporación era bajo el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo y de carácter no presencial, instándola a denunciar en la instancia competente.

Refiere que, al día siguiente, el alcalde dictó el decreto N° 642 ordenando instruir investigación sumaria en su contra, la que fue sustanciada por la Directora de Planificación Comunal y concluyó, mediante informe de 13 de mayo de 2024, que no existía falta de probidad ni abandono de funciones, proponiendo su sobreseimiento, lo que fue ratificado por decreto alcaldicio N° 850 de 7 de junio de 2024. Pese a ello, a comienzos de 2025 tomó conocimiento extraoficial de que la recurrida había reiterado la denuncia ante la Contraloría General de la República por los mismos hechos, acompañando como sustento dos correos electrónicos provenientes de cuentas personales suyas, respecto de los cuales afirma no haber autorizado acceso ni conocer el modo en que fueron obtenidos.

Añade que, paralelamente, la recurrida ha desplegado en redes sociales —Facebook, Instagram, TikTok— una campaña de desprestigio en su contra, llamando incluso a protestar por su salida del cargo, sindicándolo expresamente, y atribuyéndole conductas de “corrupción”, “negligencia”, “machismo” y “violencia de género política” hacia su persona, lo que ha derivado en comentarios injuriosos de terceros. Afirma que tales publicaciones omiten informar que la Contraloría solo ordenó instruir un sumario administrativo, induciendo a creer que se acreditó una falta de probidad, y que sus expresiones y difusión han afectado gravemente su honra, reputación profesional y salud psíquica, provocándole síntomas ansiosos y licencia médica.

Sostiene que estos hechos constituyen actos arbitrarios e ilegales que han vulnerado su derecho a la integridad física y psíquica, el respeto y protección a la vida privada y a la honra, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Solicita se ordene a la recurrida eliminar las publicaciones difamatorias, abstenerse de efectuar nuevas alusiones que dañen su honra y explicar la forma en que obtuvo los correos electrónicos personales mencionados.

Por su parte, evacuando informe, la recurrida expone que en el ejercicio de su labor fiscalizadora, y tras audiencia con el Contralor Regional en virtud de la Ley de Lobby, denunció ante la Contraloría eventuales irregularidades en el desempeño del recurrente, particularmente su doble vinculación laboral y utilización de correos electrónicos en jornada municipal, antecedentes que obtuvo —según afirma— de la Sra. nombre reservado, de la Corporación Educacional San Mateo, debido a la pérdida masiva de correos institucionales del municipio entre 2021 y 2024. Indica que la Contraloría, mediante oficio N° E12848 de 2025, ordenó instruir investigación sumaria al Director de Seguridad Pública, procedimiento que actualmente se encuentra en curso.

Se trajeron los autos en relación, procediendo a la vista del recurso en la audiencia del pasado 28 de Julio, a la que compareció la abogada Sandra Ketterer Parra, quien alegó por el recurso, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:. Que el presente recurso de protección ha sido interpuesto por don nombre reservado, Director del Departamento de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Carahue, en contra de doña nombre reservado, concejala de dicha comuna, fundándose en que ésta, en diversas oportunidades, tanto en sesiones de concejo municipal como a través de sus redes sociales y otras plataformas públicas, ha emitido expresiones que atribuyen al actor conductas contrarias a la probidad administrativa, imputándole faltas de carácter ético y profesional, así como calificativos denostativos, y que ha difundido dichas imputaciones a través de medios de amplia cobertura, produciendo con ello un daño a su honra y reputación.

SEGUNDO: Que de los antecedentes acompañados consta que, a partir de abril de 2024, la recurrida denunció públicamente al actor en sesión del concejo municipal transmitida por redes sociales, y posteriormente reiteró tales imputaciones en distintas publicaciones de Facebook, TikTok e Instagram, llamando incluso a la comunidad a protestar para exigir su salida del cargo, identificándolo expresamente y vinculándolo a calificativos tales como “corrupto”, “coimero” y “machista”, así como a supuestos actos de “violencia de género política”.

TERCERO: Que se ha acreditado que las afirmaciones de la recurrida se efectuaron luego de que, respecto de la denuncia inicial, se instruyera una investigación sumaria municipal que concluyó con el sobreseimiento del recurrente, mediante decreto alcaldicio N° 850 de 7 de junio de 2024, estableciendo la inexistencia de faltas a la probidad o abandono de funciones.

CUARTO: Que, no obstante ello, la recurrida continuó publicando y difundiendo en redes sociales aseveraciones que presentan como hechos comprobados situaciones que se encuentran pendientes de investigación actualmente por instrucción de la Contraloría General de la República, sin referirse al pronunciamiento exculpatorio previo adoptado por la municipalidad, presentando al actor ante la comunidad como un funcionario desprovisto de integridad, lo que excede su legítimo rol fiscalizador y configura un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, referida al respeto y protección de la vida privada y honra de la persona.

QUINTO: Que la persistencia y difusión masiva de las expresiones en cuestión, en un entorno virtual de acceso abierto, genera una afectación persistente y actual a la reputación y bienestar del recurrente, por lo que resulta procedente adoptar medidas para cesar la perturbación y evitar su reiteración, siendo la presente acción cautelar el mecanismo idóneo para ello.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I. 1°. Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

II. Que, en consecuencia, se ordena a la recurrida eliminar, dentro del plazo de cinco días contado desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada, todo contenido publicado en cualquier sitio web, blog o red social (incluyendo, pero no limitado a Facebook, TikTok e Instagram) en que se formule descrédito, imputaciones denostativas o afirmaciones que afecten la honra del recurrente.

III. Que se ordena igualmente a la recurrida abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar publicaciones, comentarios o difusiones públicas que, en términos análogos, destinado a menoscabar la honra del recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

N°Protección-1561-2025. (csd)