Protección contra Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo
- Fecha
- 30 de junio de 2015
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 1551-2015, sentencia de 30 de junio de 2015
Resumen
Se acoge la protección y se deja sin efecto la multa: el fiscalizador se atribuyó facultades interpretativas de los contratos de prestación de servicios que solo corresponden a los tribunales, actuación ilegal.
Texto íntegro
Foja: 57 Cincuenta y Siete C.A. de Temuco Temuco, treinta de junio de dos mil quince.
VISTOS:
1.- Que, a fojas 1, se presentó don CARLOS MUÑOZ SANHUEZA, abogado en representación de EL FIORDO SPA, representado por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.
Funda su recurso en que su representada es dueña y administradora del Hotel Frontera de esta ciudad, en el que con fecha 19 de marzo de 2015, se apersonó la recurrida, efectuando una fiscalización, de la que, una vez revisada la documentación pedida, determinó, motu proprio y por interpretación que hace de las cláusulas de los contratos de prestación de servicios de las personas que más adelante indica, no resultaba procedente mantenerlas bajo sistema de honorarios, y que por ende debían ser contratados bajo régimen de contrato de trabajo, bajo dependencia y subordinación, exigiendo actualizar tal situación y el pago de cotizaciones, de seis personas, más las multas a propósito del hecho descrito, personas que la recurrente denomina “de llamadas” y para labores especificas.- Según acta de resolución de multa, se consigna que las multas cursadas son las siguientes: 1) No escriturar contrato de trabajo de las personas que allí señala.- Multa 60 UTM. 2) no llevar registro de asistencia de las personas señaladas. Multa de 40 UTM.- 3) no entregar comprobante de pago de remuneraciones. Multa de 35 UTM.- 4) no declarar oportunamente cotizaciones previsionales. 16,5 UF y tampoco seguro de cesantía multa por 22 UF.- Sostiene que conforme los hechos narrados, la recurrida se ha irrogado atribuciones que la ley no le concede, cuestión que implica vulneración de su derecho de propiedad y a no ser juzgado por comisiones especiales, previstas en el art. 19 N° 24 y 3 inc. 4 de la Constitución Política de la Republica, refiriendo que la calificación jurídica del contrato es propia del órgano jurisdiccional conforme art. 420 del Código del Trabajo, haciendo presente que con anterioridad se había recurrido respecto de conductas iguales en causa Rol 4141-2015, pidiendo previas citas legales declarar que a multa curada constituye un acto ilegal y arbitrario toda vez que con su actuación se excedió en su atribuciones infringiendo las normas constitucionales ya invocadas, acogerlo y dejar sin efecto las multas descritas, con costas.- 2.- Que, a fojas 28, informa la recurrida quien luego de explicar los antecedentes del recurso y presupuestos jurídicos del mismo en términos generales, indica que el recurso es improcedente en atención a la naturaleza del acto recurrido, según lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, pues esta resulta incompatible con la afectación definitiva de actos administrativos ya configurados, cuyo es el caso de autos, pues respecto al tema, no se da además la clara existencia de los derechos cuya protección pide el recurrente.- Agrega que no divisa en los hechos la desprotección alegada toda vez que la legislación prevé la forma de reclamar las multas administrativas, pudiendo obtener por vía jurisdiccional las mismas pretensiones a través del art. 503 del C. del Trabajo, y que atendida la naturaleza del recurso de protección requiere de un derecho indubitado que amparar, lo que en la especie no ocurre.- En cuanto a los hechos fiscalizados, estos se constataron durante la ejecución de una fiscalización encargada a la recurrida, la que se originó por denuncia de un trabajador, quien solicitó se fiscalice temas de informalidad laboral, encomendándose tal labor a la recurrida, ello, respecto al local Cafetería Austral de Bulnes 699, de esta ciudad, entrevistándose con nombre reservado, el administrador y trabajadores, revisándose la documentación de una muestra de 11 trabajadores. Previa entrevista telefónica con el denunciante, señala que los trabajadores que se encontrarían en esta situación son tres ayudantes de cocina, tres garzones y una cajera, quienes prestan servicios a honorarios, realizando funciones bajo subordinación y dependencia.- Además agregó que se detectó que tales trabajadores ejecutan sus funciones en horarios y planificación específica, allanándose en tal día a la fiscalización , más en el plazo de corrección, solo presentó escrituración del contrato de una funcionaria cuyo nombre indica, y que se encontraba embarazada, procediéndose en consecuencia a cursar la multa respectiva .- Sostiene que los hechos fueron constatados por la propia fiscalizadora, no explicando la recurrente porque se escrituro a una funcionaria y al resto no.- Agrega en cuanto al derecho que la posibilidad de sanción administrativa correlativa a la ausencia de escrituración del contrato de trabajo, va de la mano con la presunción de conocimiento de la Ley del art. 8 del Código Civil, además, la revisión del fiscalizador es esencialmente provisoria, ella en efecto puede ser revisada vía jurisdiccional a través de la reclamación de multas previstas en Código del Trabajo, citando al efecto los artículo 2 inc. 1° y art. 8 y 9 del Código del Trabajo y artículo 16 de la Constitución Política de la República. Pide previas citas, el rechazo del recurso con costas.
3.- Que, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia el recurso de protección constituye un mecanismo que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho frente a situaciones arbitrarias que amenazan o violan gravemente garantías constitucionales. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado y no disputado garantizado constitucionalmente que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.
4.- Que, en el presente libelo, el recurrente estima que el fiscalizador de la Inspección del Trabajo Provincial de Cautín, doña nombre reservado, se ha extralimitado en sus facultades al determinar que los contratos a honorarios de personas que prestaban servicios en el establecimiento comercial del actor, eran en realidad prestaciones bajo dependencia y subordinación, y por ende, debían estar contratados como trabajador con contrato de trabajo y con cotizaciones por ese estatus, por lo cual, se cursó multa por no escriturar los contratos de trabajo para esas personas, además se aplicó multa por no llevar registro de asistencia y por no pago y declaración oportunamente de cotizaciones previsionales, existiendo vulneración de garantías constitucionales, por cuanto, se atribuye facultades de interpretación que no tiene, vulnerando el artículo 3 inciso 4 de la Constitución Política de la República, y también infringiendo con la aplicación de multa el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que al interpretar cláusulas contractuales de los contratos de prestación de servicios, cuestión que es exclusiva y excluyente de competencia de los Tribunales de Justicia y no de la Inspección del Trabajo.
5.- Que, la parte recurrida reconoce que aplicó multa, por cuanto, la fiscalizadora constató que los trabajadores realizan labores bajo dependencia y subordinación, encontrándose bajo régimen de Contrato a Honorarios y sin pago de cotizaciones, debiendo estar sujetos a un contrato de trabajo de acuerdo a la legislación laboral.
6.- Que, con los expuesto por las partes, se puede apreciar en forma indiscutida que el fiscalizador se atribuyó facultades de interpretación, cuya función corresponde a órganos jurisdiccionales que no posee, por lo cual, al interpretar los contratos de prestación de servicios incurre en una actuación ilegal que perturba el artículo 19 N° 3 inciso 4 de la Constitución Política de la República, y por ende las multas aplicadas deben dejarse sin efecto por cuanto excedió la funcionaria de la Inspección Provincial del Trabajo de Cautín en sus facultades que la ley laboral no le ha otorgado.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE el recurso interpuesto a fojas 1 por el abogado Carlos Muñoz Sanhueza en representación de EL FIORDO SPA en contra del Fiscalizador de la Inspección del Trabajo doña nombre reservado, y SE DEJA SIN EFECTO la multa impuesta, a la recurrente, por resolución N° 8011/15/1, todo ello sin costas del recurso.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Redacción del Ministro Sr. Luis Troncoso Lagos Protección-1551-2015.
Sr. nombre reservado
Sr. nombre reservado por la Primera Sala Integrada por su Presidente Ministro Sr. Luis Troncoso Lagos, Ministro Sr. Luis Troncoso Lagos y Ministra Sra. María Elena Llanos Morales. Se deja constancia que la Ministra Sra. María Elena Llanos Morales, no firma, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y al acuerdo respectivo, por encontrarse con licencia médica.
En Temuco, treinta de junio de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.