nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, trece de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, abogado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, actuando por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de la Araucanía, interponiendo acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; y en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la notificación de fecha 24 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, solicitando que esta Corte adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que pasa a exponer.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el recurrente expone que solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten. Indica que con fecha 24 de diciembre de 2025 fue notificado del rechazo, fundado en que la documentación presentada para acreditar la afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile no satisface las exigencias del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, número 1, letra b), y que la declaración jurada de fecha 9 de junio de 2025 tampoco cumple con la normativa vigente, citándose los Oficios de la Superintendencia de Pensiones que exigen que el trabajador acredite contar con cobertura específica en casos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Sostiene que la Ley N°18.156, en sus artículos 1° y 7°, exige solamente que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo manifieste su voluntad de mantener la afiliación referida, requisitos que en su caso se encuentran íntegramente satisfechos. Refiere que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, y sostiene que la constancia electrónica acompañada puede ser verificada en los sitios http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss y http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, ya sea ingresando el código de verificación N°f3f103243-2026009 o la cédula de identidad venezolana RUT reservado, por lo que la conducta omisiva de la recurrida de no efectuar dicha verificación deviene en arbitraria e ilegal. Agrega que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, han concluido que la misma documentación cumple con los requisitos legales, y que la constancia es verificable, expedida por autoridad competente venezolana en cumplimiento de sus facultades, y respaldada además por declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada.

Argumenta que la recurrida desconoce la normativa especial al exigir requisitos no previstos en la ley y que, en el evento improbable que esta Corte considere que se requiere documento legalizado o apostillado, debe tenerse presente lo dispuesto en los artículos 18 y 45 del Código Civil, en cuanto a lo imposible nadie está obligado, siendo un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, lo que constituye caso fortuito o fuerza mayor, situación que se encuentra fuera de la esfera del recurrente. Cita en apoyo la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°7254-2025, de 18 de marzo de 2025, sobre materia migratoria, que consideró especialmente la grave crisis política e institucional de Venezuela en la celeridad para obtener documentación oficial.

Refiere que el actuar de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al darle un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias, han obtenido respuesta favorable; y el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24, al impedirle disponer de fondos que son de su exclusiva propiedad. Cita en apoyo de su pretensión las sentencias de la Excma. Corte Suprema Rol N°28881-2022 y Rol N°96.380-2021, de 20 de enero de 2023; y de las Iltmas. Cortes de Apelaciones de Antofagasta Rol N°247.104-2023, Valparaíso Rol N°325-2024, Concepción Rol N°241-2025 y Rol N°1269-2025, y La Serena Rol N°533-2025, todas las cuales han razonado que la documentación electrónica acompañada es prueba suficiente para acreditar los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, teniendo fuerza vinculatoria para la Administradora, y que el rechazo basado en una interpretación excesivamente literal y formalista vulnera el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales. Invoca finalmente lo dispuesto en el artículo 19 N°26 de la Constitución, en cuanto no podrán afectarse los derechos en su esencia ni imponerse condiciones que impidan su libre ejercicio.

Concluye solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 24 de diciembre de 2025, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, se realice un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Al primer otrosí acompaña los siguientes documentos: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Notificación de la AFP Modelo; 3. Declaración jurada ante notario público; 4. Constancia de afiliación electrónica; 5. Título profesional apostillado, que acredita profesión; 6. Contratos y anexos de contratos de trabajo; y 7. Certificado de cotizaciones previsionales.

A folio 3, con fecha 26 de enero de 2026, esta Corte declaró admisible el recurso, ordenando informe a la recurrida dentro del plazo de ocho días.

A folio 5, con fecha 4 de febrero de 2026, evacúa informe don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, domiciliados en domicilio reservado, en calidad de recurrida.

Refiere que con fecha 23 de diciembre de 2025 el recurrente presentó tres solicitudes de devolución de sus fondos previsionales, por las cotizaciones enteradas a su nombre por los empleadores NEXUS S.A., RUT RUT reservado, por el período comprendido entre mayo de 2017 y julio de 2018; TECNOLOGÍA Y PRODUCCIONES MIQUIRRAY LIMITADA, RUT RUT reservado, por el período comprendido entre abril de 2015 y mayo de 2017; y TELEFÓNICA CHILE SERVICIOS, RUT RUT reservado, por el período comprendido entre julio de 2018 y noviembre de 2025. Indica que el recurrente acompañó como antecedentes su título profesional, la constancia electrónica de cotizaciones, una declaración jurada ante notario público chileno apostillada, y los contratos y anexos suscritos con los tres empleadores señalados.

Sostiene que tras analizar los antecedentes a la luz de la Ley N°18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, las solicitudes 25251, 25252 y 25253 fueron rechazadas. En primer lugar, porque la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales el afiliado se encuentra cubierto sino de modo genérico las que otorga el sistema previsional venezolano, no está firmado por quien lo emite y no se encuentra apostillado o legalizado; y la declaración jurada de fecha 9 de septiembre de 2025 tampoco cumple los requisitos por no emanar de la entidad de seguridad social fuera de Chile ni de la Embajada o Consulado correspondiente. Cita al efecto los Oficios de la Superintendencia de Pensiones N°3141 de 20 de febrero de 2024 y N°12954 de 17 de julio de 2025, este último que precisa que las certificaciones electrónicas venezolanas no firmadas ni apostilladas no sirven como medio de prueba, debiendo observarse los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, y que las declaraciones juradas, aun apostilladas ante notario chileno, tampoco resultan idóneas pues deben emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

En segundo lugar, fundó el rechazo en que respecto del empleador TECNOLOGÍA Y PRODUCCIONES MIQUIRRAY LIMITADA no fue posible acreditar la veracidad y autenticidad de los documentos acompañados. Y en tercer lugar, en que los anexos suscritos con NEXUS S.A. y TELEFÓNICA CHILE contienen manifestaciones de voluntad contradictorias entre sí, en cuanto, por una parte, autorizan al empleador a descontar las cotizaciones previsionales en el régimen chileno, y por otra, declaran la voluntad de mantener la afiliación al régimen de seguridad social del país de origen, sin satisfacer la exigencia de manifestar de forma clara e inequívoca la voluntad requerida por el artículo 1° letra b) de la Ley N°18.156 y el Oficio N°12088 de 3 de julio de 2024 de la Superintendencia, debiendo primar la primera declaración por obedecer a la regla general.

En cuanto al derecho, transcribe los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y la letra b) del Compendio de Normas, haciendo presente que dicha ley es un régimen de excepción que establece requisitos copulativos, citando la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol Civil N°28.299-2025. Refiere que las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, sometidas a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, conforme al Decreto Ley N°3.500 de 1980 y a la Ley N°20.255, encontrándose la AFP obligada a cumplir las instrucciones del ente fiscalizador, entre ellas el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, que exige acompañar documento debidamente legalizado o apostillado que acredite la cobertura por todas las contingencias señaladas en la ley. Cita los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre la validez de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, y los Oficios de la Superintendencia N°12.088 de 3 de julio de 2024 y N°19.835 de 22 de octubre de 2025, sobre la exigencia de manifestación de voluntad inequívoca.

Invoca asimismo diversa jurisprudencia que ha rechazado recursos de protección en idéntica materia, tales como la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol Libro Protección N°22.142-2024, confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol Civil N°13.722-2025; la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso de 13 de mayo de 2025, dictada en causa Rol N°2023-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 10 de junio de 2025 en causa Rol Civil N°18.581-2025; la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción de 9 de junio de 2025 en causa Rol N°1763-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 4 de julio de 2025 en causa Rol Civil N°23.218-2025; y la sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa Rol Civil N°28.528-2025, de 3 de noviembre de 2025.

Concluye solicitando se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, se rechace el recurso con expresa condena en costas.

A folio 7, con fecha 6 de febrero de 2026, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N°2500, de 5 de febrero de 2026, suscrito por orden del Superintendente de Pensiones por don nombre reservado, Fiscal Subrogante. Como cuestión previa al fondo, opone la excepción de que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, sosteniendo que dicha acción cautelar requiere para su procedencia que los derechos invocados sean indubitados y preexistentes, y que en la especie existe controversia acerca del cumplimiento de los requisitos legales para la devolución, materia que debiera ser resuelta en un procedimiento de lato conocimiento. Cita en apoyo el fallo de 23 de octubre de 2025 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, en causa Rol N°436-2025; la sentencia de 6 de enero de 2025 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N°19.583-2024, caratulada "nombre reservado/nombre reservado"; y la sentencia de 6 de febrero de 2025 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt en causa Rol N°1295-2024, posteriormente confirmada por la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al fondo, refiere que el recurrente acciona en contra de la AFP Modelo S.A. y de esa Superintendencia por considerar que han actuado de forma arbitraria e ilegal al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, vulnerándose con ello su derecho a la igualdad y derecho de propiedad consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política. Hace presente que el señor nombre reservado no registra ante ese Organismo reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan el recurso, ni individualiza el acto en contra del cual se recurre respecto de la Superintendencia. Sobre la normativa aplicable, transcribe los artículos 1°, 6° y 7° de la Ley N°18.156, su Oficio N°5.963 de 16 de abril de 2007, conforme al cual la Ley N°18.156 es de excepción y de interpretación restrictiva, así como las facultades que le confieren el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N°101 de 1980, el artículo 94 del Decreto Ley N°3.500 de 1980 y el artículo 47 de la Ley N°20.255.

Sobre la legalidad del acto, expone que el recurrente acreditó su calidad de "técnico extranjero" con su título profesional apostillado, pero la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, no siendo suficiente el código de verificación electrónica para sustituir los requisitos legales vigentes. Cita al efecto el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025, el fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°48.991-2025, y el considerando sexto del fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca en recurso de protección Rol N°436-2025. Refiere que la declaración jurada del propio recurrente no reemplaza la certificación que debe emanar de la autoridad previsional competente del país respectivo. Asimismo, indica que el recurrente acompaña tres contratos de trabajo: uno suscrito el 30 de marzo de 2015 con TECNOLOGÍA Y PRODUCCIONES MIQUIRRAY LTDA., con anexo de 24 de mayo de 2017 sobre afiliación al régimen previsional venezolano; otro celebrado el 8 de mayo de 2017 con OPERADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO NEXUS S.A., cuyo anexo establece que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno; y un tercer contrato suscrito el 9 de julio de 2018 con TELEFÓNICA CHILE SERVICIOS CORPORATIVOS LTDA., cuya cláusula novena declara la afiliación al sistema de seguridad social del país de origen pero agrega que adicionalmente el trabajador cotizará en el sistema previsional chileno.

Sostiene que del cotejo del primer y segundo contrato se advierte una superposición temporal, y respecto del segundo y tercer contrato, decisiones coetáneas contradictorias, citando los Oficios Ordinarios N°17.072 de 2017, N°27.587 de 2015 y N°12.267 de 2016 de la Superintendencia, así como la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 12 de julio de 2024 en causa Rol N°238.255-2023. Indica que el recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo cual no asegura su retorno y pone en riesgo que en el futuro su pensión deba cubrirse con fondos fiscales, citando los considerandos noveno del fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso de 13 de noviembre de 2025, en causa Rol N°5757-2025, y octavo del fallo de la misma Corte de 29 de diciembre de 2025, en causa Rol N°7420-2025. Concluye que ni la Administradora ni esa Superintendencia han incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad, y que el no cumplir con los requisitos para acogerse a la Ley N°18.156 no implica la pérdida de los fondos previsionales, sino la improcedencia del beneficio excepcional, quedando incólume el ejercicio de los derechos previsionales del Decreto Ley N°3.500 de 1980. Solicita declarar improcedente el recurso por exceder el ámbito de la acción de protección y, en subsidio, rechazarlo con condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido instituido con el objeto de prestar inmediato amparo a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales que la misma disposición enumera, facultando a la Corte de Apelaciones respectiva para adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Para la procedencia de esta acción tutelar es presupuesto indispensable la constatación de un acto u omisión que revista los caracteres de ilegalidad, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, o de arbitrariedad, entendido como aquel originado en el mero capricho o carente de razonabilidad de quien lo ejecuta, y que, además, vulnere un derecho indubitado y preexistente.

SEGUNDO: Que, conforme se desprende del informe evacuado a folio 7, la Superintendencia de Pensiones ha opuesto, como cuestión previa al fondo, la excepción consistente en que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, sosteniendo que para la procedencia de la acción cautelar se requiere la afectación de un derecho indubitado y preexistente, y que en la especie existe una controversia acerca del cumplimiento de los presupuestos previstos en la Ley N°18.156 para la devolución de los fondos previsionales del recurrente, materia que requiere de un procedimiento de lato conocimiento.

TERCERO: Que, sobre el particular, sin perjuicio que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción de protección exige que los derechos invocados se encuentren indubitados, esta Corte estima procedente abordar la controversia en su mérito, toda vez que las cuestiones planteadas en el recurso son de carácter eminentemente jurídico y dicen relación con la calificación que cabe asignar a la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. de rechazar la solicitud de devolución de fondos por concepto de técnico extranjero, pudiendo verificarse del análisis de los antecedentes acompañados si el actuar reprochado reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que se le imputan. En consecuencia, la excepción opuesta por la Superintendencia de Pensiones será desestimada, sin perjuicio de lo que se resolverá respecto del fondo del asunto.

CUARTO: Que la controversia sometida a conocimiento de esta Corte se centra en determinar si el acto de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., consistente en rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el actor al amparo de la Ley N°18.156, mediante notificación de fecha 24 de diciembre de 2025, reviste el carácter de ilegal y arbitrario. El rechazo se sustentó, fundamentalmente, en que el certificado de afiliación previsional del país de origen aportado, esto es, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no se encontraba debidamente legalizado o apostillado, careciendo además de firma autorizada y no especificando las prestaciones por las cuales el afiliado se encuentra cubierto; en que la documentación laboral suscrita con el empleador TECNOLOGÍA Y PRODUCCIONES MIQUIRRAY LIMITADA no permitía acreditar la veracidad y autenticidad de los antecedentes; y en que los anexos suscritos con los empleadores NEXUS S.A. y TELEFÓNICA CHILE contenían manifestaciones de voluntad contradictorias entre sí, autorizando el descuento de cotizaciones previsionales en Chile y, simultáneamente, declarando la voluntad de mantener afiliación al régimen de seguridad social del país de origen, no satisfaciéndose con ello la exigencia de manifestar de forma clara e inequívoca la voluntad de mantenerse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile.

QUINTO: Que, para la debida resolución del asunto, es preciso tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados a efectuar imposiciones en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones copulativas: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. A su turno, el artículo 7° del referido cuerpo normativo dispone que, en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.

SEXTO: Que, conforme a la normativa transcrita y del análisis de los antecedentes aportados al proceso, se desprende que la actuación de la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna. Por el contrario, la Administradora se ha limitado a dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley N°18.156 y a las instrucciones obligatorias emanadas de la Superintendencia de Pensiones, órgano encargado de su fiscalización y cuya potestad de fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, encuentra fundamento en los artículos 94 N°3 del Decreto Ley N°3.500 de 1980 y 47 de la Ley N°20.255. En la especie, la institución procedió a exigir del actor la acreditación fehaciente de los presupuestos contemplados en la ley como condición sine qua non para autorizar una situación de excepción al sistema de seguridad social chileno, requisitos que no fueron satisfechos de la forma exigida por el ordenamiento jurídico nacional ni por la jurisprudencia administrativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, y en los Oficios Ordinarios N°3141 de 2024, N°12.088 de 2024, N°12.954 de 2025, N°19.835 de 2025 y N°21.480 de 2017.

SÉPTIMO: Que, en efecto, el documento aportado por la parte recurrente, consistente en la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con las exigencias necesarias para tener por acreditados los requisitos de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. En primer lugar, la constancia allegada no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, formalidad imperativa dispuesta en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil para que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero hagan fe en Chile. Al efecto, cabe señalar que la mera incorporación de un código de verificación electrónica en un portal web foráneo no suple ni reemplaza los trámites de legalización diplomática o apostilla contemplados en nuestra legislación y exigidos uniformemente por la Superintendencia de Pensiones. En segundo lugar, el referido documento carece de firma autorizada, y no señala en forma específica las prestaciones por las cuales el afiliado se encuentra cubierto, limitándose a referir de modo genérico las contingencias que cubre el sistema previsional venezolano, lo que no satisface la exigencia normativa y administrativa que requiere precisar la cobertura efectiva por enfermedad, invalidez, vejez y muerte respecto del solicitante durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

OCTAVO: Que, asimismo, la declaración jurada otorgada por el propio recurrente ante notario público chileno tampoco reviste idoneidad para acreditar el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, por cuanto la certificación que sirve para verificar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero debe emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la ley, ya que esa autoridad es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia. En consecuencia, no posee mérito probatorio una declaración del propio interesado, aun cuando se efectúe ante ministro de fe nacional y se apostille, pues no constituye un medio idóneo para acreditar lo que la ley exige.

NOVENO: Que, en cuanto a la manifestación de voluntad exigida por la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, los anexos contractuales suscritos por el recurrente con los empleadores NEXUS S.A. y TELEFÓNICA CHILE contienen estipulaciones contradictorias entre sí, en cuanto autorizan el descuento de las cotizaciones previsionales en el régimen chileno y, simultáneamente, declaran la voluntad de mantener la afiliación al régimen de seguridad social del país de origen. Tal coexistencia de declaraciones impide tener por satisfecha la exigencia de manifestar de manera clara e inequívoca la voluntad de mantenerse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile, requerida por el citado precepto y por la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. A ello se suma que respecto del empleador TECNOLOGÍA Y PRODUCCIONES MIQUIRRAY LIMITADA, los antecedentes aportados no permitieron a la recurrida acreditar la veracidad y autenticidad de los documentos acompañados.

DÉCIMO: Que las alegaciones de la parte recurrente tendientes a excusar el cumplimiento de las formalidades exigidas en la fuerza mayor derivada de la inexistencia de representación diplomática venezolana en territorio nacional, carecen de idoneidad para alterar la legalidad del rechazo, por cuanto el hecho público y notorio invocado no habilita a las Administradoras de Fondos de Pensiones a dispensar unilateralmente a los solicitantes del cumplimiento de exigencias legales y reglamentarias perentorias, cuya observancia es vigilada y sancionada por la autoridad reguladora, ni transforma el actuar apegado a la ley de la AFP en una conducta arbitraria. Al fundamentarse la decisión de la recurrida en el incumplimiento objetivo de presupuestos normativos, no se configura el capricho o la falta de razón que caracteriza a la arbitrariedad, ni se advierte conculcación de la igualdad ante la ley o el derecho de propiedad, en tanto la Administradora no desconoce el dominio del actor sobre sus ahorros previsionales, sino que condiciona su restitución anticipada al cumplimiento de los preceptos legales y reglamentarios vigentes.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema de Justicia, en reiterados y recientes fallos en la materia, ha validado la exigencia de estos estándares normativos para los documentos extranjeros, descartando la ilegalidad o arbitrariedad de las Administradoras de Fondos de Pensiones cuando estas actúan bajo las directrices vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, concluyendo que al no satisfacer el afiliado los presupuestos necesarios y copulativos para el éxito de la devolución de fondos, el rechazo resulta debidamente fundado en sede administrativa, criterio plasmado, entre otros, en los pronunciamientos recaídos en las causas Rol Civil N°13.722-2025, Rol Civil N°18.581-2025, Rol Civil N°23.218-2025, entre otras.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto al recurso deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, no se advierte que dicho órgano fiscalizador haya incurrido en acto u omisión específico susceptible de ser calificado de ilegal o arbitrario respecto del recurrente, toda vez que aquél no ha sometido a su consideración reclamo o presentación alguna, ni ha individualizado el acto preciso que se le imputa. En efecto, la actuación de la Superintendencia se ha limitado a dictar las instrucciones generales que le encomienda la ley, las que han sido invocadas por la Administradora recurrida para justificar el rechazo cuestionado, materia que se ha resuelto en los considerandos precedentes.

DÉCIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo que se resolverá, cabe hacer presente que el actor conserva incólume su derecho a solicitar nuevamente la devolución de las cotizaciones previsionales pagadas a la recurrida, una vez que cuente con la totalidad de los documentos exigidos, debidamente validados, legalizados o apostillados por la autoridad u organismo correspondiente, que acrediten el estricto cumplimiento de la Ley N°18.156, así como con una manifestación de voluntad inequívoca de mantenerse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social en su país de origen.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y N°24, y 20 de la Constitución Política de la República; artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156; artículo 94 N°3 del Decreto Ley N°3.500 de 1980; artículo 47 de la Ley N°20.255; artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil; Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI; y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RESUELVE:

I.- Que se RECHAZA la excepción opuesta por la Superintendencia de Pensiones en cuanto a que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección.

II.- Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, por sí y en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

III.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Sr. Fiscal nombre reservado don nombre reservado.

N° Protección-155-2026.

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