nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de julio de dos mil veintidós.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece nombre reservado, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, en nombre de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone Recurso de Protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Funda su acción en que ingresó a Chile en fecha 14-06-2018, cumpliendo con todos los requisitos verificados por autoridades a cargo del control migratorio de personas. Posteriormente, solicitó una Visa Temporaria en calidad de Titular, la que le fue otorgada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante Resolución Exenta Nº4970 del 12 de noviembre de 2018, con vigencia Desde: 30/11/2018 hasta: 30/11/2019.

Luego, solicitó una prórroga de dicha visación, la que le fue otorgada mediante Resolución exenta N° 635 de fecha 24-02-2020, con vigencia Desde: 30/11/2019 hasta: 30/11/2020.

Agrega que con fecha 14-01-2021, la recurrente presentó su solicitud de Permanencia Definitiva, vale decir, dentro de los 90 días anteriores al vencimiento de su visa temporaria, en cumplimiento de lo que establecía el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería (Decreto 597). Dicha solicitud fue enviada a través de la plataforma online de la autoridad migratoria, disponible en el enlace: https://tramites.extranjeria.gob.cl/, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite, e inmediatamente después de enviada su solicitud el sistema le emitió el comprobante de “Solicitud de Permanencia Definitiva en Trámite”, el cual, de acuerdo con su propio texto tenía una validez de seis meses desde la fecha de su emisión, es decir, estuvo vigente sólo hasta el 14 de julio de 2021, como se observa:

Refiere que transcurrieron los 6 meses de vigencia del comprobante anterior sin que la Autoridad Migratoria emitiera ningún tipo de información ni comunicación acerca de su trámite, y a la fecha de interposición de la presente acción constitucional, a pesar de la excesiva demora en la tramitación, aún no se ha dictado un acto administrativo que emita un pronunciamiento final sobre la solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente y ni siquiera ha sido emitida y remitida a ésta la orden de giro para el pago de los derechos de la Permanencia Definitiva, siendo esto un pre-requisito para el otorgamiento del beneficio, considerando que desde el inicio de la tramitación y de conformidad con lo previamente expuesto, han transcurrido 490 días, siendo evidente que los plazos de la recurrida en forma alguna son coherentes con lo establecido en la Ley 19.880, siendo no sólo excesivos, sino que escapan de toda razonabilidad, vulnerando de esta manera los derechos de la recurrente, por encontrarse en esta etapa de indeterminación de su procedimiento.

Adicionalmente, a la fecha de interposición de la presente Acción de Protección a pesar del tiempo trascurrido, la recurrente al consultar el estado de su trámite, en la página de: Consulta de Estado de Beneficios Migratorios, de la autoridad recurrida, observa como su solicitud sólo presenta un avance de 50%, lo que a todas luces resulta preocupante, al haber transcurrido 16 meses desde el envío de su solicitud, tal y como se desprende de la siguiente captura de pantalla:

Afirma que esta omisión tan prolongada en el tiempo por parte del Servicio Nacional de Migraciones le ha traído graves consecuencias a la recurrente, debido a sus limitaciones en cuanto a tener igual condición de legalidad y accesibilidad a un mundo normal de gestiones, siendo que, durante este lato procedimiento, su carnet de identidad se encuentra vencido -el cual no puede renovarse hasta tanto no obtenga un pronunciamiento final en su solicitud de Permanencia Definitiva- siendo que, para los efectos del Registro Civil su carnet de identidad sigue en un estatus de “no vigente”, haciendo inoficiosa en la práctica la extensión de vigencia que plantea el inciso final del artículo 43 de la Ley 21.325, ya que para cualquier trámite se necesita la lectura del número de serie de su documento, y muchas instituciones no aceptan el simple comprobante que acredita que mantiene una solicitud de permanencia definitiva en trámite, tal como se desprende de una simple consulta en la página web del Registro Civil: (https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/consulta-vigencia- documento-1):

Indica que en la práctica aún se materializa la imposibilidad de realizar cualquier trámite que implique una consulta electrónica del RUN, tales como suscribir un contrato de tv por cable e internet, adquirir una línea telefónica de celular, comprar bonos de salud, solicitar informes comerciales, entre otros.

De esta manera, para la recurrente de autos, siendo Médico, la excesiva demora por parte de la recurrida ha influido en su formación académica, dado que ha perdido posibilidades de capacitación y de optar a una beca de especialización, al no contar con Residencia Definitiva, siendo éstas sólo algunas de las adversidades que ha debido enfrentar mientras sigue a la espera de la respuesta de su solicitud por parte de la autoridad migratoria.

Es necesario reiterar que, el otorgamiento de la cédula de identidad de la peticionaria -documento fundamental en este país para cualquier residente- depende de la vigencia de su permiso de residencia, perjudicando la situación de la recurrente desde que ve limitados sus derechos en el país, mientras la autoridad migratoria no resuelve su solicitud.

En definitiva, de la relación de los hechos acaecidos se advierte que el Servicio Nacional de Migraciones, le ha dado un trato desigual a la recurrente desde que el único fundamento esgrimido para dilatar la tramitación de su solicitud de Permanencia Definitiva por 16 meses, radica en el exceso de solicitudes, lo que lleva necesariamente a sostener que se le ha dado un trato discriminatorio en relación a otras personas que en igualdad de condiciones, si han obtenido la resolución de sus solicitudes en un plazo razonable, no siendo admisible que se señale que es el mismo trato que han recibido todas las personas quienes comparten su condición de “extranjera”, siendo que todos los procedimientos administrativos iniciados ya sea por extranjeros o chilenos, deben ceñirse al mismo marco legal y constitucional aplicable, y, en este caso, la Ley 19.880 regula de forma clara los tiempos de respuesta por parte de la Administración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO i.- CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE PERMANENCIA DEFINITIVA.

La permanencia Definitiva es el permiso otorgado a los extranjeros para residir indefinidamente y desarrollar cualquier actividad lícita en el país.

Ahora bien, en el presente caso, se hace indispensable hacer una revisión respecto a lo que las normas migratorias establecen con relación a la solicitud de Permanencia Definitiva:

Así entonces, se dispone en los artículos 41 y 42 del Decreto Ley 1094 (Ley de Extranjería):

“Artículo 41.- La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior.

Artículo 42.- Los plazos de residencia en el país para obtener la permanencia definitiva deberán ser ininterrumpidos. Se entenderá que no ha habido interrupción cuando los períodos de ausencia no superen los ciento ochenta días dentro del año, contados hacia atrás desde la fecha de vencimiento de la visación de residencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los tripulantes que hayan obtenido visación sujeta a contrato, a lo menos por un período continuado de cuatro años o de dos si la visación fuere de residente temporario, podrán solicitar permanencia definitiva al vencimiento de ella, sin sujeción al plazo de ausencia señalado en el inciso anterior.” (Subrayado y negrillas nuestras).

Por otra parte, establece en el artículo 129 numeral 3° de su Reglamento (Decreto 597):

“Artículo 129°.- Las solicitudes que a continuación se indican, se presentarán en los plazos que se señalan:

…(Omissis)… 3.- Las solicitudes de permanencia definitiva se presentarán dentro de los 90 días anteriores a la fecha de vencimiento de las visaciones.

…(Omissis)…”

Indica que los artículos precedentes, son claros al establecer como necesarias las siguientes circunstancias para el otorgamiento de la Permanencia Definitiva:

1) El otorgamiento del permiso de Permanencia Definitiva a los extranjeros que tengan la calidad de residentes se hará con sujeción a los plazos de residencia en el país que señalan las normas pertinentes.

2) El residente temporario que complete un año de residencia en tal calidad podrá solicitar su Permanencia Definitiva.

3) El referido plazo debe ser ininterrumpido, es decir, que no haya tenido períodos de ausencia que superen los ciento ochenta días dentro de ese año.

Indica que la recurrente cumple con todas estas circunstancias habiendo sido titular de 2 Visas Temporarias por 1 año -tal y como fue narrado en la exposición de los hechos de esta Acción Constitucional- enviando su solicitud de Permanencia Definitiva dentro del plazo establecido por la normativa migratoria vigente, conforme se desprende del comprobante de envío de solicitud que se acompañará junto con esta presentación.

ii.- DE LA OMISIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

El artículo 20 de la carta fundamental exige para que nos encontremos frente a una situación protegible a través de la acción constitucional de Protección, que concurran en ella una acción u omisión arbitraria o ilegal, entendiendo como arbitraria aquella omisión injusta, en el sentido de injustificada, contraria a la racionalidad, prejuiciada o desproporcionada; y como ilegal, todo aquello contrario a derecho positivo, es decir, al ordenamiento jurídico vigente.

El procedimiento establecido para las solicitudes de Permanencia Definitiva en nuestro país es de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 1° de la ley 19.880, por lo que, no sólo debe sujetarse a las normas antes señaladas contenidas en la Ley de Extranjería y su Reglamento, sino a las Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, ello en favor de los extranjeros que requieren la intervención de la Administración a través del Servicio Nacional de Migraciones, el cual debe ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental.

Esta Ley en su artículo 4 establece que los procedimientos administrativos están regidos por el principio de celeridad, el cual debe ser impulsado de oficio en todos los trámites del procedimiento, en conformidad con el artículo 7.

En ese sentido, el referido artículo 7 establece con respecto al Principio de celeridad lo siguiente: “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión...”

También es necesario citar el principio conclusivo establecido en el artículo 8, pues el actuar de la recurrida desvirtúa el fin último del procedimiento administrativo que consiste en que “la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.”

Por su parte, el artículo 14 establece el principio de inexcusabilidad, conforme al cual “la Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”.

Asimismo, el artículo 17 a) de la misma Ley establece como derecho de toda persona, el poder “conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados”.

Finalmente, el artículo 27 dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

En este mismo sentido, la Ley 21.325 que contiene la nueva Ley de Migración y Extranjería, prevé en su artículo 37 lo siguiente:

“Artículo 37.- Otorgamiento, prórroga y revocación. Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente. La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente. Las solicitudes de residencia temporal o definitiva deberán ser tramitadas en el más breve plazo. El Servicio deberá informar el estado de tramitación de las solicitudes cada sesenta días hábiles…”

A mayor abundamiento, el artículo 46 establece que el Servicio Nacional de Migraciones, debe tramitar con celeridad, eficiencia y eficacia las solicitudes, como se observa:

Artículo 46.- Sin perjuicio del deber que compete al Servicio de tramitar las solicitudes de residencia con plena observancia de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad A la luz de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones, como órgano perteneciente a la Administración Pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios expuestos precedentemente, los que han sido garantizados por el ordenamiento jurídico para el administrado.

En este sentido, de acuerdo con el principio conclusivo, existe un deber legal general de resolver, ya que la actividad de la Administración no puede mantenerse infinitamente en el tiempo. De manera que, si la autoridad no cumple con este deber se genera una indefensión y discriminación en contra de la administrada. Así entonces, al negarse la recurrida a pronunciarse ante una solicitud, coloca a la peticionaria ante la imposibilidad práctica de conocer el acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga las razones para acceder o denegar la solicitud planteada, y, en consecuencia, si existe o no un mérito para requerir el control jurisdiccional del mismo.

Afirma que el cumplimiento de ese deber de dar respuesta exige adoptar, en un plazo prudencial, una determinación frente a lo pedido, hoy reconocido derechamente por la ley que regula la materia.

Indica que la recurrente ha permanecido a la espera de la resolución de su solicitud de Permanencia Definitiva por 16 meses, siendo que la recurrida ha dilatado su procedimiento de manera desproporcionada, lo cual es claramente contrario a las normas ya señaladas, y, en especial, al principio de celeridad que debe regir en los procedimientos administrativos, ya que no ha cumplido con el deber de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación hasta la fecha en la que se emita la decisión final. Por lo cual, es igualmente arbitrario, dado que no se ha resuelto en un plazo razonable.

La Corte Suprema ha reconocido que no todas las garantías se pueden aplicar a todos los procedimientos, pero aquello no significa que se puedan soslayar “principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases”, pues ellos son una expresión del debido proceso administrativo, cuyo respeto es obligatorio para los órganos del Estado y que en el caso en particular han sido conculcados por la omisión del Servicio Nacional de Migraciones, en perjuicio de quien hoy ejerce esta Acción.

De las normas anteriormente transcritas a todas luces se arguye que, el actuar de la recurrida no se ha ajustado a los principios arriba esgrimidos, pues la dilación excesiva por 16 meses en torno a emitir un acto administrativo que resuelva la cuestión de fondo que ha sido sometida a su conocimiento, se traduce de manera inequívoca en la ineficiencia administrativa demostrada con dicha tardanza, ya que ninguna acción que la Administración realice puede considerarse eficiente, ni puede haber cumplido correctamente los fines propuestos, si el procedimiento es lento y si la solución llega tardíamente. De manera que, la situación es más grave cuando ante la obligatoriedad de obrar del propio Estado, o frente a la necesidad o requerimiento del particular, se da el caso de la omisión total de pronunciamiento por parte de la Administración. En definitiva, el tiempo constituye un elemento fundamental y de gran importancia para los actos del procedimiento, pues la eficacia depende que se ejecuten dichos actos en el momento oportuno.

iii. SOBRE LAS VULNERACIONES A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CAUTELADAS POR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Al respecto el artículo 19, numeral 2, de la Constitución Política establece lo siguiente;

Artículo 19.- “La Constitución asegura a todas las personas:

…2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias…”

Al mismo tiempo, todo lo anterior debe ir en concordancia con lo que establece la misma Constitución en su artículo 1º, al indicar que, las personas nacen iguales en dignidad y derechos, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, pero sustituyendo la palabra “humanos” por “personas”.

Visto lo anterior, debemos entender que no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes, o -en este caso- excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes.

Cabe agregar que la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se expande por todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia. En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable, de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios.

En el presente caso, la recurrida ha infringido las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, dándole un trato desigual a la recurrente con respecto a otros solicitantes, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la tramitación de su solicitud de permanencia definitiva vulnerando su derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política.

No podría entonces establecerse que a la recurrente se le está dando el mismo trato que a otros extranjeros en igual situación, pero menos que se le está dando el mismo trato que a cualquier otro administrado en relación con la tramitación de otros procedimientos administrativos, siendo que el Estado Chileno no somete a sus ciudadanos a una espera por tiempo indefinido con relación a sus peticiones, pues sus derechos se encuentran amparados por las Leyes 19.880 y 21.325.

Por lo que, se hace necesario ejercer esta Acción de Protección por ser el más eficaz instrumento para impedir la arbitrariedad de la autoridad, restableciendo el imperio del Derecho, por cuanto dicha arbitrariedad se refleja en la vulneración del uso razonable de los elementos que deben ser valorados, como en el presente caso ocurre al no emitir un pronunciamiento en un plazo acorde con los principios establecidos en los cuerpos legales que regulan la materia.

De igual manera, la tardanza en la tramitación de la solicitud de la recurrente vulnera el principio del debido proceso, puesto que resulta indudable que para que nos encontremos ante un procedimiento racional y justo, la decisión del asunto debe ser oportuna y pronunciada en un breve plazo.

En síntesis, la dilación excesiva por 16 meses del Servicio Nacional de Migraciones en orden a resolver la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente deviene en ilegal siendo que ha infringido lo dispuesto en los artículos 4, 7, 17 literal a) y 27 de Ley N°19.880, y arbitraria dado que no se ha pronunciado en un plazo razonable. Así entonces, dicha omisión no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

De esta manera se cumple con la exigencia contenida en el artículo 20 de la carta fundamental, siendo que:

1) Nos encontrarnos frente a una situación protegible pues la omisión por parte de la recurrida se torna arbitraria e injusta, contraria a la racionalidad y desproporcionada.

2) La omisión ilegal y arbitraria genera una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho fundamental;

3) El derecho fundamental esgrimido es de aquellos que la Constitución Política de la República ampara por esta acción;

4) La acción se dedujo dentro de plazo y ante tribunal competente.

iv. EN LO QUE RESPECTA AL PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN:

En el presente caso, la conducta por la cual se recurre a través de esta Acción de Protección se compone de una serie de omisiones, que, conforme ha quedado establecido, perduran hasta la fecha, sin que ello se encuentre subsanado, por cuanto aún no se ha dictado un acto administrativo que resuelva la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, por parte del ente recurrido, lo que se constituye en una omisión que la mantiene en una situación precaria de manera indefinida.

Justamente la base del presente Recurso es la dilación excesiva por parte del hoy Servicio Nacional de Migraciones en orden de resolver la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, y de acuerdo con la Ley N°19.880, de Procedimientos Administrativos, en los artículos 14 y 27, se establece la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación, en un plazo máximo de seis meses, lo cual no ha ocurrido en el caso de marras, y, lejos de finalmente resolverla transcurrido un plazo razonable, se ha negado, dejándola totalmente en indefensión para ejercer los recursos ordinarios correspondientes.

A mayor abundamiento, lo anterior se condice con los principios consagrados en la Ley 21.325, la cual rige la materia concerniente a trámites migratorios y prevé en sus artículos 37 y 46 -los cuales ya fueron abordados- que las solicitudes deberán ser resueltas en el más breve plazo, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y celeridad.

En consecuencia, desde que la recurrida se sigue negando a dictar una decisión final en el caso bajo estudio, como en derecho corresponde, por el contrario, dándole a la recurrente un trato desigual con respecto a los demás solicitantes de permanencia definitiva, y violando de esta manera las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico, ha incurrido en la omisión arbitraria e ilegal que hoy denunciamos y que se ha extendido en el tiempo, toda vez que la vulneración de las garantías constitucionales cuya protección se solicita a través de la presente Acción Constitucional, se produce de manera continuada mientras subsista la omisión arbitraria e ilegal, durante el tiempo en que la autoridad competente omite resolver de manera definitiva la solicitud de la recurrente.

v. OMISIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA:

La falta de pronunciamiento oportuno en lo que respecta a la solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente constituye una omisión ilegal y arbitraria que conculca su garantía constitucional de Igualdad ante la Ley, esto es, su derecho de no ser tratada en forma desigual y, por tanto, a no ser discriminada arbitrariamente, desde que se producen diferencias a través de un comportamiento distinto respecto de otros casos y sus tiempos de resolución por parte de la recurrida.

Cita jurisprudencia el afecto.

Pide ordenar al Servicio Nacional de Migraciones:

(l) Resolver, sin más trámite, la solicitud de Permanencia definitiva de la recurrente doña nombre reservado, ya individualizada, emitiendo previamente la respectiva orden de giro correspondiente al pago de los derechos de esta solicitud, y posteriormente dictando el acto administrativo final que en derecho corresponda, en el plazo de 30 días, o en el que vuestra Ilustrísima Corte fije al efecto.

(II) Que se condene en costas a la recurrida.

Acompañó siguientes documentos correspondiente a la recurrente: 1. Cédula de identidad; 2. Pasaporte; 3. Visas Temporarias; 4. Comprobante de envío de la solicitud de Permanencia Definitiva; y 5. Certificados que acreditan que la recurrente validó sus estudios de medicina en Chile.

A folio N°8-2022 evacua informe el recurrido SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, quien solicita el rechazo del recurso.

Indica que la extranjera ingresó al país con fecha 14 de junio de 2018 por Carretera Chacalluta. Mediante Resolución Exenta N° 2.845, de fecha 23 de julio de 2018, de la Gobernación Provincial de Valdivia, se otorgó autorización para trabajar por el periodo de cuatro meses, con vigencia hasta el día 23 de noviembre de 2018.

Agrega que a través de Resolución Exenta N° 4.970, de fecha 12 de noviembre de 2018, de la Gobernación Provincial de Valdivia, se otorgó visación temporaria en calidad de titular por un año, con vigencia hasta el día 30 de noviembre de 2019.

Mediante Resolución Exenta N° 635, de fecha 24 de febrero de 2020, de la Gobernación Provincial de Valdivia, se otorgó prórroga de visación temporaria en calidad de titular por un año, con vigencia hasta el día 30 de noviembre de 2020.

Con fecha 14 de enero de 2021, la extranjera solicitó Beneficio de Permanencia Definitiva bajo el CODIGO TRAMITE ID N° 3900322.

Agrega que con fecha 09 de diciembre de 2021, se dictó Resolución Exenta N° 21405088, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en Evaluación intermedia, lo que incluye a) Análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización -si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y b) la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o Apostillados, según corresponda, de conformidad a circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

ANTECEDENTES DE DERECHO EN CUANTO AL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PERMANENCIA DEFINITIVA:

Señala que al solicitar permanencia definitiva previo a la entrada en vigor de la nueva Ley, se hace mención a los artículos que regulaban la materia en dicho momento, para efectos de contextualizar el inicio y tramitación del procedimiento administrativo.

El artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”.

Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Como bien se ha expuesto en el primer acápite de esta presentación, la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder la extranjera a un certificado que acredita tal situación.

En virtud de lo anterior, la recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, esta autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

La regularidad en el país de la recurrente tiene como fundamento los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

El artículo 38 de la Ley 21.325 indica expresamente que todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que posea actualmente haya perdido su vigencia.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento. Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.

Así, queda asentado el hecho de que actualmente la libertad personal de la recurrente no se encuentra en lo absoluto amenazada, restringida o conculcada por alguna acción u omisión de este Servicio.

Finalmente, en virtud del artículo 45 de la Ley 21.325, los extranjeros residentes en Chile pueden acreditar su situación regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente.

Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile, la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán solicitar al Servicio que el permiso de residencia les sea además incorporado en el pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Pues bien, en el caso de autos, la recurrente posee la cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha de este informe, el documento se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43 de la Ley 21.325.

Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.

Así las cosas, al tener el recurrente acceso a un certificado de permanencia definitiva en trámite, su cédula de identidad se encuentra vigente y es también un documento suficiente para acreditar su situación migratoria regular.

En cuanto al tiempo de tramitación Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país. Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Ahora, tal y como ha sido recogido por jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de protección N° 25817-2020, sentencia de 18 de agosto de 2020, el plazo establecido en la ley N° 19.880, para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración. Y en este caso particular, tampoco puede desprenderse la existencia de un nexo causal entre las “molestias” que aduce sufrir el recurrente por el tiempo de tramitación de su solicitud, máxime cuando la Ley y Reglamento de Extranjería le reconoce situación migratoria regular en el territorio nacional mientras penda la resolución de su solicitud.

El fallo ya referido señala, en su considerando décimo: “Que, finalmente, en cuanto a la alegación de la recurrente con respecto al incumplimiento de los plazos del procedimiento administrativo, contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cierto es que dicho requisito impone una obligación al funcionario a cargo de sustanciar el respectivo procedimiento en un breve plazo, pero no importa una fatalidad. Así, la Contraloría General de la República ha sostenido en diversos Dictámenes como, por ejemplo, en el N° 61.059 de 2011; N° 20.306 de 2012 y N° 51.532 de 2015, que “(...) salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, y que su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo.

Por consiguiente y en virtud de las razones anteriormente expuestas, la acción constitucional impetrada será forzosamente rechazada”.

Sin perjuicio de ello, la Iltma. Corte de San Miguel no ha sido indiferente a respecto a la norma citada, en fallo de protección Nº 212-2021, sentencia de fecha 05 de mayo de 2021, señala a la letra, en su considerando Octavo: “Que, en todo caso, en cuanto a la afectación de derechos que se acusa en el recurso a raíz de la demora en la tramitación de la solicitud del señor nombre reservado por parte de la recurrida, se hace necesario recordar que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a seis meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, estado de situación que resulta plenamente subsumible en la coyuntura por la que atraviesa el país desde inicios de 2020, a causa de la pandemia de carácter mundial por el brote del nuevo Coronavirus y la situación de emergencia sanitaria, así como el estado de excepción constitucional aparejado a la misma; contexto que –es un hecho público y notorio- ha acarreado el advenimiento de numerosas condiciones o escenarios imprevistos y exigido esfuerzos extraordinarios a las autoridades de toda índole.

Por consiguiente, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad verificables en el rezago que se describe en el libelo de protección concerniente a la resolución de la solicitud del interesado, toda vez que la Administración se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, a lo que cabe agregar el hecho de encontrarse avanzando en su trámite –ya en fase final, según señaló el apoderado de la recurrida en estrado-, así como no haber quedado en evidencia que el señor nombre reservado haya recibido un trato desigual o discriminatorio respecto de otra persona que, en su misma situación, hubiese recibido un trato diverso.”

Si bien los hechos que motivaron dichas sentencias citadas, son diversos a los que se han presentado ante esta Corte en la presente acción de protección, no dejan de ser relevantes las reflexiones de esta Iltma. Corte. Las cuales, se vuelven relevantes porque la pretensión de la contraria es alzar el tiempo de tramitación como una omisión que por sí sola trae aparejada una serie de perturbaciones en su vida, que ha subsumido en amenaza o vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2, así como los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4, 16 y 21, todos también del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al argumentar un supuesto trato desigual y discriminatorio, lo que es absolutamente falso. La tramitación de la solicitud de regularización de la extranjera recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

“Artículo 57. La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.”

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de permanencia definitiva, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición de la recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021; 2. Copia de Resolución Exenta N° 21405088 de Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 09 de diciembre de 2021.

A folio N°10-2022 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es la omisión de la Autoridad Administrativa, de pronunciarse acerca de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, presentada con fecha 14 de enero de 2021.

TERCERO: Que, la recurrida no ha controvertido la demora superior a seis meses en la tramitación de la visa del recurrente, ni ha justificado las razones de ello, limitándose a exponer que la solicitud será resuelta conforme al mérito de los antecedentes, negándose que dicha actuación sea ilegal o arbitraria, como asimismo controvirtiendo alguna vulneración de derechos fundamentales de la actora.

CUARTO: Que, el artículo 3° inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, dispone que: “La Administración del Estado deber observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizar la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes”. Por su parte, el artículo 7 inciso primero de la Ley N 19.880 señala: “Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites”. A su turno, el artículo 8 de dicha ley prescribe: “Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.”.

En ese mismo sentido, el artículo 9 inciso primero de la referida ley indica: “Artículo 9. Principio de economía procedimental. La Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios”. Finalmente, es menester consignar que el artículo 27 de dicha ley señala: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

QUINTO: Que, la tramitación de un procedimiento administrativo como el de marras, debe buscar su finalización oportuna, debiendo la Administración del Estado propender a su impulso, dando celeridad al mismo, todo ello conforme al principio de servicialidad del Estado, y los principios de eficiencia y eficacia que rigen su actuar. En esas condiciones, no habiéndose justificado ni acreditado por parte de la recurrida alguna hipótesis que pudiera constituir alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor para que la duración de este procedimiento administrativo y para la resolución de la solicitud de visa de permanencia definitiva de los recurrentes, exceda el plazo de seis meses, es menester concluir que dicha actuación ha devenido en ilegal al exceder el plazo contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 antes citado, vulnerándose así el derecho de igualdad ante la ley por cuanto importa una discriminación en contra de los actores en relación con el trato otorgado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal, dentro de plazo legal, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, quedando la recurrente en una situación de indefensión respecto de su situación migratoria, razones por las cuales la acción constitucional será acogida en la forma que se expondrá en lo resolutivo.

SEXTO: Que en este mismo sentido ha razonado el Máximo Tribunal en el motivo noveno de sentencia de cinco de junio de dos mil veinte, dictada en autos Rol 24.827-2020, al señalar que “… la omisión en que incurrió este último no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los actores en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo”.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, solo en cuanto se ordena que la recurrida deber emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, y efectuar su oportuna notificación respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada por el recurrente, dentro del plazo de treinta días contados desde que quede firme la presente resolución.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-15492-2022. (sac)