nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1-2018 comparece don Francisco Curihuentro Jara, abogado, interponiendo Recurso de Protección a favor de doña nombre reservado, médico cirujano, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone nombre reservado en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde don Pablo Astete Mermoud, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulneración a las garantías del artículo 19 N°3 inciso 4, N°16, N° 24 y N° 4 de la Constitución Política de la República.

El acto que se estima como arbitrario e ilegal consiste en la dictación de los Decretos Alcaldicios Números N° 87 y N° 197, de fecha 9 de marzo, y 19 de febrero de 2018, respectivamente, que en el marco de un sumario administrativo ordena el “término de la relación laboral” de la recurrente como funcionaria del CESFAM de Villarrica.

Señala que la recurrente comenzó a prestar servicios a honorarios desde el 1 de enero de 2017 como Médico Cirujano en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Villarrica y que, sin perjuicio que en la cláusula octava de su contrato se dispone: “Los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato, se rigen íntegramente por las estipulaciones del mismo. Consiguientemente “El Prestador” en caso alguno tendrá la calidad de funcionario municipal sujeto al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley N°18.883, asimismo, el presente contrato no está sujeto a las disposiciones del Código del Trabajo, ni a lo dispuesto en la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal”, la recurrida decide instruir un sumario administrativo en su contra el cual concluye con el decreto N°197 de fecha 19 de febrero de 2018, mediante el cual el alcalde resuelve el: “término de la relación laboral de doña nombre reservado, por el Régimen del Estatuto de Atención Primaria de Salud”.

Añade que dedujo ante la misma autoridad Recurso de Reposición, a fin de que se revisara el acto administrativo impugnado, no obstante, la autoridad municipal mediante el decreto N° 87, dictado con fecha 9 de marzo y notificado a su parte con fecha 19 de marzo de 2018, lo rechaza, ratificando lo resuelto anteriormente.

Argumenta que el Alcalde ha actuado fuera de sus atribuciones, por cuanto sólo tiene facultades para ordenar sumarios administrativos e investigaciones sumarias en contra de aquellas personas con las que exista un vínculo jurídico que pueda ser calificado de relación estatutaria de derecho público, es decir los funcionarios municipales, en circunstancias que la actora es una prestadora de servicios a honorarios y que según el mismo contrato suscrito entre las partes, no adquiría la condición de funcionaria municipal.

Expresa que si la autoridad municipal deseaba poner término a la relación que mantenía con la recurrente, debió haber procedido en los términos que rige el mismo contrato que las partes celebraron, imputando a la contratante, por ejemplo, el incumplimiento de alguno de los cometidos específicos enunciados en el contrato, y para los cuales fue contratada, pero en ningún caso incoar un procedimiento administrativo sumarial.

Alega que el actuar de la recurrida es ilegal, por cuanto vulnera el artículo 1545 del Código Civil, pues el Alcalde no podía desconocer el contenido del contrato válidamente celebrado y resolvió conforme a un Estatuto que no le era aplicable. Aduce asimismo que obró fuera de su órbita decompetencia vulnerando los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por cuanto los Alcaldes, por aplicación del artículo 63 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sólo están facultados para “(…)Nombrar y remover funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan (…)”, por tanto, en ningún caso, se le facultaría para remover trabajadores que prestan servicios profesionales a honorarios Sostiene que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, infringe y vulnera las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 3 inc.5, N° 16, N° 24 y N° 4 de la Carta Fundamental.

En primer término, sobre el debido proceso, refiere que en el sumario administrativo, cuando hizo oportunamente sus descargos, dentro de lo peticionado a la Fiscal, se pidió que se realizaran diligencias probatorias, instando a la fiscal que procurara una copia o certificado de asistencia del reloj control de asistencia del SAPU, a fin de establecer la asistencia de la inculpada a su lugar de trabajo como médico a honorarios en el año 2017, lo que constituía una diligencia relevante para la defensa, ya que hubiese quedado asentado que siempre cumplió sus obligaciones de médico.

Refiere que en ningún momento su representada hizo abandono de su lugar de trabajo, como erradamente se le imputó, lo que ocurrió fue que el día 3 de octubre de 2017, al ingresar a su turno, tomó la decisión profesional de ausentarse, justificando la medida en el hecho de que no existían las condiciones técnicas básicas para garantizar la adecuada atención médica de urgencia a pacientes, dando cabal cumplimiento al contrato de prestación de servicios, pues ella, fiel al contrato con la Municipalidad asumió durante su turno, la responsabilidad técnica y administrativa del establecimiento SAPU, resolviendo que no estaban las herramientas ni instrumentos necesarios para brindar una atención medica segura.

En cuanto a su derecho a ejercer su profesión libremente, sin limitaciones, también se le vulnera, puesto que consecuencia del sumario administrativo actualmente está separada de sus funciones y privada de desarrollar un trabajo retribuido; así también se ha afectado su derecho de propiedad, el cual está siendo conculcado por la recurrida, mediante su conducta ilegal y arbitraria, afectando tanto el derecho de dominio en su esencia, como también los atributos y facultades que tiene la recurrente sobre los derechos que ha adquirido e ingresado a su patrimonio, en virtud del contrato de prestación de servicios, celebrado con la recurrida el 01 de enero de 2017. Por último, se ha lesionado su derecho a ser respetada en su honra, al verse humillada producto de un sumario administrativo ilegal, desproporcionado e infundado, que la expuso a un escarmiento público, al cuestionarse su calidad como profesional de la salud.

Pide, se acoja su acción y en definitiva se ordene dejar sin efecto los decretos N° 87 y N° 197, de fecha 9 de marzo, y 19 de febrero, respectivamente, ambos del año 2018, y en consecuencia, se deje sin efecto el Sumario Administrativo incoado contra la actora, ordenándose su reincorporación a funciones, con costas.

SEGUNDO: Que a folio 5-2018 rola informe de la recurrida, solicitado el rechazo del recurso, exponiendo en primer término los antecedentes:

Señala que la recurrente doña nombre reservado, de profesión médico cirujano, se encontraba vinculada a la Ilustre Municipalidad de Villarrica bajo el Régimen del Estatuto de Atención Primaria de Salud, para prestar sus funciones en el CESFAM Villarrica, como asimismo bajo contratación a honorarios, para prestar sus servicios profesionales en turnos SAPU, también en CESFAM Villarrica. Conforme a lo señalado, consta Decreto Alcaldicio Nº 59 de fecha 31 de enero de 2017 que nombra a doña nombre reservado como médico de CESFAM Villarrica por 44 horas, asimilado al nivel 12 categoría A por el Régimen del Estatuto de Atención Primaria de Salud, a contar del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017. También consta contrato de prestación de servicios celebrado entre la profesional y su representada con fecha 01 de enero de 2017, cuya vigencia regía desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2017, el que fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 383 de fecha 31 de julio de 2017.

Señala que con fecha 03 de octubre del año 2017, la recurrente habría hecho abandono de sus funciones en turno SAPU en CESFAM Villarrica, dejando a usuarios sin atención médica, situación que fue difundida a la comunidad de Villarrica por distintas redes sociales. Producto de dicho incidente, y ante Memorando Nº 203 de fecha 4 de octubre de 2017 emitido por la Directora del CESFAM Villarrica doña nombre reservado al alcalde del municipio don nombre reservado, dictó el Decreto Alcaldicio Nº 481 de fecha 4 de octubre de 2017 instruyendo sumario administrativo en contra de doña nombre reservado en su calidad de médico categoría A, nivel 12, en los términos de la Ley Nº 19.378, con el fin de verificar su participación y grado de responsabilidad en los hechos suscitados. Que el referido sumario administrativo fue confidencial en conformidad a la ley, y mientras este se encontraba en proceso, se nombró nuevamente a la recurrente doña nombre reservado como médico del CESFAM Villarrica por 44 horas, asimilado al nivel 12 categoría A por el Régimen del Estatuto de Atención Primaria de Salud a contar del 1 de enero al 31 de marzo de 2018. No, obstante, no se celebró un nuevo contrato de honorarios con la profesional para efectos de turnos SAPU, por ende, el último contrato a honorarios que vinculaba a su representada con la recurrente dejó de producir sus efectos el día 31 de diciembre de 2017, según lo acordado por las partes.

En atención a las diligencias efectuadas en el sumario administrativo, la fiscal doña Regina Ruiz Allende, recomendó en su vista fiscal al alcalde de la Municipalidad de Villarrica la destitución de doña nombre reservado, dada la gravedad de los hechos investigados y debidamente acreditados, señalando principalmente que la funcionaria cometió falta de probidad en el desempeño de sus funciones al hacer abandono de su turno en CESFAM Villarrica de forma injustificada. Por su parte, el alcalde aprobó dicha vista fiscal mediante Decreto Alcaldicio Nº 197 de fecha 19 de febrero de 2018, ordenando el término de la relación laboral en su calidad de médico cirujano del CESFAM Villarrica, nivel 12, categoría A, fundamentado en el artículo 48 de la Ley Nº 19.378. Una vez notificado el decreto respectivo, la funcionaria interpuso recurso de reposición en conformidad a la ley, el que fue rechazado por el Alcalde del municipio mediante Decreto Alcaldicio Nº 87 de fecha 9 de marzo de 2018, ratificando el término de la relación laboral según lo dispuesto en el Régimen del Estatuto de Atención Primaria de Salud.

Conforme a lo expuesto, señala que la Municipalidad ha obrado conforme a derecho, por cuanto la recurrente intenta adecuar una eventual improcedencia del sumario alegando que sólo se encontraba vinculada de carácter civil a la Municipalidad de Villarrica mediante el contrato a honorarios de fecha 1 de enero de 2017, omitiendo señalar que fue nombrada como médico de CESFAM Villarrica regida por el Régimen de Atención Primaria de Salud, y en consecuencia revestía la calidad de funcionaria municipal, en atención a lo mencionado, no cabe duda de que el sumario administrativo instruido a la recurrente se ajusta plenamente a derecho y no resulta indebidamente aplicado como se sostiene en la acción de protección.

Indica que si bien la recurrente también tenía una vinculación de carácter privado con su representada, este se encontraba sujeto a plazo, con una vigencia de un año, por ende dejo de producir sus efectos jurídicos por la sola voluntad de las partes el día 31 de diciembre de 2017, por lo que no puede solicitar la reincorporación, pues venció el plazo del mismo.

Finalmente concluye sosteniendo que el actuar de su representada ha sido ajustado a derecho y fundamentado en circunstancias fácticas y comprobables, por lo que pide sea rechazado en todas sus partes el nombre reservado interpuesto.

TERCERO: Que la finalidad del nombre reservado deducido en los antecedentes es dejar sin efecto los Decretos Alcaldicios Números 87 y N°, de fecha 9 de marzo y 19 de febrero de 2018, respectivamente, que en el marco de un sumario administrativo ordenan: “término de la relación laboral” de la recurrente como funcionaria a honorarios del CESFAM de Villarrica, por cuanto se habrían vulnerado, en perjuicio de ella, las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3º, inciso quinto, 16, 24 y 4 todas del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando sean dejadas sin efecto aquellas resoluciones administrativas y se ordene su reincorporación al servicio, con costas.

CUARTO: Que el nombre reservado es aquella acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que no es efectivo que la recurrente haya estado únicamente vinculada con la recurrida Municipalidad a través de contrato de prestación de servicios a honorarios, sino que consta Decreto Alcaldicio Nº 59 de fecha 31 de enero de 2017 que nombra a doña nombre reservado como médico de CESFAM Villarrica por 44 horas, asimilado al nivel 12 categoría A por el Régimen del Estatuto de Atención Primaria de Salud, a contar del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017; asimismo del Decreto Alcaldicio N° 197 consta que es esta relación laboral a la cual se le pone término a través del Sumario Administrativo incoado, no existiendo en el mismo pronunciamiento alguno sobre el contrato a honorarios suscrito por las partes que dice relación con funciones a realizarse en SAPU del Consultorio Villarrica, por lo que no son efectivos los hechos expuestos por la recurrente.

SEXTO: Conforme lo ponderado en el motivo anterior, no se desprende que exista una vulneración de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política, toda vez que las resoluciones en contra de las cuales se recurre han sido dictadas por autoridad competente, dentro de sus atribuciones, facultada por la ley en un proceso debidamente tramitado, en la que aquella ha sido debidamente oída, no existiendo en consecuencia amenaza ni perturbación a alguna Garantía Constitucional que deba ser corregida por vía de esta acción; y, por ende, ha de rechazarse el recurso interpuesto, del modo en que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en lo que dice relación con las garantías constitucionales invocadas, no se observa de qué manera la resolución impugnada vulnere a su respecto el debido proceso, por cuanto la garantía invocada dice relación con el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, cual no es el caso que nos convoca, toda vez que se llevó a cabo un sumario administrativo, que es un procedimiento reglado por la Ley N° 18.883 y en el cual se deben respetar los principios de legalidad e imparcialidad entre otros; y, que otorga a las personas investigadas la posibilidad de formular sus descargos en la oportunidad legal correspondiente, en consecuencia, tuvo el derecho a un debido proceso, dentro del cual, además pudo rendir las pruebas atingentes a sus descargos.

En lo que dice relación con su derecho a la propiedad, que se vería afectado, es menester precisar, que aquella no deriva de una acción arbitraria, sino que es consecuencia de la aplicación de una sanción disciplinaria, luego de la sustanciación de un sumario administrativo y que se encuentra dentro de aquellas previstas en la ley.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del nombre reservado se declara que SE RECHAZA el deducido por don Francisco Curihuentro Jara, abogado, a favor de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Villarrica representada por su Alcalde don Pablo Astete Mermoud, sin costas por estimar este Tribunal que la actora tuvo motivos plausibles para recurrir.

Redacción de la Ministra Titular doña María Elena Llanos Morales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. María Elena Llanos Morales.

Protección-1544-2018.

Se deja constancia que la Fiscal Judicial Sra. nombre reservado y el abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa, no firman la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.