nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Temuco Temuco, catorce de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece don RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO, abogado, y don EMANUEL ISAÍAS CUADRA SUÁREZ, abogado, ambos en representación de doña nombre reservado, abogada, todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, representada legalmente por su Subsecretario don MANUEL ZACARÍAS MONSALVE BENAVIDES o quien lo subrogue legalmente en el cargo, todos domiciliados domicilio reservado, por haber dictado el acto administrativo Resolución exenta RA 280/600/2022 – que pone término anticipado al contrato de honorarios de su representada.

Funda su recurso en que su representada ingresó a prestar servicios para la recurrida en el mes de abril de 2019, en la Unidad de Coordinación Estratégica, dependiente de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior.

Respecto de dicha contratación, se realizó en calidad de honorario, existiendo ya 3 renovaciones anuales, y el último contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. Así, las funciones de su representada son absolutamente genéricas y nada dicen relación con un cometido en específico y determinado, como es la exigencia normativa para un contrato de honorarios a suma alzada. Es decir, lo que en realidad realizó la recurrida a través de la firma de un contrato de honorarios fue encubrir al menos un vínculo de subordinación y dependencia, que podría decantar perfectamente en una relación a contrata o dependiendo de otros factores, en una relación laboral.

En cuanto a los hechos, expone que desde que asumió el nuevo gobierno, su mandante fue informada que respetarían su continuidad hasta el 31 de diciembre del presente año, sin embargo, con fecha 9 de mayo recibió en su domicilio particular donde se le indicaba que prescindirían de sus servicios a contar del día 10 de mayo de 2022.

Destaca que dicha decisión es ilegal por cuanto dada la naturaleza de sus funciones, su vínculo es asimilable a contrata, rigiendo por ellos la jurisprudencia y legislación aplicable a la misma. Prueba de ello es el dictamen N°173171 del año 2022, de modo tal que constituye una obligación de la administración el de motivar el acto administrativo y respetar el principio de confianza legítima. En efecto, el acto administrativo es vago e impreciso, pues no acredita los argumentos hecho y derecho en que se funda, más allá́ de una mera retórica sin prueba. Añade que el principio de confianza legítima busca preservar la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, para que la autoridad tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes. En este contexto, cabe destacar, la confianza legítima que ampara a su representada, quien ha sido objeto de 3 renovaciones anuales, sucesivas, continuas ininterrumpidas, que inician en el año 2019 y que se extienden hasta el 31 de diciembre del año 2022.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, por cuanto no tiene mayor conocimiento de su futuro, pese a poseer una contratación legalmente efectuada hasta fines de este año.

En segundo lugar, refiere que se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley, toda vez que la decisión de la autoridad se ha tomado en vista de caracteres subjetivos y no objetivos, puesto que su representada es una funcionaria de excelente rendimiento.

Finalmente, sostiene que se ha conculcado el derecho de propiedad, ya que en la especie y pese a que existe un plazo restante de ejercicio del cargo de su representada – diciembre del año 2022, el recurrido vulnera su propiedad sobre éste poniendo fin anticipado al contrato de honorarios.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la decisión de término anticipado del contrato a honorarios. Todo ello con costas en caso de oposición.

Acompaña a su recurso: 1.- Mandato judicial; 2.- Copia de boletas a honorarios emitidas durante los meses de abril a diciembre del año 2021 por nuestra representada a la Subsecretaría del Interior; 3.-Copia de contratos de nuestra representada de los años 2020, 2021 y 2022, todos cuya vigencia se extiende desde enero a diciembre del respectivo año. 4.-Copias de correos electrónico de distintas fechas que dan cuenta de la relación laboral de nuestra representada con distintos funcionarios y en especial el remitido a su jefe directo, el Ex Encargado del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, Sr. nombre reservado, con fecha 14 de enero de 2022, en el cual le informa su actual estado de salud mental producto del desarrollo de sus funciones; 5-Copia de certificado médico expedido por la siquiatra Dra. nombre reservado, con fecha 13 de enero de 2022, en el cual se indica expresamente que su representada “se encuentra con trastorno de angustia episódica recurrente con aparafobia secundaria” y se le prescribe reposo laboral por 30 días; 6.-Copia de receta médica de fecha 20/12/2021; 7.- Carta de despido recibida en el domicilio de su representada, con fecha 09 de mayo de 2022, en la cual se indica que se prescinden de sus servicios a partir del día 10 de mayo de 2022.

A folio 15, informa la recurrida. Expone, en primer término, la improcedencia de la presente acción, por no ser ésta la vía idónea para los fines perseguidos por la recurrente. En efecto, el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, no siendo posible que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante este remedio judicial, y menos aún son fundamentos suficientes para una tutela anticipada de derechos fundamentales.

En segundo lugar, en cuanto al fondo, señala que el acto administrativo impugnado, a saber la Resolución exentar RA N° 280/600/2022 de 8 de marzo de 2022, aprobó el convenio a honorario a suma alzada de la recurrente para el año 2022, siendo por tanto distinto del acto suscrito posteriormente para poner término anticipado al convenio a honorarios, de manera tal que su petición nos invita a la contradicción de dejar sin efecto el acto que le dio sustento material a la relación jurídica a honorarios.

Luego, refiere que efectivamente la actora se vinculó con la Subsecretaría del Interior desde el 1 de abril de 2019 hasta el 10 de mayo der 2022, mediante la suscripción sucesiva de convenios a honorarios. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en concordancia con lo señalado en los dictámenes Nº 80.868, de 2014 y 3.140, de 2015, de la Contraloría General de la República, las personas contratadas a honorarios con la Administración, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como principal norma reguladora de sus relaciones con ella el propio convenio, de modo que aquellos sólo gozan de los beneficios contemplados expresamente en dicho instrumento. Dicho lo anterior, cabe destacar que en la cláusula tercera del convenio a honorarios a suma alzada correspondiente al año 2022, se dispuso expresamente que, “El presente convenio durará desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el artículo N° 46 de la ley N° 19.880 o personalmente, caso en el cual deberá quedar registro de dicho acto y de la recepción de la mencionada comunicación”. En consecuencia, habiéndose pactado expresamente una cláusula de reserva en favor de la Administración, no existe irregularidad alguna en la decisión consistente en poner término anticipado a los servicios prestados a honorarios en estudio, acto el que fue suscrito por la autoridad facultada para tales efectos y dictado en el ámbito de su competencia, debidamente comunicado, por lo que indefectiblemente se debe proceder al rechazo de la presente acción constitucional, citando jurisprudencia al efecto, causas roles Nº 23.035-2018 y 24.615-2018.

Agrega que sobre las citas realizadas al Dictamen E173.171, de 10 de enero de 2022, de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones respecto de las contrataciones a honorarios en los órganos de la Administración del Estado; cabe destacar que hay una interpretación antojadiza del mismo toda vez que, en dicho pronunciamiento la Entidad Fiscalizadora hizo un cambio en la jurisprudencia en materia de las contrataciones a honorarios en la Administración del Estado, permitiendo en lo sucesivo la contratación de honorarios para honorarios de servidores que se desempeñarán en los gabinetes, de asesores externos, para situaciones puntuales debidamente justificadas o no reiteradas en el tiempo y para ciertos casos particulares como aquellos precisados en la letra d) del apartado II.2.

En lo pertinente, el principal efecto del pronunciamiento en comento, consiste en que recién para el 1 de enero de 2023, la autoridad administrativa deberá proceder a la designación a contrata de todos los servidores a honorarios que cuenten con confianza legítima en los términos allí anotados, confianza legítima de la cual el recurrente no goza en la actualidad ni gozará al 31 de diciembre de 2022, dado que no cumple el tiempo exigido para esos efectos, desde que durante su vinculación contractual no ha desempeñado, sin solución de continuidad, labores distintas de aquellas contempladas en el apartado II.2, con renovaciones que alcancen más de dos años al 31 de diciembre de 2022. A mayor abundamiento, e inclusive de haberla tenido, el pronunciamiento es claro que para el caso de los honorarios solo se reconoce la confianza legítima “para los efectos del traspaso a la contrata y no como una protección frente a los términos anticipados o no renovaciones de los contratos a honorarios”

En tercer lugar, señala tampoco se verifica en el caso de autos, una afectación expresada en privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a los derechos invocados por el recurrente en su escrito de protección. Al respecto, sobre el derecho previsto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; cabe derechamente descartarlo toda vez que, la protección de éste dice relación con actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida del recurrente, que configuren un detrimento o imposibilidad de su continuación, cuestión que no se verifica en la especie. En efecto, debiendo destacarse que no se acompaña al proceso ningún elemento probatorio, por mínimo que sea, que acredite lo sostenido por el recurrente en este punto, malamente el actuar ajustado a la normativa aplicable por parte de este servicio, puede tener una entidad lesiva como la indicada.

Por su parte, sobre el derecho previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de igualdad ante la ley; cabe destacar que, la doctrina clásica, ha señalado al respecto que este consiste en dar en un caso determinado un mismo tratamiento respecto de aquel que coincide en la totalidad de sus propiedades relevantes, es decir, de sus aspectos fácticos jurídicamente más significativos. Así, no se divisa sinceramente en qué forma se podría verificar en el caso de marras, un atentado al derecho de igualdad invocado por el recurrente, desde que, por ejemplo, no se comparan en concreto distintas formas de proceder por parte del Servicio de Gobierno Interior, en desmedro de él, tal como lo han constatado en esta precisa materia la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol Nº 4.154-2018, y la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, en la causa rol N° 1.758-2019.

En último término, sobre el derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; es menester tener presente que, no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tienen derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan, son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquéllas, ni menos derechos derivados de las mismas.

Teniendo es especial consideración que los asesores a honorarios no son funcionarios públicos, no tiene cabida en la especie la concepción patrimonial que involucra el dominio, por lo que se puede desempeñar una función pública en tanto no exista una causal legal de alejamiento, tal y como lo ha ratificado la Excma. Corte Suprema, con fecha 30 de noviembre de 2021, para la causa rol N° 45.522-2021, donde, la máxima magistratura del país fue prístina en indicar que, “esta Corte no considera que exista un derecho de propiedad sobre una función o puesto de trabajo, siendo la relación entre el recurrente y recurrido de índole profesional y laboral, en la que dada ciertas condiciones, legítimas y no arbitraria, es posible darle fin”.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Resoluciones que aprobaron la contratación a honorarios a suma alzada de la recurrente de los años 2019 a 2022; 2. Carta de 4 de mayo de 2022 suscrita por el Subsecretario del Interior que comunica el término anticipado de la vinculación a honorarios; 3. Última liquidación de honorarios de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria la decisión de la recurrida de poner término anticipado de la contratación a honorarios de la actora, la que a su juicio adolece de falta de motivación y no ha respetado el principio de confianza legítima en atención a la duración de su vinculación con la recurrida y por cuanto atendida las labores que desarrollaba debe asimilarse su vinculación a una contrata. Por su parte la recurrida sostiene que atendida la forma de contratación de la actora, ella no es una funcionaria y la principal norma reguladora de sus relaciones es el propio convenio a honorarios, el que faculta expresamente a cualquiera de las partes a poner término anticipado al mismo, sin necesidad de expresar de causa.

TERCERO: Que, para resolver el presente recurso es menester consignar que la cláusula tercera de la contratación a honorarios suscrito por las partes señala: “El presente convenio durará desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el artículo N° 46 de la ley N° 19.880 o personalmente, caso en el cual deberá quedar registro de dicho acto y de la recepción de la mencionada comunicación”.

En ese mismo sentido, el artículo 11 inciso 3° del Estatuto Administrativo dispone: “Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

CUARTO: Que, en ese orden de ideas, debemos descartar la existencia de una actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida al disponer la terminación anticipada de la contratación a honorarios de la actora, por cuanto, como ha sostenido la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 23.035-2018 “la carta de aviso de término del contrato a honorarios en la citada causal, ha actuado con estricto apego a las disposiciones del contrato suscrito por las partes, que es justamente el instrumento que rige las relaciones entre ellas, por así disponerlo expresamente el Estatuto Administrativo.” De ese modo, en el caso de marras, se pactó expresamente la facultad de cualquiera de las partes de poner término anticipado a dicho contrato, sin necesidad de expresar causa alguna, y sin otra solemnidad que comunicar dicha decisión por carta certificada, formalidades que se cumplieron.

QUINTO: Que, refuerza lo anterior lo que ha sido sostenido por esta Iltma. Corte, en autos Rol ° 12.436-2022, que señaló: “no estando en cuestión la naturaleza del contrato, y existiendo en el mismo una cláusula que habilita a ambas partes a ponerle término anticipado cuando se estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa, corresponde aplicar estrictamente la norma del artículo 1545 del Código Civil conforme al cual todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, norma que reconoce en nuestro derecho el llamado pacto sunt servanda de acuerdo al cual los pactos deben ser siempre cumplidos y cumplidos en sus propios términos”.

SEXTO: Que, de ese modo, la eventual discusión sobre la validez de la cláusula tercera del contrato a honorarios, en particular de la liberación por mutuo acuerdo de la obligación de fundar la terminación anticipada del contrato cuando la efectúa la administración, o la determinación de la naturaleza jurídica de la contratación de la actora, es una cuestión que no corresponde analizarla desde la perspectiva de conducta ilegales o arbitrarias propias del recurso de protección pues no se puede calificar per se, como contrario a derecho o caprichoso, actos ajustados a las cláusulas de la relación contractual como la de la especie, unido a que la disputa existente entre las partes acerca del alcance y validez de la referida cláusula, o la naturaleza jurídica del contrato, son materias que deben ser dilucidadas por los interesados en juicio de lato conocimiento en que las partes involucradas puedan hacer sus alegaciones y rendir las pruebas que estimen del caso para obtener el resultado que pretenden.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, todos ya individualizados.

Redacción del abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección-15283-2022.(fcv)