nombre reservado con SOCIEDAD ARIDOS RENGALIL LTDA

C.A. de Temuco Temuco, siete de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos:

Comparece la nombre reservado, representada legalmente por doña nombre reservado; la COMUNIDAD INDÍGENA nombre reservado, representada legalmente por doña gloria nombre reservado; la COMUNIDAD INDÍGENA NAHUELHUEN, representada legalmente por doña nombre reservado y la CORPORACIÓN EDUCACIONAL MILLANTU, representada legalmente por doña nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, quienes deducen acción de Protección constitucional en contra de la Empresa SOCIEDAD ÁRIDOS RENGALIL LIMITADA representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expone, que las comunidades indígenas individualizadas, se encuentran ubicadas dentro las tierras a que hace alusión el artículo 12 y siguientes de la ley 19.253, que, la SOCIEDAD ÁRIDOS RENGALIL LIMITADA, obtuvo patente municipal para la extracción de áridos mediante decreto 2059 de fecha 30 de octubre del 2017, otorgado por la Ilustre Municipalidad de Temuco; y, obtuvo autorización para extraer 65.000 metros cúbicos de áridos mediante Decreto 3781 de fecha 01 de diciembre del 2017, otorgado por la Ilustre Municipalidad de Temuco.

Refiere que los actos u omisiones arbitrarios e ilegales ejecutados por la recurrida, que privan, perturban y amenazan los derechos constitucionales de los recurrentes, consisten en realizar actividades no contempladas en el Decreto 2059 de fecha 30 de octubre del 2017 y en el Decreto 3781 de fecha 01 de diciembre del 2017, emitidos por la Ilustre Municipalidad de Temuco, vulnerando a su juicio, normas esenciales relativas al derecho de propiedad, al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y al derecho de igualdad ante la ley, en atención a que la recurrida, no obstante tener sus obras al interior de la hijuela 62, ha procedido a depositar desperdicios en las hijuelas 41 y 42, incumpliendo gravemente lo ordenado en el Decreto 2059 de fecha 30 de octubre del 2017.

Agrega, que el decreto 3781 de fecha 01 de diciembre del 2017, a través del cual la I. Municipalidad de Temuco autorizó la extracción de áridos, no considera los requisitos establecidos en el artículo 11 de la ley 11.402, pues no existe un informe favorable de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.

Hace presente que la comunidad Indígena nombre reservado jamás ha autorizado la extracción de áridos o el funcionamiento de una chancadora, ni ha autorizado el depósito de desperdicios en las hijuelas 41 y 42 tal como ha ocurrido a la fecha; y, que en el Decreto señalado se consigna que se ha considerado acta de reunión extraordinaria de la comunidad, lo cual no resulta el todo efectivo.

Agrega, que de conformidad con lo establecido en el Decreto 3781 de fecha 01 de diciembre del 2017, la empresa SOCIEDAD ÁRIDOS RENGALIL LIMITADA, sólo contaba con autorización para la extracción de áridos; sin embargo, procedió a la instalación de una planta chancadora de áridos, trasgrediendo de manera flagrante la autorización concedida, por lo que se debiera disponer la suspensión inmediata de las obras o las faenas.

Agrega, que el ruido que produce la planta chancadora de áridos es tan elevado que perturba gravemente la realización de las actividades académicas de la escuela básica a cargo de la Corporación Educacional Millantu, ubicada en la hijuela 37, ya que los ruidos son en extremo molestos e impiden una comunicación normal. Señala además, que los camiones que transitan en el sector constituyen un factor de riesgo permanente para los menores, al no existir medidas mitigatorias o preventivas que la Empresa haya adoptado en favor de los alumnos y habitantes del sector.

Refiere, que la polución ambiental o el polvo generado por la empresa, resultan altamente contaminantes y a la fecha no se han adoptado medidas preventivas ni mitigatorias, afectando gravemente las actividades de la Escuela Millantu y la vida de todas las personas que residen en las comunidades aledañas, vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que escapan a toda regulación y resultan nocivos para la salud de las personas.

Expone, que las acciones ejecutadas por la recurrida, privan del derecho de propiedad a los miembros de la comunidad nombre reservado y, en especial a las familias que residen en la hijuela 63, ya que se ha instalado la planta chancadora en medio de la servidumbre de tránsito, impidiendo de manera absoluta el acceso a la hijuela 63; que los directivos y socios de la comunidad indígena nombre reservado y Nahuelhuen se han acercado a la empresa para posibilitar el libre tránsito por el camino que sirve de acceso a la hijuela referida, sin embargo el representante legal se ha negado rotundamente a tal petición, señalando que allí no existe ningún camino ni servidumbre de tránsito.

Agrega, que la extracción de áridos ha provocado un debilitamiento de las riberas del rio cautín exponiendo a todas las comunidades recurrentes a eventuales inundaciones en época de invierno, sin que exista fiscalización, amenazando la integridad física de las personas, poniendo en riesgo el patrimonio o derecho de propiedad sobre los predios que eventualmente pueden ser objeto de inundaciones o pérdidas por el arrastre del río; que el estero Rengalil ha sido intervenido provocando daños irreparables en su cauce y la laguna existente en lugar, que constituye un sitio de significación cultural, se encuentra en riesgo de desaparecer por la cantidad de áridos extraídos, los cuales son depositados en un centro de acopio, que desvía el curso de las aguas e interrumpe el normal flujo de las mismas.

Estima vulnerados las garantías establecidas en el artículo 19 N°2: La igualdad ante la ley; 19 N°8 El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; 19 N°24 y normas legales establecidas en la Ley 19.253: Artículo 1°: El Estado reconoce que los indígenas de Chile … Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación; Convenio 169 OIT. Artículo 7 numero 4: Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan; Artículo 8: 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario; Artículo 13:1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación; 2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Solicita se acoja el recurso con costas y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la efectiva protección de los afectados.

Que evacuó informe la SOCIEDAD ÁRIDOS RENGALIL LIMITADA, negando todos y cada uno de las circunstancias en que se fundamenta el nombre reservado interpuesto, solicitando su rechazo, con costas.

Afirma que no es efectivo que su representada tenga en funcionamiento una planta chancadora de áridos al interior del inmueble en donde se efectúan las labores de extracción; que si bien ha instalado al interior del predio en el cual se efectúan las labores de extracción, una planta chancadora, ésta no se encuentra en funcionamiento, toda vez que se encuentra efectuando los trámites necesarios ante los organismos pertinentes para obtener la autorización de funcionamiento de la misma; que la ley no le impide a priori la instalación de la planta en referencia ni su funcionamiento y sólo requiere que aquél se encuentre autorizado conforme a la normativa existente, cumpliendo el interesado los requisitos que la ley, reglamentos u ordenanzas requieran, requisitos que dicen relación fundamentalmente con aspectos técnicos.

Agrega, que con el fin de poder obtener la respectiva autorización para el funcionamiento de la planta, se requiere primero que el interesado cuente con aquella, lo que implica su instalación previa en un lugar determinado y posteriores pruebas a fin de verificar que esta se encuentre plenamente operativa; y, son esas pruebas del funcionamiento de la planta, las únicas que se han llevado a efecto con el fin de poder dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y medioambientales de funcionamiento de la misma que permitan obtener la autorización correspondiente por parte de los organismos respectivos competentes;

En relación con el ruido de la planta chancadora de áridos, el que perturbaría gravemente la realización de las actividades académicas de la escuela Básica a cargo de la Corporación Educacional Millantu, ubicada en la Hijuela 37, niega dicha circunstancia ya que la planta chancadora aún no se encuentra en funcionamiento, a la espera de poder gestionar en su totalidad el otorgamiento de los permisos respectivos; no obstante ello, hace presente que resulta difícil concebir que un eventual ruido ocasionado por el supuesto funcionamiento de la planta, pudiere ser percibido por los alumnos de dicha Escuela, tomando en consideración la ubicación que se indica por los recurrentes (hijuela 37), que se encuentra a considerable distancia de la hijuela 62, esto es, a más de 3 kilómetros de donde se desarrollan las labores de extracción autorizadas.

En lo relativo a supuestas actividades no autorizadas, consistentes en haber depositado desperdicios en las hijuelas 41 y 42, niega dicha imputación puesto que no ha efectuado ningún tipo de depósito de desperdicios, fuera de los límites del predio en donde se han desarrollado las actividades de extracción de áridos; dicha afirmación carece de todo fundamento, más aún tomando en cuenta que el predio en donde se llevan a cabo las extracciones de áridos cuenta con una superficie lo suficientemente amplia para el acopio de materiales o desechos, sin necesidad de estar recurriendo al uso de otros espacios fuera del recinto. Señalan además las recurrentes que la instalación de la planta chancadora ha impedido el acceso a la hijuela 63 de las familias que residen en ella al instalarse en medio de una servidumbre de tránsito, impidiendo la libre circulación de éstas por el camino que sirve de acceso a dicha hijuela. Niega dicha circunstancia, ya que no existe ningún tipo de servidumbre de tránsito constituida sobre el predio (hijuela 62) en el cual se desarrollan las labores de extracción, ni voluntaria ni legal, por lo que mal puede invocarse una supuesta privación del derecho de propiedad de los residentes en domicilio reservado, siendo cosa distinta que el representante legal de la recurrida, propietario exclusivo de la hijuela 62, se haya negado o se niegue al tránsito de terceros por el interior de su propiedad, facultad privativa de éste.

Indican además los recurrentes, que la extracción de áridos ha provocado un debilitamiento de las riberas del río Cautín, lo que no es efectivo, ya que la extracción de áridos se efectúa desde un pozo lastrero ubicado al interior de la hijuela 62, distante una distancia aproximada de 100 metros del cauce o lecho del río, por lo que malamente puede existir un debilitamiento de la ribera del río; sin que exista ningún antecedente concreto aportado por las recurrentes que permita avalar tal situación.

La recurrida niega además que el estero Rengalil haya sido intervenido, provocando daños irreparables en su cauce; y que la laguna existente en el lugar, que constituye un sitio de significación cultural, se encuentre en serio riesgo de desaparecer por la cantidad de áridos extraídos ya que no ha existido "intervención" alguna del estero en referencia, ni acopio de áridos que desvíen el curso de las aguas de modo de interrumpir su normal flujo, o que amenacen la existencia de la laguna, las imputaciones efectuadas en este sentido, carecen de toda veracidad; ello, sin perjuicio que tampoco existe ningún antecedente que pueda acreditar tales circunstancias;

Sobre lo alegado por la recurrente en orden a que el Decreto 3781 de fecha 1 de diciembre de 2017, no ha considerado los requisitos establecidos en el artículo 11 de la ley 11.402, al no evidenciarse en él un informe favorable de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, señala que en este caso no corresponde dicho informe favorable, toda vez que ésta sólo es necesario cuando exista intervención directa del cauce, esto es, del lecho del río y en este caso, la extracción de áridos se efectúa desde un pozo lastrero ubicado al interior de la hijuela 62, distante a 100 metros del borde del río, tal como se desprende expresamente del mismo Decreto 3781 en cuanto señala que el artículo 11 de la Ley N" 11.402, establece expresamente que dicha informe sólo resulta pertinente tratándose de la extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros.

Finalmente, en relación a la inexistencia de autorización por parte de la comunidad indígena nombre reservado para la extracción de áridos o el funcionamiento de una chancadora, señala que la Empresa se ha ajustado a todas las exigencias requeridas por los organismos pertinentes a fin de obtener la autorización y en relación al funcionamiento de la planta chancadora se encuentra en tramitación de los permisos respectivos. Sin perjuicio de lo anterior, indica que la normativa vigente en ninguna parte establece como requisito el obtener la autorización a que se refieren los recurrentes, en este sentido sólo resulta pertinente, eventualmente y no necesariamente, el trámite de consulta indígena establecido en el artículo 6 N° 1 letra a) y N° 2 del Convenio N° 169 de la OIT, y habiendo consultado respecto de la procedencia de este trámite de consulta al Ministerio de Desarrollo Social en lo relativo al proyecto de extracción de áridos en comento, concluyó mediante Carta N° 1554 de fecha 6 de junio de 2016, que en este caso particular no procedía el trámite de consulta indígena respecto del proyecto presentado, por cuanto la medida que lo autoriza no es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas tomando como fundamento de lo anterior que la porción de terreno en el cual se emplazará la extracción de áridos es de dominio exclusivo del solicitante Sr. nombre reservado; que, el referido proyecto de conformidad al artículo 10 de la Ley N° 19.300, no ingresará al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, toda vez que no es susceptible de producir un impacto ambiental de los enunciados en la normativa ambiental. Sin perjuicio de ello, la Empresa obtuvo el consentimiento de la Comunidad Indígena nombre reservado 2, del Sector Rengalil de la Comuna de Temuco, vecina al lugar en donde se encuentra ejecutándose el proyecto de extracción de áridos, circunstancia que consta del acta de reunión extraordinaria de fecha 10 de enero de 2016.

Solicita el rechazo con costas del recurso interpuesto por las recurrentes.

Que, para resolver, esta I. Corte requirió informe a la Municipalidad de Temuco al tenor del recurso solicitando que además indicara cuáles son los permisos concedidos a la recurrida; y, aquella, por intermedio de su abogado señaló que con fecha 01 de diciembre de 2017, se emitió el Decreto N°. 3781 autorizando la extracción de áridos desde un pozo lastrero ubicado en el Km 17,5 camino a Imperial, a nombre de la Sociedad Áridos Rengalil Ltda., para lo cual se tuvieron en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes: 1.- Acta extraordinaria de la Comunidad nombre reservado, de fecha 10 de enero de 2016, en la que señalan estar conforme con la información proporcionada; 2.- Ord. Nro. 01364, de fecha 20 de septiembre de 2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde se indica que la Ley Indígena prevalece por sobre el plan Regulador de Temuco; 3.- Informe sanitario del Servicio de Salud N°. 06851 de fecha 10 de mayo de 2017 en la que se indica que las instalaciones de faena - extracción de áridos y venta reúne las condiciones sanitarias y ambientales básicas para los lugares de trabajo y para su funcionamiento; 4.- Calificación N° 1709265955 de fecha 20 de julio 2017 del Servicio de Salud, en donde califican la actividad de extracción y venta de áridos como inofensiva; 5.- Resolución Exenta P Nro. 235 del 27 de octubre de 2016 del Servicio de Evaluación Ambiental en donde indica que el proyecto de extracción de áridos no está obligado a ingresar al sistema de Evaluación de impacto ambiental previa a su fase de operación; 6.- Carta N° 1554 de fecha 06 de junio de 2016 del nombre reservado, don Juan Eduardo Faúndez Molina, que indica que no resulta procedente la realización de un proceso de consulta indígena por la extracción de áridos, toda vez que la medida administrativa que la autoriza no es susceptible a afectar a los pueblos indígenas.

Señala además, que la actividad “movimiento de tierra”, no está regulada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, no obstante ello, como se realizaría acopio en la orilla del Rio Cautín, se ofició a través de Ordinario 539 de fecha 20 de marzo de 2018, al Director Regional de aguas (S) don nombre reservado, para la inspección del terreno por parte de esa entidad; y, mediante Ordinario 1140, la Dirección de Obras Hidráulicas, informó que el cauce no ha sido intervenido por lo que no es competencia de dicho servicio.

Refiere finalmente, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 bis del Código de Aguas, “La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente y que pudieran ocasionar perjuicios a terceros, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código, previa autorización del juez de letras competente en el lugar en que se realicen dichas obras”. Asimismo, en las autorizaciones que otorga la Dirección General de Aguas referidas a modificaciones o a nuevas obras en cauces naturales que signifiquen una disminución en la recarga natural de los acuíferos, podrán considerarse medidas mitigatorias apropiadas. De no ser así, se denegará la autorización de que se trate.

Señala, que con respecto al Decreto 2059 de fecha 30 de octubre de 2017, se autoriza la patente para la actividad de oficina administrativa de extracción de áridos; y, que el chancado de material no está autorizado, por cuanto la solicitud de patente para esta actividad comercial está en proceso de calificación del Servicio de Salud.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que el nombre reservado reviste la naturaleza de una acción cautelar de las garantías constitucionales expresamente previstas en la ley fundamental, cuyo objetivo es reestablecer el imperio del derecho o precaver su eventual vulneración con ocasión de la ejecución de un acto, o la ocurrencia de una omisión ilegal o arbitraria.

Segundo: Que, la acción cautelar deducida por la recurrente se fundamenta en la afectación de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, 8 y 24 de la Constitución Política de la República y que basa en que la Empresa Sociedad Áridos Rengalil Limitada en virtud de la actividad de extracción de áridos que desarrolla en la hijuela Nro. 62 ubicada en el Km 17.5 del Camino Labranza-Nueva Imperial de la Comuna de Temuco, estaría afectando tales derechos constitucionales al realizar acciones que se apartan de la autorización otorgada por la I. Municipalidad de Temuco al efecto.

En efecto, señala que si bien la entidad municipal autorizó a la recurrida para la extracción de áridos, aquella, en forma arbitraria e ilegal, instaló en el lugar una planta chancadora, sin contar con las autorizaciones legales pertinentes, ocasionando daños en la ribera del río Cautín, ruidos molestos que afectan a la Escuela Básica del lugar, riesgos que afectan a los lugareños por el tránsito de camiones en el sector. Indica que además, la recurrida ha depositado desechos en las hijuelas 41 y 42 del mismo sector y ha afectado el libre tránsito de las personas desde que la planta chancadora fue instalada en el lugar en que existía una servidumbre de tránsito respecto de la Hijuela Nro. 63.

Al informar la recurrida, sostuvo que las actividades desarrolladas por la Empresa, se enmarcan dentro de las autorizaciones otorgadas por la Ilustre Municipalidad de Temuco, a través de los Decretos 3781 de fecha 1 de diciembre de 2017 y Decreto 2059 de 30 de Octubre del mismo año, circunstancia que fue ratificada por la Alcaldía, al habérsele solicitado informe sobre el punto, señalando que las autorizaciones otorgadas lo fueron teniendo en consideración la documentación acompañada de la cual emanaba que la Comunidad José Chuequián II decía encontrarse conforme con la información proporcionada; que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó sobre la prevalencia de la Ley Indígena por sobre el Plan Regulador de Temuco; Informe del Servicio de Salud dando cuenta que las instalaciones de faena reunían las condiciones sanitarias y ambientales básicas para su funcionamiento; que la actividad de extracción y venta de áridos fue calificada como inofensiva por el Servicio de Salud; resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que indicaba que el proyecto de extracción de áridos no está obligado a ingresar al sistema de Evaluación de impacto ambiental previo a su fase de operación y carta del nombre reservado, señalando que no resulta procedente la realización de un proceso de consulta indígena por la extracción de áridos en razón de que la medida administrativa que la autoriza no es susceptible de afectar pueblos indígenas.

TERCERO: Que, en sustento de su nombre reservado, la parte recurrente acompañó los siguientes documentos:

1.-Certificado electrónico de personalidad jurídica nombre reservado.

2. Certificado electrónico de personalidad jurídica COMUNIDAD INDÍGENA nombre reservado.

3. Certificado electrónico de personalidad jurídica COMUNIDAD INDÍGENA NAHUELHUEN.

4. certificado CORPORACIÓN EDUCACIONAL MILLANTU en donde consta representación de doña nombre reservado

5. copia de decreto 2059 de fecha 30 de octubre 2017.

6. copia decreto 3781 de fecha 01 de diciembre del 2017.

7. certificado de avalúo fiscal hijuela 62.

8.- Copia de plano Comunidad nombre reservado.

9. set de seis fotografías en donde consta funcionamiento de planta de extracción de áridos y planta chancadora.

Por su parte, la recurrida acompañó la siguiente documentación:

1. Copia de inscripción de dominio de la Hijuela 62 en donde se desarrollan las labores de extracción de áridos, a nombre de don nombre reservado.

2- Certificado de hipotecas, gravámenes, interdicciones, prohibiciones y litigios, relativa al inmueble anterior;

3.- Certificado de dominio vigente del inmueble en referencia.

4.- Certificados de Anotaciones, Vigencia, y de estatuto actualizado de la Sociedad Áridos Rengalil Limitada.

5.- Copia de Calificación N° 1709265955 de fecha 20 de julio de 2017 emitido por el SEREMI de Salud de la Araucanía relativa a la calificación de la actividad de extracción de áridos desarrollada por la recurrida.

6.- Copia de Decreto N° 2059 de fecha 30 de octubre de 2017 de la I. Municipalidad de Temuco, que decreta el otorgamiento de Patente para la extracción de áridos;

7.- Copia del Decreto N° 3781 de fecha 1 de diciembre de 2017 de la I. Municipalidad de Temuco, que autoriza la extracción de áridos desde un pozo lastrero a la recurrida.

8- Copia de comprobante de pago de patente comercial referido a la actividad de extracción de áridos ya referida.

9.- Carta N° 1554 de fecha 6 de junio de 2016, emitida por el Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Servicios Sociales, que se pronuncia sobre la procedencia del trámite de consulta indígena relativa al proyecto de extracción de áridos por parte de la recurrida.

10.- Copia del acta de reunión extraordinaria de la Comunidad Indígena nombre reservado 2, de fecha 10 de enero de 2016.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se tuvo por acreditado el siguiente hecho: Que, la I. Municipalidad de Temuco, a través del Decreto 2059 de fecha 30 de octubre de 2017; y Decreto 3781 de 01 de diciembre de 2017, autorizó a la Empresa Sociedad Áridos Rengalil para la realización de faenas tendientes a la extracción de áridos desde un pozo lastrero ubicado en el Km 17,5 del Camino Labranza-Imperial, específicamente en la Hijuela Nro. 62.

Que, tal hecho no ha sido controvertido por la recurrida y consta de los documentos acompañados al recurso, los que no fueron objetados ni observados y emanan de la autoridad pública facultada para emitirlos, en este caso la I. Municipalidad de Temuco, gozando en consecuencia de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad conforme lo establece el inciso octavo del artículo 3 de la Ley 19.880.

QUINTO: Que, para que el presente nombre reservado sea procedente, debe acreditarse la existencia de una acción lesiva respecto de las garantías constitucionales denunciadas.

SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso emana que las acciones desarrolladas por la Empresa recurrida, se enmarcan dentro de las autorizaciones legales correspondientes por lo que no concurre en la especie, la acción ilegal o arbitraria denunciada, condición necesaria para que prospere este recurso.

SÉPTIMO: Que, la única actividad que podría encontrase fuera de norma es el chancado de material, por cuanto no se ha otorgado la patente respectiva por parte de la Municipalidad, en atención a que dicha actividad comercial se encuentra en proceso de calificación por parte del Servicio de Salud.

Sin perjuicio de ello, no obran antecedentes irrefutables respecto de que aquella planta se haya encontrado en funcionamiento previo a decretarse orden de no innovar por parte de esta I. Corte ni que aquella provocase ruidos molestos, así como tampoco el que haya habido acopio de desechos en las parcelas 41 y 42 ni la existencia de una servidumbre de tránsito que afecte a la parcela 63 en la que se desarrolla la actividad de extracción de áridos; en consecuencia, no puede establecerse que el actuar de la recurrida ha sido ilegal o arbitrario, requisito esencial para la procedencia del presente recurso, así como tampoco se ha probado vulneración alguna de sus derechos por el actuar de la parte recurrida, el cual, ha sido legal, lícito y en base a las autorizaciones legales correspondientes.

Por tanto, al no mediar acción ilegal o arbitraria, no se ha ocasionado al recurrente vulneración alguna respecto de las garantías constitucionales que esta acción resguarda, razón por la cual el presente recurso será rechazado.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N° 2, 8, 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que, se rechaza, con costas, el nombre reservado interpuesto por la nombre reservado, la COMUNIDAD INDÍGENA nombre reservado, la COMUNIDAD INDÍGENA NAHUELHUEN, la CORPORACIÓN EDUCACIONAL MILLANTU, en contra de la Empresa SOCIEDAD ÁRIDOS RENGALIL LIMITADA.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena.

N°Protección-1514-2018.