nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO

C.A. de Temuco Temuco, treinta de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Labranza comuna de Temuco, quien interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por estimar que las actuaciones de dichos organismos resultan arbitrarias e ilegales y vulneran las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 1 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, desde el 18 de agosto de 2025, permanece bajo tratamiento psiquiátrico con el doctor nombre reservado, debido al diagnóstico de trastorno de adaptación mixto con síntomas ansiosos y depresivos. Señala que el tratamiento contempla medicación diaria consistente en escitalopram 20 mg y zolpidem de 12,5 mg, que se mantuvo vigente hasta la finalización del reposo médico.

Refiere que presenta dos licencias médicas continuadas, correspondientes a los folios 226946721 y 226946993, ambas derivadas de la misma patología psiquiátrica, las cuales son rechazadas por la COMPIN de Temuco bajo el fundamento de que no se justifica un período mayor de reposo, a pesar de que su estado de salud no había variado y contaba con el respaldo de su médico tratante.

Añade que, con ocasión del procedimiento administrativo, se practica un peritaje psiquiátrico en causa N° 261-2025, realizado el 29 de octubre de 2025, cuyo informe concluye erróneamente que no manifiesta intenciones de reintegro laboral, hasta el próximo año, aclarando que dicha afirmación es un error del perito al escribir su informe, toda vez que manifestó su voluntad de retomar su trabajo como profesora con labores administrativas propias del mes de diciembre una vez estabilizada su situación familiar y laboral lo que fue validado por su médico tratante, al recomendarle volver a su trabajo manteniendo la medicación.

Asimismo, hace presente que su incapacidad laboral fue tal, que incluso fue absuelta por el Tercer Juzgado de Policía Local de Temuco, tras no poder asistir como vocal de mes a de reemplazo tanto en primera como en segunda vuelta, habiendo ´presentado el certificado médico que acredita su estado de salud.

Señala igualmente que agota la vía administrativa mediante la correspondiente reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, oportunidad en la que acompaña los informes médicos y demás antecedentes clínicos pertinentes. No obstante, manifiesta que el organismo mantiene el rechazo de las licencias médicas, sin considerar la totalidad de la evidencia médica aportada ni permitir un conocimiento acabado de los antecedentes clínicos por parte del especialista que controla su tratamiento.

Sostiene que las actuaciones impugnadas son arbitrarias e ilegales toda vez que se priva a la recurrente de su derecho a la seguridad social y a la integridad psíquica, fundado en un peritaje que no refleja la realidad de lo conversado, ni la evolución clínica documentada por su médico tratante, continuando con terapia psicológica en el Programa de Salud Mental del Cesfam de Labranza.

En cuanto al derecho, afirma que los hechos vulneran las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, relativas al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por cuanto al rechazar las licencias médicas de manera arbitraria las recurridas ignoran el diagnóstico de su médico tratante y su esquema farmacológico, lo que la obligó a interrumpir su proceso de recuperación al reintegrarse a su trabajo, sin estar de alta médica, lo que pone en alto riesgo su salud mental y estabilidad psíquica.

Agrega que, también se vulnera el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, referido al derecho de propiedad, al negar el pago del subsidio sobre la base de un peritaje con información errada y sin fundamentos sólidos, que desvirtúen las conclusiones de su médico tratante, lo que considera una privación ilegal de dicho Derecho.

En mérito de lo expuesto, solicita que se acoja el recurso de protección, se declare que el rechazo de las licencias médicas folios 226946721 y 226946993 constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la COMPIN o a la SUSESO autorizar dichas licencias y disponer el pago inmediato de los subsidios correspondientes, con costas.

Finalmente, acompaña como antecedentes copias de las licencias médicas rechazadas, las resoluciones dictadas por COMPIN y SUSESO, informes médicos, recetas, boletas, el informe de peritaje psiquiátrico, certificados de atención médica, antecedentes de la causa ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Temuco y demás documentación clínica pertinente.

A folio 5, comparece nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía y por tanto representante del Ministerio de Salud en la Región y por ende de la Compin, quien evacúa el informe requerido en autos.

En primer término, expone el marco normativo aplicable, señalando que, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, la licencia médica constituye el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada laboral durante un tiempo determinado por indicación profesional, previa autorización de la COMPIN o de la institución previsional correspondiente, con el objeto de recuperar la salud mediante un período de reposo determinado. Asimismo, indica que el artículo 16 del mismo reglamento faculta a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE para aprobar o rechazar licencias médicas, reducir o ampliar el período de reposo o modificar su modalidad, y agrega que la evaluación de las licencias se efectúa sobre la base de los antecedentes médicos aportados y de las Guías Referenciales de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con Problemas y/o Enfermedad Mental, conforme a la Ley N° 20.585.

A continuación, informa que las licencias médicas impugnadas corresponden a las N° RUT reservado y N° RUT reservado, ambas emitidas a contar del 16 de noviembre de 2025 por treinta días, con diagnóstico principal de trastorno de adaptación, extendidas por el psiquiatra Dr. nombre reservado. Expone que ambas fueron rechazadas por la COMPIN Subcomisión Cautín el 21 de noviembre de 2025 por estimarse que no existía causa médica que justificara un mayor período de reposo, decisión que posteriormente se mantiene al rechazarse los respectivos recursos de reposición el 16 de enero de 2026.

Señala que para resolver dichas licencias se consideran como antecedentes el listado maestro del año 2025, el peritaje psiquiátrico N° 261-2025 efectuado el 29 de octubre de 2025 por la Dra. nombre reservado, la Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) y los recursos de reposición deducidos por la trabajadora.

Respecto de la situación clínica de la recurrente, informa que ésta se desempeña como profesora de Estado en Ciencias en dos establecimientos educacionales y que durante el año 2025 mantiene reposo por patología de salud mental entre el 12 de mayo y el 10 de junio, retomando posteriormente nuevas licencias desde el 18 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2025, acumulando un total de 120 días de reposo autorizados de un total de 150 días solicitados. Precisa que las licencias objeto del recurso corresponden precisamente a los treinta días rechazados.

Expone que, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, la trabajadora es sometida a un peritaje de segunda opinión realizado por la Dra. nombre reservado el 29 de octubre de 2025, el cual concluye que presenta un trastorno de adaptación relacionado principalmente con el cuidado de su padre. Añade que la evaluación mediante la Escala de Evaluación de la Actividad Global arroja un puntaje de 80, correspondiente a síntomas transitorios y una leve alteración de la actividad social o laboral, circunstancia que, a juicio de la Contraloría Médica, permite inferir que el reposo cumple un rol eminentemente social más que terapéutico. Asimismo, indica que el tratamiento farmacológico consiste en escitalopram en dosis mínimas terapéuticas asociado a zolpidem.

En relación con el recurso de reposición presentado por la recurrente, señala que éste incorpora un informe del psiquiatra tratante, de fecha 14 de noviembre de 2025, que diagnostica un trastorno de adaptación mixto con síntomas ansiosos y depresivos y asigna un EEAG de 45, calificando el compromiso funcional como grave. Sin embargo, sostiene que dicho informe resulta inconsistente, pues propone el reintegro laboral al término de la licencia pese a calificar el compromiso como severo; además, cuestiona que se anticipe el alta sin esperar la respuesta al ajuste del tratamiento farmacológico, que no exista evidencia de refractariedad al tratamiento, de controles periódicos conforme al Decreto N° 7/2013 ni de intervención psicoterapéutica, concluyendo que la gravedad descrita no guarda relación con los antecedentes clínicos aportados.

Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social confirma posteriormente el rechazo de ambas licencias médicas mediante las Resoluciones Exentas N° R-01-UME-22528-2026, de 18 de febrero de 2026, y N° R-01-UNAAD-39625-2026, de 23 de marzo de 2026, por estimar igualmente que el reposo no se encuentra justificado. Sobre esa base, concluye que las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado carecen de justificación clínica y no acreditan un rol terapéutico orientado a la recuperación de la salud y al reintegro laboral, decisión adoptada conforme a los antecedentes médicos aportados, al peritaje de segunda opinión y a las normas técnicas vigentes, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la Contraloría Médica.

A continuación, sostiene que tanto la COMPIN como la SUSESO constituyen los organismos técnicos legalmente competentes para aprobar o rechazar licencias médicas y afirma que dicho criterio ha sido reiteradamente validado por la Corte de Apelaciones de Temuco y por la Excma. Corte Suprema. Con ese objeto transcribe pasajes de sentencias pronunciadas, entre otras, en las causas Rol N° 50.695 y Rol N° 138.578-2020, en las que se declara que el rechazo de licencias médicas fundado en antecedentes técnicos, especialmente en peritajes médicos, no reviste el carácter de arbitrario ni ilegal, por encontrarse debidamente motivado.

Finalmente, concluye que la actuación de la COMPIN Subcomisión Cautín no reviste el carácter de arbitraria ni ilegal, puesto que sus resoluciones se encuentran debidamente fundadas conforme a la Ley N° 19.880, gozan de la presunción de legalidad prevista en su artículo 3°, se dictan dentro del ámbito de sus competencias legales y son ratificadas por la Superintendencia de Seguridad Social. En consecuencia, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por carecer de fundamento, al no haberse vulnerado las garantías constitucionales invocadas mediante el rechazo de las licencias médicas. En subsidio, para el evento de acogerse la acción constitucional, solicita que no se condene en costas a la recurrida, por haber existido motivo plausible para litigar. Asimismo, hace presente que acompaña los documentos fundantes de lo informado A folio 10, comparece la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, quien evacúa el informe requerido, solicitando, en primer término, que se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por estimar que la controversia promovida por la recurrente versa sobre materias propias del derecho a la seguridad social, garantía consagrada en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, la cual no se encuentra amparada por la acción cautelar prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Expone que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas extendidas conforme al artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y al Decreto Supremo N°3 de 1984, así como las reconsideraciones y apelaciones deducidas respecto de las resoluciones pronunciadas por las Instituciones de Salud Previsional, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y el pago del subsidio por incapacidad laboral regulado en el DFL N°44 de 1978, constituyen materias propias del sistema de seguridad social, expresamente excluidas del ámbito de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política.

Añade que la acción de protección constituye un procedimiento excepcional y de urgencia, destinado únicamente a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten las garantías constitucionales expresamente protegidas por el constituyente, circunstancia que no concurre tratándose del derecho a la seguridad social, razón por la cual solicita que el recurso sea declarado improcedente, con expresa condena en costas.

En subsidio de la alegación de improcedencia, la recurrida informa sobre el fondo del asunto, señalando que resulta necesario precisar el marco jurídico que regula el derecho a licencia médica dentro del sistema chileno de seguridad social, indicando que dicho sistema contempla mecanismos destinados a cubrir las contingencias derivadas de la pérdida temporal de la capacidad laboral por motivos de salud, mediante el beneficio de licencia médica regulado por el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 y el Decreto Supremo N°3 de 1984, ambos del Ministerio de Salud. Explica que, una vez autorizada por la autoridad competente (COMPIN o ISAPRE, según corresponda), la licencia puede dar origen al subsidio por incapacidad laboral regulado en el DFL N°44 de 1978, o al pago de remuneraciones tratándose de funcionarios afectos a estatutos especiales.

Refiere que la finalidad esencial de la licencia médica consiste en permitir la recuperación de la salud del trabajador durante un período de incapacidad laboral temporal, de manera que éste pueda reincorporarse posteriormente a sus funciones. En tal sentido, sostiene que el artículo 1° del Decreto Supremo N°3 exige que exista una posibilidad real y cierta de recuperación y reintegro laboral, incluso en aquellos casos de patologías crónicas, siempre que el reposo conserve una finalidad terapéutica efectiva.

Agrega que el artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 reconoce el derecho de los trabajadores dependientes e independientes que hacen uso de licencia médica por enfermedad común a percibir subsidio por incapacidad laboral, beneficio cuya regulación corresponde al DFL N°44 de 1978. Asimismo, recuerda que el artículo 156 del mismo cuerpo legal extiende dicho beneficio a los afiliados a Instituciones de Salud Previsional y que el artículo 1° del Decreto Supremo N°3 define la licencia médica como el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada por un lapso determinado, en virtud de una indicación profesional debidamente autorizada por el organismo competente. Concluye que la licencia médica constituye un beneficio de carácter esencialmente transitorio, destinado exclusivamente a favorecer la recuperación del trabajador y su reincorporación al desempeño laboral.

En cuanto a los antecedentes del caso concreto, informa que la recurrente, doña nombre reservado, interpone reclamación administrativa el 19 de enero de 2026 ante la Superintendencia de Seguridad Social, cuestionando la decisión de la Subcomisión Cautín de la COMPIN de la Región de La Araucanía que confirma el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por treinta días para cada uno de sus empleadores a contar del 16 de noviembre de 2025, fundándose dicho rechazo en la inexistencia de reposo médicamente justificado.

Expone que, mediante Resolución Exenta N°R-01-UME-22528-2026, de 18 de febrero de 2026, la Superintendencia resuelve mantener el rechazo de las licencias médicas por estimar que los antecedentes médicos y administrativos no permiten acreditar incapacidad laboral más allá de los noventa días previamente autorizados para la misma patología. Añade que los informes médicos acompañados no describen sintomatología relevante durante el período reclamado, ni acreditan síntomas de gravedad, agravación clínica reciente, pérdida funcional severa, evolución del cuadro, modificaciones significativas del tratamiento farmacológico o un plan de manejo orientado al reintegro laboral.

Señala igualmente que, con fecha 24 de febrero de 2026, la interesada solicita la reconsideración de dicha resolución, petición que es rechazada mediante Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-39625-2026, de 23 de marzo de 2026, por no haberse acompañado antecedentes nuevos que justificaran efectuar un nuevo estudio del caso, precisándose que los documentos previamente aportados ya habían sido ponderados por los especialistas del organismo fiscalizador.

Al desarrollar las justificaciones médico-administrativas que sustentan la decisión impugnada, la recurrida expone que los antecedentes clínicos fueron analizados por profesionales médicos de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes evacuaron informe técnico con fecha 4 de febrero de 2026, indicando que dicho informe tiene a la vista antecedentes médicos complementarios emitidos por médico psiquiatra, correspondientes a los días 14 y 15 de noviembre de 2025, en los cuales se diagnostica a la recurrente un trastorno de adaptación mixto con síntomas ansiosos y depresivos, asociado además a endometriosis, dislipidemia, rinitis alérgica y dolor crónico mandibular. Señala que los informes describen la sintomatología en términos cualitativos, consignan una evaluación global de funcionamiento (EEAG) de 41, tratamiento farmacológico con escitalopram y zolpidem, y una fecha estimada de retorno laboral para el 16 de diciembre de 2025.

Expone igualmente que se incorporó un peritaje psiquiátrico que diagnostica un trastorno de adaptación, asignando una evaluación global de funcionamiento de 80 puntos (EEAG 80), concluyendo que la recurrente, profesora en dos establecimientos educacionales para adultos, presenta un cuadro asociado a la enfermedad de su padre, quien padece encefalopatía hepática y lupus eritematoso sistémico, desempeñándose actualmente como su cuidadora principal, añadiendo que el referido peritaje no evidencia compromiso funcional relevante ni limitaciones objetivas que impidan el desarrollo de actividades laborales, dejando constancia, además, que la paciente manifiesta no tener intención de reincorporarse al trabajo hasta el año siguiente.

Manifiesta que el informe técnico concluye que el reposo prescrito resulta excesivo y carece de una finalidad terapéutica claramente definida, observándose ausencia de derivación a dispositivos de mayor complejidad, inexistencia de sintomatología grave durante el período reclamado, falta de antecedentes clínicos objetivos que acrediten agravación reciente del cuadro o pérdida funcional severa, omisión de información relativa a la evolución clínica y ausencia de ajustes farmacológicos relevantes, así como también la inexistencia de un plan terapéutico orientado al reintegro laboral. En mérito de tales antecedentes, el informe recomienda no acoger la reclamación formulada.

Refiere, asimismo, que la recurrente fue sometida a un peritaje por la respectiva Institución de Salud Previsional el día 29 de noviembre de 2025, practicado por la Dra. nombre reservado, cuyo resultado coincide con las conclusiones precedentemente expuestas. Señala que dicho examen determina que la paciente presenta un trastorno de adaptación, con evaluación global de funcionamiento de 80 puntos, manteniendo tratamiento farmacológico con escitalopram y zolpidem, sin observar limitaciones funcionales significativas que justifiquen la prolongación del reposo laboral, destacando nuevamente que desarrolla labores de cuidado respecto de su padre y que no manifiesta intención de reintegrarse prontamente a sus funciones laborales.

A continuación, la recurrida invoca jurisprudencia destinada a respaldar la legalidad de la actuación administrativa desarrollada, citando sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 20 de mayo de 2020, en causa Rol N°50.626-2020, en la cual se resuelve que la existencia de un informe médico pericial constituye fundamento suficiente para sustentar técnicamente el rechazo de una licencia médica, descartando que una resolución basada en dicho antecedente pueda calificarse de arbitraria por falta de motivación. Destaca que en dicha oportunidad el máximo tribunal revoca la sentencia apelada y rechaza el recurso de protección interpuesto contra la Superintendencia de Seguridad Social.

Hace presente igualmente la sentencia dictada por esta Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N°13949-2023, de fecha 13 de marzo de 2024, mediante la cual se rechaza un recurso de protección deducido contra la Superintendencia de Seguridad Social, razonándose que los antecedentes acompañados por la recurrente carecen de entidad suficiente para desvirtuar las conclusiones obtenidas por el organismo recurrido, especialmente considerando la existencia de un informe pericial psiquiátrico que determina la ausencia de incapacidad laboral. Asimismo, se concluye que la resolución administrativa contiene una adecuada fundamentación y que no concurre actuación ilegal o arbitraria alguna.

Seguidamente, invoca jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°16.359-2019, en la cual se reconoce la competencia técnica de la COMPIN y de la Superintendencia de Seguridad Social para controlar las licencias médicas conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 del Decreto Supremo N°3 de 1984. Asimismo, destaca que dicho fallo reconoce la aplicación del Decreto Supremo N°7 de 2013, relativo a las Guías Clínicas Referenciales para patologías de salud mental, enfatizando que las licencias superiores a sesenta días deben encontrarse respaldadas por antecedentes médicos suficientes, informes especializados, evaluación periódica del paciente, tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, así como por elementos objetivos que permitan justificar la prolongación del reposo laboral. En consecuencia, dicha sentencia concluye que el rechazo de las licencias médicas no constituye un acto ilegal ni arbitrario cuando tales exigencias no concurren.

Sobre la base de los antecedentes clínicos, administrativos y normativos incorporados al expediente, la Superintendencia sostiene que la decisión impugnada confirma el rechazo de las licencias médicas reclamadas, por estimar que el reposo prescrito no se encuentra médicamente justificado conforme a la normativa vigente ni a los estándares técnico-sanitarios exigidos para patologías de salud mental.

Expone que la resolución administrativa se dicta con estricto apego a las atribuciones conferidas por la Ley N°16.395 y al Decreto Supremo N°3 de 1984, considerando igualmente las Guías Clínicas Referenciales aplicables a licencias médicas psiquiátricas. Precisa que durante la evaluación se analizan los informes emitidos por la médico tratante, los antecedentes clínicos aportados por la interesada y, especialmente, el informe pericial de fecha 29 de noviembre de 2025, el cual concluye que la recurrente presenta un trastorno de adaptación con adecuado nivel de funcionamiento, sin compromiso funcional significativo y sin limitaciones objetivas que justifiquen la prolongación del reposo laboral.

Añade que dicho peritaje resulta plenamente concordante con las evaluaciones médicas anteriores, en cuanto establece que la paciente se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus labores antes del inicio de las licencias cuestionadas y que la prolongación del reposo aparece excesiva, desproporcionada y desprovista de finalidad terapéutica, toda vez que no consta derivación a atención especializada de mayor complejidad ni antecedentes que acrediten agravación clínica, pérdida funcional relevante, evolución desfavorable del cuadro o un plan terapéutico estructurado orientado al reintegro laboral.

En cuanto a las facultades legales de la Superintendencia de Seguridad Social, la recurrida sostiene que su actuación se ajusta estrictamente al marco constitucional y legal que regula sus competencias fiscalizadoras, señalando que conforme al inciso cuarto del artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, función que la Ley N°16.395 encomienda a la Superintendencia de Seguridad Social. Agrega que el artículo 2° de dicho cuerpo legal determina sus funciones esenciales, mientras que el artículo 3° la reconoce como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, comprendiendo su supervigilancia los ámbitos médico-social, financiero, actuarial, jurídico, administrativo y la calidad y oportunidad de las prestaciones otorgadas a los beneficiarios.

Añade que el artículo 27 de la Ley N°16.395 mantiene sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia al Servicio Nacional de Salud, en aquellas materias que no derivan del Código Sanitario, mientras que el artículo 38 del mismo cuerpo legal le confiere las atribuciones de impartir instrucciones destinadas al mejor otorgamiento de los beneficios previsionales y fijar la interpretación administrativa de las leyes y reglamentos de seguridad social, ordenando a las instituciones sometidas a su fiscalización ajustarse a dicha interpretación. Señala igualmente que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.585, el organismo debe velar por el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas y por la adecuada protección de los cotizantes y beneficiarios de FONASA e ISAPRES.

Sobre la alegación de ilegalidad y arbitrariedad formulada en el recurso, la recurrida sostiene que ella no concurre en la especie, explicando que, en materia de licencias médicas, el artículo 27 de la Ley N°16.395 entrega a la Superintendencia el control administrativo y técnico respecto de las actuaciones desarrolladas por las COMPIN, organismos que conocen, en primera instancia o en sede de apelación, de las resoluciones pronunciadas por las Instituciones de Salud Previsional. Añade que las decisiones emitidas por la Superintendencia corresponden al ejercicio de sus atribuciones legales como autoridad técnica de control, luego de revisar íntegramente los antecedentes administrativos y médicos del caso concreto.

Refiere que el procedimiento para autorizar licencias médicas se encuentra expresamente regulado por el Decreto Supremo N°3 de 1984, cuerpo reglamentario que contempla diversas causales de rechazo y establece un sistema sucesivo de revisión administrativa, permitiendo al interesado solicitar reconsideración ante la COMPIN y posteriormente reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, incluso requiriendo una nueva reconsideración conforme a la Ley N°19.880. Sostiene que la recurrente hizo uso de todas dichas instancias, obteniendo siempre resoluciones debidamente fundadas.

Agrega que la acción de protección excede manifiestamente su ámbito de aplicación, por cuanto pretende obtener el reconocimiento de un derecho que no reviste el carácter de preexistente e indubitado. Señala que, precisamente después de sucesivas revisiones técnicas y administrativas, se concluye que las licencias médicas reclamadas no cumplen los requisitos necesarios para ser autorizadas, circunstancia que impide estimar configurado un derecho cierto susceptible de tutela cautelar.

Sostiene, asimismo, que el acto administrativo impugnado no puede calificarse de arbitrario, toda vez que contiene una fundamentación suficiente, racional y concordante con los antecedentes médicos incorporados al expediente administrativo. Precisa que la decisión no responde al mero capricho de la autoridad, sino al ejercicio de las facultades técnicas conferidas por la ley, previa evaluación especializada de los antecedentes clínicos de la recurrente.

En relación con las garantías constitucionales cuya vulneración denuncia la recurrente, la Superintendencia sostiene que no existe afectación alguna al derecho a la vida, a la integridad física o psíquica ni al derecho de propiedad.

Expone que la resolución impugnada constituye el resultado del ejercicio regular de las atribuciones legales conferidas al organismo fiscalizador, adoptada mediante un procedimiento administrativo en el que fueron examinados todos los antecedentes acompañados por la propia interesada. Añade que la evaluación se efectuó conforme a criterios técnicos objetivos contenidos en las Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes necesarios para respaldar licencias médicas por patologías de salud mental, verificándose que la recurrente no cumple las exigencias allí previstas, particularmente en lo relativo a la existencia de informes especializados suficientes, descripción de la evolución clínica, resistencia al tratamiento y controles periódicos.

Hace presente que la actuación de la Superintendencia no provoca afectación de la integridad física o psíquica de la recurrente, sino que procura garantizar que el reposo laboral cumpla una finalidad terapéutica efectiva, evitando la prolongación injustificada de licencias médicas o la utilización de subsidios sin respaldo clínico suficiente. Agrega que la recurrente recibe el mismo tratamiento otorgado a todos los afiliados, mediante la aplicación uniforme de criterios médicos y administrativos, sin discriminación ni arbitrariedad.

Señala igualmente que el conjunto de antecedentes médicos nuevamente revisados, entre ellos los informes del médico tratante y el peritaje efectuado el 29 de noviembre de 2025, permite concluir que la paciente presenta un trastorno de adaptación con adecuado nivel funcional, desarrolla actividades de cuidado respecto de su padre y no evidencia limitaciones incapacitantes que justifiquen la prolongación del reposo laboral. Añade que tanto la COMPIN como la Superintendencia dictan resoluciones suficientemente fundadas, analizando el diagnóstico, la evolución clínica, la ausencia de pérdida de capacidad laboral y la inexistencia de beneficio terapéutico derivado de la extensión del reposo, luego de haberse agotado todas las instancias administrativas disponibles.

En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que la sola emisión de una licencia médica por un profesional de la salud no incorpora automáticamente al patrimonio del trabajador un derecho al subsidio por incapacidad laboral o a las remuneraciones correspondientes. Explica que el otorgamiento de dicho beneficio exige, como presupuesto indispensable, la autorización de la licencia médica por la autoridad competente y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el Decreto Supremo N°3 de 1984 y en el DFL N°44 de 1978, presupuesto que no concurre en la especie al haber sido rechazadas las licencias reclamadas.

Concluye que aceptar la tesis sostenida por la recurrente implicaría reconocer efectos patrimoniales inmediatos a toda licencia médica por el solo hecho de su emisión, privando de eficacia las facultades legales conferidas a las ISAPRES, COMPIN y Superintendencia para autorizar, rechazar o modificar dichos instrumentos, interpretación que estima incompatible con el sistema legal vigente.

En apoyo de la legalidad de la actuación desplegada por la Superintendencia de Seguridad Social, la recurrida invoca diversa jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, citando sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de 25 de octubre de 2024, dictada en causa Rol N°17.403-2024, en la que se rechaza un recurso de protección deducido contra la Superintendencia de Seguridad Social, razonándose que dicho organismo ejerce las funciones que le asigna la Ley N°20.585 destinadas a asegurar el correcto otorgamiento y utilización de las licencias médicas y la adecuada protección de los cotizantes del sistema previsional. Señala que dicha sentencia concluye que la decisión administrativa se encuentra debidamente sustentada en la revisión efectuada por los profesionales médicos de la COMPIN y de la propia Superintendencia, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad y, por ende, rechazando la acción constitucional.

A continuación, hace referencia a la sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 7 de junio de 2024, en causa Rol N°3.693-2024, mediante la cual también se rechaza un recurso de protección interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social. Expone que en dicho fallo se razona que el rechazo de las licencias médicas obedeció a la inexistencia de antecedentes clínicos suficientes para justificar la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, destacándose el incumplimiento de las exigencias previstas en el Decreto Supremo N°7 de 2013, particularmente aquellas referidas a la necesidad de acreditar sintomatología grave, evolución clínica, tratamiento farmacológico, refractariedad terapéutica y estimación de reintegro laboral. Añade que dicha sentencia reconoce igualmente que los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron adecuadamente los antecedentes del caso, concluyendo que éstos bastaban para adoptar una decisión fundada sin necesidad de requerir nuevos informes médicos.

Finalmente, cita sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, de 13 de abril de 2021, en causa Rol N°18-2021, la cual sostiene que no resulta posible establecer una relación causal entre las resoluciones administrativas que rechazan licencias médicas y una eventual afectación del derecho a la integridad física y psíquica del recurrente. Asimismo, dicho fallo concluye que el subsidio por incapacidad laboral constituye un derecho eventual cuya existencia depende necesariamente de la autorización de la licencia médica correspondiente, de modo que, al no concurrir dicho presupuesto, no puede entenderse incorporado al patrimonio del trabajador ni configurarse una vulneración del derecho de propiedad.

Sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, la Superintendencia de Seguridad Social concluye que la acción constitucional deducida carece de fundamento tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo.

Sostiene que la materia debatida corresponde al ámbito propio del derecho a la seguridad social y, por ende, excede el objeto de protección cautelar previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Agrega que, aun en el evento de entrar al examen del fondo, las resoluciones administrativas impugnadas fueron dictadas dentro del ámbito de las competencias legales del organismo, previo análisis de todos los antecedentes clínicos y administrativos pertinentes, mediante resoluciones debidamente motivadas, fundadas en criterios técnicos objetivos y en estricta aplicación de la normativa vigente.

Afirma, asimismo, que los antecedentes médicos incorporados al procedimiento administrativo no permiten acreditar una incapacidad laboral temporal que justifique la extensión del reposo prescrito, ni la existencia de una finalidad terapéutica efectiva que haga procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas. Añade que tampoco se verifica la concurrencia de acto ilegal o arbitrario alguno ni la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por cuanto las decisiones adoptadas responden al ejercicio regular de las atribuciones conferidas por la Ley N°16.395, el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, el Decreto Supremo N°3 de 1984 y las demás disposiciones reglamentarias aplicables.

Finalmente, la recurrida solicita, en lo principal, que la acción de protección sea declarada improcedente por recaer sobre una materia propia del derecho a la seguridad social y, en subsidio, para el evento de desestimarse dicha alegación, que el informe sea tenido por evacuado y, en mérito de sus fundamentos, se rechace íntegramente el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, con expresa condena en costas. Asimismo, acompaña copia de los antecedentes administrativos que sirven de fundamento a las resoluciones impugnadas, solicitando que ellos sean tenidos por acompañados en autos.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que, en lo relativo a la alegación de improcedencia de la acción constitucional deducida por la misma recurrida, fundada en que la controversia recaería exclusivamente sobre materias propias de seguridad social, cabe señalar que si bien la autorización o rechazo de licencias médicas forma parte del régimen de seguridad social, ello no excluye que los actos administrativos dictados por los órganos competentes puedan ser sometidos al control jurisdiccional propio del recurso de protección cuando se denuncia que éstos han sido adoptados con infracción al principio de legalidad o con afectación de derechos fundamentales protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, la sola naturaleza de la materia discutida no resulta suficiente para excluir, en abstracto, la procedencia de la presente acción cautelar, sin perjuicio del análisis que corresponda efectuar respecto del mérito de las alegaciones formuladas por la recurrente, motivo por el cual dicha excepción será desestimada.

Cuarto: Que, entrando al análisis de fondo, el acto impugnado consiste en las resoluciones dictadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y confirmadas por la Superintendencia de Seguridad Social mediante las cuales se rechazó la autorización de las licencias médicas N° 226946721 y N° 226946993, por estimarse que el reposo prescrito no se encontraba médicamente justificado.

Quinto: Que, sobre la materia reclamada se debe tener en consideración que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Sexto: Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”. Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

De esta forma, conforme a las disposiciones transcritas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

Séptimo: Que de los antecedentes allegados al proceso aparece que las recurridas fundaron sus decisiones en una evaluación técnica de la situación clínica de la recurrente, para cuyo efecto consideraron los informes emitidos por el médico tratante, los antecedentes clínicos acompañados por la propia interesada, el historial de licencias médicas previamente autorizadas y, especialmente, el peritaje psiquiátrico practicado por la profesional designada al efecto, el cual concluyó que la actora presentaba un trastorno de adaptación con un adecuado nivel de funcionamiento, sin compromiso funcional significativo que justificara la prolongación del reposo laboral.

En efecto, tanto la COMPIN como la SUSESO explicitan las razones por las cuales concluyen que el reposo reclamado no cumple una finalidad terapéutica que justifique su prolongación, destacando, entre otros elementos, la evaluación funcional obtenida en el peritaje, la ausencia de agravación clínica objetivable, la inexistencia de antecedentes que den cuenta de refractariedad al tratamiento o de una evolución desfavorable del cuadro y la falta de un plan terapéutico orientado al reintegro laboral Octavo: Que, de esta forma, las resoluciones impugnadas contienen una fundamentación suficiente y razonada, sustentada en antecedentes médicos objetivos y en el ejercicio de las facultades técnicas que el ordenamiento jurídico entrega expresamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y a la Superintendencia de Seguridad Social para autorizar, modificar o rechazar licencias médicas.

En consecuencia, la circunstancia de discrepar la recurrente de las conclusiones alcanzadas por dichos organismos especializados no transforma, por sí sola, la decisión administrativa en arbitraria o ilegal.

Noveno: Que la controversia promovida por la actora dice relación, esencialmente, con la valoración de antecedentes médicos y con la determinación de la procedencia técnica del reposo laboral prescrito, materias que la Ley entrega a organismos dotados de competencia especializada y respecto de las cuales esta Corte no puede sustituir, por la vía excepcional del recurso de protección, el criterio técnico desarrollado por las autoridades legalmente llamadas a resolverlas, salvo que aparezca acreditada una manifiesta infracción al ordenamiento jurídico o una actuación carente de toda racionalidad, circunstancias que no concurren en la especie.

Décimo: Que tampoco es posible estimar configurada la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

En efecto, respecto del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica previsto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, las resoluciones recurridas únicamente resuelven acerca de la procedencia administrativa de las licencias médicas, sin impedir que la recurrente continúe con el tratamiento indicado por sus profesionales de salud ni privarla del acceso a las prestaciones sanitarias correspondientes.

Por otra parte, en cuanto al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, el subsidio por incapacidad laboral constituye una prestación cuyo nacimiento depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación especial y, particularmente, de la autorización de la licencia médica por el organismo competente. En consecuencia, mientras dicha autorización no exista, no puede sostenerse que el subsidio reclamado se encuentre incorporado al patrimonio de la recurrente como un derecho adquirido susceptible de tutela por esta vía cautelar.

Undécimo: Que, en consecuencia, no advirtiéndose que las recurridas hayan actuado fuera del ámbito de sus competencias legales ni que las resoluciones impugnadas carezcan de fundamento o respondan a un actuar caprichoso o arbitrario, el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que, Se Rechaza, sin costas, la alegación de improcedencia de la acción constitucional opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social.

II. Que, en cuanto al fondo, Se Rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

N° Protección-1500-2026.(csd)