nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, siete de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece JULIO ANDRÉS LANDAETA FONSECA, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por don nombre reservado, o quien la subrogue o represente, solicitando se declare que se han vulnerado garantías constitucionales de sus representados, y en consecuencia, se restablezca el imperio del derecho y se restituyan las indemnizaciones ilegalmente retenidas o compensadas.

LOS HECHOS:

A.- CASO DE DON nombre reservado Y DON nombre reservado:

Que don nombre reservado y don nombre reservado, iniciaron, conjuntamente y en un mismo libelo, en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA - SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, demanda laboral por despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y remuneraciones entre otros, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, bajo el RIT O-642-2022.

En la causa judicial referida, se acogió la demanda incoada por don nombre reservado y don nombre reservado, dictándose sentencia definitiva con fecha 27 de octubre del año 2022, la cual en su parte resolutiva dispone: “I.- Que SE ACOGE, la demanda deducida por don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de su ex empleador SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA - SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, representada por el FISCO DE CHILE, y se declara que el despido de que fueron objeto los demandantes es injustificado y a consecuencia de tal declaración se condena a la demandada a pagar las siguientes prestaciones: a) Respecto de nombre reservado: 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma $1.347.994.- 2.- Indemnización por un año de servicios por la suma de $1.347.994.- 3.- Recargo Legal del 30%, conforme lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, letra a) por la suma $404.398.- 4.- Compensación de feriado legal y proporcional por la suma de $1.168.261.- B.- Respecto de nombre reservado: 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma $1.347.994.- 2.- Indemnización por un año de servicios y fracción superior a seis meses, esto es dos años por la suma de $2.695.988.- 3.- Recargo Legal del 30%, conforme lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, letra a) por la suma $808.796.- 4.- Compensación de feriado legal y proporcional por la suma de $1.347.994.- II.- Que las sumas referidas y condenadas a pagar lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda”.

Se certificó la ejecutoria de la referida sentencia el 11 de noviembre de 2022.

En virtud de que la recurrida no pagó las sumas condenadas a sus representados, se derivó la causa a cumplimiento para competencia de Cobranza Laboral bajo el RIT C-531-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Es del caso señalar que la liquidación realizada en la causa de cobranza laboral referida, con fecha 17 de noviembre de 2022, fue la suma de $4.564.560 para don nombre reservado, y la suma de $6.630.625 para don nombre reservado. Sin embargo, actualizado al mes anterior a la fecha que se debió concretar el pago era la suma de $4.717.526 para don nombre reservado, y la suma de $6.852.830 para don nombre reservado.

Que el FISCO DE CHILE a través de TESORERIÁ GENERAL DE LA REPUBLICA (TESORERIA GENERAL DE LA ARAUCANÍA) NO realizó el pago a ninguno de los dos recurrentes de las prestaciones e indemnizaciones en las que fue vencido el Fisco de Chile, indicando que se le iba a retener lo que se le debió pagar al registrar deuda por concepto de CREDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE”.

Relata que habiéndose presentado el apoderado de la recurrente en las Oficinas de Tesorería General de la República de la comuna de Temuco, con fecha 17 de marzo del año 2023, a fin de que se procediera a efectuar el pago ordenado en causa de cobranza laboral ya antedicha, se le informó mediante un “comprobantes de compensación” impresos respecto de cada uno de los recurrentes, con fecha 17 de marzo del año 2023, y dirigidos a don nombre reservado y a don nombre reservado, respectivamente, indicando lo siguiente: “El tesorero que suscribe certifica que con fecha 15/03/2023, se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2023, formulario 72-A folio número 332399”, esto respecto del comprobante de compensación de don nombre reservado, y respecto del comprobante de compensación de don nombre reservado solo cambia el texto en cuanto al N° de folio el cual es 332246. Para indicar más adelante que el monto compensado ascendía a la suma de $4.717.526 para don nombre reservado, y a la suma de $6.852.830 para don nombre reservado.

Que junto con el “comprobante de compensación”, se le entregó al apoderado de sus representados, un “COMPROBANTE DE EGRESO”, indicándose que el total autorizado para don nombre reservado es la suma de $4.717.526, lo que coincide con el monto compensado, y para don nombre reservado es la suma de $6.852.830, lo que también coincide con el valor compensado.

Indica que sus representados tomaron conocimiento de esta información el día 17 DE MARZO DEL AÑO 2023, en que su apoderado le hace entrega de estos documentos y le explica que no habría pago de lo obtenido en su demanda laboral, porque la Tesorería General de la República, retuvo y compensó, la suma de $4.717.526 para don nombre reservado, y la suma de $6.852.830 para don nombre reservado.

Que respecto de doña nombre reservado, inició en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, demanda laboral por despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y remuneraciones entre otros, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, bajo el RIT O-678-2022.

En la causa judicial referida, se acogió la demanda, dictándose sentencia definitiva con fecha 22 de octubre del año 2022, la cual en su parte resolutiva dispone: “I.- Que SE ACOGE, la demanda deducida por don nombre reservado, y de doña nombre reservado, en contra de su ex empleador SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA - SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, representada por el FISCO DE CHILE, y se declara que el despido de que fueron objeto los demandantes es injustificado y a consecuencia de tal declaración se condena a la demandada a pagar las siguientes prestaciones: B.- Respecto de nombre reservado: 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma $1.347.994.- 2.- Indemnización por un año de servicios por la suma de $1.347.994.- 3.- Recargo Legal del 50%, conforme lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, letra b) por la suma $ 673.997.- 4.- Compensación de feriado legal y proporcional por la suma de $ 1.078.395.- II.- Que las sumas referidas y condenadas a pagar lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda”.

Se certificó la ejecutoria de la referida sentencia el 7 de noviembre de 2022.

En virtud de que la recurrida no pagó las sumas condenadas a mi representada, se derivó la causa a cumplimiento para competencia de Cobranza Laboral bajo el RIT C-518-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. La liquidación realizada en la causa de cobranza laboral referida, con fecha 11 de noviembre de 2022, fue la suma de $4.751.148 para doña nombre reservado. Sin embargo, actualizado al mes anterior a la fecha que se debió concretar el pago era la suma de $4.915.288.

Expresa que el FISCO DE CHILE a través de TESORERIÁ GENERAL DE LA REPUBLICA (TESORERIA GENERAL DE LA ARAUCANÍA) NO realizó el pago a la recurrente del total de las prestaciones e indemnizaciones a las que fue vencido el Fisco de Chile, indicando que se le iba a retener lo que se le debió pagar al registrar deuda por concepto de CREDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE”.

Que se presentó el apoderado de la recurrente en las Oficinas de Tesorería General de la República de la comuna de Temuco, con fecha 17 de marzo del año 2023, a fin de que se procediera a efectuar el pago ordenado en causa de cobranza laboral ya antedicha, se le informó mediante un “comprobantes de compensación” impresos respecto de la recurrente, con fecha 17 de marzo del año 2023, y dirigido a doña nombre reservado, indicando lo siguiente: “El tesorero que suscribe certifica que con fecha 15/03/2023, se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2023, formulario 72-A folio número 332236”. Para indicar más adelante que el monto compensado ascendía a la suma de $4.729.338, autorizando solo el pago de la suma de $185.950.

Que junto con el “comprobante de compensación”, se le entregó al apoderado de mi representada, un “COMPROBANTE DE EGRESO”, indicándose que el total autorizado para doña nombre reservado es la suma de $4.915.288, siendo el valor compensado la suma de $4.729.338.

Que mi representada tomó conocimiento de esta información el día 17 DE MARZO DEL AÑO 2023, en que su apoderado le hace entrega de estos documentos y le explica que no habría pago de lo obtenido en su demanda laboral, porque la Tesorería General de la República, retuvo y compensó, la suma de $4.729.338.

C.- CASO DE DOÑA nombre reservado:

Que doña nombre reservado, inició en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA ARAUCANÍA – SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, demanda de tutela laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y remuneraciones entre otros, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, bajo el RIT T-185-2022.

En la causa judicial referida, se acogió la demanda subsidiaria incoada por despido injustificada por doña nombre reservado, dictándose sentencia definitiva con fecha 25 de noviembre del año 2022, la cual en su parte resolutiva dispone: “II.- Que SE ACOGE la demanda subsidiaria deducida, declarándose que el despido de la actora fue improcedente, por lo que se condena a la demandada a pagar las prestaciones: 1.- $800.000 por indemnización sustitutiva del aviso previo; 2.- $1.600.000 por indemnización de 2 años de servicios; 3.- $480.000 por aumento a que se refiere el artículo 168 a) del Código del Trabajo, esto es, un 30 % en relación a la indemnización antes acotada. 4.- $533.333 por compensación de feriado pendiente; y 5.- $80.000 por remuneración de 3 días trabajados en junio de 2022. Las sumas indicadas deberán pagarse con los reajustes e intereses de los artículos 63 o 173 del Código del Trabajo, según corresponda”.

Se certificó la ejecutoria de la referida sentencia el 9 de diciembre de 2022.

En virtud de que la recurrida no pagó las sumas condenadas a su representada, se derivó la causa a cumplimiento para competencia de Cobranza Laboral bajo el RIT C-575-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Señala que la liquidación realizada en la causa de cobranza laboral referida, con fecha 14 de diciembre de 2022, fue la suma de $3.795.493. Sin embargo, actualizado al mes anterior a la fecha que se debió concretar el pago era la suma de $3.904.270.

Que el FISCO DE CHILE a través de TESORERIÁ GENERAL DE LA REPUBLICA (TESORERIA GENERAL DE LA ARAUCANÍA) NO realizó el pago íntegro a la recurrente de las prestaciones e indemnizaciones a las que fue vencido el Fisco de Chile, indicando que se le iba a retener lo que se le debió pagar al registrar deuda por concepto de CREDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE”.

Que así las cosas, y habiéndose presentado la recurrente en las Oficinas de Tesorería General de la República de la comuna de Temuco, con fecha 06 de abril del año 2023, a fin de que se procediera a efectuar el pago ordenado en causa de cobranza laboral ya antedicha, se le informó mediante un “comprobantes de compensación” impresos respecto de la recurrente, con fecha 6 de abril del año 2023, y dirigido a doña nombre reservado indicando lo siguiente: “El tesorero que suscribe certifica que con fecha 23/03/2023, se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2023, formulario 72-A folio número 333949”. Para indicar más adelante que el monto compensado ascendía a la suma de $2.824.614, autorizando solo el pago de la suma de $1.079.656.

Señala que junto con el “comprobante de compensación”, se le entregó a su representada, un “COMPROBANTE DE EGRESO”, indicándose que el total autorizado para doña nombre reservado es la suma de $3.904.270, siendo el valor compensado la suma de $2.824.614.

Que su representada tomó conocimiento de esta información el día 6 DE ABRIL DEL AÑO 2023, en que recibe de parte de la recurrida estos documentos y se le explica que no habría pago total e íntegro de lo obtenido en su demanda laboral, porque la Tesorería General de la República, retuvo y compensó, la suma de $2.824.614.

II. EL DERECHO:

Expresa que el hecho que provoca la privación, perturbación y constante vulneración día a día al legitimo ejercicio de los derechos y garantías que nuestra Carta Constitucional reconoce a sus representados, está constituido por el acto arbitrario e ilegal efectuado por Tesorería General de la Republica consistente en la retención y compensación de las sumas antes referidas para cada uno de mis representados, y que éstos obtuvieron mediante sentencia judicial y a título de remuneraciones, indemnizaciones y prestaciones laborales, sin ofrecer justificación o argumento alguno, privando arbitrariamente a mi representada de lo que en derecho le corresponde.

DEL ACTO ARBITRARIO E ILEGAL: El artículo 17 de la ley 20.027 “que establece un sistema de financiamiento para la educación superior” es la norma especial aplicable en la materia tratándose de deudas por crédito universitario aval del Estado “CAE”, que es el caso de nuestra representada y que debe primer respecto de cualquier otra disposición legal conforme al principio de especialidad contenido en los Artículos 13 y 4 del Código Civil. Señalando lo siguiente el Artículo 17 de la Ley 20.027: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto. Con todo, tratándose de deudores a los cuales el empleador les haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberación de la retención efectuada por dicha Tesorería, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado la retención o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador. En tal caso se considerará deudor al empleador y se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes. La liberación a que se refiere el inciso anterior alcanzará sólo hasta el monto de lo probado”.

Del tenor literal del Artículo 17 de la Ley 20.027, la Tesorería solo puede retener de la devolución de impuesto los montos respectivos por concepto deudas de crédito universitario, pero no puede hacer retenciones de los valores que nacen de un crédito laboral (correspondiente a remuneraciones de la recurrente) como ocurrió en la especie, ya que en el caso de mis representados no se le retuvo un devolución de impuesto sino un crédito laboral (correspondiente a sus remuneraciones adeudadas) que obtuvieron en un juicio laboral contra el fisco de chile. En consecuencia, nos encontramos ante un acto arbitrario e ilegal de Tesorería, ya que excedió e infringió lo dispuesto en el art. 17 de la ley 20.027 al retener, no una devolución de impuesto como lo faculta la norma, sino remuneraciones de mis representados.

En razón de lo expuesto precedente y la limitación contenida en la norma especial del Art. 17 de la 20.027 aplicable a la materia, que solo faculta a Tesorería a retener devoluciones de impuestos, cualquier compensación que pudiera alegarse por Tesorería debe hacerse valer en juicio declarativo ante un órgano jurisdiccional, debiendo acreditarse por Tesorería en sede Judicial que concurren los requisitos de la compensación, esto es, tener la calidad de deudor y acreedor a la vez, que la deuda sea líquida y actualmente exigible, en un procedimiento racional y justo, con las garantías de un debido proceso y no actuar como una comisión especial e irrogarse facultades jurisdiccionales como ocurrió en la especie. Pudiendo Tesorería ejercer las respectivas acciones ordinarias y ejecutivas para percibir su crédito.

Ahora bien, aun habiéndose ejercido por la recurrida las respectivas acciones ejecutivas de cobranza para obtener el pago de una deuda por crédito universitario Aval del Estado “CAE”, (lo que no ocurrió en la especie, ya que no se ejerció acción alguna de cobro respecto de ninguno de sus representados, sino simplemente se realizó una retención por Tesorería, atribuyéndose facultades jurisdiccionales, sin existir resolución judicial que lo autorice), es importante señalar que tratándose de retenciones y embargos que afecten a remuneraciones de trabajadores, (que fue precisamente lo que se le retuvo a mis representados por Tesorería General de la Republica) existe norma especial en el Código del Trabajo que prima respecto de cualquier otra disposición en la materia y que establece la inembargabilidad de las remuneraciones específicamente el Artículo 57 del Código del Trabajo, (estableciendo restricciones y límites a la embargabilidad) siendo ilegal y/o arbitrario el actuar de Tesorería General de la República.

Señala que, en efecto, de los artículos 445 del Código de Procedimiento Civil, 57 del Código del Trabajo y 96 del Estatuto Administrativo se forma en nuestro sistema jurídico una interpretación sistemática respecto a la situación de embargabilidad e inembargabilidad de las cosas. Y, analizando las normas en cuestiones se nos permite concluir que el sistema jurídico propende a la protección de las remuneraciones, señalando causales especificas respecto a su susceptibilidad de ser embargados, siendo, por tanto, la embargabilidad una situación excepcional que debe ser interpretada de manera restrictiva.

De lo anterior, el actuar de Tesorería General de la República al retener el 100% de las remuneraciones y prestaciones laborales adeudadas de mis representados, es ilegal, toda vez que los mecanismos de protección de remuneraciones son normas de Orden Público, que no miran solo al interés de la persona, sino especialmente, al beneficio que tales resguardos irrogan a la sociedad en su conjunto, todo lo cual vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad, contenidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política del a República.

Sostiene que el obrar de la recurrida además es arbitrario, toda vez que no existe razonabilidad en su actuar, no tiene fundamento ni motivo, y al carecer de motivo, - requisito esencial de todo acto administrativo - se torna en arbitrario, no existiendo un proceso administrativo debidamente tramitado en el cual pudieran ser emplazados mis representados a fin de hacer valer sus defensas respecto a la retención y compensación de sus remuneraciones y prestaciones laborales.

En conclusión, es evidente que la Tesorería solo puede efectuar retención sobre la devolución de impuestos de sus representados, mas no sobre el pago de remuneraciones y demás prestaciones laborales a razón de una demanda laboral, no existiendo así norma alguna que autorice el actuar de la recurrida. Asimismo, la recurrida no ha evacuado argumento alguno para justificar la retención y compensación efectuada en contra de mis representados.

DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS.

A. ARTICULO 19 N°2 CPR: DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY:

Teniendo presente los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 en cuanto disponen que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos administrativos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos y además que las resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo deberán ser fundadas, es evidente que se ha infringido la igualdad ante la ley de todos mis representados, toda vez que se les ha retenido y compensado sus remuneraciones y prestaciones laborales sin ningún tipo de justificación, no existiendo acto administrativo alguno que informe respecto a la retención, lo que contraría sus garantías de ser considerados iguales ante la ley, al privarle de sus derechos de percibir sus prestaciones laborales obtenidas con ocasión de una sentencia judicial como lo es normal y concurrente para todas personas en dicha situación.

B. ARTICULO 19 N°24 CPR: EL DERECHO DE PROPIEDAD:

El actuar arbitrario e ilegal de la recurrida infringe y vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que, si bien la Tesorería General de la Republica tiene la facultad de retener la devolución de impuestos, esta es restringida, pues solo puede retener la devolución de impuestos, mas no en remuneraciones ni feriados obtenidos en juicios laborales como ocurre en el caso de mis representados y a mayor abundamiento, cualquier retención debe fundarse en motivos razonables que deben justificarse, cuestión que no ha ocurrido en el caso de marras. La infracción a esta garantía constitucional ocurre desde el momento que se establece una situación carente de fundamento, que impide a una persona a obtener lo que en derecho corresponde en virtud de una sentencia dictada por un Tribunal de la República, obligándolo a recurrir ante S.S.I, lo cual provoca un evidente perjuicio en su patrimonio. La referida garantía consagra el derecho de propiedad respecto a todos los bienes corporales e incorporales que se encuentran en el comercio humano. Así las cosas y tal como se señaló anteriormente, respecto de las remuneraciones y demás prestaciones laborales obtenidas en virtud de una sentencia judicial, los recurrentes adquirieron su propiedad, y por el simple hecho de la recurrida de retener y compensar injustificadamente dichas prestaciones laborales, utilizando en forma ilegitima los procedimientos establecidos en la ley, se les está vulnerando su derecho de propiedad respecto sus dineros, afectando gravemente su garantía constitucional, la cual precisamente asegura que ninguna persona o grupo puede vulnerar el derecho de propiedad en sus diversas especies que se tiene respecto al patrimonio.

Solicitando en definitiva ordenar:

1. Que se declare que la retención y compensación informada y percibida por la recurrida respecto de mis representados ha sido ilegal y/o arbitraria.

2. Que se ponga término a la vulneración de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, ordenando a la recurrida o a quien corresponda que se restituyan íntegramente y debidamente reajustadas las remuneraciones y cualquier otro concepto retenido o compensado por Tesorería General de la Republica correspondientes a don nombre reservado, por la cifra de $4.717.526, con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro, a don nombre reservado, por la cifra de $6.852.830, con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro, a doña nombre reservado, por la cifra de $4.729.338, con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro y a doña nombre reservado, por la cifra de $2.824.614, con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro.

Que se condene expresamente a la recurrida en costas.

Acompañado los siguientes documentos: 1. E-BOOK de tramitación de causa O-642 2022 de ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. 2. BOOK de tramitación de causa C-531-2022 sección cobranza laboral, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. 3. E-BOOK de tramitación de causa O-678-2022 de ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. 4. BOOK de tramitación de causa C-518-2022 sección cobranza laboral, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. 5. E-BOOK de tramitación de causa T-185-2022 de ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. 6. BOOK de tramitación de causa C-575-2022 sección cobranza laboral, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco. 7. Comprobantes de compensación emitido por Tesorería General de la República de fecha 15 de marzo de 2023, respecto de doña nombre reservado; y Comprobante de egreso emitido por Tesorería General de la Republica de fecha 17 de marzo de 2023, Folio formulario 332236, respecto de doña nombre reservado. 8. Comprobantes de compensación emitido por Tesorería General de la República de fecha 23 de marzo de 2023, respecto de doña nombre reservado, y Comprobante de egreso emitido por Tesorería General de la Republica de fecha 6 de abril de 2023, Folio formulario 333949, respecto de doña nombre reservado. 9. Comprobantes de compensación emitido por Tesorería General de la República de fecha 15 de marzo de 2023, respecto de don nombre reservado, y Comprobante de egreso emitido por Tesorería General de la Republica de fecha 17 de marzo de 2023, Folio formulario 332246, respecto de don nombre reservado. 10. Comprobantes de compensación emitido por Tesorería General de la República de fecha 15 de marzo de 2023, respecto de don nombre reservado, y Comprobante de egreso emitido por Tesorería General de la Republica de fecha 17 de marzo de 2023, Folio formulario 332399, respecto de don nombre reservado.

A folio 9, evacúa informa, doña nombre reservado, Abogada de Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso, con costas IMPROCEDENCIA DE RECURSO COLECTIVO:

Expresa que se ha interpuesto un recurso colectivo por los recurrentes por actos efectuados de forma individual a cada uno de hechos que no suponen “un solo acto” y, en consecuencia, la forma de proceder debió haber sido individualmente por cada recurrente.

En este mismo orden de ideas, para que concurra la Litis Consorcio Activa, se deben cumplir con los siguientes presupuestos: a) Se deduzca la misma acción. b) Acciones que emanen directa e indirectamente de un mismo hecho. c) Que se proceda por muchos o contra muchos en los casos que autoriza la ley.

Respecto al primer elemento, que se deduzca una misma acción, se debe precisar, que toda acción comprende una causa de pedir y un objeto pedido, de manera que para que se trate de una misma acción, tanto la causa de pedir como el objeto pedido deben ser idénticos para todos los litigantes, lo que no concurre en la especie, ya que el objeto pedido es diverso para ambos comparecientes, que es precisamente la compensación realizada individualmente a cada recurrente, la que tampoco no tiene un origen, cuantificación y menos aún relación colectiva entre los recurrentes, sólo la coincidencia de que fue efectuada en su mayoría a todos el mismo día.

En cuanto al segundo elemento tampoco concurre en el caso sublite ya que la acción de compensación considerada por los recurrentes como ilegal y arbitraria no emanan directa e inmediatamente de un mismo hecho, sino de la recepción de dineros producto de juicios diversos, y obligaciones tributarias diversas en nacimiento, origen y cuantificación entre los actores.

Finalmente, no se encuentra en el presupuesto de que la causa a pedir proceda por muchos, por no corresponder a una demanda colectiva que derive de un mismo hecho.

En consecuencia, la forma en que se ha promovido la acción ha entorpecido la tramitación y correcta defensa en juicio, ello ya que se pretende que el Servicio de Tesorerías, se defienda en un juicio en que las partes no se encuentran relacionadas, sobre hechos tampoco relacionados, y cuyas peticiones concretas son diversas de acuerdo a los intereses de cada parte, pues solicitan dejar diversas compensaciones sin efecto, por montos diversos, no cumpliéndose con lo dispuesto en el Auto acordado de la Exma. Corte Suprema que en su numeral 1° precisa que el presente recurso constitucional debe impetrarse “ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas”.

Indicando la norma que dicho recurso debe a obedecer a un solo acto u omisión, y no a diversos, pese a que concurran en la misma fecha, sino se llegaría al absurdo que en causas tales como las que se siguen en contra las Isapres en una demanda encontremos a todos los afiliados, por recibir cartas de adecuación en la misma fecha, lo que claramente no es procedente.

Esta situación es evidente, porque claramente contraviene el Derecho a defensa precisamente porque el Servicio de Tesorerías queda impedida a entregar más antecedentes que los ya proporcionados por las partes atendido al carácter reservado de la situación tributaria de los contribuyentes, las que quedaran expuestas en un juicio en que las partes que comparecen son diversas entre sí y con pretensiones diversas también.

En definitiva, corresponde rechazar la acción en los términos propuestos formulado la demanda conforme a Derecho.

CUESTIONES PREVIAS EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE PROTECCIÓN INTERPUESTO.

Como cuestión previa es necesario precisar que la Ley N°20.027 estableció un Sistema de Crédito destinado a apoyar el acceso a la educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no podían acceder al sistema financiero para obtener los recursos necesarios para solventar el pago de sus estudios de educación superior.

Esta política pública, que facilita el financiamiento de la educación superior en nuestro país, es administrada por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (también denominada "Comisión Ingresa"), servicio público que forma parte de la Administración del Estado y que es el llamado por ley a administrar el Sistema de Financiamiento establecido en la Ley N° 20.027, consistente en la asignación de un beneficio que se materializa en el otorgamiento de un Crédito con Garantía Estatal, destinado a financiarlos estudios de educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no pueden acceder al sistema financiero.

Para efectos de la postulación y asignación del beneficio, la Comisión desarrolla un proceso en modalidades anuales, el que determina los estudiantes beneficiarios del Crédito con Garantía Estatal. Éste se inicia con la postulación por parte de los potenciales beneficiarios en el mes de noviembre del año anterior. Continúa con la determinación de los estudiantes que cumplen con todos los requisitos establecidos para el otorgamiento del beneficio, de acuerdo a la información proporcionada por ellos mismos y las instituciones de educación superior. Sigue con la suscripción de los documentos justificativos del crédito por parte de los estudiantes con la institución financiera respectiva, asignada de acuerdo al proceso de licitación pública anual convocado por la Comisión Ingresa para efectos de la contratación del servicio de financiamiento y administración de créditos para estudios superiores, conforme la Ley N°20.027 y su Reglamento, y de acuerdo a las Bases de Licitación determinadas por resolución dictada por la Comisión y tomada razón por la Contraloría General de la República.

Señala que es la propia institución financiera la que se encarga del proceso de suscripción de documentación crediticia de acuerdo a los formatos incluidos como anexos en las Bases de Licitación Pública cuya legalidad es verificada por la Contraloría General de la República, y a la información personal y académica del estudiante, además de fijar las fechas y lugares para llevarlo a cabo. Finalmente, termina con la transferencia de recursos desde las instituciones financieras a las instituciones de educación superior, con cargo a las líneas de crédito otorgadas a los estudiantes beneficiarios del Sistema de Crédito con Garantía Estatal, entre los meses de agosto y septiembre de cada año.

Para la posterior obtención del crédito, es requisito que el estudiante deba matricularse en alguna institución de educación superior que cumpla con los requisitos establecidos por el art. 7 de la Ley N° 20.027. En virtud de lo establecido en el Reglamento de esta última ley, cuyo texto se encuentra establecido en el Decreto Supremo N°182, de 2005, modificado por los Decretos N°266, de 2009, y N°47, de 2013, todos del Ministerio de Educación, al terminarse los periodos de matrícula cada Institución de Educación Superior tiene la obligación de enviar a Comisión Ingresa a través de la plataforma informática disponible para estos efectos, la individualización de todos los estudiantes matriculados que cumplan con las exigencias para ser beneficiarios del Crédito con Garantía Estatal. Sólo de este modo, la Comisión accede a conocer la situación del postulante a fin de determinar la obtención de su crédito, dado que por una parte, se conoce la entidad que prestará los servicios educaciones y a la que por consiguiente, se le deberá cursar el crédito y por otra, el programa académico seleccionado por el postulante, que en consecuencia, define el arancel de referencia máximo sobre la base del cual se otorga el crédito solicitado por el estudiante, condiciones todas (Institución de Educación Superior, Carrera, Arancel, Crédito, etc.) que posteriormente deberán ser confirmadas por el estudiante beneficiario al momento de suscribirla documentación crediticia con su respectiva institución financiera.

Una vez que las entidades han aportado la información descrita más arriba, se procede a la asignación de créditos entre las instituciones financieras participantes, realizada de acuerdo a las bases de licitación de cada año. Finalizado este procedimiento se determina el banco que financiará el crédito de cada beneficiario, información final requerida para suscribir los contratos de apertura de línea de crédito para el financiamiento de sus estudios superiores con garantía estatal y demás instrumentos requeridos para la gestión del mismo.

Destaca especialmente que, una vez egresado el alumno e iniciado el período de pago del crédito, y hasta finalizar el período de pago de éste, la Comisión se encuentra encargada de administrar la postulación y otorgamiento de los diversos beneficios de pago del crédito. En particular, la ley N° 20.634, que modificó la ley N°20.027 introduciendo una reducción al 2% de la tasa de interés de los créditos pactados con anterioridad al 31 de octubre de 2011, mediante un copago de cargo fiscal. Además, se otorga la posibilidad de pagar una cuota equivalente al 10% del total de la renta promedio que hubiere obtenido durante los últimos doce meses. Otro mecanismo contemplado en la ley N°20.027 es la suspensión temporal de pago por cesantía o por estudios en el extranjero, el cual hace cesar la obligación de pago por seis meses, renovables de mantenerse la situación de cesantía y/o estudios de post grado.

ANTECEDENTES CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL ASIGNADO A LOS RECURRENTES.

Al respecto, resulta necesario señalar que, el artículo 3° de la Ley N° 20.027, dispone que el Estado por intermedio del Fisco, garantizará hasta el 90% del capital más los intereses de los créditos que otorguen las instituciones financieras a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa del Sistema. Por su parte, el artículo 6° del mismo cuerpo legal, agrega que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago de éste.

El artículo 35 del Reglamento, establece que, para efectos del pago de la garantía, se entenderá que el beneficiario ha dejado de cumplir con la obligación de pago toda vez que, agotadas las acciones de cobranza prejudiciales por parte de la entidad financiera respectiva, el alumno haya dejado de pagar, a lo menos, tres cuotas consecutivas de su crédito. Para que proceda el pago de la Garantía Estatal, la institución financiera (de conformidad a las Bases de Licitación del año 2006, en su numeral 4.4.2.1) deberá acreditar ante la Comisión lo siguiente: a) El agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales, b) El incumplimiento de pago del deudor en los términos ya señalados, c) El inicio ante tribunal competente de las acciones judiciales tendientes al cobro del crédito adeudado, correspondiendo a las Bases de Licitación de cada año precisa los trámites judiciales exigibles, y d) La notificación judicial del deudor.

Precisa que, habiendo incumplido los deudores y recurrentes de autos con su obligación de pago, y agotadas las instancias extra judiciales para obtener el pago del crédito, las entidades Bancarias que otorgaron los créditos presentaron demandas ejecutivas acompañando los respectivos pagarés suscritos por los recurrentes, ello conforme lo establecen las Bases de Licitación Pública, y atendido a que pese a lo expuesto no se obtuvo el pago en sede judicial, se emitió certificado por parte de la Comisión Ingresa que procedió a remitir a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria de los recurrentes, conforme el siguiente detalle:

nombre reservado / RUT. RUT reservado

Formulario Tipo Folio Fecha Vcto. Deuda Neta Reajuste Interés Multa Total 34 34 175851 04-nov-2019 RUT reservado 0 0 0 RUT reservado

Total Deuda Morosa (CLP) RUT reservado 0 0 0 RUT reservado

nombre reservado / RUT. RUT reservado

Formulario Tipo Folio Fecha Vcto. Deuda Neta Reajuste Interés Multa Total 34 34 148606 31-dic-2018 RUT reservado 0 0 0 RUT reservado

Total Deuda Morosa (CLP) RUT reservado 0 0 0 RUT reservado

nombre reservado/ RUT.RUT reservado

Formulario Tipo Folio Fecha Vcto. Deuda Neta Reajuste Interés Multa Total 34 34 50716 03-ago-2016 RUT reservado 0 0 0 RUT reservado

Total Deuda Morosa(CLP) RUT reservado 0 0 0 RUT reservado

nombre reservado/ RUT.RUT reservado

Formulario Tipo Folio Fecha Vcto. Deuda Neta Reajuste Interés Multa Total 34 34 311430 04-ene-2022 RUT reservado 0 0 0 RUT reservado

Total Deuda Morosa (CLP) RUT reservado 0 0 0 RUT reservado

COMPENSACIÓN DEL CREDITO FISCAL.

En lo relativo a la aseveración de los recurrente referidos a que la compensación habría operado de manera ilegal y arbitraria por Tesorería, es preciso reiterar que ello no es efectivo, por cuanto, como se ha indicado, la obligación de pago de los créditos por parte de los alumnos nace a partir del día 5 del décimo noveno mes contado desde la fecha de término del plan de estudios, momento en el cual la entidad financiera debe generarles un cuadro de pago, iniciándose el periodo del servicio normal de financiamiento.

Indica que si el ex alumno o egresado incurre en mora en el pago de su crédito, las entidades financieras, en su calidad de administradoras de los créditos, deben efectuar las gestiones de cobranza de los mismos, conforme lo disponen las Bases de Licitación correspondientes a la adjudicación del servicio de administración y financiamiento de estos créditos. Estas gestiones de cobranza forman parte de los requisitos que éstas deben cumplir para efectos de proceder al cobro de la Garantía Estatal, según lo dispuesto en las respectivas Bases de Licitación.

Cumplidos los requisitos por las entidades financieras, éstas pueden solicitar a la Comisión Ingresa que certifique dicha circunstancia y remita el giro (formulario 34) para el cobro de la deuda.

En el caso que motiva el presente recurso de protección consta que, se remitió a la Tesorería General de la República el formulario 34 de cobro del crédito, registrando éste en la Cuenta Única Tributaria de los recurrentes, siendo esta la fecha de vencimiento de la obligación.

NORMATIVA APLICABLE Señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde a esta Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas del cumplimiento de decretos o resoluciones que ordenen pagar prestaciones pecuniarias.

En el caso de los recurrentes, los pagos por concepto de Sentencias pronunciadas por el Juez Laboral de Temuco, no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de los recurrentes y del Fisco.

Al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar las deudas de los recurrentes de que da cuenta los formularios 34, singularizados en el acápite IV, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, lo que consta en certificado de compensaciones que se acompañan en un otrosí y donde consta la suma compensada. Ahora bien, la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

De acuerdo al artículo 1.656 del Código Civil, la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

Refiere que en el caso que motiva el presente recurso de protección, se desprende que concurría el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3° no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, estimamos que éste requisito se cumple por cuanto a la data en que operó este modo de extinguir su deuda era plenamente exigible, el formulario 34 en cuestión estaba en Tesorería en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas reciprocas operó por el solo ministerio de la ley la compensación.

Precisa que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco.

Así se ha señalado: “ 9°) Que, por consiguiente, de todo lo expresado en los motivos precedentes se deduce que el órgano de la administración del Estado recurrido en estos autos, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario al haber efectuado la compensación administrativa que motivó la interposición del presente recurso, debido a que dicho acto administrativo realizado por el Servicio de Tesorerías obedece al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia y además, reunió las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil, puesto que tanto el recurrente (…) como la citada entidad, reunían la calidad de acreedor y deudor, recíprocamente; las deudas eran dinerarias, líquidas y actualmente exigibles, contando la autoridad administrativa con las facultades correspondientes para proceder del modo como lo hizo, lo que descarta cualquier arbitrariedad o ilegalidad en su proceder. En consecuencia, este recurso será rechazado.” Rol Corte 18.452-2020, Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 04-02-2021.- EN LO QUE RESPECTA A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EVENTUALMENTE TRANSGREDIDAS Indica que no ha existido vulneración al derecho de propiedad por cuanto no ha existido “un embargo de las remuneraciones” como lo señala en su recurso la recurrente, sino una orden de pago de una suma determinada, pago que se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no tenga deudas pendientes de pago.

Señala que es la propia ley la que regula de pleno derecho, el modo de extinguir las obligaciones que se configuró en el caso de marras, por lo que tampoco es posible distinguir alguna vulneración al derecho de igualdad ante la ley ni de vulneración a la integridad psíquica, dada la aplicación general de la ley, no constando ni acreditándose alguna excepción, respecto a los créditos que operaron recíprocamente en la compensación.

En cuanto a la vulneración del Derecho a la Igualdad ante la Ley no existe de ninguna forma, por el Servicio de Tesorerías ha procedido a compensar conforme a mandato legal, el cual es conocido por todos los habitantes de la República.

Estima que, de lo expuesto precedentemente, puede apreciarse claramente que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de los recurrentes, toda vez, que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Acompañada, los documentos que se detallan a continuación: 1.- Minuta 9242/2023, emitida por la Sección Operaciones de la Tesorería Regional de Temuco, el cual contiene detalle de las compensaciones efectuadas a los contribuyentes con sus respectivos certificados. 2.- Sentencia de fecha 19 de mayo de 2023, dictada por la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 134.274-2022, que se refiere a la facultad legal del Servicio de Tesorerías para compensar. 3.- Sentencia de fecha 14 de abril de 2023, dictada por la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 53.175-2022, que rechaza protección por compensación de crédito CAE sobre dineros que debía pagarse por resolución de la Subsecretaría de Justicia.

Se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Pudiendo ser interpuesto por cualquier persona, natural o jurídica, o un grupo de personas, que haya sufrido la perturbación o amenaza de sus derechos, ya sea directamente o por un tercero en representación de ellas.

SEGUNDO: Que los antecedentes dan cuenta que los recurrentes, interpusieron demanda de tutela laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y remuneraciones entre otros, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud-Subsecretaria de Salud, acogiéndose la demanda subsidiaria incoada por despido injustificado condenando a la demandada al pago de las prestaciones correspondientes.

En virtud de que la demandada no pagó las sumas condenadas a los actores, se derivaron las causas a cumplimiento para competencia de Cobranza Laboral del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Que el Fisco de Chile a través de Tesorería General de la Republica de la Araucanía no realizó el pago íntegro a los recurrentes de las prestaciones e indemnizaciones a las que fue vencido, indicando que se les iba a retener lo que se le debió pagar al registrar deudas por concepto de Crédito Universitario Aval del Estado “CAE”.

TERCERO: Que los recurridos reclaman que el actuar de Tesorería General de la República al retener el 100% de las remuneraciones y prestaciones laborales adeudadas, es ilegal, toda vez que los mecanismos de protección de remuneraciones son normas de Orden Público, que no miran solo al interés de la persona, sino especialmente, al beneficio que tales resguardos irrogan a la sociedad en su conjunto, todo lo cual vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad, contenidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política del a República Pidiendo en definitiva que se declare que la retención y compensación informada y percibida por la recurrida respecto a los actores ha sido ilegal y/o arbitraria, poniendo término a la vulneración de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, ordenando a la recurrida o a quien corresponda que se restituyan íntegramente y debidamente reajustadas las remuneraciones y cualquier otro concepto retenido o compensado por Tesorería General de la Republica correspondientes.

CUARTO: Que, a su turno, la recurrida, en primer término, alega la improcedencia del recurso por haber sido interpuesto en forma colectiva por los recurrentes por actos efectuados de forma individual por cada uno de hechos que no suponen “un solo acto” y, en consecuencia, la forma de proceder debió haber sido individualmente por cada recurrente.

Sostiene que no se cumplen los presupuestos exigidos para que opere la Litis Consorcio Activa, a saber: a) Se deduzca la misma acción. b) Acciones que emanen directa e indirectamente de un mismo hecho. c) Que se proceda por muchos o contra muchos en los casos que autoriza la ley.

QUINTO: Que en cuanto a lo alegado por los actores, respecto a que su actuar a vulnerado las garantías constitucionales N° 2 y 24 de artículo 19, la recurrida sostiene que claramente no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de los recurrentes, toda vez, que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Indica que no ha existido vulneración al derecho de propiedad por cuanto no ha existido “un embargo de las remuneraciones”, sino una orden de pago de una suma determinada, pago que se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no tenga deudas pendientes de pago.

Siendo la propia ley la que regula de pleno derecho, el modo de extinguir las obligaciones que se configuró en el caso de marras, dada la aplicación general de la ley, no constando ni acreditándose alguna excepción, respecto a los créditos que operaron recíprocamente en la compensación.

En cuanto a la vulneración del Derecho a la Igualdad ante la Ley no existe de ninguna forma, por el Servicio de Tesorerías ha procedido a compensar conforme a mandato legal, el cual es conocido por todos los habitantes de la República.

SEXTO: Que, como se ha planteado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 20.027, el dueño del crédito CAE es actualmente el Fisco de Chile y en tal circunstancia la retención efectuada por la recurrida a las prestaciones laborales de los recurrentes obedece a lo expuesto en el artículo 18 bis de la mencionada ley, en el sentido de que la Tesorería, en representación del Fisco, está facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, como ocurre en el presente caso.

Además, que de conformidad a lo expuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al artículo 1o del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde a esta Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas del cumplimiento de decretos o resoluciones que ordenen pagar prestaciones pecuniarias y, es por ello, que en el caso de autos el pago de las sumas únicas no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de los recurrentes y del Fisco, todo ello en virtud de que al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda de los recurrentes de que da cuenta el formulario 34, folio 175851 respecto de don nombre reservado, folio 148606 respecto de don nombre reservado, folio 50716 respecto de doña nombre reservado y folio 311430 respecto de doña nombre reservado, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado.

SEPTIMO: Que, atendido el mérito de los antecedentes que obran en autos y documentación acompañada por las partes, los que dan cuenta que los recurrentes detentan simultáneamente la calidad de deudor del Crédito con Aval del Estado, garantizado en conformidad a la Ley Nº 20.027 y, la calidad de beneficiarios de un pago que debía realizar la Tesorería Regional de la Araucanía, con motivo de una transacción celebrada con el Fisco de Chile, motivo por el cual la entidad recurrida procedió a efectuar la compensación de dicho monto, lo que ha operado por el ministerio de la Ley de acuerdo a los artículos 1656 y 1657, ambos del Código Civil.

OCTAVO: Que, en este orden de ideas, y sin que haya mediado sentencia judicial que declare la prescripción de la deuda o haya operado a su respecto algún modo de extinguir las obligaciones, se entiende que la deuda proveniente del crédito CAE se encuentra aún vigente, pudiendo ordenar la Tesorería General la retención efectuada a los recurrentes, como lo hizo, para efectos de obtener el pago del crédito a favor del Fisco de Chile.

NOVENO: Que, conforme lo anterior, se descarta el reproche de ilegalidad alegado por los actores, en atención a que respecto del pago de la transacción de que se trata, ha operado la compensación al tenor del artículo 1656 del Código Civil, de la deuda que mantiene los actores con el Estado de acuerdo a la Ley Nº 20.027; sin perjuicio que el Fisco de Chile se encuentra expresamente facultado para compensar pagos para imputarlos a las deudas contraídas con el Fisco, sin necesidad de resolución judicial previa y actuando de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1994, que fija el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.

DECIMO: Que, por consiguiente y en definitiva de todo lo expresado se deduce que el órgano de la administración del Estado recurrido en estos autos, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario al haber efectuado la compensación administrativa que motivó la interposición del presente recurso, debido a que dicho acto administrativo realizado por el Servicio de Tesorerías obedece al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia y además, reunió las exigencias contempladas en el artículo 1656 del Código Civil, puesto que tanto los recurrentes como la citada entidad, reunían la calidad de acreedor y deudor, recíprocamente; las deudas eran dinerarias, líquidas y actualmente exigibles, contando la autoridad administrativa con las facultades correspondientes para proceder del modo como lo hizo, lo que descarta cualquier arbitrariedad o ilegalidad en su proceder.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se resuelve que.

I.- Se desestima la alegación de improcedencia del recurso alegada por la recurrida.

II.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don JULIO ANDRÉS LANDAETA FONSECA, en favor de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° Protección-1486-2023.(jog)