nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don Alonso Basualto Arias, abogado, domiciliado en domicilio reservado, a favor de doña nombre reservado, doctor en ciencias de recursos naturales, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone nombre reservado en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., representada por su gerente general don nombre reservado, de quien ignoro profesión, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el hecho arbitrario e ilegal ocurrido en la Oficina Temuco, domicilio reservado, consistente en la negativa de la recurrida a recibir el pago de las cotizaciones previsionales y consecuencialmente negar las prestaciones correspondientes al estado de embarazo que presente, conculcándose su garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada se afilió a AFP Planvital S.A., con fecha 23 de febrero del año 2016, en calidad de trabajadora independiente, sin embargo, durante el periodo que comprende el mes de julio del año 2017, al mes de noviembre del mismo año, inclusive, la señora nombre reservado no abonó el monto por concepto de cotizaciones previsionales correspondientes en su cuenta de capitalización obligatoria, por lo que con fecha 28 de febrero de 2018, acudió a la sucursal de AFP Planvital S.A., ubicado en la ciudad de Temuco, donde la Jefa de dicha oficina, en forma verbal, se negó a aceptar el pago de las mismas, argumentando que por ley la Administradora de Fondos de Pensiones no lo debe aceptar en forma extemporánea el mismo.

Frente a ello, la recurrente sostiene que el acto sería ilegal y arbitrario por cuanto es una negativa injustificada a aceptar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas, por el periodo señalado lo que a su juicio, no se ajusta a derecho en atención a que los trabajadores independientes, antes del mes de enero del año 2018, tenían la opción de cotizar o no, en el sistema previsional consagrado por el Decreto Ley N° 3.500 del año 1980, mediante el pago de sus cotizaciones previsionales. Agrega que, al momento de afiliarse, suscribió un contrato con AFP Planvital S.A., en virtud del cual la trabajadora independiente se obligó a pagar mensualmente sus cotizaciones previsionales, por lo que, la negación a aceptar el pago, como modo de extinguir la obligación previsional, importaría una decisión contraria al sentido y alcance de los modos de extinguir las obligaciones, en particular, el pago como modo de extinguir las obligaciones, consagrado entre los párrafos 1° y 10° del Título XIV del Libro IV del Código Civil.

Argumenta que todas las obligaciones del sistema legal chileno, de cualquier origen, naturaleza y efectos que sean, pueden y deben ser pagadas en la forma y condiciones correspondientes a su vencimiento y en caso de incumplimiento, de igual, modo, en la forma prevista para ese evento, generalmente con intereses, reajustes, multas, y mediante apremios patrimoniales y personales, pero en caso alguno se puede pretender que quien no ha pagado una obligación previsional como trabajador independiente, vencida que sea no solo no pueda pagarla sino que, además, la acreedora tenga prohibición legal de recibir el pago.

Expresa que el que no exista norma especial de cobranza de estas cotizaciones previsionales, como ocurre con las de los trabajadores dependientes y otras categorías de trabajadores, conforme a la Ley N°17.322, no significa que no puedan pagarse vencido que sea su plazo y no implica que no se puedan cobrar conforme a las reglas generales de las obligaciones dar, en mora, por cuanto la ley obliga a la AFP a cobrarlas conforme lo dispone el art. 19 D. L. N°3.500.

Sostiene que, esa situación le habría generado un perjuicio patrimonial y previsional, debido a que su representada, desde el mes de enero de 2018, se encuentra embarazada, por lo tanto, no tendría derecho a acceder, o hacerlo por una cuantía menor, a los subsidios y beneficios que nuestro ordenamiento jurídico consagra a favor de la maternidad, en los arts. 195 y 197 bis del Código del Trabajo y D.F.L N°44. M. del Trabajo de 24.07.1998.

Por lo anterior estima como garantía constitucional infringida, el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, porque importa establecer una diferencia arbitraria o una discriminación, dado que en igualdad de condiciones con otras personas trabajadoras, en su misma condición, de independiente, afiliada a un órgano legal de administración del sistemas previsional y de sus derechos previsionales, se encuentra no obstante ello excluida, privada del pleno ejercicio de sus derechos por una decisión arbitraria e ilegal de su administradora de fondos de pensiones..

Pide, se acoja su acción y que en definitiva se deje sin efecto la orden verbal de la AFP Planvital, Oficina Temuco, de 28 de febrero de 2018, impugnada y que deberá recibir en el acto o dentro de tercero día el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas por la afiliada nombre reservado, de julio a noviembre de 2017, con los recargos que corresponda, debiendo además proceder al cumplimiento de las prestaciones, beneficios y subsidios que le corresponden por su estado de embarazo, con costas.

A folio 5-2018 la recurrida evacuó el informe pidiendo el rechazo del recurso.

Indica que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden recibir pagos de cotizaciones morosas de los afiliados independientes de conformidad a lo dispuesto en los artículos 92, 92 F y 92 G del D.L 3.500, por cuanto los únicos pagos retroactivos que se pueden recibir, son los que se determinen por el Servicio de Impuestos Internos en base a la declaración de impuestos que hacen las personas que optan por retener de sus impuestos sus cotizaciones previsionales. Agrega que el Reglamento del D.L. 3500 en sus artículos 11 y 11 A, establecen una prohibición expresa a las Administradoras de Fondos de Pensiones de no recibir las cotizaciones que no fueron enteradas hasta el último día del mes calendario siguiente a aquél en que se devengaron las rentas del afiliado independiente.

Agrega que la Ley N° 18.418 acerca del financiamiento de los subsidios de reposo maternal, en su artículo 2° dispone, que tratándose de trabajadoras independientes deberán: a) Contar con una licencia médica autorizada; b) Tener doce meses de afiliación previsional anteriores al mes en el que se inicia la licencia; c) Haber enterado al menos seis meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro del período de doce meses de afiliación previsional anterior al mes en que se inició la licencia, y d) Estar al día en el pago de las cotizaciones. Se considerará al día la trabajadora independiente que hubiere pagado la cotización correspondiente al mes anterior a aquel en que se comience a gozar de la licencia.” Por lo que concluye que si la trabajadora independiente no cumple con los requisitos que se establecen, mal podría acceder al pago del referido subsidio, situación que en caso alguno puede atribuirse a un acto ilegal o arbitrario por parte de su representada.

De lo expuesto, concluye que no ha efectuado ningún acto ilegal ni arbitrario, sino que al negarse a recibir el pago solo se ha limitado a cumplir con de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.500 del año 1980 y su Reglamento, en particular, a lo dispuesto en los artículos 11° y 11 A de este último.

Del mismo modo afirma no haber vulnerado la garantía constitucional invocada, sino que muy por el contrario, sería la recurrente quien pretende se le otorgue un trato especial y no igualitario al de todos los trabajadores independientes, al exigir que su representada no obedezca una prohibición que le fija su marco normativo.

Acompaña a su informe Certificado afiliación y Certificado cotizaciones previsionales de 18 de abril del año 2018, por el cual se indican las cotizaciones efectuadas por la recurrente entre el periodo 02/2016 al 04/2018.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual, prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, la recurrente atribuye, un acto ilegal y arbitrario al consistente en la negativa de la recurrida a recibir el pago de las cotizaciones previsionales y consecuencialmente negar las prestaciones correspondientes al estado de embarazo que presente, conculcándose su garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que no resulta ser un hecho controvertido que la recurrida con fecha 28 de febrero de 2018 se negó a recibir el pago de las cotizaciones previsionales del periodo julio a noviembre de 2017 de la trabajadora independiente que recurre de protección.

CUARTO: Que a fin de determinar si ha existido un acto ilegal y arbitrario, cabe hacer presente la normativa que rige el actuar de la recurrida, al efecto, el Decreto Supremo N° 57 de 1991 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, sobre Reglamento del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, en sus artículos 11 y 11 A establece: “ Artículo 11: Los trabajadores independientes no obligados a cotizar, esto es, aquellos a que se refiere el inciso tercero del artículo 90 de la ley, deberán enterar las cotizaciones correspondientes a las rentas imponibles que mensualmente declaren, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual correspondan dichas rentas. Este plazo se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo, en el caso que la declaración y el pago de cotizaciones sea realizada por el trabajador a través de un medio electrónico. Con todo, las cotizaciones que no fueren enteradas dentro de dichos plazos por estos trabajadores independientes, podrán efectuarse hasta el último día del mes calendario siguiente a aquél en que se devengaron dichas rentas. Queda prohibido a las administradoras recibir las cotizaciones de tales afiliados independientes que no fueren enteradas dentro de los plazos señalados en el inciso anterior”.

Artículo 11 A. “Los trabajadores independientes obligados a cotizar, esto es, aquellos que obtienen rentas de las señaladas en el inciso primero del artículo 90 de la ley, podrán efectuar pagos provisionales mensuales, los que se pagarán en los mismos plazos y condiciones establecidos en el artículo anterior”.

QUINTO: Que lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto Supremo 57 de 1991 del Ministerio del Trabajo resulta ser un ejercicio de la potestad reglamentaria contrario a la ley y a la Constitución, por cuanto impedir al afiliado independiente enterar fuera de plazo sus cotizaciones, con lo que establece una desigualdad frente al trabajador dependiente, lo que al no tener justificación racional, se torna en discriminatoria vulnerando el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que asimismo resulta ilegal porque el decreto referido pretende reglamentar al Decreto Ley 3.500 que permite en forma expresa la cotización de los trabajadores independientes; y no sólo lo permite sino que la establece como obligatoria tanto en el artículo 89 como en el 92 letra h) que se remite al artículo 19 incisos décimo a vigésimo primero del mismo Decreto Ley, todos los cuales se refieren a los reajustes e intereses y al cobro forzado de las cotizaciones adeudadas. Es decir, la ley no solo permite sino que obliga a enterar dichas cotizaciones mientras que el reglamento pretende impedir que el afiliado independiente las pague.

SÉPTIMO: Que en tales circunstancias la norma inferior no puede regir, por lo que el acto de la recurrida resulta ilegal, lo que obliga a acoger el recurso, aunque sin condenarla en costas por la aparente regularidad que prestaba a su acción el inciso 2° del artículo 11 del Decreto 57 ya referido, que esta Corte no aplica por entenderlo ilegal e inconstitucional Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el deducido por don Alonso Basualto Arias, abogado, a favor de doña nombre reservado en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A, y en consecuencia, se ordena a la recurrida recibir el pago de la cotización previsional adeudada con sus intereses y reajustes.

Regístrese, notifíquese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1484-2018.