Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Al folio N° 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado , actuando por sí y en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de La Araucanía, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. (AFP Habitat S.A.), representada por don nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

La parte recurrente funda su pretensión en la actuación que califica de ilegal y arbitraria cometida por la recurrida, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros presentada al amparo de la Ley N° 18.156, decisión que le fue notificada mediante correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2026.

Expone los antecedentes fácticos y de derecho de su acción, indicando que es titular del título profesional de Técnico Superior Universitario en Ciencias Audiovisuales y Fotografía, otorgado por el Instituto Universitario Rodolfo Loero Arismendi de Venezuela, el cual se encuentra debidamente apostillado. Agrega que suscribió un contrato individual de trabajo y su respectivo anexo con la empresa Banco de Crédito e Inversiones, en los cuales pactó la exención previsional y la manifestación expresa de mantener la afiliación a un régimen de seguridad social de su país de origen. Sostiene que solicitó a través del portal institucional de AFP Habitat S.A. el retiro de sus cotizaciones previsionales en conformidad con los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, acompañando para dicho efecto la siguiente documentación: Contrato de trabajo y anexo suscritos con el empleador Banco de Crédito e Inversiones, el Título profesional debidamente apostillado, el Certificado electrónico que da cuenta de su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) y una declaración jurada autorizada ante Notario Público. Pese a lo anterior, la administradora recurrida rechazó su solicitud con fecha 31 de marzo de 2026 (solicitud RTE N° 61410811/2025), aduciendo que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el I.V.S.S. carecía de firma autorizada y de la respectiva apostilla o legalización, conforme a lo exigido en el artículo 345 N° 3 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

Arguye que la exigencia impuesta por la recurrida resulta antojadiza, caprichosa e ilegal, desatendiendo el fin protegido por la Ley N° 18.156. Al efecto, esgrime la existencia de un hecho público y notorio configurativo de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil, traducido en la imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular de la declaración jurada de afiliación previsional debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre el Estado de Chile y la República Bolivariana de Venezuela y la consiguiente ausencia de representación consular de dicho país. En tal sentido, aduce que el certificado electrónico del I.V.S.S. provisto de código de verificación, junto a la declaración jurada efectuada ante notario en Chile, constituyen antecedentes fehacientes y suficientes para dar por acreditada la cobertura en el extranjero. Fundamenta que dicho actuar conculca las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 de la igualdad ante la ley y N° 24 del derecho de propiedad, ambos de la Constitución Política de la República, solicitando concretamente que esta Iltma. Corte acoja el recurso, deje sin efecto el rechazo dispuesto por la recurrida y ordene reconocer como válida la documentación acompañada, disponiendo que se emita un nuevo pronunciamiento acogiendo la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Al folio N° 5, comparece la abogada Jimena Holtheuer Vergara, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., quien solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Sostiene la improcedencia de la vía cautelar por falta de derecho indubitado, indicando que no constituye una instancia declarativa de derechos, sino de cautela urgente de garantías indubitadas. Afirma que la recurrente pretende ejercer un beneficio de carácter excepcional cuyos presupuestos legales no ha acreditado dar cumplimiento de forma objetiva, careciendo de un derecho indubitado que requiera amparo constitucional.

Recalca el incumplimiento de las exigencias contempladas en la Ley N° 18.156 y normativa previsional. Expone que conforme a la Ley N° 18.156 y los Oficios Ordinarios N° 24.472 de 2015 y N° 12.954 de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, la exención y devolución de cotizaciones constituye un régimen excepcional y de interpretación restrictiva. Para su procedencia resulta imperativo que se certifique debidamente la afiliación y cobertura previsional en el extranjero para todo el período laborado en Chile por la propia entidad emisora, debiendo presentarse tales instrumentos debidamente apostillados o legalizados en conformidad al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil o el Convenio de la Apostilla.

Sostiene que la constancia electrónica del I.V.S.S. acompañada por la recurrente de fecha 31 de enero de 2026 carece de firma autorizada y de la respectiva apostilla. Precisa que el código de verificación digital no suple la autenticación legal ni convalida un instrumento extranjero, e indica que las declaraciones juradas unilaterales prestadas por la propia interesada ante notario en Chile no son aptas para sustituir las certificaciones que debe expedir el organismo previsional competente.

Destaca que la actuación de la administradora se ha ceñido estrictamente al principio de legalidad y a las directrices fiscalizadoras del órgano regulador, habiéndose fundado el rechazo en el Informe Legal Fiscalía F.D.E. N° 290/2026 de fecha 25 de marzo de 2026, el cual fue debidamente informado a la afiliada el 31 de marzo del mismo año, sin que exista en consecuencia un acto ilegal ni arbitrario que vulnere las garantías invocadas, por lo que pide, su rechazo.

Al folio N° 7, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección ha sido instituida con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una vía de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

TERCERO: Que conforme con las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco se puede reprochar arbitrariedad a la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que la recurrente debía cumplir al efecto, según se ha reseñado. Es de carga de la actora acreditar a través de la documentación requerida en la forma exigida en la ley, el cumplimiento de los presupuestos señalados en la norma transcrita en el motivo anterior. Así ha sido resuelto recientemente por esta Corte de Apelaciones en fallos sobre Protección Rol 4198-2025; 3801-2025; 4217-2025, todos los cuales han sido confirmados por la Excma. Corte Suprema.

CUARTO: Que las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en lo principal del folio N° 1 por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., todos ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Álvaro Mesa Latorre.

Rol N° Protección-1474-2026.(jog)