Protección contra CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veinte de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, comparece Carolina Paola Olave Espinoza, abogada, con domicilio en domicilio reservado, en nombre y representación de doña nombre reservado, ex funcionaria de Carabineros de Chile, domiciliada en domicilio reservado de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de CARABINEROS DE CHILE, representada por su General Director nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y en contra del Coronel nombre reservado, Prefecto de Carabineros de Chile, Plana Mayor de la ciudad de Temuco.

Funda su recurso en que el día 12 de abril del año en curso, su representada concurre a la tienda Ripley ubicada en el Mall Portal Temuco, de domicilio reservado, a comprar regalos. Luego, decide revisar en la sección de ofertas de la tienda (primer piso, sección mujer) momento en que decide comprar una chaqueta y un polerón por el precio que figuraba en la etiqueta. Se dirige a la caja de autoservicio del departamento de mujer, paga con ayuda de personal de la tienda con su tarjeta de crédito, le retiran los sensores de las prendas y le entregan las boletas respectivas, tanto de las prendas como de la bolsa. La mujer a cargo de la caja de autoservicio le entrega la bolsa y luego ayuda a guardarlas. Acto seguido, concurre al sector de perfumería y al sector de telefonía del segundo piso y poco antes de abandonar la tienda la detiene abruptamente una persona que le pide la boleta.

En ese momento, ella manifiesta que están cometiendo un error, que pagó sus productos y que necesitaba exhibir sus boletas, que si era necesario la acompañen a ver el estado de cuenta, solicitando además que le permitan llamar a su padre para que le lleve sus lentes, en atención a que presenta una condición médica ocular que le impide ver con claridad. Se acerca otra persona vestida de blanco que le pide que la acompañe, manifestándole “que no haga show, todas las chiches dicen lo mismo”, y le ofrece acompañarla a ver el estado de cuenta. Ella accede, pero engañada y retenida, la llevan al calabozo que dispone la tienda para los detenidos. Al ingresarla, las personas presentes comentan que es “otra chinche artículo 10” (jerga utilizada para detenidos con problemas mentales) momento en que le piden sus documentos, las boletas y su teléfono, pero su representada, quien hasta el minuto no manifiesta que es funcionaria de Carabineros, no accede a entregar sus especies personales e insiste que necesita sus lentes y llamar a su padre (que había abandonado la tienda hace pocos minutos para que la asista)

Expresa que minutos más tarde, llega un suboficial de Carabineros a quien se dirige inmediatamente (sin decirle que ella también era funcionaria) para manifestarle que estaban cometiendo un error, indicando que deben ver el estado de movimiento de su tarjeta y las boletas que mantenían los guardias de seguridad para corroborar su inocencia, confiando en el criterio de su colega funcionario Policial, manifestando además que no se siente bien, que ella depende de medicamentos y de lentes y que los necesita para aclarar la situación ocurrida. El funcionario Policial le indica que los guardias solicitan su tarjeta de crédito para devolver el dinero. Cuestión que a su representada le pareció del todo extraña, porque si la estaban culpando de hurto y de loca, era imposible que le quisieran devolver algo y que no entregaría sus cosas bajo esas circunstancias. En ese instante, la esposan y se la llevan detenida en el vehículo policial.

Que, Carabineros, al momento de dar aviso del procedimiento a la Central de comunicaciones, informan inmediatamente que se trataba de una funcionaria. Los Carabineros asustados detienen el vehículo y le preguntan por qué no lo dijo antes, momento en que su representada manifiesta que ella es la funcionaria a cargo de los procedimientos que ellos estaban realizando en ese momento y que desde el primer instante estaban cometiendo irregularidades, comenzando por falsear el parte policial, porque ella jamás ofrece dinero a los guardias de seguridad por su libertad, y que los hechos no ocurrieron de la manera que ellos lo consignaron, por eso prefirió dejar que hicieran su trabajo (aunque fuera errado) pero que esto se solucionaría.

Al llegar a dependencias de la 8va Comisaría, logra comunicarse con el Coronel nombre reservado, a quién le intenta explicar la situación pese a la descompensación anímica de ese momento, quién le indica que el Mayor nombre reservado concurriría a la tienda a verificar lo ocurrido. No obstante, con el pasar de los días, mediante información proporcionada por sus ex colegas, se entera que concurre la SIP de Carabineros a la tienda, pero que no concluyen nada del hecho y que el jefe de seguridad de Ripley Temuco, es ex funcionario policial, quien se comunica con personal de Carabineros, para manifestar que ellos “arreglarían la situación” e instarían a que los guardias corroboren los hechos, negando con ello desde el primer momento el derecho a defensa que le asiste y el respaldo de su institución a la que por tantos años ha servicio como funcionaria destacada, en lista 1.

Horas más tarde, en dependencias de la 8va. Comisaría de Temuco, en primera instancia le señalan que sólo sería apercibida, pero más tarde, por orden del Mayor Carrasco, la ingresan a los calabozos, y le piden inmediatamente firmar la baja. La dejan completamente incomunicada y con prohibición absoluta de recibir visitas, incluso de sus propios colegas de Trabajo de la 2da Comisaría, quienes concurren al lugar preocupados por su estado de salud, a quienes se les manifiesta que se encontraba incomunicada.

Cabe destacar que su representada desarrollaba labores en la 2da. Comisaría de Carabineros de esta ciudad, desde el año 2010 hasta la fecha de su baja, efectuando labores de orden y seguridad tanto en el servicio de población y servicio de guardia denuncia como guardia detenido, en donde en esa misma Unidad fue ascendiendo a sus grados superiores y actualmente como Sargento 2do., manteniendo en lista 1, siendo reconocida por procedimientos adoptados recibiendo diplomas y felicitaciones en su hoja de vida, obteniendo a su vez nota de mérito en los exámenes que la Institución solicita. En el año 2020, por un comunicado de Cenco Cautín es enviada conjuntamente con su patrulla a un procedimiento donde es agredida con un elemento contundente, resultando lesionada y diagnosticada con contusión craneana y derivada al neurólogo, luego en abril de ese mismo año, su madre fallece de un paro cardiaco. Por estos hechos, la institución la deriva a especialistas para tratar una depresión severa que mantiene hasta el día de hoy. (Diagnóstico glaucoma crónico por cierre angular y depresión por stress post traumático).

Indica que el día de los hechos, se omitieron antecedentes importantes, dentro de los cuales se destacan que se emitieron boletas por el supuesto hurto, a las 14:36 horas y de la bolsa de compra a las 14.38 horas, que las boletas fueron emitidas, pero en la tienda al momento de llegar personal de Carabineros, las pierden, al parecer intencionalmente; que le bloquean su cuenta Ripley y hacen desaparecer los movimientos de su tarjeta de crédito (movimientos efectuados unilateralmente por RIPLEY). No obstante, ella toma los resguardos previos y realiza captura de pantalla de los movimientos que registra su tarjeta, las envía de respaldo a dos personas de confianza; en esa captura de pantalla aparecen compras por $104.980, $250, $11.980 y $8544, todos con fecha 12 de abril de 2022, (cupo utilizado $137.647, cupo disponible $4.863.177) que, al día de hoy, desaparecieron sin registro.

No obstante lo anterior, en el parte policial que se acompaña a la audiencia de Control de la detención del día 13 de abril de 2022, se indica que ella saca las alarmas y que lo único que pagó fue la bolsa de compra y al momento de salir de la tienda suenan los sensores, situación que no es efectiva. Indican que ella reconoce el ilícito, ofreciendo dinero para salvar la situación, utilizando el parte policial “tipo” de todas las detenciones efectuadas en estos procedimientos.

Que, con fecha 13 de abril de 2022, a las 12:28 horas, se le notifica la resolución Exenta Nº669 de 12 de abril de 2022 que dispone la baja de las filas de la institución, por conducta mala y con efectos inmediatos.

Paralelamente se dispone iniciar proceso administrativo conforme a la regulación vigente, el que, en caso de corroborar la existencia de la mala conducta, deja firme la decisión de la autoridad recurrida; en caso contrario, pudiere ser dejada son efecto. Dada la dinámica de los hechos, la premura con la que se adoptó la decisión recurrida, dejó a esta parte en indefensión, por cuanto el plazo de cinco días para evacuar descargos expiró el 19 de abril del año en curso. Antecedentes que deben ser considerados para los efectos de que esta Iltma. Corte adopte las medidas que correspondan según se dirá.

Manifiesta que dicha decisión constituye un acto arbitrario e ilegal, por cuanto toda persona tiene derecho a un procedimiento racional y justo, debiendo arbitrarse para ello todas las medidas tendientes a materializarlo. En la especie, productos de los hechos referidos precedentemente, se ha iniciado un procedimiento administrativo que debe respetar y sujetarse a los requerimientos mínimos del debido proceso, teniendo su representada, derecho a ser tratada como inocente, en todo momento. Pero adicionalmente, derecho a un tribunal independiente e imparcial, derecho a defensa, derecho a un debido procedimiento y a una sentencia debidamente motivada.

Asimismo, la decisión adoptada por Carabineros constituye una sanción de efectos perjudiciales que debe someterse a un control de legalidad y proporcionalidad. En este sentido, es el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nº8, una norma infralegal (cuyo texto actualizado se encuentra establecido por el DS. Nº326, de 22.5.1997 y Nº421, de 27.6.1997, ambos del Ministerio de Defensa Nacional) la que faculta a adoptar la baja por mala conducta con efectos inmediatos, por ende, se trata de una medida que no puede considerarse en ningún caso legal, pues, no se contiene en la ley ni en ninguna norma jurídica de jerarquía legal, lo que deviene en una actuación contraria a derecho o ilegal. Ese vicio insalvable, no puede sanearse estimando que el reglamento derive justamente de la ley o que éste la complemente, ya que ello, desde el punto de vista del control de legalidad corresponde a ley penal en blanco. 16.- Adicionalmente, carece de proporcionalidad, por cuanto las consecuencias para la carrera de su representada son perjudiciales, pues, en primer término, concluye su carrera funcionaria y lo hace en forma inmediata, sin esperar el resultado del procedimiento penal incoado con ocasión de la ocurrencia de los hechos referidos.

Que, si bien la decisión que se impugna no es propiamente la resolución final, el silencio de la autoridad ante los mecanismos de impugnación de la resolución que motiva estos autos, debe tener el contenido que le exige y le impone el artículo 41 de la aludida ley que ordena, «las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno". Por lo señalado anteriormente, el acto recurrido es ilegal, puesto que es contrario a los artículos 3 y 41 de la ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos, al tratarse de un acto administrativo infundado desde el punto de vista jurídico por cuanto, no se expresan las razones por las cuales se aplica la sanción de baja por mala conducta con efectos inmediatos. No se explicitan motivos concretos, ni los fundamentos por los cuales se aplica la sanción más gravosa y no una más benévola, como, asimismo, porqué se aplica la baja con efectos inmediatos, máxime si el establecimiento de la verdad judicial de los hechos que motivan la baja, se encuentran en proceso de investigación. Así, si la imposición de la baja ya es excepcional, que ésta opere con efectos inmediatos, es excepcionalísima, debiendo constar en la decisión respectiva todos los antecedentes y fundamentos por los cuales se opta por su aplicación.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, por cuanto desde el trato dado a su representada que conculca la garantía enunciada y, además, porque la decisión adoptada por la autoridad de Carabineros carece de fundamentación, la que resulta exigible a toda autoridad al momento de adoptar una sanción como la que se cuestiona en esta parte. En el primer aspecto, conforme a lo expresado existe una evidente vulneración a la igualdad ante la ley en contra de quien represento, al ponerla en una situación desigual en desmedro de otras circunstancias extraordinariamente más graves. Al respecto, cabe indicar que isonomía justa, es decir, no discriminación, “…se trata lisa y llanamente, de que, desde el punto de vista de la psicología social, no haya ninguna distinción entre las diferentes personas y grupos (…)”. Así las cosas, “…no se podrá autorizar ninguna discriminación arbitraria, se está prohibiendo tratar en forma diferente situaciones idénticas o tratar en la misma forma situaciones diferentes, porque se trata, precisamente, de la discriminación arbitraria”. En el segundo aspecto, la falta de fundamentación de la decisión vulnera igualmente la garantía indicada. En efecto, como indica el profesor nombre reservado “…el acto administrativo que nace sin motivo alguno que lo justifique, es simplemente arbitrario; en tal evento la voluntad administrativa está viciada y da paso a una eventual declaración de nulidad, y aún más, es posible que existan motivos, pero estos pueden ser abusivos o ilegítimos”. Es decir, la única vía de control a fin de evitar la arbitrariedad y por ende un trato desigual es el respeto irrestricto a esta garantía y al deber de motivar o fundar las resoluciones judiciales y las decisiones de todo tipo, especialmente las administrativas en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio, como ocurre en la especie.

En segundo término, sostiene que se ha conculcado la prohibición de ser juzgados por comisiones especiales y el derecho a un debido proceso. En efecto, De los antecedentes allegados se desprende una conclusión que es ineludible: aquí no solo ha habido una infracción flagrante al derecho al juez natural, vulnerándose la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, por cuanto, el recurrido, por sí y ante sí, juzgó y ponderó la conducta de su representada, condenándola prácticamente conforme al estándar que requiere el artículo 340 del Código procesal Penal para arribar a la convicción más allá de toda duda razonable, adoptando una decisión sumamente gravosa y lesiva para su representada. Adicionalmente, el acto recurrido no respeta las garantías de un procedimiento administrativo que debió haber sido racional y justo que, dicho sea de paso, ha transformado su actuar en arbitrario e ilegal contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°18.575. Como se indicó en la exposición de hechos, se adoptó la decisión impugnada, ipso facto, es decir, de forma inmediata, la decisión que equivale a la sentencia (destitución o baja de la institución) y paralelamente se ordena la apertura de un procedimiento administrativo, tendiente a confirmar la decisión ya tomada. Ese proceder, además de ser improcedente e infundado, impidió que su representada pudiere formular descargos ya que los 5 días concedidos fueron dados con fecha 12 de abril el mismo día en que se dispuso la baja por lo que, aun cuando no se disponga dejar sin efecto el acto reclamado, procede, retrotraer el proceso al estado de formulación de descargos a fin de ejercer adecuadamente el derecho a defensa que le asiste a su representada. No sólo por la dinámica relatada, o la carencia de fundamentación, sino porque la recurrida, en definitiva, en una audiencia de sentencia decide condenar y sancionar a su representada, saltándose todos los momentos de cognición de un asunto determinado, fallándolo sin sujetarse a regla alguna. Por ello estimamos, se conculca esta garantía, que debe entenderse en bloque con el inciso 4° del artículo 19 N°3 del Código Político.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso declarando arbitraria e ilegal la resolución recurrida Resolución Exenta Nº669 de 12 de abril de 2022, dejando sin efecto la baja por mala conducta con efectos inmediatos, ordenando su reincorporación a la institución, con el pago de todos los estipendios y beneficios que correspondan desde la baja decretada hasta la efectiva reincorporación o, en su caso, dejar sin efecto el procedimiento administrativo sancionatorio incoado en contra de su representada, dejándolo en el estado de formular los respectivos descargos, sin perjuicio de las medidas que SS., Ilustrísima estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso: Constancia de notificación de fecha 13 de abril de 2022, que contiene la resolución Exenta Nº669, de fecha 12 de abril de 2022, que dispone baja por conducta mala, con efectos inmediatos.

A folio 20, comparece MARTÍN GUIDO ZÚÑIGA HERMOSILLA, abogado, en representación de ambas partes recurridas, quien evacúa informe.

Expresa que el día 12 de abril de 2022 se gestó un procedimiento que revistió caracteres de hurto en la tienda comercial Ripley, ubicada el Mall Portal Temuco.

Al arribar el personal policial, los guardias de seguridad narraron lo sucedido y se comprobaron sus versiones con el apoyo del registro visual de cámaras de seguridad.

Con dichos antecedentes, se procedió a la detención por flagrancia de la recurrente, constando la totalidad de actuaciones y diligencias en el Parte Policial Nº 1913, de fecha 12.04.2022, que acompaña en otrosí de la presentación.

Posteriormente, el día 13.04.2022, se celebró en el Juzgado de Garantía de Temuco la audiencia de control de detención (causa RIT O-1887-2022, RUC 2200353681-9), en donde el juez competente declaró legal la misma.

Por lo expuesto, categóricamente las partes recurridas descartan la existencia de irregularidades en el procedimiento, ajustándose este a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Así las cosas, cualquier argumento que quiera elevar la recurrente para desvirtuar esta circunstancia deberá ser evaluado y ponderado en sede penal, a través de un juicio de lato conocimiento y no mediante un Recurso de Protección, puesto que dicha acción constitucional se caracteriza por ser de rápida tramitación y no es, para ambas partes recurridas, la instancia adecuada para estos fines.

En segundo lugar, indica que en cuanto a la Resolución Exenta Nº 669, de fecha 12.04.2022, de la Prefectura Cautín Nº 22, ambas partes recurridas vienen en categóricamente señalar que cumple con el estándar exigido por la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente.

En primer lugar, dicho acto administrativo constituye una medida administrativa reversible, toda vez que está sujeta siempre al resultado final del Sumario Administrativo que obligatoriamente se debe instruir para esclarecer la totalidad de los hechos que engloban las circunstancias del caso.

En segundo lugar, la Resolución Exenta singularizada fue dictada por el señor Prefecto de la Repartición, quien es precisamente el jefe que ordenó la instrucción del Sumario Administrativo Nº 16716/2022/1, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 127, Nº 4, inciso quinto, del Reglamento Nº 8 de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros de Chile, en concordancia con el Reglamento de Sumarios Nº 15, por lo que no es una comisión especial como alega la recurrente, sino que está expresamente facultado por norma expresa, actualmente vigente y vinculante para Carabineros de Chile.

En tercer lugar, la Resolución Exenta Nº 669, de fecha 12.04.2022 está fundada, pues no solo contiene la narración de los hechos, sino la ponderación de su gravedad y el fundamento de por qué mantener a la recurrente dentro de las filas de la Institución se tornó inconveniente. En efecto, su considerando Nº 4 cuenta con la norma invocada para la aplicación de la medida, el carácter de gravedad de los hechos y la inconveniencia de la recurrente en las filas por indicios serios de su participación en un hecho que reviste caracteres de delito.

En cuarto lugar, la medida administrativa de bajas de las filas de la institución notificada a la recurrente no significa que el proceso se aceleró y perdió o se omitieron sus instancias de defensa, sino que todas ellas deberán esgrimirse en el Sumario Administrativo instruido al efecto.

Actualmente, el proceso se encuentra con diligencias pendientes, por lo que la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Cautín aún no ha evacuado su Vista Fiscal, es decir, el documento que informa el resultado de sus investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y sus conclusiones sobre la materia. Así las cosas, aún no inician los plazos para que pueda defenderse, ni mucho menos ha perdido las instancias recursivas al efecto, teniendo incluso derecho para apelar una eventual sanción al General Director de Carabineros.

Este último punto es de gran relevancia, toda vez que el Prefecto de la Prefectura Cautín Nº 22, así como el General Director de Carabineros de Chile, son a la vez partes recurridas en esta causa e instancias en el Sumario Administrativo, por lo que este informe no pretende de forma alguna constituir prejuzgamiento que los inhabilite para cumplir su misión reglamentaria, sino meramente explicar los hechos acecidos e invocar la normativa que justifica el actuar institucional.

Finalmente, se transcriben unos considerandos del fallo de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 15.09.2021 (causa Rol 66.059-2021), motivada por un Recurso de Apelación en la causa de Protección Rol 7059-2021, de la I. Corte de Apelaciones de Temuco; revocando la sentencia de primera instancia y en su lugar se rechazó la acción constitucional bajo los siguientes fundamentos:

“Segundo: Que, corresponde resolver si la baja con efectos inmediatos, pero condicionados al resultado final del sumario pertinente y el consiguiente cese en el pago de remuneraciones, constituye una medida ilegal o arbitraria que, en la afirmativa, vulnera derechos constitucionales de los recurrentes susceptibles de resguardo por esta vía.

(...)

Cuarto: Que, de esta forma, la autoridad recurrida está jurídicamente habilitada para adoptar la decisión que motiva el recurso, y la misma, según se lee de su texto, aparece suficientemente fundada en los términos requeridos por dicha norma.

Quinto: Que, en ese sentido, la desvinculación dispuesta antes de concluir el sumario administrativo ordenado instruir no constituye una separación ilegítima por no estar precedida de un procedimiento administrativo cabalmente tramitado.

Se trata, en lugar de ello, de una facultad especial y, aunque ciertamente inusual en el ámbito del poder público, explicable por la importancia que la buena conducta de los integrantes de la Institución reviste, en relación con la naturaleza y objetivo de sus funciones.

Es relevante reparar en que la mencionada separación no tiene carácter de irreversible, pues queda supeditada, como el mismo artículo 127 citado lo dispone, al resultado final del sumario administrativo que se tramite.

Así, no existe contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la Institución se produce, entre otras causales, “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo”, puesto que la eliminación de los funcionarios se producirá, de forma definitiva, concluido que sea el sumario administrativo que ha de seguirse.

Tampoco se advierte una privación de derechos constitucionales de orden procesal, pues la desvinculación de que se trata no perjudica las herramientas de defensa de que puedan valerse los recurrentes en el proceso sumarial que se seguirá contra ellos.

(...)

Octavo: Que, por consiguiente, la recurrida ha procedido sin apartarse de la legalidad y de un modo justificado, por lo que no se verifican en la especie los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección, lo que conduce al rechazo del interpuesto, tal como viene resuelto.”

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Copia simple de las calificaciones de la recurrente, de los años 2021, 2020, 2019 y 2018, junto al certificado de incineración de las restantes, en concordancia con el artículo 37, 40 y 58 del Reglamento de Documentación de Carabineros de Chile Nº 22; 2. Copia simple de la Hoja de Vida de la recurrente, desde su ingreso a la institución (año 2007) hasta su baja (2022), junto con la totalidad de puntajes de calificación y otros antecedentes; 3. Copia simple de antecedentes médicos de la recurrente, tanto días de licencias durante su carrera institucional y registro de prestación de servicios médicos del Centro Médico Dental Temuco, dependiente de la IX Zona Araucanía; 4. Copia simple del Parte Policial Nº 1913, de fecha 12.04.2022, de la 2da. Comisaría Temuco, dirigida a la Fiscalía Local de la misma ciudad; 5. Acta de Audiencia de control de la detención y requerimiento en procedimiento simplificado, de fecha 13.04.2022, celebrada en la causa RIT O-1887-2022, RUC 2200353681-9, en donde el juez competente declaró legal la detención de la imputada.

Se trajeron los autos en relación y la vista de la causa tuvo lugar el día diecisiete de enero en curso, compareciendo las letradas representantes de ambas partes, instando por sus respectivas pretensiones.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar protección.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria la decisión adoptada por Carabineros de Chile, por medio de la Resolución Exenta N° 669, de 12 de abril de 2022, que dispuso la baja de las filas de la institución respecto de la actora, por mala conducta, con efectos inmediatos. Sostiene la infracción al principio de reserva legal al estar fijada la sanción en una norma infra-legal, como asimismo la falta de proporcionalidad y de motivación del acto administrativo.

Por su parte la recurrida manifiesta que la determinación de los hechos corresponde su conocimiento en sede penal a través de un procedimiento de lato conocimiento y no por medio del recurso de protección, destacando que dicho acto administrativo constituye una medida reversible según el resultado final del sumario administrativo iniciado, como asimismo por cuanto el acto se dictó por la autoridad facultada para ello, encontrándose suficientemente motivado.

TERCERO: Que, para resolver el presente recurso es menester consignar que el artículo 127 N° 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del personal de Carabineros de Chile, prescribe: “El Personal de Nombramiento Institucional podrá ser eliminado de la institución por las siguientes causales y en las condiciones que a continuación se indican: 4) Por "Conducta Mala". Dicha norma agrega: “(…) cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.

Con todo, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución.”

CUARTO: Que, en relación a los alcances de dicha sanción, es menester consignar que, como ha sostenido la Excma. Corte Suprema, en los autos ROL 66.059-2021, que se trata de “ .. una facultad especial y, aunque ciertamente inusual en el ámbito del poder público, explicable por la importancia que la buena conducta de los integrantes de la Institución reviste, en relación con la naturaleza y objetivo de sus funciones.” Continúa dicho pronunciamiento: “Es relevante reparar en que la mencionada separación no tiene carácter de irreversible, pues queda supeditada, como el mismo artículo 127 citado lo dispone, al resultado final del sumario administrativo que se tramite.”

Asimismo, agrega dicha sentencia, que “ ..no existe contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la Institución se produce, entre otras causales, “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo”, puesto que la eliminación de los funcionarios se producirá, de forma definitiva, concluido que sea el sumario administrativo que ha de seguirse.”

QUINTO: Que, en ese orden de ideas, si bien la decisión adoptada por los recurridos se verificó con los antecedentes con los que se disponía a esa época, a saber el parte policial relativo a la denuncia efectuada por los guardias de la tienda Ripley, no es baladí considerar que en dicha causa penal, sustanciada en el RIT 1887-2022 del Juzgado de Garantía de Temuco, como aparece de estos antecedentes y fue corroborado por las letradas que alegaron en la vista de la causa, el Ministerio Público comunicó su decisión de aplicar el principio de oportunidad, sin que se haya efectuado alguna reclamación en los términos del artículo 170 del Código Procesal Penal, de manera tal que se extinguió la acción penal respecto de ese hecho, por aplicación del artículo 93 del Código Penal.

Que, en este contexto, vale precisar, asimismo, que no se advierte una privación de derechos constitucionales de orden procesal, pues la desvinculación de que se trata no perjudica las herramientas de defensa de que se pueda valer la recurrente en el proceso sumarial que se sigue en su contra, sede que es la que le permite, finalmente, ejercer en plenitud sus derechos a partir de la teoría de caso pertinente.

SEXTO: Que, tal como lo preceptúa el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del personal de Carabineros de Chile, antes citado, como ya se anunció, la decisión adoptada y por la que se recurre está, huelga decirlo, sujeta a una condición, cual es, lo que se concluya en la indagatoria administrativa, aún pendiente a pesar del lapso ya transcurrido, la que, obviamente, deberá considerar la terminación del proceso penal incoado y demás antecedentes reunidos para resolver “modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.”

Así, en atención a que, como se ha asentado, la decisión impugnada se encuentra supeditada al resultado del sumario en curso, modalidad explícitamente mencionada por la recurrida en su informe, que entiende se trata de “una medida administrativa reversible”, el acto administrativo recurrido por esta vía no tiene el carácter de terminal – lo será aquel que afine la indagatoria disciplinaria - por lo que no es posible entender que tenga la aptitud de transgredir las garantías constitucionales señaladas, como lo ha sostenido anteriormente esta Corte, en los ingresos ROL 3570-2020, ROL 6031-2020 y ROL 8431-2021.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de CARABINEROS DE CHILE, y en contra del Coronel nombre reservado, todos ya individualizados.

Redacción del Abogado Integrante señor Francisco Ljubetic Romero.

Regístrese.

Rol N° Protección-14685-2022 (pvb).