Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Temuco.

Temuco, quince de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y la Compín, con domicilio en domicilio reservado, por el rechazo del pago de sus licencias médicas números de folios 11890 9343-4, 119665880-3, 120276515-3, 120858947-0 y 121463885-8, que son de 15 días cada una, sumando un total de reposo total de 75 días.

Refiere que cada licencia fue emitida por parte del sistema público en el Cesfam Monseñor Valech, sector Boyeco de la comuna de Temuco, manteniendo en estudio médico poliartropatía inflamatoria, estrechamiento de articulaciones de forma bilateral en caderas y desgaste de columna lumbar baja, señalando que todo lo anterior le provoca diversos dolores que se irradian a diferentes partes del cuerpo, tales como brazos, piernas, cuello y hombros.

Sostiene que el estudio de lo anteriormente mencionado, se encuentra siendo realizado periódicamente por parte de medicina interna del Hospital de Padre Las Casas y se mantendrá durante los próximos 3 años, por sospecha de enfermedad autoinmune, en espera de diagnóstico, añadiendo que actualmente se encuentra en tratamiento farmacológico analgésico y en el programa de salud mental con sesiones de psicólogo, siendo paciente crónico en el Cesfam Monseñor Valech.

Afirma que los hechos descritos vulneran la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto al derecho a percibir cada una de sus remuneraciones siendo que su reposo se sustente en un diagnóstico clínico, por lo que solicita tener por interpuesto el recurso en contra de las recurridas, se acoja a tramitación y definitiva se declare que se le realice un nuevo peritaje médico que determine su condición actual de salud y por consiguiente se aprueben las licencias médicas, procediendo al pago de las mismas, todo lo anterior, sin perjuicio de las medidas que esta Corte pueda aplicar para restablecer el imperio del derecho, con costas en caso de oposición. Acompaña al recurso, resolución exenta N° R-01-UME-173021-2025, de fecha 15 de diciembre de 2025, certificado médico de fecha 24 de julio de 2025, interconsulta N° 212787744 e informe de radiografía.

A folio 7, comparece el abogado Tomás Garro Gómez, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, señalando que el recurrente a impugnado la resolución exenta N° R-01-UME173021-2025, de 15 de diciembre del año 2025, de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia De Seguridad Social, que rechazando la reclamación de 24 de septiembre de 2025, confirmó lo antes resuelto por la Subcomisión Cautín - Compín Región De La Araucanía, en cuanto había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° 118909343-4, N° 119665880-3, N° 120276515-3, N° 120858947-0 y N° 1214638858, extendidas por un total de 75 días de reposo a contar del 26 de mayo de 2025, por considerar su contraloría médica que, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso, el reposo prescrito por el médico tratante, resultó injustificado.

En primer término, alega la falta de oportunidad del recurso, al haberse interpuesto una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos que se contemplan para hacerla valer y por lo que se quiere modificar lo resuelto por la referida COMPIN en su oportunidad, ya que como consta de los antecedentes que obran en el respectivo expediente del procedimiento administrativo electrónico que se acompañan al informe, el ahora recurrente de autos, con fecha 24 de septiembre de 2025, reclamó en contra de la Subcomisión Cautín - Compín Región De La Araucanía, ya que había confirmado el rechazo de las licencias médicas ya singularizadas, señalando que el recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas ya singularizadas, a más tardar, el mismo día en que reclamó de ello ante su defendida en la fecha ya señalada (24 de septiembre del año 2025), de tal forma que debiendo computarse el plazo fatal de 30 días corridos desde las citadas datas, la acción constitucional de autos, resulta manifiestamente extemporánea, citando el plazo de 30 días, establecido en el número primero del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, que regula la tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, que prescribe que la acción de protección se debe interponer en el plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que se ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario (en este caso el rechazo de las licencias médicas), o se incurre en una omisión de las mismas características o bien, desde que el afectado toma conocimiento cierto del mismo, de acuerdo con la naturaleza del acto recurrido.

Afirma que la acción constitucional interpuesta por la recurrente con fecha 16 de enero de 2026, en subsidio del reclamo administrativo (recurso de jerarquía), interpuesto ante la Superintendencia De Seguridad Social, y de los que previo a éstos contempla el procedimiento para la autorización de licencias médicas por las Compín e Isapres, resulta manifiestamente extemporánea, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas.

En subsidio de lo anterior, informa respecto del fondo del asunto, señalando que es necesario distinguir entre las actuaciones de su defendida y aquellas en que tuvo participación la referida comisión de medicina preventiva e invalidez, mencionando que la citada Compín en el caso del recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del Fondo Nacional De Salud (FONASA), de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

En cuanto a la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, señala que en el caso del recurrente, como consta en el expediente administrativo que se acompaña en un don nombre reservado con fecha 20 de octubre del año 2025, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando en contra de la Subcomisión Cautín - Compín Región De La Araucanía, ya que había confirmado, el rechazo de las licencias médicas N° 118909343-4, N° 119665880-3, N° 120276515-3, N° 120858947-0 y N° 1214638858, extendidas por un total de 75 días de reposo a contar del 26 de mayo de 2025, por cuanto su contraloría médica consideró que el reposo prescrito por el médico tratante no se encontraba justificado.

Refiere que con la finalidad de resolver adecuadamente la reclamación, el organismo fiscalizador recabó los antecedentes médicos de la Compín reclamada, a saber, el maestro histórico de licencias médicas de su afiliada y Cartola Médica del Servicio de Salud, en la que se dejó constancia de los fundamentos del rechazo de las licencias médicas, señalando en lo pertinente lo siguiente: “…Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 112922819-5, 113474153-4, 114076841-2 K, 114669611-9, y emite pronunciamiento respecto a la licencia médica N° 115271264-9, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. SE DEJA OBSERVACION EN SIF. Múltiples licencias médicas rechazadas IM del 24.7.2025 (el más actualizado) no aporta información complementaria que permita evaluar la enfermedad. Reitera lo ya expresado en cartola, sin evidenciar controles epecializados, exámenes otros que permitan evaluar el curso de la enfermedad, tratamientos, expectativas terapéuticas y potencial recuperabilidad. Mantengo el rechazo. MJB…”

Sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante resolución exenta N° R-01-UME173021-2025, de 15 de diciembre de 2025 confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas, lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 118909343-4, 119665880-3, 120276515-3, 120858947-0, 121463885-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los más de 300 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, la parte reclamante no ha aportado pruebas clínicas que permitan demostrar una incapacidad laboral durante el reposo solicitado. Los informes médicos resultan incompletos, puesto que no detallan de manera adecuada la evolución de la patología, el compromiso funcional real, ni las medidas terapéuticas implementadas o previstas que sustenten la necesidad de prolongar la licencia médica. Sumado a lo anterior, los exámenes imagenológicos adjuntos no evidencian alteraciones que sustenten la prolongación de la licencia...”

Añade que revisado el caso por el Dr. nombre reservado, Traumatólogo de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia en lo pertinente de lo siguiente: “…Trastorno Adaptativo Persiste dolor de manera crónica por lo que se encuentra actualmente en estudio en nivel secundario Actualmente sin posibilidades de reintegro laboral por pérdida de estado funcional que permita una adecuada evolución., actualmente es espera de resultados exámenes inmunológico para continuar estudios y control por especialidad.- Exámenes con fecha: (X) SI ( ) NO Detalle: Rx pelvis 22.8.23: Estrechamiento moderado articular coxofemoral bilateral algo más acentuado a izquierda de tipo axial con formación de gruesos os acetabular que rodean parcialmente a las cabezas femorales, con signos que sugieren artrosis. Otros Antecedentes Médicos: (X) SI ( ) NO Detalle: SIC sin fecha; dg de poliartropatia inflamatoria. Sección D (Fundamentos de la resolución) Fundamentos de la resolución: Hombre de 36 años, más de 300 días autorizados con dg de poliartropatia inflamatoria; reclama 75 días a contar del 26/05/2025 por el mismo dg; informe de MG APS indica estudios en nivel secundario, lo que no acredita; no acredita ninguna medida realizada o pendiente; reposo no justificado…”

Afirma que conforme lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la recurrida al confirmar los rechazos de las licencias médicas dispuestos por la Compín De la Región de la Araucanía, pues para arribar a tal conclusión, los antecedentes médicos del caso fueron estudiados por tres médicos psiquiatras distintos, ejerciendo el control técnico de la comisión de medicina preventiva e invalidez en una materia de orden médico, añadiendo que jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Luego, hace referencia al marco legal que regula el derecho denominado Derecho a “Licencia Médica”, como aquellas en virtud de las cuales esta Superintendencia actúa como institución fiscalizadora de las instituciones de previsión social, señalando que nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio de la licencia médica (regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud) la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal, indicando que en estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador deberá hacer uso de licencia médica (más tratamiento médico en la mayoría de los casos) luego de lo cual debería quedar en condiciones de volver a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal y la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”, señalando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporal para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

En cuanto al procedimiento al que se somete la autorización de licencias médicas, señala que está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, de acuerdo con este cuerpo reglamentario, y luego de realizada la tramitación a que aluden los artículos 11 y siguientes del decreto supremo en comento, corresponde a las Instituciones De Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional De Salud (FONASA), como ocurre en la especie, pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Agrega que las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión De Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI), luego las Compín deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como sucede en el caso de la recurrente de autos, añadiendo que de las resoluciones que las Compín emitan en alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compín que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, haciendo presente que los reclamos interpuestos por la ahora recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, relativo al rechazo de sus licencias médicas y por el cual recurre se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compín, que en este caso conoció y resolvió por las consideraciones médicas ya anotadas y en ejercicio de sus facultades legales.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, estima que la actuación de la recurrida se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad, señalando que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir, en lo que resulta de su competencia, el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el legislador ha establecido en la Ley N° 16.395, las funciones de esta Superintendencia en cuanto Institución Fiscalizadora, así, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.” “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.” En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.” En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esta Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Señala que en contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, siempre y en todo caso, se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente de autos en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la Compín y de la Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos.

Alega ausencia de derechos constitucionales vulnerados, afirmando que la petición de la recurrente desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”, en este caso, claramente la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la Compín y la Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas, haciendo presente a que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, la presentación efectuada por la parte recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

Manifiesta que en cuanto al reclamo relacionado con un supuesto derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, o su remuneración, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, lo anterior, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), señalando que no existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, lo que no ocurre en la especie.

Argumenta que si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio por incapacidad laboral o remuneración en el caso de los funcionarios públicos), haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

Hace presente que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos, señalando estas materias se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección, afirmando que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República, solicitando finalmente que, en subsidio de la alegación principal y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, se tenga por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta, instando porque sea desestimada en todas sus partes, con costas.

A folio 15, comparece nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía y representante del Ministerio de Salud en la Región y por ende de la Compín, según lo estipulado en los artículos 31 y 34 del Decreto Nº 136/04, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, quien evacúa el informe requerido en autos, haciendo referencia previamente a la normativa aplicable respecto de la aprobación o rechazo de licencias médicas.

Luego, respecto de las licencias médicas recurridas informa lo siguiente:

1.- Licencia médica N° 3-118909343: Emitida a contar del 26.05.2025, por 15 días con diagnóstico “Poliartropatia Inflamatoria” por médico general, Dr. nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 02.06.2025 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología.” Ingresa Recurso de Reposición con fecha 05.06.2025, con el que se mantiene rechazo con el argumento: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 22.08.2025.

2.- Licencia médica N°3-119665880: Emitida a contar del 10.06.2025, por 15 días con diagnóstico “Poliartropatia Inflamatoria” por médico general, Dr. nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 17.06.2025 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología. Ingresa Recurso de Reposición con fecha 02.08.2025, con el que se mantiene rechazo con el argumento: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 22.08.2025.

3.- Licencia médica N°3-120276515: Emitida a contar del 25.06.2025, por 15 días con diagnóstico “Poliartropatia Inflamatoria” por médico general, Dr. nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 01.07.2025 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología. Ingresa Recurso de Reposición con fecha 02.08.2025, con el que se mantiene rechazo con el argumento: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 22.08.2025.

4.- Licencia médica N°3-120858947: Emitida a contar del 10.07.2025, por 15 días con diagnóstico “Poliartropatia Inflamatoria” por médico general, Dr. nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 15.07.2025 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología. Ingresa Recurso de Reposición con fecha 02.08.2025, con el que se mantiene rechazo con el argumento: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo” con fecha 22.08.2025.

5.- Licencia médica N°3-121463885: Emitida a contar del 25.07.2025, por 15 días con diagnóstico “Poliartropatia Inflamatoria” por médico general, Dr. nombre reservado. Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 30.07.2025 considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología. Ingresa Recurso de Reposición con fecha 02.08.2025, con el que se mantiene rechazo con el argumento: Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no.

A continuación, señala que la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, para rechazar las licencias médicas por la que se recurre tuvo en consideración los siguientes antecedentes: 1.- Listado Maestro De Licencias Médicas FONASA, año 2024 y 2025. 2.- Certificado médico, fechado 26.05.2025, por Dr. nombre reservado. 3.- Certificado médico, fechado 24.07.2025, por Dr. nombre reservado, indicando que, en atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, concluye lo siguiente: 1.- Antecedentes médicos aportados que no justifican reposo. Reposo prolongado para patología: a) Comenzó con reposo médico por patología poliarticular inflamatoria el 29.01.2024, acumulando al 08.08.2025 un total de 558 días de licencia médica, de los cuales se autorizaron 333 días de reposo. b) Las licencias médicas reclamadas, N°3-118909343, N°3-119665880, N°3-120276515, N°3-120858947 y N°3-121463885, corresponden a 75 días, en el periodo comprendido entre el 26.05.2025 al 08.08.2025. Fueron emitidas en su totalidad por médico no especialista. 2.- A los rechazos antes señalados apeló aportando los siguientes informes médicos: Certificado médico, fechado 26.05.2025, por Dr. Joeé Montserrat: Señala como diagnósticos: poliartropatía inflamatoria, coxartrosis y trastorno adaptativo. Historia de años de coxalgia, pero consulta por 1 año de dolor intenso poliarticular de tren inferior. Tratante describe rx de pelvis con artrosis moderada de caderas, no aporta imágenes ni informe por radiólogo. Con dolor crónico, en estudio en nivel secundario, lo que no acredita. En espera de exámenes inmunológicos. Observación de contraloría médica: informe escueto y vago, que no se acompaña de exámenes imagenológicos y/o de laboratorio realizados. No describe examen físico que dé cuenta de la limitación funcional e impedimento laboral asociado. No describe tratamiento ni otra medida terapéutica indicada. Certificado no acredita compromiso funcional que impida el desempeño laboral ni el rol terapéutico del mismo. No justifica la emisión de la licencia médica N°3-118909343. Certificado médico, fechado 24.07.2025, por Dr. Joeé Montserrat: aporta la misma información que en el certificado fechado 26.05.2025, por el mismo profesional. Observación de contraloría médica: certificado igual al de 2 meses previos, por lo que no describe evolución de la sintomatología descrita, la cual es vaga y generalizada. No describe examen físico que dé cuenta de la limitación funcional e impedimento laboral asociado. No describe tratamiento ni otra medida terapéutica indicada. Certificado no acredita compromiso funcional que impida el desempeño laboral ni el rol terapéutico del mismo. No justifica la emisión de las licencias médicas N°3-119665880, N°3-120276515, LM N°3-120858947 y LM N°3-121463885.

Manifiesta que se tuvo en consideración el D.S. N°3 de 1984 del MINSAL, art. 1°: jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social señala que del art. 1° del DS 3/84 se puede concluir que la esencia del derecho a licencia médica, es su carácter transitorio y temporal, por cuanto, no es un derecho de carácter indefinido y supone siempre, la posibilidad cierta, de reincorporación laboral del trabajador. Jurisprudencia reiterada de SUSESO señala que la autorización de una licencia médica supone ponderar y determinar la posibilidad real y cierta de que, en base al reposo médico indicado en ella, el trabajador pueda recuperar su capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, indicando que los antecedentes médicos aportados no hacen posible predecir un carácter de irrecuperabilidad de la enfermedad y se estimó la pérdida en la temporalidad del reposo otorgado, considerando que, los 333 días autorizados fueron suficientes para la resolución del cuadro clínico.

Afirma que el rechazo de las licencias médicas reclamadas, N°3-118909343, N°3-119665880, N°3-120276515, LM N°3-120858947 y LM N°3121463885, obedeció, no solo al tiempo de reposo acumulado, sino que, a un análisis médico exhaustivo de los antecedentes médicos aportados por el trabajador, ponderando la relación entre los diagnósticos informados, los respaldos médicos o ausencia de ellos y la normativa vigente, no habiendo ilegalidad ni arbitrariedad en los actos realizados por esta contraloría médica, añadiendo que los rechazos de las licencias médicas reclamadas fueron confirmados por la Superintendencia de Seguridad Social mediante la resolución exenta N°R-01-UME-173021-2025 del 15.12.2025.

Hace presente que la Compín, junto a la Superintendencia, son los organismos técnicos competentes para aprobar o rechazar las licencias médicas, tal como se ha indicado anteriormente, en diversos fallos, lo cual también ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema, a modo de ejemplo, lo resuelto en causa ROL N° 50.695, mediante sentencia de fecha 28.05.2020, dictada en un recurso de protección también interpuesto en contra de las recurridas por el rechazo de licencias médicas y que se solicita tener presente al momento de resolver la presente acción constitucional, citando además fallo dictado por la Corte Suprema en causa Rol 138.578-2020.

Finalmente señala que la actuación de su representada no ha sido ni arbitraria ni ilegal, sus resoluciones han sido fundadas de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, debiendo tenerse presente la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos según lo establecido en su artículo 3°; actuando dentro de sus competencias legales, todo lo cual ha sido ratificado en dos oportunidades por la Superintendencia, por lo se solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto por el recurrente, al carecer de fundamentos, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Cautín no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que las licencias médicas rechazadas y que origina la presente acción constitucional, lo fueron en virtud de la legislación vigente y de los procedimientos establecidos y ratificadas por la Superintendencia de Seguridad Social, señalando que en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a esta parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción, por tratarse de materias propias de la seguridad social, cabe tener presente que si bien las controversias relativas a licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral se insertan en dicho ámbito, ello no obsta a que, en la medida que se denuncie la vulneración de garantías constitucionales expresamente protegidas por el recurso de protección esta Corte pueda conocer de la acción deducida, razón por la cual dicha alegación será desestimada.

CUARTO: Que la presente acción se dirige en contra de las resoluciones administrativas mediante las cuales la COMPIN y posteriormente la Superintendencia de Seguridad Social rechazaron las licencias médicas individualizadas en autos, por estimar que el reposo indicado no se encontraba suficientemente justificado desde el punto de vista médico.

QUINTO: Que, sobre la materia reclamada se debe tener en consideración que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

SEXTO: Que, a su vez, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”. Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

De esta forma, conforme a las disposiciones transcritas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

SÉPTIMO: Que, conforme aparece de los antecedentes acompañados, las recurridas fundaron sus decisiones en informes técnicos emitidos por sus respectivas contralorías médicas, teniendo en consideración, entre otros elementos, la ausencia de antecedentes clínicos suficientes, la inexistencia de informes especializados que acreditaran incapacidad funcional impeditiva para el trabajo, la falta de descripción de medidas terapéuticas concretas y el carácter prolongado del reposo previamente autorizado al recurrente, quien acumulaba más de 300 días de licencia por la misma patología.

OCTAVO: Que, en este contexto, no se advierte que las recurridas hayan actuado fuera del ámbito de sus atribuciones legales ni que sus decisiones carezcan de fundamento racional, desde que tanto la COMPIN como la Superintendencia de Seguridad Social son los organismos técnicamente competentes para evaluar la procedencia de las licencias médicas y determinar si el reposo prescrito resulta médicamente justificado, conforme a las facultades conferidas por el D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, el D.S. N°3 de 1984 y la Ley N°16.395.

NOVENO: Que la circunstancia de discrepar el recurrente de las conclusiones médicas alcanzadas por los organismos recurridos no transforma, por sí sola, las decisiones impugnadas en arbitrarias o ilegales, máxime si éstas fueron adoptadas previa ponderación de los antecedentes clínicos disponibles y debidamente motivadas en los respectivos actos administrativos.

DÉCIMO: Que tampoco puede estimarse vulnerada la garantía contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que el subsidio por incapacidad laboral derivado de una licencia médica requiere, para su nacimiento, que ésta sea válidamente autorizada por el organismo competente, circunstancia que no concurre en la especie, no existiendo por ende un derecho indubitado susceptible de tutela por esta vía cautelar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y de la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Redacción a cargo del Ministro José Héctor Marinello Federici.

Regístrese y archívese.

Rol N° Protección-146-2026 (pvb).