nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 20 de abril de 2026, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien interpone acción constitucional de protección por sí y en favor de doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad haitiana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado.

Funda la acción en la omisión que atribuye al Servicio recurrido por no haber dictado una resolución que resuelva el recurso administrativo de reconsideración N° 72228841, interpuesto el 9 de enero de 2025 en contra de la Resolución Exenta N° 2460420, de 30 de diciembre de 2024, mediante la cual fue rechazada la solicitud de residencia definitiva presentada por la recurrente.

Expone que doña nombre reservado ingresó al país en calidad de turista y que posteriormente modificó su condición migratoria a la de residente, luego de obtener la correspondiente visa, con el propósito de establecerse en Chile y desarrollar aquí su proyecto de vida. Señala que, una vez rechazada su solicitud de residencia definitiva, dedujo oportunamente el recurso administrativo ya individualizado, sin que a la fecha de interposición de esta acción hubiese recibido una decisión que lo acogiera o rechazara.

Añade que esa falta de pronunciamiento la mantiene en un estado de incertidumbre respecto de su situación migratoria y le impide adoptar decisiones con certeza acerca de su permanencia y proyección en el país. Sostiene, por ello, que la omisión denunciada no constituye un hecho aislado, sino una inactividad que se prolonga mientras la autoridad no dicte el acto terminal correspondiente.

En cuanto a la oportunidad de la acción, afirma que se está frente a una omisión de carácter permanente o continuado, razón por la cual el plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se renueva mientras subsista la falta de decisión administrativa. Sobre esa base, sostiene que el recurso fue deducido dentro de plazo.

Respecto del fondo, hace presente que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 dispone que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la emisión de la decisión final. Indica que, al presentarse esta acción, habían transcurrido un año, tres meses y once días desde la interposición del recurso administrativo, sin que el Servicio Nacional de Migraciones hubiera emitido pronunciamiento.

A partir de ello, sostiene que la demora desconoce los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad consagrados en los artículos 7°, 8°, 9° y 14 de la Ley N° 19.880, así como el deber de observancia de los términos y plazos que impone la misma normativa. Agrega que, al no contemplar la legislación migratoria un plazo especial para resolver esta clase de recursos, corresponde aplicar supletoriamente las reglas de la Ley N° 19.880.

Asimismo, vincula la inactividad denunciada con las normas de la Ley N° 21.325 y de su Reglamento que regulan la actuación de la autoridad migratoria, señalando que un procedimiento que permanece sin decisión durante un lapso ampliamente superior al previsto por el legislador no satisface las exigencias de una tramitación oportuna y eficaz. En apoyo de su planteamiento invoca jurisprudencia relativa a dilaciones administrativas y hace referencia al Informe N° 178/2022 de la Contraloría General de la República, que, según expone, da cuenta de demoras estructurales en la tramitación de solicitudes migratorias.

Sostiene, además, que esas dificultades generales de gestión no pueden justificar por sí solas la falta de resolución de un procedimiento individual ni configurar automáticamente un caso fortuito o fuerza mayor. A su juicio, admitir una justificación de esa naturaleza permitiría mantener indefinidamente pendientes las solicitudes de los administrados, pese al deber legal de concluir los procedimientos mediante una resolución expresa.

Finalmente, afirma que la omisión vulnera la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues importa un trato desfavorable respecto de otros administrados que, encontrándose en una situación jurídica equivalente, han obtenido una respuesta formal de la autoridad. Con tales antecedentes solicita que se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse sobre el recurso administrativo pendiente dentro de un plazo no superior a sesenta días, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

En el primer otrosí acompañó el comprobante de envío del recurso administrativo N° 72228841, de 9 de enero de 2025, y copia de la cédula de identidad para extranjeros de doña nombre reservado.

A folio 12, con fecha 7 de junio de 2026, doña nombre reservado, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, evacuó informe y solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes. Sostuvo que la autoridad migratoria no había incurrido en una acción u omisión ilegal o arbitraria que privara, perturbara o amenazara los derechos fundamentales de la recurrente, sino que su actuación se había ajustado a la Constitución y a las normas legales y reglamentarias aplicables.

En cuanto a los antecedentes del procedimiento, informó que doña nombre reservado presentó el 7 de noviembre de 2022 una solicitud de residencia definitiva, individualizada con el ID N° 48803710, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta N° 2460420, de 30 de diciembre de 2024. Agregó que el 9 de enero de 2025 la interesada interpuso, al amparo del artículo 139 de la Ley N° 21.325, un recurso administrativo en contra de esa decisión.

Precisó que dicho recurso se encontraba todavía en tramitación al momento de evacuar el informe y que había alcanzado la etapa denominada "Visto Bueno de la jefa del Departamento Jurídico Administrativo", circunstancia que, según indicó, constaba en la fotocaptura del Registro Nacional de Extranjeros acompañada a su presentación.

En cuanto al plazo de tramitación, sostuvo que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 admite que el procedimiento administrativo exceda de seis meses cuando concurre caso fortuito o fuerza mayor. Afirmó que esa situación se configuraría en la especie debido al aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país y al consiguiente incremento de las solicitudes sometidas al conocimiento de la autoridad, lo que habría provocado un retraso considerable e irresistible.

Añadió que el plazo contemplado en el citado artículo 27 no tiene carácter fatal, puesto que la ley no le atribuye expresamente esa naturaleza ni establece una sanción de caducidad asociada a su vencimiento. Por lo mismo, lo calificó como un plazo referencial y prudencial para la Administración, susceptible de ser excedido en las circunstancias que expuso.

Finalmente, hizo presente que, conforme al artículo 140 de la Ley N° 21.325, la interposición de los recursos administrativos suspende los efectos del acto o resolución impugnada, y que la recurrente cuenta con el comprobante que acredita que su recurso permanece en trámite. Con esos fundamentos solicitó el rechazo íntegro de la acción y de la petición de condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho cuando un acto u omisión ilegal o arbitraria afecta alguna de las garantías que esa disposición ampara. En el caso de autos, la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte no dice relación con el mérito de la solicitud de residencia definitiva ni con la procedencia del recurso administrativo deducido por la actora, sino con la falta de una decisión que ponga término a este último y con los efectos que esa demora produce respecto de la garantía de igualdad ante la ley invocada.

SEGUNDO: Que antes de entrar al análisis de fondo, corresponde examinar la oportunidad de la acción deducida. La omisión denunciada consiste precisamente en la ausencia de pronunciamiento sobre el recurso de reconsideración N° 72228841 y, según el propio informe de la recurrida, tal recurso continuaba pendiente al 7 de junio de 2026. De este modo, no se está frente a una actuación consumada en una fecha determinada, sino ante una inactividad que se mantiene mientras la autoridad no adopte la decisión terminal que le corresponde. Por consiguiente, mientras subsista la omisión se renueva el plazo para recurrir, de manera que la acción interpuesta el 20 de abril de 2026 debe estimarse oportuna.

TERCERO: Que despejado lo anterior, los antecedentes centrales del asunto no presentan controversia. Doña nombre reservado solicitó residencia definitiva el 7 de noviembre de 2022; dicha petición fue rechazada por Resolución Exenta N° 2460420, de 30 de diciembre de 2024; y el 9 de enero de 2025 interpuso el recurso administrativo de reconsideración N° 72228841. Tampoco se discute que, al evacuar su informe el Servicio Nacional de Migraciones, casi diecisiete meses después, el recurso seguía sin resolverse y se encontraba en la etapa de visto bueno de la jefa del Departamento Jurídico Administrativo. Es, por tanto, sobre esa demora reconocida por ambas partes que debe efectuarse el análisis.

CUARTO: Que el artículo 139 de la Ley N° 21.325 permite a los extranjeros afectados por los actos y resoluciones contemplados en ese cuerpo legal interponer los recursos establecidos en la Ley N° 19.880. Esta última, junto con reconocer los principios que orientan el procedimiento administrativo, impone a la Administración el deber de conducirlo hacia una decisión. Así, los artículos 7°, 8°, 9° y 14 consagran, respectivamente, los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, mientras que el artículo 27 dispone que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la emisión de la decisión final. Tales normas deben ser entendidas de manera conjunta, pues el plazo previsto por el legislador no constituye una regla aislada, sino una manifestación concreta del deber de tramitar y resolver oportunamente los asuntos sometidos a la Administración.

QUINTO: Que desde esa perspectiva, la circunstancia de que el artículo 27 no establezca una sanción de caducidad ni califique expresamente el plazo como fatal no permite concluir que su observancia sea indiferente para el órgano administrativo. Una cosa es que el vencimiento del término no produzca, por sí solo, la extinción del procedimiento y otra distinta es sostener que la autoridad puede prolongar su tramitación sin un límite razonable. En la especie, al deducirse esta acción ya habían transcurrido un año, tres meses y once días desde la presentación del recurso administrativo, y al evacuarse el informe la demora se acercaba a diecisiete meses. Ese lapso excede ampliamente el previsto en la ley y no aparece acompañado de una decisión terminal ni de antecedentes propios de este procedimiento que expliquen una extensión de tal magnitud.

SEXTO: Que la explicación entregada por la recurrida tampoco permite arribar a una conclusión distinta. El Servicio invoca como caso fortuito o fuerza mayor el aumento de los flujos migratorios y el incremento de las solicitudes que debe tramitar, pero lo hace en términos generales, sin identificar una circunstancia concreta, imprevisible e irresistible que haya impedido resolver específicamente el recurso de doña nombre reservado. Las dificultades derivadas de una mayor carga de trabajo pueden explicar un cierto retardo en la tramitación, pero, por sí solas, no bastan para justificar que un recurso permanezca pendiente durante un período cercano a diecisiete meses. Entenderlo de otro modo importaría transformar una situación general de funcionamiento del Servicio en una excepción permanente al deber legal de resolver.

SÉPTIMO: Que tampoco modifica lo razonado el hecho de que el artículo 140 de la Ley N° 21.325 disponga que la interposición de los recursos administrativos suspende los efectos del acto impugnado. Esa consecuencia protege al administrado mientras se revisa la decisión recurrida, pero no elimina la obligación de la autoridad de resolver el recurso ni convierte la suspensión en una autorización para mantener indefinidamente abierto el procedimiento. Antes bien, mientras la decisión permanece pendiente, subsiste la incertidumbre que precisamente justifica la necesidad de un pronunciamiento oportuno.

OCTAVO: Que lo anterior guarda concordancia con el criterio sostenido por la Excma. Corte Suprema en las sentencias dictadas en los autos Rol N° 4.299-2025, de 26 de marzo de 2025, y Rol N° 37.532-2025, de 28 de noviembre de 2025. En ambos pronunciamientos, al conocer de demoras en procedimientos administrativos a cargo del Servicio Nacional de Migraciones, el máximo tribunal tuvo especialmente en consideración los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880 y el hecho de haberse excedido el plazo contemplado en su artículo 27. Sobre esa base calificó la dilación como ilegal y arbitraria, estimó afectada la igualdad ante la ley y ordenó a la autoridad emitir el pronunciamiento correspondiente dentro de sesenta días corridos.

NOVENO: Que si bien aquellos fallos se refieren a solicitudes de nacionalización y el presente asunto tiene por objeto un recurso de reconsideración deducido en materia de residencia definitiva, la razón que sustenta esas decisiones resulta pertinente para resolver esta controversia. En uno y otro caso se examina la inactividad de un órgano de la Administración que, estando obligado a tramitar y concluir un procedimiento, mantiene al interesado sin una respuesta formal durante un tiempo ampliamente superior al previsto por la ley. En autos, además, la recurrida no controvierte la fecha de interposición del recurso ni su falta de resolución, y la justificación que ofrece se apoya exclusivamente en circunstancias generales de carga administrativa.

DÉCIMO: Que en esas condiciones, la demora debe ser calificada de ilegal, pues se aparta del deber de tramitación y decisión oportuna que resulta de los artículos 7°, 8°, 9°, 14 y 27 de la Ley N° 19.880. También resulta arbitraria, desde que la prolongación del procedimiento no aparece sustentada en antecedentes concretos que permitan explicar razonablemente por qué este recurso, en particular, ha permanecido sin resolución durante el lapso señalado. Esa falta de respuesta sitúa a la recurrente en una condición desfavorable frente a quienes, encontrándose sometidos a procedimientos administrativos equivalentes, obtienen una decisión formal de la autoridad, afectándose con ello la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO PRIMERO: Que la tutela necesaria para restablecer el imperio del derecho no exige que esta Corte se pronuncie sobre el contenido que deba tener la decisión administrativa pendiente, materia que corresponde resolver al Servicio Nacional de Migraciones en el ejercicio de sus atribuciones. Resulta suficiente, en cambio, disponer que dicho organismo emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto del recurso de reconsideración N° 72228841 dentro del plazo de sesenta días corridos contado desde que la presente sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, plazo cuya extensión coincide con la establecida por la Excma. Corte Suprema en los precedentes antes citados.

DÉCIMO SEGUNDO: Que en cuanto a las costas, atendida la naturaleza de la controversia y estimándose que la recurrida tuvo motivo plausible para litigar, no se impondrá condena por este concepto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; los artículos 7°, 8°, 9°, 14 y 27 de la Ley N° 19.880; los artículos 139 y 140 de la Ley N° 21.325, y el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta a folio 1 por don Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo para los efectos de ordenar a este último que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto del recurso administrativo de reconsideración N° 72228841, interpuesto el nueve de enero de dos mil veinticinco en contra de la Resolución Exenta N° 2460420, de treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, dentro del plazo de sesenta días corridos contado desde que la presente sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro Álvaro Mesa Latorre.

Rol N° Protección-1456-2026.(jog)