nombre reservado con SOLVENTA TARJETAS S.A.

C.A. de Temuco Temuco, uno de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 03 de marzo del año 2020, comparece don Max Patricio Ubilla Villa, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en nombre de doña nombre reservado, chilena, empleada, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de FARMACIAS CRUZ VERDE S.A, persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación, legalmente representada por don nombre reservado, de quien ignora profesión u oficio, o por quien legalmente lo subrogue o represente, todos domiciliados en domicilio reservado, y en Prat 530, Temuco, y en contra de SOLVENTA SERVICIOS FINANCIEROS S.A. persona jurídica de derecho Privado del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, y con domicilio en domicilio reservado.

Funda el recurso señalando que su favorecida nunca ha sido titular de la denominada “Tarjeta de Crédito Cruz Verde”, es decir, nunca ha generado un acuerdo contractual con dicha empresa para adquirir ningún tipo de prestación, descuento ni medicamento, situación informada a la empresa FARMACIAS CRUZ VERDE S.A sin haber sido considerada, lo que ha derivado en la recepción de llamados telefónicos, e – mails y mensajes de texto insistiendo en que debe pagar una deuda inexistente.

Refiere que desde el mes de Febrero de 2020 y hasta la fecha de interposición del presente recurso, la Srta. nombre reservado ha experimentado una alteración de su vida cotidiana, pues dependientes del sector cobranzas extrajudiciales de la recurrida han enviado mensajes de texto y llamados insistentemente a su persona a su teléfono personal, con objeto de lograr el pago de las prestaciones supuestamente adeudadas, explicado en el párrafo que antecede, mensajes de texto y llamadas que han sido persistentes, repetitivas, y han tenido por objeto comunicar de la existencia de la deuda, instándola a que se acerque a dependencias de la recurrida a efectuar el pago. Siempre los interlocutores afirman llamar de parte de FARMACIAS CRUZ VERDE S.A Las llamadas y el envío de mensajes de texto se efectúan dentro de horas hábiles para tales efectos, pero interrumpen las actividades personales y laborales de la supuesta deudora. Estos se realizan algunas de esas veces en horario fuera de horas y días inhábiles a pesar de haberse comunicado más de una vez con la Sra. nombre reservado, dependienta de Servicio Al Cliente De Farmacias Cruz Verde S.A, cuyo último registro es el N° 106936 del día 12 de Febrero; grabación que está en manos de la empresa y en la que la trabajadora en cuestión niega haber reconocido que la Srta. nombre reservado nunca ha entregado sus datos, no ha generado contrato alguno con dicha empresa y no mantiene deudas con la misma, fecha en la que, además, aseguró regularizar la situación para que le dejaran de enviar mensajes de cobranza; algo que nunca sucedió. Es más, en esta última ocasión cambió su versión e intentó convencer a la Srta. nombre reservado de haber entregado sus datos personalmente sin tener registro alguno de esta acción: datos, fecha o lugar en el que se habría realizado, aduciendo a que podría haber entregado datos para el beneficio de terceros, en este caso de algún familiar adulto mayor.

Manifiesta la contravención a lo dispuesto en el artículo 37 de incisos tercero y quinto de la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, de cuyo tenor se colige que las actuaciones de cobranza deben efectuarse con el mayor resguardo a la intimidad de la supuesta deudora, y en caso alguno se faculta a estas empresas a utilizar tácticas de presión para obtener el pago de la deuda, como lo es divulgar la existencia de la obligación a terceros, o solicitarle que “hagan recuerdo” al supuesto deudor para que solucione lo debido, aseverando que los hostigamientos dicen relación con actitudes ofensivas imputables a la recurrida.

Agrega vulnerado el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, puesto que el acto denunciado en autos repercute en la salud psíquica de su favorecida, toda vez que las continuas e insistentes llamadas telefónicas y mensajes de texto que la recurrida efectúa con intención de cobrar extrajudicialmente la supuesta deuda, la han sumido en un estado de angustia y desasosiego permanente, sin que pueda encontrarse tranquila ni en su hogar ni en su lugar de trabajo, además de afectar el artículo 19 n°4 del mismo cuerpo legal, es decir, “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesta acción de protección solicitando acoger el recurso en todas sus partes, sentenciando lo siguiente: 1.- Que se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, derivado de las constantes y repetidas llamadas telefónicas y mensajes de texto efectuadas por sus empleados a su favorecida, tendientes a obtener el pago extrajudicial de la supuesta deuda que tiene para con el acreedor, situación que data desde Febrero de 2020 y hasta la fecha de interposición del presente recurso de protección. 2.- Que se ordena la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada. Entre estas medidas se incluyen las siguientes: Disponer a la recurrida abstenerse de efectuar llamados telefónicos, enviar e – mails y mensajes de texto a su favorecida y desistir de cualquier mecanismo tendiente a obtener los fines de la cobranza extrajudicial, eliminándola de sus bases de datos. 3.- Que se condena a la recurrida al pago de las costas de la causa.

Acompaña copias de los mensajes de texto enviados a mi favorecida, así como el registro de las últimas llamadas telefónicas.

A folio 22, con fecha 03 de junio del año 2020, comparece don Sergio Alejandro Rojas Barahona, abogado, en representación de Farmacias Cruz Verde S.A., con domicilio en domicilio reservado, quien evacua informe, solicitando el rechazo del recurso, puesto que su representada no ha tenido ningún tipo de intervención en las conductas descritas como vulneradoras de alguna garantía contemplada en la Carta Fundamental; pues las gestiones de cobro descritas se han llevado a cabo por una empresa distinta, el cual sería a Solventa Tarjetas S.A., quien administra la tarjeta de crédito Cruz Verde, controlada por Solventa Servicios Financieros S.A.; y en caso de generarse alguna deuda por la utilización de dicha tarjeta, la cobranza extrajudicial es realizada según los distintos mecanismos que las empresas acreedoras pueden emplear a partir de lo establecido en la letra g) del artículo 37 de la Ley N°19.496, Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, agregando que ante el reclamo de la actora mediante el Servicio de Atención al Cliente, su alegación fue recibida y se solicitó su eliminación de la base de datos con fecha 20 de enero de 2020, confirmando que la actora no corresponde a un cliente de la Tarjeta Farmacias Cruz Verde ni que mantiene deudas por motivo de su uso, solicitando el rechazo del recurso por infundada e improcedente o, en subsidio, por haber perdido oportunidad el recurso en atención a lo señalado en el cuerpo de esta presentación.

A folio 21, con fecha 03 de junio del año 2020, comparece don Sergio Alejandro Rojas Barahona, abogado, en representación Solventa Servicios Financieros S.A., quien solicita el rechazo del recurso, basado en los mismos argumentos de la recurrida Farmacias Cruz Verde S.A.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que en este caso, el acto ilegal o arbitrario se hace consistir en que la actora nombre reservado, pese a no ser titular de tarjetas de Crédito de la empresa Cruz Verde, ha recibido constantes y repetidas llamadas telefónicas y mensajes de texto efectuadas por sus empleados a su favorecida, tendientes a obtener el pago extrajudicial de la supuesta deuda que tiene para con el acreedor, situación que data desde el mes de febrero de 2020 y hasta la fecha de interposición del presente recurso de protección, ordenando la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada, con costas. Añadió en sus alegaciones el abogado recurrente, que las cobranzas se han mantenido hasta la fecha en los mismos términos, según fue informado recientemente por doña nombre reservado.

CUARTO: Que de frente a los hechos concretos de hostigamiento que se denuncian en el recurso, efectivamente la recurrente ha acompañado mensajes de texto y registro telefónico donde se le informa a la actora que mantiene deuda pendiente de pago, invitándola a regularizar su situación, circunstancia que no se ha negado por las recurridas, afirmando que cualquier gestión de cobranza extrajudicial ha terminado al no registrar deudas ni mantener tarjeta vigente, cese efectivo o eliminación de registros que no obstante, no constan en los informes allegados al recurso por los recurridos.

En el mismo sentido, y en cuanto a las alegaciones de falta de legitimación pasiva de las recurridas, consta en los referidos mensajes que precisamente éstos dicen con la invitación a regularizar los créditos en Farmacias Cruz Verde o Solventa, siendo ajustados los sujetos pasivos recurridos.

QUINTO: Que el artículo 37 inciso 10 de la Ley N° 19.496, en materia de cobranza extrajudicial establece expresamente que: "Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor." SEXTO: Que de la norma legal citada resulta posible colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aún en caso de deudas, y menos aún en el caso de autos, donde se ha reconocido la inexistencia de deudas.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida, resulta ser arbitraria e ilegal y debe cesar, puesto que afecta la garantía de la integridad psíquica de la actora, al ser sometida a una angustia derivada de las molestias, motivo por lo que el recurso será acogido, por encontrarse vulnerada la garantía contemplada en el N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, con costas, el recurso interpuesto por don Max Patricio Ubilla Villa, abogado, en nombre de doña nombre reservado, en contra de FARMACIAS CRUZ VERDE S.A, y de SOLVENTA SERVICIOS FINANCIEROS S.A. ya individualizados, en cuanto se ordena a las recurridas abstenerse en forma inmediata y definitiva, de practicar gestiones de cobranza extrajudicial de presuntas deudas, mediante llamados telefónicos o comunicaciones escritas tales como avisos de cobranza pre judicial, sin perjuicio de los derechos que le asisten a la recurrente de conformidad a la Ley N°19.496.

Redactado por la Ministra (S) doña Mirna Espejo Guiñez.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección-1454-2020. (fcv)