CONSTRUCTORA JORGE CAMPOS CAMPOS EIRL con INMOBILIARIA PORTAL LABRANZA TRES SPA

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio N°1 comparece nombre reservado, en representación legal de CONSTRUCTORA JORGE CAMPOS CAMPOS EIRL, interpone recurso de protección en contra de INMOBILIARIA PORTAL DE LABRANZA III SpA. representada legalmente por don nombre reservado.

HECHOS QUE FUNDAMENTAN EL RECURSO:

Indica que la empresa que legalmente representa se encuentra vinculada con la inmobiliaria recurrida, en virtud de varios contratos celebrados con antelación, y todos ellos tienen como objeto la ejecución de obras materiales en los terrenos de propiedad de la inmobiliaria recurrida, en la obra denominada: "PORTAL LABRANZA IIF, ubicada en domicilio reservado. Los contratos a los que se hace referencia son los siguientes:

1- Contrato de fecha 25 de noviembre del año 2021. Subcontrato No: LAIII-12 PAVIMENTACIÓN INTERIORES Y VEREDAS PORTAL DE LABRANZA III.

2- Contrato de fecha 22 de noviembre del 2021. Subcontrato No: LAIII-9 EXTENSIÓN DE MATRIZ PORTAL LABRANZA III 3- Contrato de fecha 28 de noviembre del 2021. Subcontrato No: LAIII-11 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES: AGUAS LLUVIAS, AGUAS SERVIDAS Y AGUA POTABLE PORTAL LABRANZA III.

4- Contrato de fecha 13 de junio del 2022 Subcontrato No: LAIH-35 EJECUCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PORTAL LABRANZA III.

Conforme al tenor literal de los contratos y contenido en cada uno de ellos, se trata de contratos para la ejecución de una obra material determinada, a “suma alzada", es decir, se les encargó la ejecución de una obra a cambio de un precio o valor determinado y acordado entre las partes, valor claramente establecido en el contrato. Es así también como en cada contrato se establecen claramente las condiciones pactadas, por ejemplo: En la cláusula segunda, se señala la obra encomendada y sus condiciones generales; en la cláusula cuarta, se establece el precio a pagar por la obra material encomendada; en la cláusula quinta, se señala la forma de pago del precio, esto es, "mediante estados de pagos mensuales" y conforme al avance de las obras, autorizados por el administrador de la obra previa verificación de la hoja de ruta, aprobada por el representante de la oficina técnica. Luego, se señala en el contrato que una vez aprobado el estado de pago se debe presentar la factura dentro del calendario de la inmobiliaria, la que será pagada 30 días posteriores a la recepción de ésta; en la cláusula sexta se estableció la retención en cada estado de pago de un 5% del monto del pago, quedando en garantía del fiel cumplimiento del contrato y que deberá ser devuelta una vez terminado la obra; en la cláusula octava, se estableció la fecha de inicio y de término; en la cláusula décimo, se establecieron multas para el caso de incumplimiento del contratista en los plazos estipulados; en la cláusula décimo segunda, se establecieron condiciones particulares, donde destaca, por ejemplo, la N°3 que reitera la naturaleza del contrato, esto es, a suma alzada; la N°8 que señala que los estados de pago serán aprobados por el administrador una vez recibida la confirmación por oficina técnica en la hoja de ruta; la N°17 que establece la posibilidad para la empresa inmobiliaria de poner término anticipado al contrato, debiendo dar aviso por escrito, en tal caso, se obliga a pagar los servicios efectivamente realizados y las retenciones realizadas si fuere el caso.

Refiere que, a la fecha, nunca se les ha notificado por parte de la inmobiliaria recurrida la aplicación de alguna multa por algún supuesto retraso o incumplimiento de su parte en la ejecución de las obras.

EL ACTUAR ILEGAL Y ARBITRARIO DE PARTE DE LA RECURRIDA.

La inmobiliaria recurrida ha incurrido en una serie de actos y conductas ilegales y arbitrarias que amenazan, perturban y privan a la recurrente en el legítimo ejercicio de derechos en su favor, los que emanan de los contratos celebrados entre ambas partes, garantizados además por nuestra Constitución Política, como ser, el derecho de propiedad sobre toda clase bienes corporales e incorporales, consagrado en el artículo 19 na24 de la Constitución Política.

HECHO N°1: "Intervención del contrato sin justificación, ni notificación".

Recientemente han tomado conocimiento de que, una parte de las obras que por contrato se les ha encomendado y pendientes aún de ejecución y terminación, han sido encargadas o encomendadas a un tercero, a otra persona o empresa ajena a la recurrente, la cual estaría ejecutando los trabajos en la obra de la inmobiliaria recurrida. Es decir, la recurrida ha intervenido el contrato y la obra encomendada sin haberles notificado previamente de tal circunstancia, sin haber sido notificados de causal alguna, sin haber consentido para proceder de tal forma, sin haber renunciado por parte de la actora a dicho contrato o parte de este, constituyendo una conducta absolutamente ilegal y arbitraria y que altera unilateralmente las condiciones contractuales previamente pactadas, lo que les priva de un legítimo derecho a ejecutar la obra encomendada y de percibir su valor monetario, previamente acordado y pactado, lo cual resulta absolutamente improcedente y les causa un perjuicio patrimonial, afecta su derecho de propiedad que tienen sobre los contratos celebrados y sobre los dineros o valores a percibir. Por último, los coloca en una situación de amenaza de tener que responder en el futuro por obras que no fueron ejecutas por su empresa, conforme a la responsabilidad que les afecta, de acuerdo a la normativa especial sobre la materia contenida en la nueva Ley de Urbanismo y Construcción, artículos 16, 17 y 18.

HECHO N°2: “Descrédito frente a terceros.”

Relacionado con lo expuesto en el punto n°1 anterior, han tomado conocimiento también que, el administrador de la obra de la inmobiliaria recurrida, el señor nombre reservado, concurrió a las oficinas del SERVÍU Región de La Araucanía, oficina de proyectos viales, entrevistándose con la jefa del departamento doña nombre reservado, a quien le manifestaron que su empresa ya no estaba vinculada contractualmente con la inmobiliaria recurrida, lo cual no es efectivo, y le habría solicitado información a fin de llevar a cabo la desvinculación formal, para cambiar de contratista. Esto último, en estricto rigor, resulta improcedente, causa incertidumbre, constituye una amenaza de privación o perturbación de un legítimo derecho adquirido contractualmente, provoca una inseguridad en la ejecución normal del contrato pactado, situación que está vulnerando o amenazando con vulnerar los derechos de la recurrente, y, además, les provoca un descrédito frente a terceros.

HECHO N°3: “Modificación unilateral de las condiciones contractuales.”

A fines del mes de diciembre del año 2022 se le informó verbalmente que las condiciones pactadas contractualmente sufrirán alteraciones, debido a modificaciones unilaterales que pretende realizar la inmobiliaria recurrida, lo cual, en estricto rigor, resulta absolutamente improcedente, atenta contra la naturaleza del contrato celebrado entre las partes, esto es, "un contrato a suma alzada", habiendo quedado establecidas las condiciones que han sido aceptadas y ejecutadas.

En los últimos dos meses se ha generado el avance por estado de pago en conjunto con el administrador de la obra, pero, recientemente, a fines del mes de diciembre, le informa que existe una incongruencia con sus estados de pago y que tiene que quedar resuelto el 27-12-2022. Asiste a dicha citación donde le manifiestan que tienen pagado mayor valor que el que realmente tienen ejecutado, pretendiendo con esto, cambiar la naturaleza el contrato, es decir, ya no como contrato a suma alzada sino como contrato a precio unitario, lo que, en estricto rigor no corresponde a lo que fue acordado y pactado.

En atención a esto último, el citado administrador y la inmobiliaria recurrida se han negado a cursar nuevos estados de pago y, por lo mismo, no ha podido facturar el avance de obras ya ejecutadas, terminadas, y que habían sido aprobadas por el administrador de la obra antes mencionado, las cuales deberían ser pagadas en los plazos convenidos y acordados por contrato. Esta última situación les está generando un perjuicio económico evidente y privación de un derecho sobre una suma determinada de dinero correspondiente a obras ya ejecutadas. En atención a la negativa injustificada de la recurrida de cursar los nuevos estados de pago y aprobar estos para proceder así a su facturación, se han visto privados de percibir los dineros en pago por la ejecución de dichas obras, provocando un perjuicio patrimonial importante y les genera una falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones pendientes.

HECHO N°4: “Negativa injustificada de cursar y aprobar estados de pago.”

Agrega que existen obras ejecutadas en favor de la recurrida y pendientes de ser facturadas, toda vez que, la inmobiliaria no cumple con dar curso a los estados de pago y su aprobación, conforme al avance de las obras y según calendarios de pago, todo ello conforme a lo establecido en el propio contrato, no existiendo motivo o causa que justifique su conducta, causando con ello una dilación injustificada en el proceso de aprobación de estados de pago y facturación, por consiguiente, una demora injustificada en el pago de las obras ejecutadas, acarreando todo esto un perjuicio patrimonial y una privación y perturbación en el goce de un derecho establecido contractualmente y constitucionalmente protegido como ser el derecho de propiedad.

Indica que el actuar de la recurrida es arbitrario.

La conducta expresada en el hecho N°1 y N°2, consistente en intervenir el contrato celebrado entre las partes, colocando a un tercero ajeno, carece de causa justificada y racional, al menos no ha sido informada y notificada previamente, por consiguiente, carece de razonabilidad y fundamento alguno, al menos no ha sido expresado a la parte recurrente. Es arbitraria, además, por cuanto no existe causa o fundamento racional para proceder de tal forma, causando un desprestigio sin fundamento ante una institución y funcionaria pública.

De igual forma, las conductas en las que ha incurrido la inmobiliaria, expresadas en el n°3 y n°4, son absolutamente arbitrarias, toda vez que, no existe causa o fundamento válido y notificado a la parte afectada para proceder de tal forma, es decir, para alterar unilateralmente las condiciones previamente pactadas, para alterar la naturaleza del contrato y la forma de pago de las obras ejecutadas, como también resulta injustificada la negativa, dilación y demora en la que ha incurrido la inmobiliaria en cursar y aprobar los estados de pago por las obras ya ejecutadas y terminadas, incumpliendo con lo pactado.

Afirma que la conducta de la recurrida es ilegal.

Resulta ser absolutamente ilegal, toda vez que, atenta contra derechos consagrados contractualmente a favor de la recurrente, constituyendo derechos adquiridos, los que sólo pueden ser modificados de común acuerdo entre las partes y no de forma unilateral, como lo pretende la recurrida. Atenta contra los principios de buena fe en materia contractual, atenta contra lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, el cual señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Asimismo, atenta contra lo dispuesto en el artículo 1546 del mismo cuerpo legal, el cual señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella.

Por consiguiente, no puede pretender la recurrida alterar unilateralmente lo pactado, ni menos, intervenirlo sin una causa justificada y legal, sin ser previamente notificados de tal circunstancia, atentando de esa forma contra derechos consagradas contractualmente como también se encuentran amparados en la propia Constitución Política de la República, constituyendo derechos adquiridos.

Frente a la compleja situación a la que están enfrentados en razón de las conductas ilegales y arbitrarias en las que ha incurrido la inmobiliaria recurrida, las cuales les ha acarreado serios perjuicios económicos y liquidez financiera, sobre todo para poder cumplir con sus compromisos y obligaciones pendientes, el día 30 de diciembre del año 2022 se envió un correo a los representantes legales de la recurrida y administrador de la misma, solicitando aclarar los hechos y conductas antes denunciados como ilegales y arbitrarios. Se solicitó también la regularización de la situación contractual y pago de las obligaciones pendientes, comunicando la decisión de suspender temporalmente sus actividades en espera de una formal aclaración, regularización de la situación contractual y de los estados de pago pendientes, como también, el pago de todas las facturas pendientes por obras ejecutadas. Se solicitó también aclarar la ocupación de materiales de construcción de propiedad de la recurrente, sin su autorización, motivo por el cual, se pidió otorgar las facilidades para retirarlos de la obra ya que se encuentran acopiados provisoriamente al interior de esta. La recurrida respondió con fecha 06 de enero del 2023, por intermedio de su administrador señor nombre reservado, negando la mayoría de los puntos, pero, curiosamente les informa que el contrato se encuentra terminado por abandono de las obras por parte de la recurrente, lo cual no es efectivo, circunstancia que tampoco ha sido comunicada formalmente conforme a lo estipulado en el contrato, menos aún se les ha pagado todo lo adeudado.

Garantías constitucionales vulneradas:

Con la conducta de la recurrida se vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 que señala "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales".

Efectivamente, las conductas arbitrarias e ilegales en las que ha incurrido la inmobiliaria recurrida, y que, tardíamente pretende justificar, atentan contra el derecho constitucional consagrado en el artículo 19 N°24, esto es, el derecho de propiedad, toda vez que, se priva de obtener un derecho que pertenece a la recurrente por contrato, el derecho a percibir una ganancia, y provoca con su conducta una disminución considerable en el patrimonio y genera un perjuicio al colocarla en una situación de incumplimiento para con sus acreedores.

EN CUANTO A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.

El artículo 20 de nuestra Constitución Política dispone: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 números 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9 inciso final, 11, 12, 13, 15, 16 relativo a la libertar de trabajo, libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, podrá ocurrir por sí o por cualquier a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes ".

Por su parte, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, establece: "1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. 2°.- El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico".

La acción o recurso de protección que se ha interpuesto es admisible, toda vez que, se denuncia una conducta ilegal y arbitraria de parte de la recurrida expresados en los hechos n°1 al n°4 del punto cuarto del presente escrito de protección, conductas que violentan el contrato válidamente celebrado entre las partes y las garantías constitucionales consagradas en favor de la recurrente, como son las señaladas en el artículo 19 n°24 de la Constitución Política, esto es, el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales, en este caso, sobre los derechos adquiridos por contrato.

La acción es admisible, toda vez que, se ha interpuesto dentro de plazo, por cuanto las garantías que están siendo vulneradas y están amenazando con privación o perturbación del ejercicio de dichos derechos en el tiempo futuro, causa un efecto permanente en el tiempo, por la naturaleza y forma como se vulnera dicho derecho, por consiguiente, el plazo de los treinta días que se exige para interponer este recurso, para el caso de autos, no opera, no obstante que, recién se ha tomado conocimiento de los mismos.

El presente recurso es admisible por cuanto se ha interpuesto ante tribunal competente, teniendo presente para tal efecto lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallos del recurso de protección, transcrito precedentemente. Pues bien, los efectos de las conductas ilegales y arbitrarias se producen en el territorio jurisdiccional de la llma. Corte de Apelaciones de Temuco, siendo competente para conocerlo y resolverlo.

Pide declarar:

1.- Que las conductas en las que ha incurrido la recurrida, denunciadas en el punto cuarto, como hechos n°1 y n°2, consistente en la intervención del contrato sin aviso previo, sin existir causa justificada y racional y sin haber notificado a la parte recurrente, constituyen un actuar arbitrario e ilegal, toda vez que, alteran las condiciones contractuales pactadas y causa una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio y goce de un derecho adquirido y garantizado por la Constitución Política en su artículo 19 n°24.

2.- Que las conductas en las que ha incurrido la recurrida, expresados en el n°3 del punto cuarto, consistente en el cambio unilateral de las condiciones previamente pactadas por contrato, son absolutamente ilegales y arbitrarias, atentan contra la naturaleza propia del contrato pactado entre las partes y provocan una privación y perturbación en el ejercicio y goce de un derecho adquirido y protegido por nuestra Constitución en su artículo 19 n°24.

3- Que las conductas en las que ha incurrido la recurrida, denunciadas en el n°4 del punto cuarto, consistentes en la negativa y dilación injustificada de cursar y aprobar los estados de pago de las obras ya ejecutadas y terminadas por la recurrente, generando con ello la imposibilidad de su facturación y pronto pago, son absolutamente ilegales y arbitrarias, atentan contra lo pactado contractualmente, privan y perturban el legítimo ejercicio y goce de un derecho adquirido y garantizado por nuestra Constitución en el artículo 19 n°24.

4.- Ordenar a la recurrida proceder a cursar los estados de pago por las obras ejecutadas y pendientes a la fecha de ser pagadas, a fin de que el recurrente pueda facturar los valores por las obras ejecutadas.

5.- Se decreten las medidas que SSa. Ilma. estime conducentes y necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar así la debida protección de la parte afectada.

6.- Se condene en costas a la recurrida, en caso de oposición.

Acompañó los siguientes documentos:

1. Contrato de fecha 25 de noviembre del año 2021, Subcontrato No: LAIII-12 PAVIMENTACIÓN INTERIORES Y VEREDAS PORTAL DE LABRANZA IU; 2. Contrato de fecha 22 de noviembre del 2021. Subcontrato No: LAIII-9 EXTENSIÓN DE MATRIZ PORTAL LABRANZA III; 3. Contrato de fecha 28 de noviembre del 2021, Subcontrato No: LAIK-11 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES: AGUAS LLUVIAS, AGUAS SERVIDAS Y AGUA POTABLE PORTAL LABRANZA m; 4.Contrato de fecha 13 de jumo del 2022, Subcontrato No: LAJII-35 EJECUCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PORTAL LABRANZA III; 5. Pago de Derechos de Pavimentación Nª25434; 6. Correo electrónico enviado por el recurrente a la recurrida, de fecha 30 de diciembre del 2022, donde formula reclamo y solicita regularización de situación; 7. Correo electrónico enviado por el recurrente a la recurrida, de fecha 07 de marzo del 2023, formula nuevamente reclamo y solicita regularización; 8. Correo de fecha 13 de marzo del 2023, enviado por la recurrida al recurrente, informa término de contrato y adjunta documento; 9. Aviso de término de contrato enviado por la recurrida a la recurrente; 10. Correo respuesta de fecha 14 de marzo del 2023, enviado por el recurrente a la recurrida, reclama la extemporaneidad de la comunicación.

A folio N°25 evacua informe la recurrida INMOBILIARIA PORTAL DE LABRANZA III SPA, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

1.- HECHOS.

1.1.- Inmobiliaria Portal de Labranza III SpA se encuentra desarrollando un proyecto de conjunto habitacional denominada PORTAL LABRANZA III, ubicada en domicilio reservado, de la ciudad de Temuco.

1.2.- En el marco de dicha obra, su representada subcontrató a la recurrente para la ejecución de diversas partidas de ella, suscribiendo los siguientes contratos a suma alzada:

i.

Contrato de fecha 25 de noviembre del año 2021, Subcontrato No: LAIII-12: PAVIMENTACIÓN INTERIORES Y VEREDAS PORTAL DE LABRANZA III.

ii.

Contrato de fecha 22 de noviembre del 2021, Subcontrato No: LAIII-9: EXTENSIÓN DE MATRIZ PORTAL LABRANZA III.

iii.

Contrato de fecha 28 de noviembre del 2021, Subcontrato No: LAIII-11: INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES: AGUAS LLUVIAS, AGUAS SERVIDAS Y AGUA POTABLE PORTAL LABRANZA III.

iv.

Contrato de fecha 13 de junio del 2022, Subcontrato No: LAIII-35: EJECUCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PORTAL LABRANZA III.

1.3.- Debido a diversos incumplimientos de la recurrente, principalmente por atrasos en las obras contratadas, se vio forzada a asumir ciertas partidas de dichos contratos y proveer incluso de mano de obra al recurrente, todo con su debida autorización, a fin de no entorpecer el correcto desarrollo de la obra ni generar atrasos en ella.

1.4.- En consecuencia, las partes se encontraban ligadas por una relación contractual, a estas alturas terminada por el abandono de obras realizado por la recurrente con fecha 29 de diciembre de 2022, cuestión que de por sí sola conlleva al rechazo del presente recurso de protección.

2.- INEXISTENCIA DE ARBITRARIEDAD Y/O ILEGALIDAD.

2.1 La acción de protección interpuesta en estos antecedentes, para que prospere, requiere de la existencia de un acto ilegal y arbitrario que tenga la aptitud de privar, perturbar, amenazar o conculcar el legítimo ejercicio de la garantía constitucional del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

2.2 Según la recurrente, dicho acto arbitrario e ilegal estaría constituido por supuestos incumplimientos contractuales que enumera en su recurso, cuestión que no es resorte de este Ilmo. Tribunal resolver, pues el recurso de protección tiene por objeto proteger derechos fundamentales frente a posibles “privaciones, perturbaciones o amenazas” de los mismos y no solucionar supuestos incumplimientos contractuales o meras expectativas derivadas de supuestas pretensiones contractuales, cuya competencia radica en los tribunales ordinarios de justicia o, en el caso concreto, en un juez árbitro, quien, conociendo del asunto en un juicio declarativo, debe resolver la procedencia de dicha pretensiones.

En efecto, nuestra Excma. Corte Suprema ha señalado que el recurso de protección es “una acción de carácter cautelar para el caso de aquél que, por un acto u omisión arbitrario o ilegal, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en ella se contempla, para lo cual debe concurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará las medidas necesarias para que se restablezca el imperio del derecho y asegure la debida protección del afectado” y que esta tiene como requisito sine qua non para su aceptación que los derechos vulnerados tengan el carácter de indubitados. Y en este último caso, ha señalado que en aquel caso en que la pretensión de la recurrente no se funda en un derecho indubitado, sino una mera expectativa de la misma, corresponde dilucidar el conflicto en un juicio declarativo de lato conocimiento.

2.3 En base a lo anterior, corresponde que se rechace el presente recurso de protección por no ser esta la vía idónea para resolver un conflicto de carácter contractual.

2.4.- No obstante, esta parte de todos modos se hará cargo de las alegaciones de la contraria, conforme se expondrá a continuación.

2.5.- En cuanto a la intervención del contrato sin justificación alguna.

2.5.1.- En primer término, debido a los reiterados incumplimientos contractuales de la recurrente en la obra individualizada en el capítulo primero de esta presentación, las partes acordaron que la recurrida interviniera el contrato, es decir, que se hiciera cargo de ciertas partidas o ítems pactados entre las partes, sobre todo del Proyecto de Aguas Lluvia, que corresponde al contrato LAIII-11, como consecuencia del evidente incumplimiento de las fechas programadas, en reunión de planificación donde se establecen los dichos plazos.

Asimismo, el recurrente dejó de asistir a las reuniones de coordinación del mes de diciembre de 2022, acreditándose de esta forma el incumplimiento contractual de la recurrente, el cual se ratificó al abandonar definitivamente la obra el día 29 de diciembre de 2022.

2.5.2.- Por otro lado, a fin de evitar mayores retrasos en la ejecución de las obras, las partes acordaron que la recurrida asumiera algunas partidas del contrato LAIII-12 (relativo a las veredas) y del contrato LAIII-11 (relativo a las aguas lluvias), como asimismo, su representada proveyera de mano de obra al recurrente.

2.5.3.- Adicional a lo anterior, debió reparar un sinfín de partidas que quedaron mal ejecutadas por la recurrente.

2.5.4.- Como se puede apreciar, la contraria siempre estuvo en conocimiento que su representada se haría cargo de ciertas partidas de los contratos pactadas y no se opuso a ello en su oportunidad.

2.6.- En cuanto al supuesto descrédito frente a terceros.

2.6.1.- Dicha afirmación no es efectiva ni constituye una conculcación de garantías constitucionales, toda vez que efectivamente informó al Serviu de la Región de la Araucanía, en razón que dicho servicio exige que cada vez que se modifique un contratista (el cual debe estar previamente inscrito en el Registro de Contratistas del Servicio) dicha modificación debe ser aprobada. En el caso de autos, dicha solicitud se debió al abandono de obras realizado por el recurrente con fecha 29 de diciembre de 2022.

2.7.- En cuanto a la supuesta modificación unilateral de las condiciones contractuales.

2.7.1.- La recurrente alegó una supuesta modificación unilateral del contrato acusando que la recurrida pretendió modificar el tipo de contrato, de “suma alzada” a “precios unitarios”, señalando como fundamento que se habría pagado un mayor valor que el realmente ejecutado y que, por ello, no se cursarían más estados de pago.

2.7.2.- Sin perjuicio que los estados de pago reflejan el avance real de la obra, efectivamente al recurrente se le pagó un monto mayor por concepto de avances de obra al que efectivamente había realizado, pero ello se hizo precisamente para no perjudicar el recurrente.

Indica que utiliza para la ejecución de sus proyectos, un software computacional denominado “Iconstruye”, que solo libera fondos y estados de pago bajo ciertas condiciones muy estrictas. Lamentablemente dicho software no permite generar fondos para pagos de obras anexas (adicionales o extraordinarias), previamente pactadas por las partes, si no se han ingresado al sistema y se han realizado todas las aprobaciones respectivas durante el período del mes calendario, lo cual tiene una duración aproximada de 20 días. Ello generaba un problema para el recurrente, quien por la demora en el sistema quedaba sin liquidez para continuar la ejecución del contrato, por lo que, de común acuerdo entre las partes, se “adelantaron” algunas partidas para ser pagadas en el estado de pago respectivo, para así generar liquidez, las cuales se regularizaban en el mes calendario siguiente.

Por tanto, para gestionar y liberar los pagos relacionados con las obras adicionales que no figuraban en el sistema, dentro del mes calendario, y con el objeto de no perjudicar a la recurrente, se adelantaban partidas del contrato principal para poder pagarles el mismo mes y luego (al otro mes) con el anexo de obras adicionales, ya aprobado, se regularizaba la situación. Todo lo cual, hasta la fecha de abandono de las obras por parte del recurrente, se realizó de común acuerdo por las partes, sin reclamo alguno por parte de la recurrente.

2.7.3.- Finalmente, no es efectivo que no se aprobaron más estados de pago, toda vez que el recurrente hizo abandono de las obras sin concluirlas, por lo que no se emitieron más estados de pago. En consecuencia, todos los estados de pago emitidos y aprobados, fueron debidamente pagados por mi representada.

2.8.- En cuanto a la supuesta negativa injustificada de cursar y aprobar estados de pago.

2.8.1.- En este punto, solo cabe hacer presente que todos los estados de pago, por obras efectivamente ejecutadas, se encuentran aprobados y pagados, sin perjuicio que ello estima que es un tema netamente contractual que no cabe ser resuelto por este Ilmo. Tribunal.

Así las cosas, afirma que se ha cumplido con las aprobaciones de los estados de pago considerando las obras debidamente ejecutadas. A la fecha, según expone a continuación en cuadro resumen, se observa que se encuentran todas las obras ejecutadas aprobadas y facturadas:

Resumen contratos, cuyas obras ejecutadas aprobadas y facturadas se encuentran debidamente pagadas. Según cuadro extractado, las conclusiones a la fecha son las siguientes:

a)

Contrato LAIII-35; monto original $10.669.474.- (no tiene anexos); aprobado y facturado a la fecha el mismo monto.

b)

Contrato LAIII-11; monto original contrato $161.826.471.- más anexos por $9.937.117.-; aprobado y facturado a la fecha el monto de $128.211.874.-, lo cual corresponde al avance real a la fecha de abandono de obras por el recurrente.

c)

Contrato LAIII-12; monto original contrato $59.556.184.- más anexos por $6.081.451.-; aprobado y facturado a la fecha el monto de $39.837.428.- lo cual corresponde al avance real a la fecha de abandono de obras por el recurrente.

d) Contrato LAIII-9; monto original contrato $26.772.913.- más anexos por $4.937.834; aprobado y facturado a la fecha el monto de $28.247.638.- lo cual corresponde al avance real a la fecha de abandono de obras por el recurrente.

Resúmenes de orden de compras cuyas obras ejecutadas aprobadas y facturadas se encuentran debidamente pagadas a esta fecha, salvo la factura N° 130 por la suma de $3.275.900, la cual se encuentra en proceso de pago:

2.8.2.- En consecuencia, no es efectiva una supuesta conculcación de derechos fundamentales, por cuanto todos los estados de pago, debidamente tramitados, han sido aprobados, facturados y pagados o en curso de pago a la brevedad posible.

3.- INEXISTENCIA DE CONCULCACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

3.1.- Todo lo antes indicado permite concluir que, no se ha desarrollado acto arbitrario o ilegal alguno, ya que todas las materias o hechos, que supuestamente habrían conculcado de derechos o garantías constitucionales del recurrente, son en realidad meras expectativas, cuya controversia debe ser resuelta por los tribunales competentes en un juicio declarativo y no en sede constitucional.

3.2.- Por esta razón, los hechos descritos en el recurso se encuentran bajo el imperio del derecho, debiendo rechazarse en consecuencia el recurso incoado.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Contrato de fecha 25 de noviembre del año 2021, Subcontrato No: LAIII-12: PAVIMENTACIÓN INTERIORES Y VEREDAS PORTAL DE LABRANZA III; 2.Contrato de fecha 22 de noviembre del 2021, Subcontrato No: LAIII-9: EXTENSIÓN DE MATRIZ PORTAL LABRANZA III; 3. Contrato de fecha 28 de noviembre del 2021, Subcontrato No: LAIII-11: INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES: AGUAS LLUVIAS, AGUAS SERVIDAS Y AGUA POTABLE PORTAL LABRANZA III; 4.

Contrato de fecha 13 de junio del 2022, Subcontrato No: LAIII-35: EJECUCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PORTAL LABRANZA III; 5. Correo electrónico de fecha 06 de enero de 2023, en que se da respuesta a diversas consultas del recurrente por los contratos de marras, con sus respectivos archivos; 6. Correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2022, que da cuenta de minuta de reunión de fecha 26 de octubre de 2022, citada por mi representada en carta de respuesta remitida al recurrente de fecha 6 de enero de 2023 (denominado Anexo 1 en respuesta numeral Segundo); 7.- Correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2022, que da cuenta de minuta de reunión de fecha 10 de noviembre de 2022; 8.- Correo electrónico de fecha 22 de diciembre de 2022, que da cuenta de minuta de reunión de fechas 21 y 22 de diciembre de 2022; 9.- Set de correos electrónicos de fecha 27 de diciembre de 2022, que da cuenta de acuerdos por utilización de materiales de obra; 10.- Planilla denominada Anexo 5, citada por la recurrida en carta de respuesta remitida al recurrente de fecha 6 de enero de 2023 (en respuesta numeral Séptimo), en que consta el estado de pagos a la fecha de la respuesta; 11.- Planilla denominada Anexo 6, citada por recurrida en carta de respuesta remitida al recurrente de fecha 6 de enero de 2023 en que consta el estado de órdenes de compra procesados y los contratos ingresados en la plataforma Iconstruye allí citados; 12.- Copia de registros obtenidos en pagina web del Registro de Contratistas del MINVU (Ministerio de Vivienda), donde consta que el recurrente no se encuentra inscrito en dicho registro, así como tampoco su representante legal, en la página web: https://appregistrostecnicos.minvu.cl/informacionlineat.aspx; 13.- Resumen de la totalidad de las facturas emitidas por la recurrente en el marco de los contratos de construcción, con sus correspondientes comprobantes de pago.

A folio N°15 evacua informe SERVU Región de la Araucanía, e indica que consultada la funcionaria de este Servicio, doña nombre reservado, al tenor de lo indicado en el oficio ya citado, doña nombre reservado comenta lo siguiente: “Si, es efectivo que el Sr. nombre reservado, acudió a la Oficina de Proyectos Viales, donde expuso cambio de profesional para ejecución de proyectos aprobados por este Servicio: N° 21-6994 Portal Labranza III, Localidad Labranza, obra en etapa de inicio y Proy 20-6719 Acceso Condominio Cumbres, Fundo El Carmen, en etapa de término de obras, por término de vínculo con la Empresa nombre reservado”.

A folio N°29 se trajeron los autos en relación.

CON RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, por su naturaleza y procedimiento, es sumarísimo y su objetivo es la protección de derechos indubitados y no se presta para discutir cuestiones que deben ser materia de prueba. Tales asuntos escapan al conocimiento de este recurso, de naturaleza meramente cautelar, y que deben ser dilucidadas, mediante el ejercicio de las acciones pertinentes ante el tribunal que corresponda.

SEGUNDO: Que, reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha sostenido que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo, a su vez, de un instrumento cautelar destinado a resguardar de modo urgente aquellas garantías que estén amagadas, para restablecer así el imperio del derecho, pero en modo alguno ha sido instituido como medio o sustituto jurisdiccional para la obtención, por su intermedio, de la declaración o constitución de derechos.

TERCERO: Que, en el caso de autos, el asunto debatido dice relación con presuntos incumplimientos contractuales, esto es, por una parte, no guardan relación con derechos indubitados y, por otra, se trata de cuestiones que requieren ser conocidas por un tribunal en un juicio de lato conocimiento, por lo que la presente acción cautelar no resulta ser la vía idónea para resolver el conflicto.

CUARTO: Que, por consiguiente, en atención a lo establecido en los fundamentos precedentes el recurso interpuesto en estos antecedentes no podrá prosperar, sin perjuicio del ejercicio de los derechos que pueda hacer valer el recurrente en la sede que corresponda Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-145-2023.(jog)