nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIALREGIÓN METROPOLITANA

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece CAROLINA OLAVE ESPINOZA, con domicilio en domicilio reservado, en representación según se acreditará de doña nombre reservado, Trabajadora dependiente, para estos efectos de mi domicilio, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, fundado en las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer.

Mi representada comenzó con licencia médica desde marzo de 2016 de forma continua hasta fines de abril de 2022. En dicho momento ingresó a urgencia por diversas dolencias, específicamente, no sentir sus piernas y un intenso dolor lumbar. Luego de ser examinada por un especialista, se le indicó cirugía, la que se pospuso por casi 3 años. Finalmente fue operada el 22 de junio del 2019, estando hospitalizada 3 días, siendo derivada al kinesiólogo para rehabilitación. Luego comenzó con los trámites para obtener pensión de invalidez, siendo rechazado en varias ocasiones, acompañándose copia de la última resolución. Desde diciembre del 2020 comenzaron a ser rechazadas las licencias, reclamando ante las instancias administrativas previstas en la ley, manteniéndose por éstas, tal decisión.

2.- Las licencias medidas que fueron rechazadas por la COMPIN y luego, confirmadas por la SUSESO son desde diciembre de 2020, hasta noviembre del año 2021, conociendo esta Iltma. Corte de Apelaciones por los hechos antes descritos, acogiendo la acción de protección planteada bajo el ROL 300-2022, ordenando que la Superintendencia de Seguridad Social deber disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo.

3.- Que, con fecha 22 de abril de 2022, mi representada conoce el contenido de la RESOLUCION EXENTA NºR-01-UME-50716-2022, que comunica el nuevo rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, NºRUT reservado; y, NºRUT reservado, por un total de 90 días a contar del 01 de octubre de 2021, 4.- Que, según se desprende de la nueva comunicación de rechazo, el motivo invocado en la resolución es que el reposo no se encuentra justificado, por cuanto, el diagnóstico de la recurrente tendría una naturaleza de irreversible e irrecuperable, no siendo procedente, en concepto de la recurrida, el pago del subsidio, pues, éste supone una patología que devenga en incapacidad temporal para el trabajo. Sin embargo, el carácter temporal o permanente, es relativo, conforme se desarrollará más adelante.

5.- Que, la administración a través de la Superintendencia aludida, rechaza las licencias estimando que, respecto de mi representada no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, cursando con indicación de licencias médicas por el cuadro diagnosticado desde junio de 2019, sin lograr su recuperación. Cabe hacer presente que el recurso presentado con anterioridad ante esta Iltma. Corte, bajo el rol N°300-2022, el cual, fue acogido, versando sobre las licencias anteriores a aquéllas que son materia del presente recurso. En efecto, estas nuevas alegaciones son por las licencias que la recurrida rechazó con posterioridad y que devienen sin acto de continuidad, por lo que se debe tener presente lo resuelto, también en estos autos.

6.- Que, el razonamiento anterior deja a mi representada en el más entero desamparo, pues, por un lado la Superintendencia de Seguridad Social, rechaza continuadamente las licencias médicas que justificadamente su médico tratante emite, dejándola sin el pago del respectivo subsidio, y, por otro, niega la declaración de invalidez, quedando privada de toda solución concreta (según se acreditó en causa Protección. 300-2022).

7.- Que, en concepto de esta parte la decisión de ambas entidades referida precedentemente, es contraria a derecho, por cuanto, se erige como acto arbitrario e ilegal, carente de fundamentos concretos vulnerando la normativa, reglamentaria, legal y constitucional que regula la cuestión.

8.- Cabe hacer presente que, sólo se recurre en contra de la SUSESO, por cuanto, ésta ha dictado los actos administrativos terminales, pues, con ello se ha afinado el procedimiento administrativo de reclamo, concluyéndose indefectiblemente dicha vía, dando lugar, al ejercicio del presente arbitrio.

9.- Que, en concreto, el rechazo de la licencia médica y, consecuencialmente, del pago del respectivo subsidio, constituye un acto administrativo negativo, que priva a mi representada de un derecho, por lo que, además, de ser notificado en forma legal, requiere de un estándar mínimo de fundamentación y motivación, la cual, no puede ser meramente aparente, como acontece, en la especie. En efecto, se fundamenta la confirmación del rechazo (parafraseando los actos recurridos) en los antecedentes tenidos en vista y que, de los cuales, se desprendería que la enfermedad que padece mi representada sería irrecuperable, por ende, permanente. Sin embargo, ningún otro argumento que justifique lógicamente esa conclusión aparece en las resoluciones cuestionadas.

10.- Lo anterior, resulta sumamente relevante, por cuanto, quien dispone de los mecanismos técnicos y humanos para poder confirmar o no un diagnóstico, es precisamente la recurrida, quien, por sí, o por intermedio de las entidades sujetas a su control pueden, en caso de duda, efectuar una nueva evaluación, si fuere necesario, lo que no aconteció.

11.- La resolución que se impugna en esta acción constitucional y que, pusieron término a las instancias administrativas con la resolución de la SUSESO, se acompaña en un otrosí, la que indica el fundamento referido precedentemente.

12.- Según consta de los informes médicos de los facultativos que otorga las licencias médicas, mi representado tenía posibilidades de recuperación, con el tratamiento adecuado, acompañándose, en su oportunidad, a la COMPIN informe de su médico tratante donde consta el diagnostico, causas, tratamiento farmacológico, indicaciones por la que se considera necesario el reposo laboral, entre otras.

13.- Sin embargo, la decisión se mantuvo, careciendo ésta de sentido, si se considera que existe un gran número de licencias aprobadas previamente, con carácter ininterrumpido, lo que hace pensar a esta parte, cuál sería la razón de acoger algunas y rechazar otras, más que el mero arbitrio o capricho. Por lo anterior, al carecer los actos impugnados de la debida fundamentación, hace que éstos, no se basten así mismos, debiendo buscar los argumentos de otros antecedentes, lo que ciertamente, contraviene el deber de fundamentación de la administración del Estado y sus órganos.

14.- De este modo, necesariamente el rechazo de la recurrida se torna en arbitrario, por cuanto teniendo la posibilidad y ante el mandato legal del artículo 21 del reglamento para la autorización de licencias médicas, de requerir antecedentes, informes y exámenes, no lo hace y, es más, hace suyo el informe de una de las partes que precisamente es quien se verá económicamente perjudicada en el caso de aprobarse las licencias médicas.

El rechazo de las licencias médicas, vulnera a las siguientes garantías constitucionales: a) Del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, por cuanto se le impide a mi representada el acceder a las prestaciones médicas necesarias para recuperar su salud, ya que con el rechazo de las licencias médicas debe necesariamente reintegrarse a trabajar, debido a no haberse autorizado su reposo médico. b) Del artículo 19 N° 2 del Código Político, por cuanto, en la mayoría de los casos y grueso de reclamantes, en la misma situación fáctica la recurrida ha acogido o aprobado las licencias, siendo dicho actuar, atentatorio de la igualdad ante la ley, que obliga a tratar de manera equivalente a las personas que se encuentren en igualdad de supuestos fácticos. c) Del artículo 19 N° 3, inciso 4°, de la Carta Fundamental, por cuanto, la recurrida al abstenerse de fundamentar las decisiones cuestionadas, se erige como una verdadera comisión especial, que juzga o decide, conforme a su propia convicción de forma arbitraria y antojadiza. d) Del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, desde que la disminución o el rechazo de las licencias médicas, importan la afectación a su patrimonio, por cuanto, no se le ha pagado el subsidio respectivo de las remuneraciones que le habría correspondido percibir, afectando su derecho de propiedad.

Solicita se sirva tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, declararlo admisible y en definitiva acogerlo en todas sus partes, declarando arbitrario e ilegal el actuar del ente administrativo, el cual se manifiesta en la resolución que se acompaña al primer otrosí, dictada por la SUSESO, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que las licencias médicas números RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, sean acogidas, debiendo la recurrida pagar los subsidios por incapacidad correspondiente a ellas a quien corresponda, o bien, adopte las medidas que S.S. Ilustrísima estime pertinente con miras a establecer el imperio del derecho, como una reevaluación ante un facultativo imparcial que elabore un nuevo peritaje, todo ello con costas del recurso.

Acompaña a su presentación:

1.- Resolución exenta N°R-01-UME-50716-2022 de la SUSESO que confirman el rechazo de las licencias médicas efectuado por COMPIN. 2.- Fallo ROL 300-2022 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

A folio 9, informa ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien dice:

Respecto de la acción de protección interpuesta en favor de la Sra. nombre reservado, alegamos previo a informar el fondo del asunto, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido, con creces, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

Como consta en el expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 10 de mayo de 2022, en circunstancias que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 17 de noviembre de 2021, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 01 de octubre de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, mi representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-50716-2022, de fecha 26 de abril de 2022.

Sin perjuicio de lo anterior, consta que la Sra. nombre reservado recurre previamente ante la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, reclamando por el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, presentación que fue desestimada, mediante Resolución Licencia Médica, YA CON FECHA 09 de noviembre de 2021, según registra documento Listado Maestro de Licencias Médicas de Fonasa. Lo propio se resolvió respecto de las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, en orden a confirmar su rechazo por la misma entidad previsional.

Por lo anterior, se evidencia que ha pasado MÁS DE TREINTA DÍAS, desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

De tal manera, y de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la notificación de la Resolución Licencia Médica, de fecha 09 de noviembre de 2021, emitida por la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad para lo que fue creada por el constituyente, SE UTILIZA COMO ÚLTIMA INSTANCIA DE RECLAMACIÓN PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS, LAS QUE POR RAZONES MÉDICAS, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda al trabajador cotizante del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o a uno afiliado a una Institución de Salud Previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto esta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, la recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante SS. Iltma., TAN PRONTO TUVO NOTICIAS O CONOCIMIENTO CIERTO DE LOS MISMOS, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social.

Antes de informar respecto del fondo de la Acción de Protección que motiva el presente Informe, de solicito se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En este sentido, nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe señalar, que ambos beneficios, ya sea el subsidio de incapacidad laboral o la pensión de invalidez, su calificación, evaluación y posterior autorización, están sujetos a un procedimiento especial de revisión respecto de sus resoluciones, de doble instancia. Procedimiento especial de carácter reglado que obligatoriamente deben observar las distintas Comisiones, en el cual existe un análisis, razonamiento lógico y circunstanciado de los antecedentes médicos tenidos a la vista, para arribar a una decisión, todo ello debidamente consignado en el expediente administrativo del trabajador.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Con todo, y tratándose en la especie de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin perjuicio, que como se señaló, el legislador contempló un amplio y completo sistema de protección a nivel legal y reglamentario para la debida protección del Derecho a la Seguridad Social.

Solicita declarar la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19 Nº18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 17 de noviembre de 2021, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 01 de octubre de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, mi representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, cursando con indicación de licencias médicas por el cuadro diagnosticado desde junio de 2019, sin lograr su recuperación, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-50716-2022, de fecha 26 de abril de 2022.

Sobre la materia, es importante destacar a SS. Iltma. que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “Ficha Médica. Folio Expediente: R-176815-2021 (…) IMC (informe médico complementario) Detalle: CUADRO DE LUMBOCIATICA, CONSTA INFORME DE NEUROCIRUJANO TRATANTE Y ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS RELACIONADOS. TRES TPI (tramite de pensión de invalidez) RECHAZADOS POR BAJO PORCENTAJE. Fundamentos de la resolución: NO ACOGE: SON CASI TRES AÑOS DE REPOSO POR EL MISMO CUADRO, SIN RECUPERACION Y CON TPI RECHAZADOS. CUADRO CRONICO”.

Que, no obstante lo referido, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En este orden de ideas, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso”.

Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que como se ha señalado no media en la especie.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe requerido respecto de la Acción de Protección interpuesta en favor de doña nombre reservado, solicitando sea desestimada en todas sus partes con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación: copia del expediente administrativo, relativo al caso de la recurrente de autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, respecto de la excepción de extemporaneidad de la presente acción, cabe señalar que se impugna la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social de confirmar el rechazo de las licencias médicas, respecto de una misma patología que afecta al actor, resolviéndose el último recurso en sede administrativa dentro del término de 30 días que exige el auto acordado que rige la materia, por lo que será desechada dicha alegación. En este mismo Sentido debemos agregar que la mencionada resolución materia de esta vía es de fecha 22 de abril de 2022, siendo presentada esta protección con fecha 10 de mayo de 2022, lo que reafirma lo ya señalado en cuanto que ella fue presentada efectivamente dentro de plazo.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendida en los numerales 1, 3, 4 y 24 del artículo 19, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo de la acción de protección, cabe señalar que el acto arbitrario e ilegal denunciado por la parte recurrente dice relación con la resolución adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social de confirmar el rechazo de doce licencias médicas de la actora, denunciando, en definitiva la falta de fundamentación de dicho acto administrativo, el cual no se encontraría avalado por ningún antecedente médico o clínico que pudiera respaldar técnicamente tal decisión, especialmente por cuanto el motivo del rechazo dice relación con una incapacidad permanente en el estado de salud de la actora, lo que se ve reforzado por el hecho de que la Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez, reconoce tal situación, pero rechaza la declaración de invalidez de la recurrente.

QUINTO: Que, del análisis de los fundamentos esgrimidos para rechazar las licencias médicas de la actora, aparece que la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale más que la referencia a los antecedentes que la llevan a concluir la falta de justificación de la extensión del reposo ya autorizado, no haciendo mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado, sin que tampoco explicite los motivos, especialmente en atención que Compin estimó que el estado de salud de la recurrente no tenía el carácter de permanente, de modo tal que no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados. En este mismo orden de ideas destaca que en esta causa se aprecia una evidente contradicción, ya que por un lado se reconoce una afectación de salud de tipo permanente, la que a juicio de la recurrida hace improcedente la concesión de licencias médicas y por otra parte la misma institución de Salud, al resolver respecto de la petición de pensión por parte de la recurrente la rechaza por estimar que el porcentaje de invalidez no resulta suficiente para ello. Argumento que por este solo hecho podríamos considerar arbitrario. Y consecuencialmente pertinente para dar lugar a este recurso, ello porque una decisión de esa naturaleza deja a la recurrente en una clara situación de desprotección y afectación a sus legítimo derechos.

SEXTO: Que, además resulta insoslayable reflexionar que de acuerdo a las normas precedentemente referidas, es posible sostener que la recurrida, con mira a cumplir el mandato legal consistente en resolver las solicitudes presentadas por los afiliados al sistema de salud, pueden recabar los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido que se omite injustificadamente en el presente caso, trasladando el gravamen de cumplir con aquello al recurrente y sosteniéndose en dicha falta de antecedentes para fundar su decisión.

En ese mismo sentido, como ha señalado la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 22.184-2018 “Que de esta forma, se advierte que el rechazo de la licencia médica que ha sido motivo del recurso, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, y lo sitúa en una encrucijada en la que a razón de su condición de salud no puede trabajar, pero, dada la cronicidad de la misma no tiene derecho al pago del subsidio que la respectiva licencia genera.”

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección alegada por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña CAROLINA OLAVE ESPINOZA, abogada, en representación de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, todos ya individualizados, por la dictación de la Resolución Exenta NºR-01-UME-50716-2022 de fecha 26 de abril de 2022, la que se dejan sin efecto, ordenándose que la Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° Protección-14467-2022.(jog)