INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA INMACULADA con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SII

C.A. de Temuco Temuco, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, interponiendo Acción de Protección de garantías constitucionales en favor de la CONGREGACIÓN RELIGIOSAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA INMACULADA, persona jurídica de derecho público, del giro de su nombre, R.U.T. RUT reservado, domiciliada domicilio reservado; en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, Región de la Araucanía, representado por su directora doña nombre reservado. domiciliados ambos en Temuco, calle nombre reservado° 873, con el objeto de que esta Ilustrísima Corte adopte las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y ordene cesar los actos arbitrarios e ilegales cometidos por la recurrida en contra del legítimo ejercicio de los derechos amparados en la garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 NO 22 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica y al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Expone como hechos fundantes, que la Congregación Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, es propietaria de siete inmuebles o sitios en la comuna de Temuco.

Indica que, respecto de los mismos, hemos solicitado a la recurrida que, en uso de sus facultades y de conformidad a la ley, decretara la exención del impuesto territorial que afecta a los inmuebles, por cuanto se trata de inmuebles dedicados al culto.

Estos inmuebles son:

1.- Inmueble ubicado en domicilio reservado.

2- Inmueble ubicado en domicilio reservado.

3.- Inmueble ubicado en domicilio reservado.

4.- Inmueble ubicado en domicilio reservado.

5.- Inmueble ubicado en domicilio reservado.

6.- Inmueble ubicado en domicilio reservado.

7.- Inmueble ubicado en domicilio reservado, Rol de avalúo N°RUT reservado.

Expresa que, consta del artículo 2 de la Ley 17.235 que: "Estarán exentos de todo o parte de los impuestos establecidos en la presente ley, los inmuebles señalados en el Cuadro Anexo N° 1 en la forma y condiciones que en él se indican." Asimismo, tal como señala el N° 5 de la letra B) del Cuadro Anexo N° 1 de la Ley citada, estarán exentos del 100% del Impuesto territorial los siguientes bienes raíces mientras se cumpla la condición que en cada caso se indica:

N° 5 Letra B) Templos y sus dependencias destinadas al servicio de un culto, como asimismo las habitaciones anexas a dichos templos ocupadas por los funcionarios del culto y siempre que no produzcan renta”.

Comenta que, ocurre que los inmuebles singularizados son de propiedad de la entidad religiosa a la que represento y en cuyos terrenos se han construido establecimientos que tienen fines religiosos, toda vez que se encuentran destinados al culto de la religión católica; prueba de ello lo constituye el Decreto Eclesiástico, que acompaño en un otrosí, dictado por el Obispo de Temuco Monseñor nombre reservado, de fecha 19 de marzo de 2021, Prot. Número 256/2021, el cual contiene la licencia para la edificación de una capilla privada de la Congregación de Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, capilla actualmente existente en los inmuebles afectados por los impuestos que se cobran, los cuales, más allá de figurar como independientes o separados entre sí, en la realidad de los hechos, forman un solo paño.

Agrega que, a mayor abundamiento, hemos de señalar también que en el mismo terreno que se encuentra afectado por los impuestos que se cobran, que es una sola unidad o cuerpo cierto, existen diversas dependencias que se encuentran destinadas a habitaciones que ocupan las religiosas miembros de la congregación titular del dominio, por lo que concurre en la especie esta hipótesis legal de exención del 100% del impuesto territorial, motivo más que suficiente para no ejecutar cobro alguno a título de contribuciones de bienes raíces.

Refiere que, por otra parte, dispone el Nº 1 de la Letra B) del Cuadro Anexo Nº 1 de la Ley 17.235 que estarán exentos del 100% del Impuesto Territorial:

N° 1 LETRA B) Establecimientos educacionales, municipales, particulares y particulares subvencionados, de educación pre básica, básica y media, reconocidos por el Ministerio de Educación, y los Seminarios asociados a un culto religioso, todos ellos, en la parte destinada exclusivamente a la educación.

Indica que, es del caso que la Congregación Franciscana que represento, adquirió el inmueble objeto del presente cobro con la finalidad de destinarlo a impartir educación pre básica, básica y media, encontrándose hoy en día en pleno proceso de implementación para aperturar sus aulas en el más breve plazo, siendo dicha destinación para fines educacionales lo que, asimismo, obsta a que el inmueble antedicho deba estar sujeto al pago del impuesto territorial.

Señala que, así las cosas, desde el antedicho punto de vista, siendo la razón principal para esta exención el reconocimiento del rol fundamental que desempeñan estas entidades dentro de la sociedad, cual es la de educar y formar a los niños educandos, toda vez que la educación es considerada un bien público y una herramienta esencial para el desarrollo social y económico del país; es del todo esencial y coherente que no se pretenda cobrar impuesto territorial a los inmuebles cuyo destino es, precisamente, brindar dicha educación a los niños de la patria, siendo procedente desechar la ejecución en contra de la entidad educativa nombrada respecto de un impuesto que grava los inmuebles donde se imparte dicha educación.

Es del caso que presentada la solicitud al Servicio de Impuestos Internos el día 06 de noviembre de 2024, se le asignó el N° 4450252. Y se señaló expresamente que ella comprendía otros roles asociados a la solicitud, como son los roles de avalúo: 02450-00004; 02450-00005; 02450-00006; 02450-00007; 02450-00008; y 02450-00009.

El día 31 de enero pasado le notificaron la resolución del S.I.I. que reproduce.

Precisa que, a su vez la solicitud de antecedentes a que se refiere de fecha 13 de enero de 2025, se realizó por correo electrónico que se me dirigiera por la fiscalizadora doña nombre reservado, que inserta de manera íntegra en su presentación.

Precisa que, ocurre entonces Usía Ilustrísima que la resolución de 31 de enero se ha dictado en consideración a la falta de antecedentes que son claramente improcedentes e inconstitucionales, ya que se lesiona el derecho de propiedad de mi representada y se desconoce arbitrariamente su estatuto personal, lo que constituye una discriminación inconsulta, pues:

1.- se nos exige inscripción de la congregación en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, lo que no solo es improcedente, sino que es también discriminatorio e incompatible con el estatus jurídico reservado a la misma.

2.- se resuelve solamente respecto de uno de los roles en circunstancias que se elevó la solicitud por 7 de ellos, ya singularizados.

Respecto de lo primero, es necesario hacer presente que el estatuto por el cual se rige la Iglesia Católica y sus organizaciones dependientes no está dado por la ley 19.638, que es la que impone tal obligación a los cuerpos que define, puesto que lo que regla las relaciones de la Iglesia Católica y el Estado de Chile es fruto de la separación de Iglesia-Estado materializada en la Constitución Chilena de 1925, según es el pacifico entender de la doctrina, así el distinguido tratadista, don nombre reservado, ha dicho:

“En 1925 se dictó una nueva Constitución y con ella se produjo la separación entre la Iglesia y el Estado. La nueva Constitución aseguró a todos los habitantes de la República “la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres, o al orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas”.

Expone que, la nueva realidad por la que empezaron a discurrir las relaciones Iglesia-Estado hizo que se discutiera la continuidad, para la Iglesia Católica, de su condición de persona jurídica de derecho público, pues algunos entendieron que, en este nuevo contexto, su personalidad jurídica sería simplemente de derecho privado. Aunque el tema tuvo algo de controversia, la idea que finalmente se impuso fue la de que continuaba con la misma condición anterior. Esto dejó las cosas de la misma forma que bajo el imperio de la Constitución de 1833, lo que significó que el resto de las iglesias, cualquiera que fuere su denominación, si deseaban obtener personalidad jurídica y lo solicitaban, alcanzarían la condición de persona jurídica de derecho privado, mientras la Iglesia Católica y sus entes la seguían teniendo de derecho público.”

Manifiesta que, por su parte los profesores nombre reservado. nombre reservado, E.y nombre reservado. En su comentario intitulado “LA NUEVA LEY CHILENA DE IGLESIAS Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS”, al advenir la ley 19.638, señalaron que:

…”. Antes, la Iglesia católica tenía y ahora conserva-un estatuto jurídico de nivel constitucional y era reconocida como persona jurídica de derecho público. La Arquidiócesis Católica Apostólica Ortodoxa de Chile gozaba -y goza de personalidad jurídica de derecho público en virtud de una ley especial. En cambio, las demás agrupaciones religiosas podían obtener un reconocimiento jurídico estatal solo de acuerdo con las normas generales del derecho civil para la constitución de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, que son personas jurídicas de derecho privado, aunque los autores discuten si la personalidad jurídica de los grupos religiosos, así adquirida, es de derecho público, como parece exigir la Constitución, o de derecho privado”.

De manera que si mi representada tiene personalidad jurídica de derecho Público, la exigencia del SII para tramitar y resolver nuestra solicitud basada en la falta de acatamiento a su irregular petición resulta atentatoria en contra de la calidad de mi representada y por ende deviene en un trato desigual, ya que ignora su calidad de persona jurídica de derecho público, lo cual la priva además de un atributo de su personalidad que le es propio, amagando con ello las garantías constitucionales de los números 22 y 24 de la constitución Política de la República de Chile de 1980, que señalan que está garantizado en el numeral 22 el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile señala, en lo pertinente, que quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en dicho artículo, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En este caso, la negativa del S.I.I. a considerar nuestra solicitud de exención es arbitraria e injustificada y ha provocado una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el número 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica y al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, ya que al negar la exención el efecto será un empobrecimiento y una mayor carga pecuniaria afectando así directamente el patrimonio de mi representada.

Puede considerarse asimismo que el no reconocer la calidad de persona jurídica de derecho público a mi representada supone un atentado a su derecho de propiedad sobre carácter esencial.

Indica que, la Constitución asegura a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales ...”.- como asimismo, “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación...”

En efecto, los actos e ilegales y arbitrarios denunciados, vulneran gravemente las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 22 y 24 de la Constitución Política de la República, referentes al derecho de propiedad por lo que ameritan la intervención de SSa. Iltma., para de esta forma se restablezca el imperio del derecho quebrantado, estando esta Corte en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

Conforme a lo expuesto, solicita acoger el recurso, disponiendo que:

1.- La recurrida debe resolver la solicitud 4450252, sin exigir inscripción en registro alguno.

2.- La recurrida cumplidos los requisitos de la ley Ley 17.235 debe aprobar la exención solicitada respecto de los roles 227-02450-3, 227-02450-00004, 227-02450-00005, 227- 02450-00006, 227- 02450-00007, 227- 02450-00008, 227-02450-00009.

3.- todo bajo apercibimiento legal y costas del recurso.

A folio 11 informa el recurrido SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, señalando, en síntesis, que:

1.- CUESTIONES PREVIAS Previo a la emisión de la resolución actualmente recurrida, la entidad recurrente y personas vinculadas a ella presentaron diversas solicitudes administrativas ante el Servicio de Impuestos Internos, solicitando la exención del impuesto territorial con base en el supuesto destino de los inmuebles al culto religioso y/o a actividades educacionales.

A continuación, se detallan dichas presentaciones, sus respectivas fechas y los fundamentos invocados en cada caso:

a. Petición administrativa de fecha 26 de diciembre del año 2023, que da lugar a la OT N°4203233, ingresada por doña nombre reservado, RUT RUT reservado, solicitando “revisión y/o solicitud de exención de impuesto territorial”, sobre el Rol de avalúo N° 2327-02 de la comuna de Temuco, respecto del cual solicita la exención por culto. Con el objetivo de revisar el uso del bien raíz, tal como lo requiere la aplicación de exención al destino de culto, se notificó visita a terreno de la propiedad, formulario 2819 –folio 552024AVS249002 de fecha 05-02-2024, no concurriendo la peticionaria a dicha visita, no pudiéndose tener acceso a la propiedad. De acuerdo con los antecedentes existentes se emite la Resolución Ex. SII N°552024250524 de fecha 09 de febrero de 2024 que resuelve no ha lugar a la solicitud administrativa.

b. Petición administrativa de fecha 11 de marzo del año 2024, que da lugar a la OT N° 4270898, ingresada por doña nombre reservado, RUT RUT reservado, solicitando “actualización del avaluó fiscal – modificación de destino de Bien Raíz”; solicitando el destino culto al bien raíz Rol de avalúo N° 2327-02 de la comuna de Temuco. En virtud de dicha petición se realizó visita en terreno con fecha 18 de abril del 2024, encontrando la propiedad desocupada y sin actividad al momento de la visita, se determina que los predios se encuentran sin construcción y sin actividad, debiendo mantenerse el destino como sitio eriazo y que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N°17.235, emitiéndose la Resolución Ex. SII N°552024269488 de fecha 22 de abril de 2024 que resolvió no ha lugar a la solicitud administrativa.

c. Petición administrativa de fecha 02 de septiembre del año 2024, que da lugar a OT N° 4450252, ingresada por la doña nombre reservado, RUT RUT reservado, solicitando “Exención de impuesto territorial para inmueble destinado al culto”, para los Roles de avalúos N° 2450-03 al N° 2450-08, todos de la comuna de Temuco, señalando como fundamento que los “inmuebles se encuentran exentos conforme art. 2° Ley 17.235 cuadro anexo letra B, N. 1, por destinación a culto religioso y dependencias; y a establecimiento educacional particular subvencionado”. Teniendo en cuenta la solicitud y los antecedentes existentes (anterior visita a terreno, imágenes fotográficas obtenidas de la visita y adjuntas a la solicitud por el profesional tasador fiscalizador, antecedentes solicitados) se determina que los predios no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N°17.235 para la aplicación de este tipo de exención, por educación y/o por culto, emitiéndose la Resolución Ex. SII N°552024315279 de fecha 11 de octubre de 2024, que resuelve No ha lugar a la solicitud administrativa.

2.- ANTECEDENTES REFERIDOS AL RECURSO 1. Con fecha 19 de noviembre de 2024, doña nombre reservado presentó una petición administrativa solicitando la exención del impuesto territorial por inmuebles destinados al culto y a la educación en la comuna de Temuco, para los roles de avalúo N° 2327-02, 2450-1, 2450-2, 2450-3, 2450-4, 2450-5, 2450-6, 2450-7, 2450-8 y 2450-9, asignándosele el número de orden de trabajo (en adelante “OT”) 4522358.

Adjuntó como antecedentes la inscripción de compraventa de los bienes, un decreto eclesiástico que autoriza la construcción de una capilla, un plano del proyecto educacional aprobado por la municipalidad, un contrato con la CONSTRUCTORA CHOSHUENCO SPA y un mandato judicial.

2. Posteriormente, con fecha 13 de enero de 2025, la tasadora fiscalizadora informó a la peticionaria, vía correo electrónico, los requisitos exigidos por el Servicio de Impuestos Internos para aplicar la exención del impuesto territorial por destino a culto o educación, detallando los antecedentes necesarios conforme a la normativa vigente. Al respecto señaló:

“En las peticiones anteriores, no se ha podido demostrar el destino efectivo de culto en el predio. Con fecha 05 de febrero del 2024, si bien se coordinó la visita a terreno, en el lugar nadie atendió, por lo tanto, no se pudo hacer ingreso al predio.

En la visita a terreno efectuada con fecha 18 de abril del 2024, se verificó que las instalaciones se encuentran desocupadas, indicando que se ocupa el recinto para actividades de convivencia y recreación”.

Asimismo, se reiteró la solicitud de documentos previamente requeridos: la inscripción de la entidad religiosa con personalidad jurídica de derecho público en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Resolución Exenta de la SEREMI de Educación que acredite el reconocimiento oficial del establecimiento educacional, en los siguientes términos:

La exención de culto se otorga a los bienes raíces que cumplan los siguientes requisitos:

- Que los templos y sus dependencias se destinen en forma efectiva y exclusiva al servicio de un culto, de manera permanente, no solo en situaciones esporádicas. (término exclusivo debe entenderse como el destino principal del predio).

-Que tal destinación sea efectuada por una entidad que goce de personalidad jurídica.

- Que el destino de culto sea de forma pública, efectiva, exclusiva y permanente.

En cuanto a las habitaciones anexas, que gozan de la misma exención, los requisitos son los siguientes:

- Que las casas o viviendas de los funcionarios del culto sean de propiedad de la correspondiente institución religiosa.

- Que las casas o viviendas estén vinculadas en razón del culto correspondiente a un templo o iglesia de la misma institución.

- Que las casas o viviendas estén habitadas por un funcionario del culto.

- Que las casas o viviendas no produzcan rentas.

3. A continuación, con fecha 14 de enero de 2025, la peticionaria respondió: “consigo el certificado pedido y lo envío a la brevedad”.

4. Finalmente, con fecha 31 de enero de 2025, se emitió la Resolución Ex. SII N°64, que resolvió no ha lugar a la solicitud administrativa presentada. En su considerando segundo señaló:

“Que, los antecedentes aportados son insuficientes para fundamentar las pretensiones del solicitante de modificar el avalúo y/o contribuciones del bien raíz anteriormente señalado, en atención a que a la fecha no se recibe respuesta a petición de antecedentes realizada con fecha 13-01-2025, efectuada vía correo electrónico”.

III. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN 1.- EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN Como bien sabe esta Iltma. Corte, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema, del año 2015, sobre tramitación de Recurso de Protección, establece que dicha acción se interpondrá, ante la Iltma. Corte de Apelaciones, en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En este contexto, considerando lo planteado en los hechos de esta presentación, en especial el acápite II.1 denominado “cuestiones previas”, se desprende que la reclamante ha solicitado en diversas oportunidades las mismas peticiones por los mismos roles de avalúos ante y por los mismos motivos, que la petición que resuelve el acto administrativo reclamado.

En efecto, de acuerdo al tenor del libelo y la parte petitoria del mismo, el acto del Servicio que la recurrente estima sería ilegal y arbitrario, cuya impugnación se pretende obtener a través de la presente acción cautelar, no es, sino, el mismo objeto pedido y resuelto en la Resolución Ex. SII N°552024250524 de fecha 09 de febrero de 2024, Resolución Ex. SII N°552024269488, de fecha 22 de abril de 2024 y Resolución Ex. SII N°552024315279, de fecha 11 de octubre de 2024.1 A su turno, habiendo obtenido la recurrente la negativa en respuesta a las diversas solicitudes de exenciones respecto a los mismos roles de avalúos y mismas peticiones objeto del presente requerimiento por parte de este Servicio, es que efectivamente tomo conocimiento en los meses de febrero, abril y octubre del 2024. De esta manera resulta que la petición de fecha 19 de noviembre del año 2024, OT 4522358, la cual fue resuelta el 31 de enero del presente año, no accede a la solicitud de exención por los mismos motivos y mismos roles latamente señalados precedentemente, dan cuenta de que la acción intentada corresponde - valga la redundancia - a una actuación efectuada con una anterioridad y superior a los 30 días señalados como plazo de interposición de la acción de protección, conforme el Auto Acordado de la Corte Suprema.

Teniendo clara esta circunstancia, a partir de los antecedentes fácticos existentes, y a los que nos hemos referido en los párrafos precedentes, se sigue que el recurso fue presentado por el contribuyente de forma completamente extemporánea, por haber 1 Resoluciones que resuelven las peticiones administrativas indicadas en el apartado II.1. transcurrido, en exceso, el plazo fatal de 30 días para su interposición desde que tomó conocimiento de las negativas por parte de este Servicio de acceder a las exenciones solicitadas por los motivos y roles de avalúos antes referidos.

A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quién al considerarse afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad, u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

Lo anterior encuentra sustento en la uniforme jurisprudencia de nuestros tribunales sobre la materia. En efecto, el criterio sostenido ha sido recogido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que incluso declaró inadmisible, con fecha 12 de diciembre de 2014, el recurso de protección interpuesto en causa Rol Nº81839-2014, que reproduce.

2.- AUSENCIA DE ARBITRARIEDAD Y/O ILEGALIDAD EN EL ACTO RECLAMADO.

Para que proceda la acción de protección, se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones que tengan el carácter de arbitrarios o contrarios a la ley y, producto de esta ilegalidad o arbitrariedad, se prive, perturbe o amenace el debido ejercicio de un derecho evidente e indiscutido y por la presente acción, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional. Ninguno de estos dos supuestos se presenta en los actos administrativos impugnados.

a) Legalidad del acto impugnado.

Como todo órgano del Estado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la ley (artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República).

En cuanto a la resolución recurrida, esta constituye un acto dictado dentro del ámbito de competencia legal del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento Administrativo, el artículo 6° letra B) N° 5 del Código Tributario y el artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

En este sentido, las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos observadas por la recurrente no pueden calificarse como ilegales, toda vez que dicho organismo fiscalizador se ha limitado a ejercer las atribuciones que le confieren las leyes tributarias, encuadrando su actuar dentro del respeto al principio de legalidad consagrado en la Constitución y las leyes.

b) Inexistencia de actuación arbitraria.

Por su parte, un acto es arbitrario cuando adolece de razonabilidad en su ejecución u omisión, cuando existe desproporción entre los medios empleados y el fin perseguido, o cuando se basa en hechos inexistentes o insuficientemente acreditados.

Ninguna de estas circunstancias se configura en el presente caso, como se demostrará a continuación.

En este sentido, es menester tener en consideración que, lo solicitado por la recurrente en su presentación de fecha 19 de noviembre de 2024, era que el Servicio de Impuestos Internos, en base a los antecedentes que acompañaba en dicha oportunidad, procediera a modificar la situación de los bienes raíces que menciona, declarando respecto de ellos, la procedencia de las exenciones previstas en el Anexo I, Sección I, letra B), N° 1 y 5, de la Ley 17.235 y, en su Cuadro Anexo N° 1, Sección I, letra B), N°s 1 y 5, establece una exención del 100% del impuesto territorial, en los siguientes términos:

“C U A D R O A N E X O N° 1 NOMINA DE EXENCIONES TOTALES O PARCIALES DEL IMPUESTO TERRITORIAL.

I.- EXENCION DEL 100% DEL IMPUESTO TERRITORIAL B) Los siguientes Bienes Raíces mientras se cumpla la condición que en cada caso se indica:

1) Establecimientos educacionales, municipales, particulares y particulares subvencionados, de educación prebásica, básica y media, reconocidos por el Ministerio de Educación, y los Seminarios asociados a un culto religioso, todos ellos, en la parte destinada exclusivamente a la educación.

5) Templos y sus dependencias destinadas al servicio de un culto, como asimismo las habitaciones anexas a dichos templos ocupadas por los funcionarios del culto y siempre que no produzcan renta.”

- Análisis de procedencia de la Exención Cuadro Anexo N° 1, Sección I, letra B), N°5 En relación con el alcance de la exención del impuesto territorial que beneficia a templos y dependencias destinados al culto, la Circular SII N° 45, de 24 de septiembre de 2012, titulada “Exenciones de impuestos que benefician a las iglesias, confesiones y entidades religiosas reconocidas por el Estado”, ha precisado los conceptos fundamentales para su correcta aplicación, los cuales resultan esenciales para la interpretación y fiscalización de la exención contenida en el Cuadro Anexo de la Ley N° 17.235.

En lo pertinente, dicha Circular establece:

1. Templo: Conforme al Ordinario SII N° 4587 de 2005 y al Diccionario de la Real Academia Española, el concepto de templo corresponde al “edificio o lugar destinado pública y exclusivamente a un culto”. No se exige necesariamente una construcción edificada para que proceda la exención, bastando con que el inmueble esté efectivamente destinado al servicio de un culto, en forma pública y exclusiva. La condición esencial es la destinación efectiva, no bastando la mera intención futura. La expresión “culto” debe entenderse como el conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa religiosamente a lo considerado divino o sagrado.

2. Dependencias del templo: La noción de “dependencias” supone una relación de subordinación funcional respecto del templo. Se trata de oficinas o recintos accesorios que permiten el desarrollo de actividades complementarias al culto, como la atención pastoral, la administración del templo, el registro y certificación de actos de culto y otras funciones necesarias para su ejercicio. Asimismo, se incluyen las habitaciones anexas ocupadas por los funcionarios del culto, siempre que no generen renta, y que efectivamente sean utilizadas por tales personas en el contexto de sus funciones religiosas, conforme al artículo 13 de la Ley N°19.638, que exige acreditación de la calidad de ministro de culto mediante certificación emitida por la respectiva entidad religiosa.

3. Alcance de la exención: La exención puede aplicarse incluso sobre inmuebles no edificados, siempre que se constate su destinación exclusiva, permanente y efectiva al servicio del culto, por una entidad religiosa con personalidad jurídica. La aplicación de la exención no procede cuando el uso del inmueble sea meramente ocasional o esporádico, ni tampoco cuando solo exista la intención futura de destinarlo al culto, sin que ello se haya materializado de manera concreta. En este sentido, la Circular es clara en señalar que no basta la simple adquisición del bien raíz con la finalidad de destinarlo al culto: es necesario que el inmueble se encuentre actualmente afecto a dicho uso, o bien que exista un proyecto cierto, concreto y verificable de construcción de un templo que se destinará de manera exclusiva al servicio de un culto.

A partir de lo anterior, y conforme lo solicitado por la recurrente es menester mencionar que la recurrente no ha aportado los antecedentes necesarios para verificar los requisitos y condiciones que hagan procedente esta exención, siendo estos:

a) Personalidad Jurídica El artículo 17 de la Ley N° 19.638, que establece normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, dispone que, las personas jurídicas de entidades religiosas regidas por dicha ley gozarán de los mismos derechos, exenciones y beneficios tributarios que la Constitución Política, las leyes y los reglamentos vigentes reconozcan u otorguen a otras iglesias, confesiones e instituciones religiosas existentes en el país. A su vez, el Capítulo III de la misma ley regula las disposiciones relativas a la personalidad jurídica y a los estatutos de estas entidades.

Para estos efectos, como primer aspecto, se hace necesario que la recurrente, que pretende un cambio en la situación de los inmuebles, deba acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y el primero de ellos dice relación con la circunstancia de tratarse de una iglesia, confesión o entidad religiosa reconocida por el Estado, para lo cual se le ha solicitado acreditar esta calidad.

No obstante, en este caso, la recurrente no ha acreditado su personalidad jurídica bajo el procedimiento establecido en la Ley N° 19.638, ni ha demostrado documentalmente su calidad de entidad con régimen especial anterior. Por tanto, la exigencia del SII de presentar antecedentes que acrediten dicha calidad no es sino una exigencia mínima exigible, absolutamente necesaria e imprescindible para analizar la procedencia de la exención a que se ha hecho mención.

b) Templo, dependencias y habitaciones Un segundo aspecto que debía ser revisado por este Servicio, a fin de poder determinar si en el caso concreto, correspondía o no acceder a la solicitud de declaración de la exención, dice relación específicamente con que el bien raíz esté efectivamente al servicio de un culto, en forma pública y excesiva.

En este sentido resulta esencial considerar que ya ante petición de igual naturaleza efectuadas con anterioridad, este Servicio ha manifestado su negativa a declarar la procedencia de la exención atendido que la recurrente:

i.- No ha demostrado el destino público y efectivo al culto en el predio de acuerdo a lo requerido por la ley.

ii.- En visita a terreno de fecha 18.04.2024, se verificó que las instalaciones se encontraban desocupadas y que el recinto se utilizaba para actividades de convivencia y recreación.

Exención Anexo N° 1, Sección I, letra B), N° 1 En cuanto a esta segunda exención, este Servicio, en la resolución recurrida ha manifestado de forma clara que, la exención no resulta procedente toda vez que, la recurrente no ha acreditado que se encuentre actualmente en funcionamiento algún establecimiento educacional en los terrenos a que se refieren los bienes raíces respecto de los cuales solicita su exención y que, además cuente con la Resolución Exenta de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, que otorga el reconocimiento a dicho establecimiento educacional, por parte del Estado, como lo exige expresamente la exención en análisis.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe señalar que los roles de avalúo N° 2450-03 al 2450-09, correspondientes a la comuna de Temuco, se encuentran vigentes desde el año 2006 y se originan en una subdivisión predial urbana. Estos inmuebles fueron adquiridos por la Congregación Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada (en adelante, la Congregación) a la Universidad Diego Portales en el año 2013. Los referidos roles corresponden a la segunda serie no agrícola y se encuentran tasados con destino principal de sitio eriazo, al no existir construcciones permanentes en ellos, razón por la cual se encuentran afectos al pago del impuesto territorial.

Los predios señalados se pueden observar en el plano base cartografía digital SII y en la imagen cartografía Qgis/Gooogle Earth:

Por su parte, el rol de avalúo N° 2327-02, no incluido en la acción de protección fue adquirido por la Congregación a la Universidad Diego Portales en el año 2013.

Corresponde a la segunda serie no agrícola y es actualmente el predio con mayor superficie, tanto predial como construida. Se encuentra afecto al pago del impuesto territorial, ya que, no cumple con los requisitos establecidos en el Cuadro Anexo de la Ley N° 17.235, para acceder a la exención por destino educacional. Lo anterior, por cuanto dicha exención solo se aplica cuando se trate de establecimientos educacionales municipales, particulares o particulares subvencionados— de educación prebásica, básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación, así como seminarios asociados a un culto religioso, en la parte destinada exclusivamente a la educación, y tal como se ha mencionado con anterioridad, no se ha acreditado por una parte, el que efectivamente se desarrolle alguna actividad educacional, como tampoco que ésta haya sido reconocida por el Estado.

Para estos efectos, la recurrente acompañó a su solicitud solamente un plano del proyecto educacional aprobado por la municipalidad y un contrato de construcción, que a todas luces resultan insuficientes para tener por efectiva la labor educacional y el reconocimiento de dicha labor por parte del Estado.

Así las cosas, del análisis de las características de los bienes raíces individualizados, se concluye que, estos no cumplen con los requisitos exigidos por la norma contenida en la Nómina de Exenciones al Impuesto Territorial Cuadro Anexo, Sección I, letra B), N°1 y 5.

Ello, toda vez que, no se ha constatado, ni en los inmuebles incluidos en la presente acción de protección, ni en aquellos comprendidos en las peticiones administrativas anteriores presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos, el cumplimiento efectivo de dicha destinación exclusiva, permanente, no generadora de renta y demás requisitos antes esgrimidos que exige la normativa para acceder a la exención.

En este contexto, debe recordarse que la acción de protección exige la existencia de actos u omisiones que revistan el carácter de ilegales o arbitrarios, y que como consecuencia de ello se produzca una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de un derecho fundamental claramente protegido por la Constitución. En el presente caso, el actuar del Servicio de Impuestos Internos se ha ajustado a derecho y a la legalidad vigente, toda vez que, ha dictado una resolución debidamente fundada, rechazando una solicitud cuya procedencia exige acreditar condiciones específicas que no han sido satisfechas por el contribuyente.

Por lo mismo, no se configura ni ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa.

En consecuencia, el actuar del Servicio de Impuestos Internos se ha ajustado plenamente a la legalidad vigente, no configurándose acto ni omisión alguno que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal. En materia de exenciones tributarias, la jurisprudencia y la normativa aplicable —en particular, la Ley N° 17.235, su Cuadro Anexo y la Circular SII N° 45 de 2012— establecen con claridad que se trata de beneficios de derecho estricto, cuya procedencia exige la verificación objetiva y concreta de los hechos que configuran la hipótesis legal. En tal sentido, no basta la mera declaración de una intención de uso religioso o educacional para acceder a la exención del impuesto territorial, sino que se requiere acreditar de forma efectiva y documentada que el inmueble cumple con los requisitos que alteran, en su caso, la regla general de igualdad ante las cargas públicas consagrada en el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política. Al no haberse satisfecho tales exigencias, el rechazo de la solicitud deviene en una aplicación legítima y no discriminatoria del marco normativo vigente.

2. INEXISTENCIA DE AFECTACIÓN DE DERECHOS GARANTIZADOS CONSTITUCIONALMENTE Respecto de las alegaciones del recurrente, en cuanto a que ha sido privado o perturbado en los derechos garantizados por el artículo 19 N°22 y N°24 de la Constitución Política de la República de Chile, cabe señalar lo siguiente:

a) Respecto del artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República de Chile: igualdad y no discriminación arbitraria en materia económica.

La recurrente afirma que se habría vulnerado la garantía de no discriminación arbitraria que deben observar el Estado y sus organismos en materia económica, al exigir el Servicio de Impuestos Internos (SII) la presentación de la inscripción de la Congregación en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como requisito para acceder a la exención del impuesto territorial. Sin embargo, dicha alegación resulta infundada.

En primer lugar, el recurso no explica de manera concreta y específica cómo se habría producido una discriminación arbitraria ni respecto de qué entidades comparables se generaría el trato desigual. Se limita a señalar que la exigencia del SII desconoce la personalidad jurídica de derecho público de la Congregación, lo cual no se ajusta a la normativa vigente.

En efecto, conforme a la Ley N° 19.638, todas las iglesias, confesiones e instituciones religiosas tienen igualdad de derechos y obligaciones ante la ley. Su artículo 17 establece que las personas jurídicas religiosas gozarán de los mismos derechos, exenciones y beneficios tributarios que el ordenamiento vigente otorga a otras entidades similares. Por su parte, el artículo 20 de la misma ley reconoce expresamente la personalidad jurídica de las entidades que la hubieren adquirido con anterioridad a su entrada en vigencia, pero también aclara que tal reconocimiento no constituye fundamento para otorgar un trato desigual respecto de las entidades que se constituyan conforme a dicha ley.

En este caso, la Congregación recurrente no ha acreditado su personalidad jurídica bajo el procedimiento establecido en la Ley N° 19.638 ni ha demostrado documentalmente su calidad de entidad con régimen especial anterior. Por tanto, la exigencia del SII de presentar antecedentes que acrediten dicha calidad no implica discriminación alguna, sino una exigencia legal razonable y objetiva para verificar el cumplimiento de los requisitos de una exención de derecho estricto.

En consecuencia, no existe vulneración al artículo 19 N° 22 de la Constitución, ya que el trato otorgado por el SII a la recurrente ha sido conforme a los principios de igualdad ante la ley y de legalidad tributaria, sin incurrir en discriminación arbitraria alguna.

b) Respecto del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile: derecho de propiedad.

La recurrente sostiene que la exigencia del SII relativa a la inscripción en el Ministerio de Justicia la habría privado de un atributo de la personalidad jurídica y, por tanto, vulnerado su derecho de propiedad. Esta alegación también carece de fundamento.

El Servicio de Impuestos Internos no ha desconocido ni limitado el derecho de dominio de la Congregación sobre los inmuebles, ni ha afectado su goce, posesión o disposición. Lo que ha hecho, dentro del marco de sus facultades legales, es rechazar una solicitud de exención tributaria por no haberse acreditado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, lo cual no configura afectación alguna al contenido esencial del derecho de propiedad.

Cabe recordar que, conforme al Cuadro Anexo de la Ley N° 17.235 y a la Circular SII N° 45 de 2012, la exención del impuesto territorial por destino a culto o educación es una franquicia tributaria de derecho estricto, y como tal, su procedencia requiere que se acredite el cumplimiento de los presupuestos establecidos expresamente por el legislador. Dicha exención no forma parte del núcleo del derecho de propiedad, sino que constituye una excepción al régimen tributario general que debe probarse en cada caso.

La mera presentación de una solicitud de exención no genera un derecho adquirido sobre el beneficio, y su rechazo por incumplimiento de los requisitos legales no implica en modo alguno una privación del derecho de propiedad, sino la aplicación razonada de la legalidad vigente.

En consecuencia, no existe afectación alguna al derecho de propiedad de la recurrente, protegido por el artículo 19 N° 24 de la Constitución, toda vez que el SII ha actuado dentro del marco legal, exigiendo únicamente la debida acreditación de las condiciones que habilitan la exención tributaria, sin alterar ni restringir en forma alguna el dominio de los inmuebles de la Congregación.

IV. CONCLUSIÓN.

En mérito de lo expuesto, esta parte solicita, que la presente acción constitucional sea íntegramente rechazada, atendido que concurren las siguientes circunstancias:

1. Extemporaneidad de la acción 2. Ausencia de arbitrariedad y/o ilegalidad del acto reclamado.

3. Inexistencia de afectación a las garantías constitucionales que invoca.

Conforme a ello, solicita rechazar la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas.

A folio 12 los autos quedan en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha interpuesto recurso de protección por doña nombre reservado, en representación de la Congregación Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, en contra del Servicio de Impuestos Internos, IX Dirección Regional de La Araucanía, por estimar que la Resolución Exenta N° 64 de 31 de enero de 2025, que rechazó la solicitud de exención de impuesto territorial respecto de diversos inmuebles de propiedad de la Congregación, constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 22 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

La recurrida evacuó informe solicitando el rechazo del recurso, argumentando, en primer lugar, la extemporaneidad de la acción, y en subsidio, la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, así como la ausencia de afectación de garantías constitucionales.

SEGUNDO: Que el Servicio de Impuestos Internos ha planteado, como alegación inicial, la extemporaneidad del recurso, fundado en que la recurrente había recibido previamente resoluciones denegatorias respecto de solicitudes similares, lo que implicaría que el plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema habría transcurrido.

TERCERO: Que, sin embargo, consta de los antecedentes que el acto específicamente impugnado es la Resolución Exenta N° 64, de 31 de enero de 2025, notificada a la recurrente en dicha oportunidad. El plazo de treinta días debe contarse desde la fecha de conocimiento cierto de ese acto administrativo, de manera que la acción deducida en marzo de 2025 se encuentra presentada dentro del término legal, y por tanto no puede prosperar la alegación de extemporaneidad.

CUARTO: Que, entrando al fondo, corresponde determinar si el acto administrativo cuestionado constituye una acción ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace derechos fundamentales de la recurrente.

QUINTO: Que el recurso se funda en la supuesta vulneración del derecho a no ser discriminado arbitrariamente en materia económica (art. 19 N°22) y del derecho de propiedad (art. 19 N°24), en tanto el SII habría desconocido la calidad de persona jurídica de derecho público de la Congregación y exigidos requisitos improcedentes para la exención tributaria.

SEXTO: Que, de acuerdo con la normativa vigente, la exención de impuesto territorial prevista en el artículo 2 de la Ley N° 17.235 y en el Cuadro Anexo N°1 letra B) requiere acreditar que los inmuebles se encuentren efectivamente destinados al culto público o a establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Estas exenciones constituyen beneficios de derecho estricto, cuya procedencia exige prueba suficiente y cumplimiento cabal de los requisitos legales.

SEPTIMO: Que de los antecedentes aportados por la recurrente no se desprende que los inmuebles respecto de los cuales se solicitó la exención se encuentren actualmente destinados a culto público ni que exista un establecimiento educacional en funcionamiento con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Por el contrario, se verificó en visitas a terreno que los inmuebles se encontraban desocupados y utilizados en actividades recreativas, lo que impide aplicar las exenciones reclamadas.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior y en relación a la exigencia del SII de acreditar la personalidad jurídica de la entidad religiosa, cabe consignar que la Iglesia Católica goza de personalidad jurídica de derecho público por mandato constitucional ratificado por el artículo 20 de la Ley 19.638 que señala que :” El Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea ésta de derecho público o de derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio, sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad a esta ley”.

Como indica nombre reservado “la situación de la Iglesia Católica queda mejorada en comparación con la situación anterior. No sólo se reconoce explícitamente en sede legislativa, por primera vez, su calidad de persona jurídica de derecho público, calidad que, en todo caso no arranca de esta ley, sino que, como lo hemos dicho, tiene origen constitucional, sino que se reconoce también su propio ordenamiento jurídico. Aunque este reconocimiento del Derecho Canónico ya sucedía con anterioridad, las remisiones del Derecho chileno al canónico eran específicas y contadas. Ahora el reconocimiento es global y no sólo en el estado en que se encontraba en octubre de 1999 sino que se asumen igualmente las futuras reformas que él mismo pueda ir teniendo. Está por definirse los efectos que este reconocimiento tenga en el sistema jurídico chileno, lo que será labor, especialmente, de los tribunales de justicia. (nombre reservado. una primera lectura de la ley chilena que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XX (Valparaíso, Chile, 1999. Pág. 241 a 299).

Que en el presente caso es la propia Iglesia Católica la que toca acreditar a través de las normas del derecho canónico la personalidad jurídica de sus personas derivadas.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se configura vulneración de las garantías constitucionales invocadas, puesto que la negativa del SII a otorgar la exención tributaria se ajusta a derecho al no estar acreditado que los bienes respecto de los cuales se solicita la exención encuentren actualmente destinados a culto público ni que exista un establecimiento educacional en funcionamiento con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

Por estas consideraciones, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 N°22 y N°24, y 20 de la Constitución Política de la República, así como en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por la Congregación Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada en contra del Servicio de Impuestos Internos, sin costas.

Registrase y archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

N°Protección-1441-2025 (pvb).