Protección contra dos fiscalizadores de la Inspección del Trabajo de Loncoche

C.A. de Temuco.

Temuco, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece el abogado Mauricio Javier Vargas Reyes interponiendo recurso de protección en contra de dos fiscalizadores de la Inspección del Trabajo de Loncoche, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en que la Inspección del Trabajo de Loncoche informó al boletín laboral del recurrente (nombre reservado, a título personal) multas que, en realidad, fueron cursadas a la empresa Restaurant Pucallpub, de la cual es su representante legal.

Alega que tomó conocimiento de la Infracción el día 12/02/2025, a través de un informe comercial Equifax, de que la Inspección del Trabajo de Loncoche reportó a su nombre personal tres multas laborales, con un total aproximado de $693.074.

Al consultar en la Inspección del Trabajo, se le entrega la Resolución N° 36202419, que documenta las multas aplicadas a la empresa Restaurant Pucallpub (RUT RUT reservado) por infracciones como no comparecer a citación, no exhibir documentación y no otorgar finiquito.

El recurrente argumenta que este acto es ilegal y arbitrario por cuatro razones principales:

La empresa es una persona jurídica distinta del representante legal, con personalidad y patrimonio propio.

La Resolución N° 36202419 sancionó a la empresa, no al representante legal.

La Inspección informó las multas al boletín laboral del recurrente (persona natural).

Existe una discrepancia en los números de resolución informados al boletín laboral personal versus los de la Resolución N° 36202419 y los registrados en la Tesorería a nombre de la empresa.

Alega que el actuar de los fiscalizadores ha sido "difuso", ya que se le aplican multas a su patrimonio sin que existiera un procedimiento dirigido hacia él a título personal, ni se le exhibiera citación o notificación alguna.

Sostiene que el actuar de los recurridos vulnera, a juicio del recurrente, las siguientes garantías del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, aquella del numeral 3 inciso 5, Se sanciona al recurrente (mediante la información de la multa a su boletín personal) sin un procedimiento legal previo dirigido hacia él como persona natural, sino que se le atribuye una sanción impuesta a un tercero (la empresa).

Asimismo se vulneraría la garantía del numeral 24 del artículo 19 por cuanto, La información arbitraria en el boletín laboral afecta directamente la situación económica y crediticia del recurrente, privándolo o perturbándolo en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad y el acceso a beneficios como créditos bancarios.

Pide que se acoja su recurso, disponiendo en definitiva que se declarar arbitrario e ilegal el actuar de los recurridos y que se vulneraron los derechos fundamentales invocados, y se ordene la eliminación inmediata de las multas del boletín laboral del recurrente, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: Resolución N° 36202419 en que se multa a la empresa, informe comercial Equifax del recurrente, que evidencia las multas a su nombre personal y Certificado de deuda de la Tesorería General de la República a nombre de la empresa Restaurant Pucallpub.

A folio 24 evacua el abogado Álvaro Bustamante Luengo, por los recurridos y solicita el rechazo del Recurso de Protección.

En primer término, opone la Excepción de Incompetencia del Tribunal, ya que la controversia esencial es un reclamo de Multas Administrativas, para lo cual existe un procedimiento específico, consagrado en el Artículo 503 del Código del Trabajo, que es de competencia del Juzgado de Letras del Trabajo.

Sostiene que el recurso de protección no puede usarse como un sustituto de las instancias jurisdiccionales ordinarias de fondo, volviendo la acción deducida en inadmisible.

En cuanto al fondo, señala que el recurrente impugna las resoluciones de multa N° 3620/2024/17-1;2 y N° 4273/2024/18-1, argumentando que las resoluciones son arbitrarias e ilegales, que no fue legalmente notificado y que no sería él el empleador fiscalizado en el domicilio de Loncoche.

Explica en cuanto a la Multa N° 3620/2024/17-1;2 (Folio 0904/2024/61): que su origen es el reclamo de la trabajadora nombre reservado por conceptos adeudados (seguro de cesantía, cotizaciones AFP, feriado legal/proporcional, y remuneraciones).

Se intentó notificar de la citación por correo electrónico, pero al no tener el empleador uno registrado, se notificó en el domicilio de la empresa (Manuel Montt N° 699, Loncoche) al Chef, don nombre reservado.

Refiere que el empleador no compareció al comparendo de conciliación y no exhibió la documentación exigida (contrato, registro de asistencia, pago de cotizaciones, etc.). Las multas se fundamentan en el DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Afirma sobre el estado de la multa que una (3620/24/17-2 por 1,00 IMM o $296.511) se encuentra PAGADA y la otra (3620/24/17-1 por 0,67 IMM) está CARGADA TGR (Tesorería General de la República).

En cuanto a la notificación de Multa: Se practicó por carta certificada al domicilio de Loncoche, entendiéndose notificada el 30 de julio de 2024, sin que el empleador presentara acciones judiciales (Art. 503 CT).

Respecto a la segunda Multa N° 4273/2024/18-1 (Folio 0904/2024/123): donde se constató "Informalidad Laboral" (no escriturar contrato, no llevar registro de asistencia, no entregar comprobantes de pago de remuneraciones, no declarar cotizaciones previsionales).

Otras Infracciones: Exceder la jornada ordinaria semanal de 44 horas (Ley 40 horas), y no registrar un correo electrónico u otro medio digital para notificaciones (infracción a los Artículos 508, 515 y 516 del Código del Trabajo).

Sobre el estado de la multa de 3 UTM, equivalentes a $197.310, se encuentra cargada en TGR.

Indica que la notificación de Multa: Se practicó por carta certificada al domicilio de Loncoche, entendiéndose notificada el 6 de agosto de 2024, sin que el empleador presentara acciones judiciales (Art. 503 CT).

Alega extemporaneidad del recurso, por cuanto se cuestiona la oportunidad del recurso, ya que el recurrente alega haber tomado conocimiento de las multas por un "informe comercial de Equifax" en febrero de 2025, desconociendo las notificaciones legalmente practicadas por la Inspección en julio y agosto de 2024.

Niega ilegalidad o arbitrariedad que vulnere las garantías constitucionales del Art. 19 N° 3 y N° 24 (debido proceso y derecho de propiedad) alegadas por el recurrente, ya que el procedimiento administrativo se ajustó a derecho.

Se acompaña el Expediente de Reclamo y Multa (Folio N° 904/2024/61 y N° 3620/2024/17), y el Expediente de Fiscalización y Multa (Folio N° 904/2024/123 y N° 4273/2024/18), junto con el Historial de la multa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que en estos antecedentes se recurre por esta vía en contra del recurrido por las acciones que estima arbitraria e ilegales consistentes en que la Inspección del Trabajo de Loncoche informó al boletín laboral del recurrente (nombre reservado, a título personal) multas que, en realidad, fueron cursadas a la empresa Restaurant Pucallpub, de la cual es su representante representante legal.

TERCERO: Que la recurrida al momento de informar lo hace sobre la base de las siguientes alegaciones:

En primer término opone la Excepción de Incompetencia del Tribunal, ya que la controversia esencial es un reclamo de Multas Administrativas, para lo cual existe un procedimiento específico, consagrado en el Artículo 503 del Código del Trabajo, que es de competencia del Juzgado de Letras del Trabajo.

Sostiene que el recurso de protección no puede usarse como un sustituto de las instancias jurisdiccionales ordinarias de fondo, volviendo la acción deducida en inadmisible.

Alega extemporaneidad del recurso, por cuanto se cuestiona la oportunidad del recurso, ya que el recurrente alega haber tomado conocimiento de las multas por un "informe comercial de Equifax" en febrero de 2025, desconociendo las notificaciones legalmente practicadas por la Inspección en julio y agosto de 2024.

Finalmente niega ilegalidad o arbitrariedad que vulnere las garantías constitucionales del Art. 19 N° 3 y N° 24 (debido proceso y derecho de propiedad) alegadas por el recurrente, ya que el procedimiento administrativo se ajustó a derecho.

CUARTO: Que conforme lo indicado en el informe del recurrente y en los documentos acompañados a la causa, destaca que el procedimiento seguido por el recurrido a partir de las infracciones detectadas, se siguió de acuerdo al procedimiento reglado que rige este tipo de materia, desde que se notificó la infracción de la forma exigida por la norma en el domicilio registrado por el recurrente y de acuerdo lo permite la norma citada. Luego las multas aplicadas fueron debidamente notificadas, surgiendo para el recurrente el plazo y el procedimiento establecido en el artículo 503 del Código del Trabajo, en el cual además destaca la forma de impugnar las sanciones aplicadas por el servicio recurrido, sin que el recurrente lo haya hecho, pese a estar legalmente notificado y en pleno uso de las facultades que le otorga la Ley en comento. En este sentido efectivamente, existiendo norma expresa que regula la forma de impugnar las sanciones impuestas, resulta inadmisible la acción de protección, como una forma de dejarlas sin efecto, máxime si lo alegado es la pertinencia de una sanción legalmente aplicada por el servicio recurrido y luego de un procedimiento legalmente tramitado. Si el recurrente estima arbitraria la sanción debe acudir a la instancia que le otorga la Ley, en la que podrá acompañar antecedentes que permitan que la instancia judicial pondere tales antecedentes y declare lo que en derecho corresponde.

Motivo por el cual esta acción tutelar y urgente será descartada de la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Redacción del abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa.

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