nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, catorce de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

A folio N°1-2021 comparece CAROLINA ANDREA AZÚA GARCÍA, y NATALIA BELEN ULLOA VILLENA abogadas, en representación de doña nombre reservado, e interponen Recurso de Protección en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, representada legalmente por su rector don nombre reservado.

Funda su acción en que la señorita nombre reservado ingresó a la carrera de odontología de la Universidad de la Frontera en el año 2007. Cursó los primeros tres años de la carrera sin ningún inconveniente, reprobando solo la asignatura “patología”.

Refieren que al pasar a cuarto año de la carrera, comienzan los problemas con el cuerpo docente de algunas asignaturas. Hechos que, con la indicación de su médico psiquiatra tratante, significaron que la estudiante suspendiera el año académico en reiteradas oportunidades, toda vez que, presentaba cuadros de intento suicida, a raíz del acoso que experimentaba. Indica que en diciembre del año 2018, a través de una carta, la recurrente denunció hechos graves de acoso estudiantil, por actos puntuales acaecidos en la cátedra del Dr. nombre reservado, que se sumaban a hechos que venían ocurriendo desde el año 2011, por parte de diversos docentes de la Escuela de Odontología de la Universidad de la Frontera. En la denuncia referida, doña nombre reservado, comunica al encargado de la asignatura clínica odontológica integral adulto II- don nombre reservado- irregularidades en el trato con el Dr. nombre reservado. Luego, remitió correo electrónico a la directora de su carrera, doña nombre reservado y directora de la escuela de odontología doña nombre reservado, exponiendo lo referido en la carta enviada al sr. nombre reservado. En ella, agrega que este le habría expresado que los estudiantes debían ser autónomos y que ella no cumplía dicho requisito. En el mismo correo relata los inconvenientes que tuvo para desarrollar su trabajo, que el encargado de asignatura le indicó que ella cumplía los parámetros que exige la universidad para titularse pero que ellos son insuficientes para ser profesional del área. Añade, que el mismo Sr. nombre reservado le señaló que ella “no podía entender las instrucciones” y que por lo tanto no contaba con las competencias necesarias para ser profesional debido a que le “costaba entender”. A su vez, la recurrente solicita que se clarifique cuál sería el motivo para que en el año 2017 aprobara las competencias clínicas, pero no las teóricas, y en el año siguiente, a la inversa, reprobando competencias clínicas, como si la estudiante desaprendiera los conocimientos adquiridos.

El fundamento dado por el jefe de clínica es que ella habría dado pruebas fuera de plazo -lo cual no era efectivo- a ello, se suma que el referido docente le señaló a la actora que las notas obtenidas tenían fundamento en que ella no tendría las competencias y “que él nunca contrataría a un profesional como ella con la calidad de sus notas teóricas”. Adiciona la estudiante que el encargado de asignatura la hizo repetir la conversación, “por encontrarse frente a una estudiante limítrofe”. A su vez, relata que las denostaciones de las que era objeto en dicho momento la sumían en un sentimiento de vulnerabilidad por situaciones vividas en años anteriores, en donde el Dr. nombre reservado le habría señalado que ella “no tenía dedos para el piano”. Agrega que, en alguna oportunidad la Dra. Abarza habría dudado sin causa alguna de su ética dando a entender que era una estudiante mentirosa y tránsfuga que podía realizar actos ilegales. El Dr. Figueroa le señaló la “vergüenza que el sentía que ella fuera su colega”, que la Dra. nombre reservado -quien fuera directora de la carrera de odontología- la enfrentó a un “careo” con 6 docentes más, instancia en la cual su representada no pudo controlar el llanto atendida la incomodidad de la situación, lo que sumado a todo lo relatado le provocó una crisis de pánico. Era tal la magnitud de lo que sentía que la alumna pidió un vaso de agua y que se abra la ventana, a lo que no accedieron. En concreto, la humillante instancia tenía por objeto comunicarle que estaba reprobada.

Señala que en enero del año 2019, la recurrente envía una carta al contralor universitario don nombre reservado, en la cual explica que solicitó sus pautas de evaluación continua ante lo cual se le citó a una reunión con los docentes Hoffer, nombre reservado y nombre reservado, para que se realice la retroalimentación necesaria de profesor- estudiante. Sin embargo, en aquella oportunidad, el Sr. nombre reservado le refiere que el pensaba que aquella reunión era solo para ver las notas y que no recordaba el porqué de las calificaciones que tenía la alumna, señalándole con absoluto desdén no comprender el motivo de la reunión. Agrega que ante la nula respuesta por parte de las autoridades de la carrera a raíz de los hechos que venían acaeciendo desde años, la estudiante recurre a la vicerrectora quien al escuchar su desgarrador relato empatiza con ella al evento tal de emocionarse.

Además, informa que la sugerencia de la vicerrectora académica de que se otorgue un acompañamiento docente no fue acatada por su Escuela.

Mediante resolución exenta Nº 509 del 27 de febrero del 2019, se dispuso la apertura de un sumario administrativo, que debió conocer y sancionar los hechos descritos. Con posterioridad, se acumula un proceso sumarial previamente iniciado el año 2017 por la estudiante nombre reservado, quien también era parte de este nuevo proceso, por hechos similares contra los mismos docentes (Hacemos presente que, por hechos diversos, la estudiante recién individualizada presentó previamente un recurso de protección ante esta Ilustrísima Corte, acción de la cual se desistió, puesto que, los hechos a que dio lugar fueron solucionados solo tras la interposición del recurso.)

Refiere que en dicho procedimiento administrativo, se acompañó prueba suficiente para acreditar lo denunciado en las líneas precedentes y que guardan relación con la persecución de su representada, la denostación de la que fue objeto desde el año 2011 a la fecha, las trabas e irregularidades en sus procesos evaluativos. Solo a modo ejemplar, hay que señalar que en la reprobación de clínica en el año 2017 ésta aprobó la parte práctica con nota 5,6 y reprobó la parte teórica y al revisar esta última, advirtió que esta no se encontraba bien corregida y al solicitar su reevaluación esta fue efectuada para que cuando esta finalizara su profesor le señalara “que pena reprobaste tienes un 3.94”. Dicha evaluación no contaba con pauta de evaluación, rúbrica, temario y de haber obtenido la Srta. nombre reservado un 3.95 hubiese aprobado la asignatura.

Agrega que la alumna nombre reservado igualmente fue víctima de malos tratos verbales, en alguna oportunidad se le indicó, tal como consta en la referida resolución que no iba aprobar los ramos por las notas que llevaba, pese a que le faltaba más de la mitad de las calificaciones. La misma señala que sufrió persecución por denuncia efectuada el año 2017 y que sus notas fueron alteradas en su desmedro. Igualmente, la estudiante en comento aportó prueba abundante que permitía sustentar y acreditar su denuncia.

Indica que dentro de la “argumentación” del sentenciador este tiene presente un sumario anterior de la señorita nombre reservado el cual habría sido sobreseído, restándole importancia a lo denunciado previamente, en vez de considerarlo como un valido antecedente de lo ocurrido. Agregamos que, en dicho sumario los docentes denunciados habrían emitido un comunicado manifestando que los estudiantes eran tratados con equidad y sin preferencias, que jamás se les ridiculizó y que las acusaciones carecían de seriedad y sustento, validando su actuar.

En la conclusión, se reconoce que ambas denuncias son de al menos de similares características, al mismo tiempo se señala que corresponde realizar un “estudio diferenciado”, lo cual es absurdo, pues, justamente el hecho de existir más de una denuncia respecto a los mismos hechos y docentes refleja la existencia de prácticas instauradas en la escuela, en contra de estudiantes que no cuentan con el agrado de los docentes en desmedro de quienes si cuentan con dicha aprobación.

Afirma que los graves hechos denunciados por la recurrente y su compañera son vagamente analizados, al tenor del estatuto administrativo de la casa de estudios, Código del Trabajo, Ley Nº20.069 y lo establecido en el protocolo universitario para enfrentar situaciones de abuso sexual, maltrato, acoso laboral y discriminación arbitraria, aprobado con fecha 07 de mayo de 2019, es decir, con fecha posterior a la denuncia. Lo anterior, sin dar aplicación en ningún momento a los principios constitucionales y de hermenéutica legal de dignidad humana (art. 1ª CPR) y de igualdad y no discriminación (19nº2), ni menos aún en lo mandatado en TTII suscritos por Chile tales como BELEM DO PARÁ, CEDAW, Convención Americana de DDHH, entre otras. Que, al mismo tiempo, el fiscal del sumario, en su calidad de empleado público, debió ejercer control de convencionalidad al conocer del sumario en virtud de las normas mencionadas y claramente con ello sancionar a los denunciados.

Hace presente que, parte del grupo docente que ya se ha referido, constantemente le señalaban a la recurrente que esta no tenía aptitudes para la carrera, llegando incluso a tratarla de “limítrofe”, sin embargo, como da cuenta el sumario, una compañera de la señorita nombre reservado manifiesta que la situación era especial ya que nombre reservado había cursado varias veces las asignaturas, por ende, tenía manejo de los conocimientos y que efectivamente los inconvenientes eran de sus pacientes o terceros. A modo de ejemplo, cabe señalar que los pacientes debían pagar ciertos costos por la atención de la clínica que recibían, y al no poder hacerlo se les exigía a los alumnos hacerse cargo de dicha carga económica, lo cual, de no poder cumplir, quedaban en estado de morosidad y no podían continuar con el curso.

Según lo informado por los docentes, en específico por el Sr. nombre reservado se señala que la alumna tenía un trato cordial con ellos, sin dejar nunca de enfatizar que no lograba alcanzar los objetivos de la clase ni desarrollar las competencias clínicas exigidas. Informe del cual se sustenta la fiscal del sumario para desechar la discriminación arbitraria que denuncia la recurrente, sin hacerse cargo de todas las situaciones de acoso, amedrentamiento e incluso tortura de las que fue víctima nombre reservado. Igualmente, se desestima el acoso y el maltrato, por no existir “violencia generalizada, sin un objetivo específico, evidente, esporádica y que afecte a la dignidad de las personas”. Lo que, a juicio de esta parte, da luces de la existencia de violencia, pero no bajo los altos estándares exigidos arbitrariamente por la recurrida. Indica que sin perjuicio de todo lo descrito en esta acción y de la prueba acompañada por las estudiantes, el fiscal resuelve sobreseer por las imputaciones de “agresiones y hostigamientos reiterados y sistemáticos”. La exigencia de reiteración y sistematicidad vulnera todo principio de proporcionalidad y perspectivas que deben aplicarse en procesos de toda índole, sean judiciales o no, atendido lo descrito en el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte, que ha sido enfática en extender el catálogo de garantías del mencionado artículo a procesos de diverso carácter. Sostiene que se ha invalidado por completo el relato referido por ambas estudiantes involucradas en el sumario en comento. En la misma línea, se ha hecho caso omiso a la relación asimétrica y de poder que existe entre los docentes y autoridades universitarias hacia las y los estudiantes. Dicha omisión vulnera el principio de igualdad material, que, en pocas palabras se traduce en el derecho a la igualdad en la ley; esto es, en la no discriminación en las concretas relaciones sociales, evitando así que se produzcan diferencias o desigualdades por cualquier condición.

Respecto al ámbito procesal igualmente hace presente que, en el sumario se hace alusión a un comportamiento “sumamente delicado” de una tía de la recurrente, sin embargo, al tenor de los hechos, es dable rescatar que dicha conducta, por reprochable que parezca, se trata de un tercero, que no es parte del proceso y por lo cual no puede en ningún caso validar las conductas de los docentes ni servir como fundamento para desestimar la denuncia o para restar importancia al acoso sufrido.

Llama aún más la atención la decisión del sentenciador de sobreseer pese a lo que señala a continuación, “hay variados antecedentes que dan cuenta de las quejas y descontento por parte del estudiantado de la asignatura Clínica Odontológica Integral Adulto (…) En primer lugar, de las propias declaraciones de los docentes entrevistados, se ratifica que existían problemas y situaciones que afectaban a los estudiantes en el normal desarrollo de la asignatura. Sin desmedro de lo precedente, la Srta. nombre reservado acusó que el material de las clases teóricas no era subido oportunamente a la plataforma universitaria denominada Campus Virtual; falta de retroalimentación por parte de los docentes. Dentro de la documentación anexa acompañada por la estudiante se pudo apreciar a través de algunas capturas de WhatsApp, que hubo quejas por la demora en la entrega del calendario”. Era tal la envergadura del problema que, como se indica en la resolución, se planteó la posibilidad de que muchos alumnos botaran la asignatura, lo que motivó el cambio del encargado de asignatura, incluso, se señala que en ocasiones eran los estudiantes quienes debían costear lo que sus pacientes no podían, a lo que se veían obligados para no reprobar la asignatura, lo que era controlado por la “unidad de recaudación”.

En este punto, nuevamente la fiscal reconoce la gravedad de lo acontecido al señalar que es “de suma severidad el supeditar el avance clínico de los estudiantes, al cumplimiento de la obligación monetaria de un tercero, como lo eran los pacientes en tratamiento” (situación que debió enfrentar la recurrente en más de una oportunidad). Agrega que “Por otro lado, se estima que la Clínica es quien debe buscar otros medios para obtener el pago en caso de morosidad, ya que, en ese caso, la Universidad a través de la Clínica tiene el carácter de acreedor”. Es decir, se constatan problemas no solo entre quien recurre, sino como una cuestión generalizada y no obstante ello, se resuelve lo que ya se ha indicado.

Por otro lado, causa gran extrañeza que una estudiante que ha tenido un avance normal durante los tres primeros años de carrera donde justamente suelen existir suertes de “coladores” para medir las capacidades de los alumnos, tenga problemas desde el ingreso a la clínica, problemas que se intensifican con el pasar del tiempo, a los cuales no se les da solución, y además son generalizados. No obstante ello, el perjuicio o daño debe considerarse caso a caso, el caso de doña nombre reservado es aún más potente, toda vez que se trata de una asignatura cursada reiteradas veces donde además venía siendo víctima de denostaciones y malos tratos desde el año 2011 por importante sector del grupo docente de la escuela. En este sentido agregamos que -como en su momento lo supo la casa de estudios- doña nombre reservado padecía depresión e incluso ideaciones suicidas (todo lo cual fue generado a propósito de los hechos que se describen, la estudiante no tenía depresión previo a ello). A mayor abundamiento, se reconoce en la resolución que: “debieron buscarse mucho antes las alternativas de contención y acompañamiento, a fin de evitar dilatar innecesariamente toda la situación; brindando apoyo y orientación para la estudiante, que año a año veía más imposible poder aprobar la asignatura.”

Que, no obstante lo anterior, no se aplica sanción alguna porque se resuelve SOBRESEER el sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N°672 de 2018, 0509 de 2019 y acumulados por Resol Ex. N°1121 de 2019. Notificada a la recurrente el día 25 de marzo del corriente. Sin perjuicio de ello, a sabiendas de lo acontecido, el sentenciador “RECOMIENDA” la aplicación de las siguientes medidas:

a.-) Hacer seguimiento a las evaluaciones docentes por parte de los departamentos académicos, de manera que las acciones de mejoramiento sean tomadas oportunamente.

b.-) Generar canales de comunicación fluida entre docentes y estudiantes, para que estos últimos presenten sus inquietudes y críticas.

c.-) Mejorar el acceso oportuno a la base teórica y de conocimientos por parte de los estudiantes.

d.-) Poner a disposición de los educandos, todo el material que sirva para mejorar su aprendizaje, velando que todos los recursos sean los más actualizados posibles desde el punto de vista de la profesión odontológica.

e.-) Considerar la posibilidad de realizar las actividades prácticas con simuladores o tecnología que permita desarrollar las destrezas técnicas y psicomotrices, sin tener que depender de la asistencia de un paciente/usuario.

f.-) Seguir con el perfeccionamiento del mismo, en cuanto a su organización, planificación, gestión y cumplimiento de actividades de acuerdo al calendario, a fin de brindar un servicio educativo de la mejor calidad.

g.-) Establecer con claridad mecanismos para el cobro de tratamientos impagos por parte de los pacientes que se atiendan en la CODA, sin que ello, genere consecuencias negativas para los estudiantes como lo era el impedimento de realizar, continuar o terminar tratamientos; y, consecuencialmente, considerar como no válido el requisito clínico.

Afirma que dichas sugerencias, reflejan la existencia de un trato hostil desde el cuerpo docente hacia el estudiantado, y la ausencia de “mínimos” exigibles en dicha relación, como los canales de comunicación que se sugieren en el punto b), o lo recomendado en la letra e), respecto a considerar la posibilidad de realizar las actividades prácticas con simuladores o tecnología que permita desarrollar las destrezas técnicas y psicomotrices, sin tener que depender de la asistencia de un paciente/usuario.

A su vez, en su carácter de recomendaciones, no tienen el carácter de vinculantes para los sumariados, por lo mismo, no son conductas exigibles, por lo que, además de no reconocerse la existencia del hecho denunciado en si mismo, malamente puede exigirse el cumplimiento de una mera “sugerencia”. Así las cosas, pese a la constatación de actos que efectivamente han vulnerado derechos de la recurrente así como de otros estudiantes, el proceso y su resolución se convierten en letra muerta, manteniendo el status quo de la situación.

Indica que pese a todo lo descrito, la recurrente logró terminar el último año de su carrera, egresando de la misma, quedando por realizar solo su práctica profesional, la cual debe realizarse en una institución que determina la facultad y en consecuencia, aparte del cuerpo docente al cual se ha referido en esta acción. Por ende, la señorita nombre reservado siente justo temor a que las situaciones de acoso continúen y que, al ser derivada a una institución relacionada a la facultad deba cargar con prejuicios y estampas que no corresponden y que además vulnere su derecho a la honra.

II. DERECHOS VULNERADOS i. DEBIDO PROCESO Entendido como el conjunto de normas y reglas de carácter superior que tiene por objeto el establecimiento y respeto de las condiciones mínimas y necesarias que exige un proceso justo, que tenga por finalidad la averiguación de determinado hecho de relevancia jurídica. Es del caso, que la recurrente y otros estudiantes, como lo manifiesta la misma resolución que sobresee, fueron víctimas de hechos que han menoscabado como se detalla más adelante una serie de derechos. Y, pese a dicha constatación, se decide sobreseer sin la aplicación de una sanción, lo que es parte del derecho en comento.

Al mismo tiempo, la decisión arbitraria e infundada de la recurrida vulnera las normas contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Indica que las universidades son organizaciones cuyo fin es producir conocimiento y traspasarlo, por lo tanto son importantes espacios de socialización y educación en los que participan todos aquellos que forman parte de la comunidad universitaria. Así, la institución universitaria tiene poder y ejerce control sobre la vida de quienes participan en ella. Por su parte, los y las estudiantes llevan adelante gran parte de su vida en torno a ella y establecen relaciones jurídicas con la misma, quedando en muchos ámbitos sometidos a la autoridad de la institución en decisiones que pueden implicar que pierdan su trabajo o se vean impedidos de obtener un título en el que han invertido sumas importantes y tiempo valioso.

Por otro lado, el rol socializador de la universidad implica que ella formará a las futuras generaciones de una nación. Así, el determinar las ideas y conductas que serán admisibles en el ámbito universitario es una materia delicada. Siendo relevante procurar que las universidades eduquen según valores democráticos, entre los cuales destaca el debido proceso. En vista de los fines anteriores, a nivel mundial se establece el consenso de que las universidades al aplicar disciplina sobre los miembros de su comunidad deben ceñirse a un debido proceso. Esto se establece, por ejemplo, en los puntos 48 y siguientes de la declaración de la UNESCO en cooperación con la OIT sobre situación del personal docente. Como norma general, las universidades en virtud de su autonomía tienen derecho a fijar sus estatutos y reglamentos internos dentro de los límites dictados por la Constitución y las leyes, normas que conforman la relación contractual entre la universidad y sus alumnos. Esta relación es un contrato de adhesión y debe ser regulado por los cuerpos legales que corresponden a este tipo de contratos. Así las cosas, los reglamentos deberán ser interpretados conforme a la regla del artículo 1566 del Código Civil y de la Ley del Consumidor en favor del alumno. Además de lo anterior, hoy en día, la necesidad de un debido proceso se hace más relevante. Ello porque las universidades están ejerciendo disciplina sobre materias tales como la libertad de expresión, acoso y abuso sexual.

En la misma línea, existen principios comunes, toda vez que ninguna norma de carácter reglamentario, puede ser contraria a la Constitución, Tratados Internacionales de DDHH ratificados por Chile y vigentes, y demás leyes del Estado. En este sentido, los reglamentos de las Universidades no pueden violar normas legales y tanto los Tribunales de Justicia como los organismos reguladores pueden hacer cumplir estas normas o sancionar su incumplimiento. Por su parte, la Ley General de Educación mandata a las universidades a respetar su propio ordenamiento en el que se comprende el reglamento interno, e incluso contempla su disolución por violaciones graves de sus estatutos. A su vez, la Ley sobre Educación Superior reconoce que las universidades pueden dictar sus propios reglamentos y conducir sus asuntos internos debido a su autonomía universitaria, pero siempre respetando los límites impuestos por la Constitución y las leyes.

Por otro lado, el debido proceso reclama que su conclusión por sentencia - que tendrá carácter de firmeza- respete al menos ciertos principios vinculados a una verdadera administración de justicia, como por ejemplo, el principio pro sentencia, derecho a la congruencia de la sentencia, principio de doble instancia, principio de cosa juzgada y el derecho a la eficacia material de la sentencia.

ii. DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA Y FISICA Se funda también el presente Recurso de Protección, y en estricta relación con la causal anterior, en la vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución, que asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Además, este derecho se encuentra consagrado como una piedra angular de toda la estructura del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como asimismo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1968) en su artículo 5 dispone que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

Esta garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto y comprende también la totalidad de los aspectos que la constituyen. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral.

La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. Conforme a lo expuesto, los hechos materia del recurso amenazan y perturban seriamente la garantía señalada. Es decir, ser parte de un sinfín de malos tratos verbales, acoso, humillaciones, para luego ser parte de un proceso de investigación, que, no obstante reconocer la existencia de diversas vulneraciones, concluye en una resolución que no sanciona los hechos y deja en total indefensión a la víctima.

Al tenor de lo anterior, la decisión arbitraria de la sentenciadora no cumple claramente con el deber de justicia y reparación del daño, principio que inspira nuestro ordenamiento jurídico, por lo cual debe entenderse integrante de las normas aplicadas al caso. Así las cosas, con la decisión de sobreseer y no sancionar a los sumariados se perpetúa un trato vejatorio y discriminatoria hacia la recurrente, por lo que, la violación a la garantía consagrada en 19nº2 de la Constitución, es evidente.

En este punto, cabe hacer presente que, a propósito de lo denunciado y la culminación del proceso, la recurrida actualmente se encuentra con terapia psiquiátrica y medicamentosa (esta última consistente en: Neuryl 2 mg diario, Ectien , Samexid 30 mg diarios, Zoplicona 3 mg noche). A su vez, el estrés al que fue sometida la hizo somatizar el daño psicológico alterando gravemente el funcionamiento de la glándula tiroides e incluso provocando daños dermatológicos.

iii. DERECHO A LA EDUCACIÓN La educación tiene como objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Este contenido de la educación está determinado por el artículo 19 N°10 de la Constitución, en su inciso 1°, el cual se enriquece con el párrafo 1 del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual precisa que los Estados Parte Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha señalado que la educación es de muchas formas, es un derecho civil y político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de muchos otros derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos.

Por otra parte, diversos atributos integrantes del derecho a la educación como podría señalarse técnicamente, están asegurados por el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el cual integra y enriquece el contenido del derecho constitucionalmente asegurado en una perspectiva favor homine o favor persona. Indica que no se ordena nada en específico, solo se sugiere y ello no es vinculante, por ende nada asegura que la alumna e incluso el resto de los estudiantes puedan hacer efectivo su derecho a la educación sin dilaciones innecesarias y obstáculos impuestos por la recurrida. Afirma que con el actuar de la recurrida, se vulneran los principios de la dignidad humana y de igualdad y no discriminación, principios de hermenéutica legal tanto a nivel nacional como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que obligan a interpretar las normas en función de dichos principios, encontrándose la contraria obligada a través del control de convencionalidad a dar aplicación a las ya citadas normas internacionales y principios rectores.

Pide ordenar que:

i. Se acoja el presente recurso ii. Se reabra el sumario de autos y que se ordene que un fiscal no inhabilitado pondere conforme a derecho los hechos denunciados, el daño ocasionado, y el actuar de los sumariados a fin de que se les aplique la sanción que corresponda, teniendo en especial consideración la grave vulneración al principio de la dignidad humana de la recurrente y demás derechos fundamentales indicados en el presente recurso.

iii. La universidad, y en especial la nombre reservado, se abstenga de ejercer en lo futuro, cualquier tipo de hostigamiento y acoso en contra de la actora.

iv. Que se condene en costas a la recurrida.

Acompañó los siguientes documentos: Informe psicológico de la recurrida, del psicólogo nombre reservado, de fecha 21 Febrero del 2020.

A folio N°8-2021 evacua informe la recurrida UNIVERSIDAD DE LAFRONTERA, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Indica que la estudiante nombre reservado, es alumna regular de la Carrera de nombre reservado desde el año 2007. Actualmente posee un Promedio General Acumulado (PGA) de 4,98.

Agrega que la Carrera de nombre reservado se encuentra regulada en Resolución Exenta Universitaria N° 1151 de 2013, que fija un nuevo Plan de Estudios y Reglamento de la carrera a partir de esa fecha, la cual está organizada en 12 niveles semestrales, siendo los últimos dos niveles, la práctica profesional controlada. Etapa en la que actualmente se encuentra la recurrente, es decir, cursando las asignaturas del nivel 11 y 12 de acuerdo al Reglamento de la Carrera, ya aludido, la práctica Profesional Controlada o Internado es el período de formación de un alumno de la Carrera de nombre reservado durante el cual ejecuta actividades académicas y asistenciales, que le permitan desempeñar bajo supervisión el rol profesional. La Práctica Profesional Controlada tendrá una duración de 48 semanas, periodo en el cual se encuentran incluidos los periodos de calificaciones, contemplando 2 Prácticas Profesionales -Práctica I y ll-, comenzando en enero y finalizando en diciembre. Si un alumno reprueba la parte práctica, de un ciclo de Práctica Profesional Controlada, deberá repetirlo. Si reprueba sólo el examen teórico final, podrá repetir este último en el plazo máximo de una semana. Si el alumno reprueba el examen teórico en la segunda oportunidad, deberá repetir toda la Práctica Profesional Controlada correspondiente, aunque esté aprobada la parte práctica. Si un alumno reprueba en una segunda oportunidad un ciclo de su Práctica Profesional Controlada, será eliminado de la Carrera.

Por su parte, el artículo sexto, del cuerpo legal ya aludido, establece que el Cirujano Dentista egresado de la Universidad de la Frontera deberá poseer una sólida y consistente capacidad de autoformación continua y, a su vez, una actitud educativa en todas sus acciones. Los egresados deberán comprender la conducta del hombre y de la sociedad, de modo que les permita equilibrar los aspectos técnicos con los aspectos humanos en el ejercicio profesional individual y en el equipo de salud dentro de un marco ético. Agregando el artículo 7, que el propósito fundamental de la Carrera de nombre reservado es formar un profesional con una sólida formación científica, y una adecuada formación ética y humanística que lo capacite para estar en forma real incluido en el equipo de salud y realizar labores de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas prevalentes del sistema Estomatognático, en el individuo y en la comunidad. Además, debe ser capaz de dirigir un equipo de salud bucal.

Refiere que la carrera de nombre reservado, posee altos niveles de exigencia en pro de alcanzar los objetivos que el reglamento de la carrera establece y conforme a ello formar profesionales de calidad.

Claramente se concluye que, durante los ramos cursados, la recurrente, estuvo bajo las mismas exigencias y dificultades propias de la asignatura, como todos sus compañeros. Contó con el constante acompañamiento docente, sean estos: Instructores, Jefe de Clínica, Encargado de asignatura, y las correspondientes instancias de apoyo que ofrece el curso. Sin embargo, no tuvo el desempeño esperado, lo que se ve reflejado en sus calificaciones.

Afirma que todas y cada una de las evaluaciones de las que fue objeto el recurrente, son consecuencia de sus aprendizajes y habilidades y destrezas demostradas en sus actividades prácticas. Cada una de sus evaluaciones en la actividad curricular reclamada, tiene una tabla con rubricas detalladas, con pautas claras de evaluación, ponderación y cuantificación, de tal manera que no es posible sustentar la hipótesis de la contraria, en cuanto a que sus calificaciones y desempeño serían producto de un actuar arbitrario e ilegal y de hostigamiento por parte de los docentes. Indica que los ramos que la alumna a reprobado durante los años en que ha cursado la carrera se ajustan completa y satisfactoriamente a las pautas de evaluaciones aplicadas, en consecuencia, con el programa de asignatura, entregado al inicio de los mismos a todos los estudiantes y al reglamento de régimen de estudio de pregrado que lo regulan junto al reglamento de carrera respectivo.

Sostiene que el actuar de la universidad se enmarca en todas y cada una de las normativas que regulan el actuar académico y que dichos criterios, sólo lo son en base a los conocimientos y aptitudes demostradas por la recurrente en sus distintas instancias de evaluación.

EN RELACION AL SUMARIO Refiere que el procedimiento disciplinario aludido por la recurrente (investigación sumaria en principio), fue instruido por Resolución Exenta Nº509 de fecha 27 de febrero de 2019, a fin de investigar los hechos denunciados por las estudiantes de la Carrera de nombre reservado, Srta. nombre reservado y Srta. nombre reservado, proceso que con posterioridad fue elevado a sumario, mediante Resolución Exenta N°1121 de 06 de mayo de 2019, acumulándose a la Investigación Sumaria incoada a partir de lo denunciado por la estudiante de la carrera de nombre reservado, nombre reservado, durante el año 2017. Agrega que la investigación sumarial se inicia a requerimiento del Sr. nombre reservado en ese entonces, don nombre reservado, quien solicita gestionar investigación sumaria en virtud de los antecedentes presentados por las alumnas Srta. nombre reservado y Srta. nombre reservado, denuncias presentadas por las mismas.

Dicho procedimiento disciplinario actualmente se encuentra afinado y fue sobreseído mediante Resolución Exenta Universitaria N° 493 de fecha 18 de marzo 021, acto administrativo que fue notificado a las denunciantes con fecha 25 de marzo del presente año. Señala que la fiscal instructora, en su vista fiscal de fecha 24 de noviembre de 2020, concluyo:

1.-Que, primeramente, en relación a la Discriminación Arbitraria, en el caso particular, esta Fiscal suscriptora estima que la reprobación sufrida durante el año 2018, por parte de la Srta. nombre reservado, está justificada principalmente por el informe detallado emitido por el docente Dr. nombre reservado, quien explico pormenorizadamente los sucesos que gestaron cada una de las evaluaciones y, en consecuencia, la calificación final de la estudiante, las que obedecen a razones de orden técnico y odontológico, lo cual, no se aprecia en caso alguno como antojadizo, ya que, esto fue avalado además por el Jefe de Clínica, don nombre reservado.

2.-Que, del análisis de las calificaciones y declaraciones acuñadas a lo largo de la investigación fue posible concluir que la asignatura fue en extremo complejo para la Srta. nombre reservado, pareciendo evidente, que hay incluso elementos psicológicos, como la presión o inseguridad, temor al fracaso; que sin duda influyeron en cada ocasión que rindió las asignaturas. En conexión con el tema, merece ser tenido en cuenta el hecho, que siempre tuvo docentes instructores distintos. De hecho, durante el 2019, tanto la ex Directora de Escuela, doña nombre reservado, como la ex Directora de Carrera, doña nombre reservado, dieron cuenta que se estaba realizando seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de la asignatura, para la estudiante. Por otro lado, como ya se dijo respecto de los hechos sucedidos en el año 2015, no se dispone de antecedentes, más que la declaración de la denunciante.

3.- Que, respecto de la figura de acoso, tampoco existen antecedentes que dieran cuenta de un actuar por parte de algún docente, en que se haya efectuado alguna agresión u hostigamiento reiterado, sistemático, con la intención de dañar a la estudiante. Y es que, en consideración a los mismos argumentos ya esgrimidos, lamentablemente, la problemática de la Srta. nombre reservado, radicó en su desarrollo académico, donde siempre se le presentaron dificultades que le llevaron a reprobar ciertas asignaturas. No parece haber un actuar concertado con el fin de perjudicar a la estudiante, ya que se buscaron alternativas para poder cautelar el desarrollo de la asignatura.

4.- Que, tampoco fue posible constatar la figura del maltrato, hacia la estudiante o más bien, que se dieran las condiciones que la normativa establece para estar en frente de una conducta de esas características. En este punto, tanto los argumentos utilizados para describir los rasgos del tipo en estudio; como las definiciones normativas; son plenamente aplicable, Si bien, se denunciaron cuestiones que afectaron al grupo curso en general, estas no apuntaron al trato que los docentes tenían con el conglomerado estudiantil, eso, sin perjuicio de las denuncias puntuales e individuales ya estudiadas hasta acá. Por lo que, no es factible afirmar que haya existido una conducta de violencia generalizada, sin un objetivo específico, evidente, esporádica y que afecte a la dignidad de las personas. Y es que, a juicio de la denunciante en este caso, el objetivo de los malos tratos fue ella, cuestión por lo cual, debe descartarse la presente figura.

5.- Que, también, merece comentario la situación relatada por nombre reservado y ratificada por don nombre reservado en la que la tía de la Srta. nombre reservado, doña nombre reservado solicitó ayuda vía WhatsApp, a su colega, para que su sobrina aprobase el ramo, siendo esto una cuestión sumamente delicada, ya que dicho comportamiento no corresponde, por cuánto podría entenderse que existe conflicto de interés o que el docente se vio influenciado por el requerimiento. Lo cual, en los hechos, finalmente no sucedió. La imparcialidad y ética debe primar, ante toda situación por muy lamentable que parezca, los docentes no deben ser expuestos a este tipo de eventos.

6.- Que, en definitiva, de lo latamente comentado y analizado, procedente señalar que existieron problemáticas particulares, como en el caso de la Srta. nombre reservado y de la Srta. nombre reservado, que tuvieron su principal fundamento en cuestiones de orden académico, y de criterio técnico-odontológico, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la asignatura Clínica Odontológica Integral Adulto II por parte de las mencionadas; y a su vez, existieron cuestiones que afectaron al grupo curso en su conjunto, que estuvieron relacionadas con la organización, planificación y gestión del ramo, a cargo en ese entonces, de don nombre reservado. Sin perjuicio de ello, se reitera que a juicio de esta fiscal, no existen conductas susceptibles de ser encuadradas en el concepto de maltrato, acoso o discriminación arbitrarias descritos, ya sea en la normativa de aplicación general, o bien, en relación a lo estatuido por el protocolo universitario para enfrentar situaciones de acoso sexual, abuso sexual, maltrato, acoso laboral y discriminación arbitraria, aprobado por Resolución Exenta N° 1411 de fecha 07 de mayo de 2019, de la Universidad de La Frontera.

Indica que el citado proceso disciplinario se encuentra actualmente concluido y sobreseído, acto administrativo que fue válidamente notificado a las denunciantes, quienes no ejercieron recurso alguno, ni petición al respecto, que digan relación con la presente acción Constitucional y en especial alguna que diga relación con la solicitud de reapertura del sumario. En conclusión, el procedimiento se tramito conforme a la ley, y actualmente no existe petición pendiente alguna por parte de la recurrente, lo que trae como consecuencia que no existe derecho indubitado violentado por la Universidad, razón por la cual procede el rechazo de la acción interpuesta.

NO SE CONFIGURAN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Sostiene la improcedencia del recurso por no darse el supuesto primario del mismo, dado que en nuestro actuar no ha existido una actuación arbitraria o ilegal.

Por acto ilegal se entiende el objetivamente contrario a la ley y arbitrario el que de adolece de ilegalidad subjetiva, esto es que se conforma en la forma a la ley, pero que sin embargo se desvía del fin que justifica la institución del precepto legal, es decir, que adolece de irracionalidad, de falta de proporción frente a los motivos que determinaron la determinación adoptada, lo que en la especie en la presente acción incoada no ha ocurrido, por cuanto, el actuar de la recurrida, tal como se detalló precedentemente, siempre se ha efectuado dentro del marco normativo legal vigente, como lo es Reglamento de la Carrera de nombre reservado, Protocolo Universitario para enfrentar situaciones de acoso sexual, abuso sexual, maltrato, acoso laboral y discriminación arbitraria, Ley 21.094 sobre Universidades Estatales y además en la tramitación del procedimiento disciplinario se ajustó a las normas contenidas en la ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Sobre el particular, cabe señalar que la acción constitucional de protección no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentran sometidos a normas y procedimientos preestablecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro de la esfera de sus atribuciones legales y, consecuencialmente, bajo el imperio del derecho, como se ha reconocido reiteradamente en diversos fallos emitidos por la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, entre ellos, con fecha 4 de septiembre y 2 de octubre de 1985 (considerandos 8° y 9°) en los recursos de protección Roles N°s 196-85 y 247-85. En el mismo sentido, la línea jurisprudencial asentada exige que, para acoger la acción de protección, debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado. En el caso de autos, nos encontramos ante un procedimiento disciplinario que se encuentra afinado y sobreseído de acuerdo a derecho, exento de vicios y respecto del cual la denunciante fue debidamente notificada en la forma y dentro de los plazos que la Ley establece, instancia en la cual la recurrente -según se desprende de certificado emitido por el Secretario General de la Universidad de la Frontera, en su calidad de Ministro de fe, que se acompaña-, no ejerció los recursos que los artículos 140 y siguientes del DFL N° 29 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo establece, en contra de la Resolución Exenta Universitaria N° 0493 de 18 de marzo de 2021, que sobresee sumario administrativo, ya aludido, válidamente notificada con fecha 25 de marzo de 2021 a la Srta. nombre reservado, por cuanto no existiría infracción alguna al debido proceso.

Afirma que no existiría infracción a la garantía contemplada en el Artículo 19 N° 1 de nuestra Carta Fundamenta, es decir, derecho a la integridad Psíquica y física, por cuanto el actuar de la universidad se enmarca en todas y cada una de las normativas que regulan el actuar académico y que dichos criterios, sólo lo son en base a los conocimientos y aptitudes demostradas por la recurrente en sus distintas instancias de evaluación, las cuales son de alta exigencia, pero para todos los alumnos por igual, por cuanto se trata de actividades profesionalizantes de la carrera, impartidas a estudiantes ad portas de titularse, de ahí la importancia de que la calificación sea la real y acorde con el perfil de nuestros egresados de odontología.

Ahora bien, en cuanto a lo solicitado, que “La Universidad, y en especial la nombre reservado, se abstenga de ejercer en lo futuro cualquier tipo de hostigamiento, en contra de la recurrente”, seria improcedente lo solicitado, por cuanto, la acción de protección es de naturaleza cautelar, es decir, su objetivo es proteger el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, restableciendo la situación, a la realidad anterior, a la afectación de tales derechos, lo cual en la especie resultaría imposible, por cuanto se estaría solicitando se resguarden hechos futuros, los cuales no han sido actualmente conculcados, siendo por tanto, incierta su existencia.

Finalmente, en cuanto, al Derecho a la educación enunciado, no es posible invocarlo como garantía vulnerada en este recurso, dado que en virtud del artículo 20 de la Constitución Política de la República, la garantía contemplada en el artículo 19 N° 10 de la misma carta magna, no es un derecho protegido por esta acción.

Refiere que la decisión final del procedimiento disciplinario, es el resultado de una investigación tramitada conforme a las normas del debido proceso, sin que se hayan coartado los derechos de la recurrente en el mismo, por tanto, tampoco existe un derecho indubitado que se hubiere afectado. Conforme a lo anterior, no se le negó nunca la posibilidad de intervenir en el proceso, ya sea declarando en el mismo, incorporando prueba documental, solicitando pericias o ejercer los recursos legales correspondientes, siendo esto último, un resultado de su propia decisión y no un impedimento por parte de la recurrida.

Acompañó los siguientes documentos: Resolución Exenta universitaria N° 1151 de 2013, Modifica Plan de Estudio y Reglamento de la Carrera de nombre reservado y deja sin efecto Resolución Exenta N° 930 de 2013, de la Universidad de La Frontera; Protocolo universitario para enfrentar situaciones de acoso sexual, abuso sexual, maltrato, acoso laboral y discriminación arbitraria, aprobado por Resolución Exenta Universitaria N° 1411 de fecha 07 de mayo de 2019, de la Universidad de La Frontera; Certificado emitido por Secretario General de la Universidad de la Frontera, Don nombre reservado de fecha 19 de mayo de 2021; y Sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta N° Nº509 de fecha 27 de febrero de 2019.

A folio N°10-2021 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Así las cosas, al conocer de un recurso de esta índole fluye como deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias orientadas a asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el Constituyente establece.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y d) Que conforme el auto acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección, el mismo debe sea interpuesto dentro del plazo fatal de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismo, lo que se hará constar en autos. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta magistratura.

TERCERO: Que la recurrida, hace residir como actos arbitrarios e ilegales la circunstancia que se sobreseyó en un sumario administrativo iniciado a su requerimiento por la recurrida Universidad de la Frontera, sin embargo, resulta confuso que en este escenario comparezca la recurrente pidiendo tutela constitucional por amenaza de sus derechos, en circunstancias que no se le ha negado el ejercicio de su derechos durante el proceso sumarial, como tampoco ha ejercido recurso ni ha pedido reapertura del mismo una vez notificada de la resolución final, no pudiendo considerarse la resolución que sobreseyó arbitraria o ilegal, y atentatoria del debido proceso, a la integridad psíquica y física o del derecho a la educación.

CUARTO: que para la procedencia del recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile.

QUINTO: Que en esta dirección se ha resuelto de manera sostenida por la Excma. Corte Suprema, afirmando: “Que es conveniente señalar que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada. Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar como se postula en la especie- que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades”. (Rol N° 1952-2010 Excma. Corte Suprema)

SEXTO: Ahora bien, como ya se señaló en el considerando cuarto precedente, este recurso tiene por objeto restablecer el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, de modo, que, tampoco cautela, o resguarda derechos futuros.

SEPTIMO: Que, como corolario de lo reflexionado, se estiman no configurados los presupuestos que se requieren para que sea procedente la presente acción, por tratarse de un asunto de mérito no revisable por esta vía, amén de carecer de la arbitrariedad o ilegalidad que hubiese tenido incidencia en la afectación de los derechos y garantías invocados; razón que conducirá a que este arbitrio necesariamente sea desoído en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por las abogadas doña CAROLINA ANDREA AZÚA GARCÍA, y doña NATALIA BELEN ULLOA VILLENA, en representación de doña nombre reservado

nombre reservado.

Redacción a cargo de la Ministra Interina doña Luz Mónica Arancibia Mena.

Rol N° Protección-1437-2021 (pvb).