nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, quince de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Al folio N°1, comparece RANDOLPH BROWN RIQUELME, abogado, en representación de la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, y de nombre reservado, como afectada personal con domicilio en domicilio reservado, quienes recurren conjuntamente de protección en contra de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, camino a Toltén, lote 1 Loncomilla, comuna de Pitrufquén, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía representada por doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía.

Fundando su recurso señalan que el recurrido Sr. nombre reservado, en la actualidad y de facto, desde el mes de octubre del año 2020 mantiene en el sector de Chanco Poniente, una fábrica contenedora de gallinas ponedoras de huevos, la cual aún no cuenta con recepción de obras definitiva por parte de la Municipalidad de Pitrufquén. Que, la empresa avícola se encuentra emplazada a pocos metros de propiedades particulares, entre las que se cuentan la de doña nombre reservado, como, asimismo, de muchas otras viviendas del sector de Chanco Poniente, comuna de Pitrufquén. Que, tal empresa avícola ha generado en todo el sector que le circunda una plaga de moscas, las cuales es posible apreciar a simple vista puesto que ingresan y se posan en las viviendas particulares, como asimismo, en el cuerpo de los habitantes colindantes, entre los cuales se incluyen menores de edad y personas adultos mayores. Que, el surgimiento de esa cantidad anormal de moscas proviene indefectiblemente desde la avícola referida, dado que con anterioridad a la instalación de la fábrica no existía tal problema. Que, el Municipio ha realizado una serie fiscalizaciones en la empresa y lugar referido, e incluso ha procedido a clausurar el funcionamiento de la avícola, dado a que ésta ha ejercido actos de comercio sin tener patente comercial. Que, en este mismo orden de consideraciones, la recurrente doña nombre reservado, en conjunto con otros afectados y vecinos de esta, ha efectuado una serie de denuncias a la autoridad sanitaria regional, las cuales no han tenido respuesta favorable para efectos de erradicar el problema de fondo, lo que obliga a estos recurrentes a ejercer esta acción jurisdiccional para proteger eficazmente la vida, salud, integridad física y psíquica de los vecinos del sector, los que además sienten ser discriminados por la autoridad sanitaria, esto por vivir en un sector rural de la comuna de Pitrufquén, entendiendo que si lo anterior hubiese ocurrido en un sector residencial o dentro de la ciudad de Temuco, por ejemplo, se habrían ejercido raudamente las acciones y fiscalizaciones pertinentes, situación que en el caso de marras no ha ocurrido. Que, resulta inoficioso dilatarse respecto de los efectos nocivos que una plaga de moscas ocasiona en la salud de las personas, lo que básicamente trasunta en la transmisión de una serie de enfermedades de la más variada naturaleza, como asimismo, del manifiesto tormento y angustia que significa a los habitantes colindantes el soportar diariamente esta situación.

Agregan que en cuanto a la legitimación activa el artículo 20 de la Constitución Política de la República señala: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes…”. En concordancia con lo anteriormente expuesto, el auto acordado sobre tramitación del recurso de Protección establece en su N°2, que no solo el afectado puede interponerlo, sino también cualquier otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga mandato especial para ello. Del mismo modo, la jurisprudencia ha sido uniforme en aceptar que un alcalde, como ocurre en el caso de marras, accione indeterminadamente a favor de los habitantes de su comuna, sin mencionar específicamente a persona alguna. Por eso la recurrente tiene legitimación activa. Asimismo, es menester indicar que según el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades se señala como funciones no privativas de la entidad edilicia las relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente. A su turno, el artículo 28 inciso 2°, de la misma ley dispone que se faculta al alcalde para que la Municipalidad asuma la defensa de la comunidad, dentro de las cuales se incluye el ejercicio de acciones jurisdiccionales.

Continúan expresando que en cuanto al derecho, el artículo 20 de la Constitución Política de la República protege a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se señalan; a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de los afectados. Así las cosas, señalan, esta acción constitucional se consolida como una de las más eficaces herramientas entregada a los Tribunales de Justicia para que operen como garantes de los derechos ciudadanos. Es en base a lo anterior que los recurridos deben, por cierto, respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, lo que se traduce en la necesidad de establecer una actividad comercial y/o industrial, que no afecte la vida e integridad física y síquica de los recurrentes, como, asimismo, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como lo dispone el artículo 19 Nº8 de la Constitución Política de la República. Atendido lo antes expuesto, los recurridos han incurrido en acciones y omisiones inconstitucionales desde que el artículo 19 Nº8 garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado. Son asimismo ilegales, ya que el artículo 1º de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente contiene también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, agregando la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, resultando indudable que las tóxicas emisiones y la plaga de moscas existentes en el entorno y dentro de los inmuebles de los habitantes colindantes con la avícola, se ocasiona por la inacción de las recurridas. En este sentido, la presencia de malos olores, plagas de moscas, vectores sanitarios y ausencia de acciones de monitoreo y fiscalización han afectado el modo de vida de los vecinos colindantes, al punto de no permitirse el simple hecho de estar al aire libre en sus propiedades, ni aun dentro de sus propias viviendas, afectando de esa manera su integridad síquica, atendida la definición que la propia Organización Mundial de la Salud incluye en el referido concepto a la conservación de las habilidades motrices, emocionales e intelectuales, de lo que se infiere que cualquier afección a la salud o riesgo de afectarla con sustancias que son contaminantes, deteriora ese estado de bienestar físico y síquico que constituye la integridad de sus funciones vitales en cuanto persona humana.

A mayor abundamiento, expresan, la ley 19.300 en su artículo 2º letra d) señala que contaminante es todo elemento compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Así, al no haber cumplido la recurrida con estas obligaciones legales, claramente se ha incurrido en acciones y omisiones desde que se ha permitido que se expelan elementos que dañan la salud y afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

A lo anterior revelan, se suma lo dispuesto en el artículo 1º del D.S. Nº144/61 del Ministerio de Salud que establece que “… los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario”, lo que, en atención a los antecedentes que se han señalado en el presente libelo, se encuentra acreditado.

Manifiestan que las acciones y omisiones de las recurridas han inferido y siguen infiriendo una grave perturbación y privación de los derechos constitucionales tutelados por la acción constitucional de protección deducida, de la forma que se ha explicado. Conforme todo lo ya dicho, expresan los recurrentes, es de claridad absoluta que con sus actos y omisiones los recurridos han incurrido en una actuación ilegal, toda vez que no han dado cumplimiento tanto a las obligaciones que impone la Ley 19.300 y su reglamento, como a lo dispuesto en el artículo 1º del D.S. 144/61 del Ministerio de Salud, vulnerando de esta forma la garantía del artículo 19 Nº8 de la Constitución Política de la República, en perjuicio de los recurrentes, en el sentido de que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que en el sector se produzcan los hechos descritos.

Asimismo, exponen que estos hechos configuran una amenaza a las garantías del artículo 19 Nº1; en efecto, de conformidad a lo expuesto, los actos y omisiones de las recurridas han afectado y continúan afectando la integridad física, síquica y moral de los recurrentes y de cada uno de los habitantes del sector, debido principalmente al actuar negligente de la SSIS, toda vez que no ha sido capaz de fiscalizar adecuadamente a la empresa sanitaria recurrida y, consecuencia de ello, los vecinos del sector ven perturbado y amenazado gravemente el normal ejercicio de sus garantías, por cuanto, como se dijo, no es posible vivir a plenitud en un sector donde los malos olores producto de la incapacidad de las recurrentes de dotar al sector de un sistema diligente de tratamiento de aguas servidas se hace imposible la vida en condiciones de normalidad. En razón de la normativa referida, la imputación concreta que se le formula a las recurridas es la omisión del cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias de control de las actividades contaminantes y riesgosas para la salud humana que se desarrollan en la zona.

Esgrimen a su vez que la Constitución Política del Estado establece en el artículo 19 N° 1 que se asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Esta garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto, y comprende la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen. La integridad personal constituye un derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y al sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. El derecho a la vida e integridad constituye una pieza fundamental de respeto y obligaciones para el Estado, pues es el derecho que permite la titularidad, exigencia y cumplimiento de todos los demás derechos. El derecho a la vida exige, por una parte, que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente, pues ello constituiría la privación de la existencia misma de la persona y de sus posibilidades de acceder al resto de las condiciones que la hacen plenamente humana, pero además implica que el Estado debe asegurar aquellas condiciones básicas que permitan el surgimiento y desarrollo de la vida. Es necesario señalar que tanto el derecho a la vida como el derecho a la integridad personal se encuentran protegidos también por los artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos respectivamente (CADH). El artículo 4º de la CADH establece que “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. En este sentido la Corte Interamericana ha establecido que: “162. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria”. Por su parte la integridad personal se encuentra protegida por el artículo 5° de la CADH que en su numeral primero señala: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. La consagración de la integridad como un derecho en la Convención, “alude a la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda, en principio, interferir con él o con sus decisiones respecto de él, sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo, tiene autonomía personal, y, por lo tanto, está facultado para decidir a su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de impedírselo”. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, ha señalado, respecto de la relación del derecho a la integridad y medio ambiente, que: “Los Estados partes deben tomar ciertas medidas positivas para salvaguardar la vida y la integridad física. La contaminación ambiental grave puede presentar una amenaza a la vida y la salud del ser humano, y en su debido caso puede dar lugar a la obligación del Estado de tomar medidas razonables para evitar dicho riesgo, o las medidas necesarias para responder cuando las personas han sido lesionadas”. La omisión ilegal de los recurridos ha generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a la igualdad ante la ley. (Artículo 19, N° 2 de la Constitución Política de la República) La Constitución Política de la República establece en el artículo 19 N° 2, “La igualdad ante la ley”, consiste en que toda persona debe recibir de la autoridad el mismo tratamiento que ha dado a otra u otras que se encuentren en situación de igualdad, lo que significa que la Constitución excluye todo tipo de discriminaciones, prohibiendo diferencias arbitrarias, es decir, que sean estas injustas o carentes de una adecuada motivación, prejuiciadas, excesivas, o desproporcionadas en relación al fin o adoptadas sobre la base del favoritismo. Atendida la naturaleza de esta garantía constitucional, lo que el constituyente repudia es la idea de “privilegio” y “diferencia arbitraria”, originada en una actuación de la los recurridos, frente a sujetos que se encuentran en una misma situación de hecho o a quienes les son aplicables unas mismas normas jurídicas, imponiendo idénticos derechos y obligaciones. La Constitución permite hacer “diferencias”, incluso a nivel de ley, siempre que éstas sean objetivas y razonables.

Terminan solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de nombre reservado y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía, por afectar y amenazar a la vida y la integridad física de los vecinos del sector y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, se acoja la presente acción constitucional de protección, se declare la vulneración de los derechos constitucionales consignados en el numeral 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política y, en particular, que se declare y se resuelva lo siguiente: 1.-Se declare la ilegalidad de las omisiones de los recurridos, que amenazan el derecho de las personas afectadas a la vida e integridad física y síquica, igualdad ante la ley, derecho a la salud así como el derecho a un medioambiente libre de contaminación. 2.-Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y síquica, el derecho a la igualdad ante ley, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud, consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. 3.-Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto de las/los afectadas/os; y se impartan instrucciones a los recurridos, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos. 4.- Que se ordene de manera urgente que la recurrida cese su actividad en el sector en que se encuentra emplazada la avícola, dado que no cuenta con autorización para aquello y que asimismo disponga de un plan de control de residuos (riles) de producción (guano) y de mitigación de los montículos de guano, a fin de controlar el hedor generado. 5.-Se ordene a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía, que informe a cabalidad las acciones impartidas en relación a lo descrito en el cuerpo del recurso e instruya a personal profesional y técnico de su dependencia para que se constituya en el lugar afectado y adopte en el plazo más breve posible, las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos para evitar los permanentes riesgos para la salud de la población, las que deberán informarse a esta Iltma. Corte, como asimismo, adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos como los expuestos en este recurso. 6.- Cualquier otra medida que vuestra Iltma Corte considere de rigor adoptar. 7.- Que se condene en costas a los recurridos.

Al folio N°12, evacua informe doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía, en el siguiente tenor: El recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste último ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Expresa que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, están contestes en el hecho de reconocerle a esta garantía constitucional, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, ilegalidad y arbitrariedad que como se dará cuenta en este informe, no se verifican en la especie respecto de la Seremi de Salud de La Araucanía.

Luego, se refiere que en lo que respecta a este apartado, cabe agregar que para que esta acción de protección sea acogida, tienen que satisfacerse determinados presupuestos de procedencia de manera copulativa, citando un apartado de la Excelentísima Corte Suprema al efecto.

Añade la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria respecto de la supuesta falta de medidas adoptadas en materia sanitaria, expresando que el recurrente imputa a la Seremi de Salud de La Araucanía el no haber dado una respuesta favorable a las denuncias realizadas por doña nombre reservado, con el objeto de erradicar el problema de fondo e incurrir en omisiones que amenazan el derecho de las personas afectadas a la vida e integridad física y síquica, igualdad ante la ley, derecho a la salud así como el derecho a un medioambiente libre de contaminación, lo cual se desacreditará según se informa a continuación.

A) SOBRE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD EN LO REFERENTE A LA ACCIÓN INTERPUESTA. En primer término, resulta conveniente precisar, de acuerdo con la estructura normativa y orgánica del Ministerio de salud, el ámbito de las competencias que, en la materia del presente recurso, puede desarrollar esta Autoridad Sanitaria Regional.

En efecto, el artículo 4° del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 señala que: “La fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, laboratorios y farmacias, será efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, sin perjuicio de la competencia que la ley asigne a otros organismos”.

Las funciones y naturaleza jurídica se precisan en el artículo N° 33, del decreto supremo N° 136, del 2004, del Ministerio de Salud, reglamento orgánico del Ministerio de Salud, que señala, que, como órgano desconcentrado, le corresponde a esta Autoridad Sanitaria (entre otras) las siguientes funciones; 8. “Cumplir las funciones de fiscalización y acreditación que señalen la ley y los reglamentos y aquellas que les sean encomendadas por otros organismos públicos del sector salud mediante convenios”.

B) DE LAS ACCIONES DE ESTA AUTORIDAD REGIONAL EN RELACIÓN AL ESTABLECIMIENTO RECURRIDO. Que, en virtud de las competencias y facultades señaladas precedentemente, se puede informar que esta Autoridad Sanitaria Regional, no es competente para autorizar sanitariamente el funcionamiento de actividades de producción primaria que tienen que ver los alimentos, como por ejemplo, salas de ordeña de leche, planteles de aves ponedoras de huevos, o planteles de engorda de aves y ganado, como tampoco predios frutícolas y hortícolas (todos productores de alimentos humanos), por lo que no ha emitido autorización de sanitaria funcionamiento respecto de la “fábrica contenedora de gallinas ponedoras de huevos”, ubicada en el sector Chanco de la comuna de Pitrufquén y de responsabilidad de don nombre reservado.

Agrega al respecto que, sin perjuicio de lo anterior, esta Autoridad Sanitaria Regional ha emitido las siguientes resoluciones exentas relacionadas con el establecimiento por el que se recurre:

-N°2009374143-2020, que autoriza el funcionamiento de puestos, casetas, carros y quioscos. Observación: Trámite cero. Son sin visita por ser de bajo riesgo -N°2009450535-2020, que aprueba el proyecto del sistema particular de aguas servidas. Observación: proyecto se revisó técnicamente y aprobó técnicamente.

-N° A10-258-2021, que autoriza el sistema de alcantarillado particular. Observación: Se revisó técnicamente y posteriormente se concurrió a terreno para verificar que estuviera de acuerdo al proyecto aprobado, autorizándose.

-N°2109111574-2021, que autoriza el funcionamiento del local de elaboración tipo envasadora. Observación: Trámite cero: Son sin visita por ser de bajo riesgo.

Expresa que, además, en cumplimiento de nuestro rol fiscalizador, con fecha 02.03.2021, en virtud de una denuncia OIRS N° 1399497, realizó una inspección al establecimiento recurrido, levantándose el Acta de Inspección Folio N° 52644, ya que se constató manejo de guano sin cobertura de tierra, lo que generaba gran presencia de moscas y olores, provocando un foco de insalubridad en el entorno, iniciándose el sumario sanitario N° 219EXP316, el cual se encuentra pendiente de resolución.

Añade que posteriormente, con fecha 19.04.2021, y con el objeto de verificar si se mantenían las infracciones sanitarias constatadas en inspección anterior, se realizó una segunda fiscalización, no observándose moscas ni verificándose malos olores, observándose guano cubierto con tierra, recomendándose una limpieza mas seguida de los corrales, según da cuenta Acta de Visita Folio N° 49197.

Manifiesta que con fecha 28.04.2021, se realizó una nueva fiscalización, levantándose el Acta Folio N° 69986, por diversas infracciones sanitarias, en particular a lo dispuesto en el DS 594/99, Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y en el DS 40/69 Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

Refiere que en cuanto a las garantías que se alegan vulneradas, de la lectura de la presente acción constitucional, se concluye, de acuerdo a lo indicado en su parte petitoria, que esta Autoridad Sanitaria Regional habría, en opinión del recurrente, vulnerado el numeral 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política, solicitando en particular, respecto de esta Autoridad Sanitaria regional que: - Se declare la ilegalidad de las omisiones de los recurridos, que amenazan el derecho de las personas afectadas a la vida e integridad física y síquica, igualdad ante la ley, derecho a la salud así como el derecho a un medioambiente libre de contaminación; y – Se ordene a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, que informe a cabalidad las acciones impartidas en relación a lo descrito en el cuerpo del recurso e instruya a personal profesional y técnico de su dependencia para que se constituya en el lugar afectado y adopte en el plazo mas breve posible, las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos para evitar los permanentes riesgos para la salud de la población, las que deberán informarse a esta Iltma. Corte, como asimismo, adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos como los expuestos en este recurso.

Refiere que tal como se ha informado previamente, el recurso de protección carece de motivación respecto a esta SEREMI de Salud, ya que de la totalidad de los antecedentes expuestos, no cabe mas que concluir que la acción de protección de autos debe ser rechazada, por el hecho de no acreditarse ni verificarse en la especie el presupuesto de procedencia de este tipo de acción, consistente en la existencia de una afectación, manifestada como privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución.

En efecto expresa que, el recurrente alega que ha habido omisión de parte de esta Autoridad Sanitaria Regional, lo cual es evidentemente erróneo, ya que se han emitido las autorizaciones de acuerdo al cumplimiento de los requisitos sanitarios y se han realizado las fiscalizaciones pertinentes, incoándose a la fecha dos sumarios sanitarios por infracción a la normativa sanitaria, los cuales se encuentran pendientes de resolución.

En ese contexto manifiesta que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, son contestes en el hecho de reconocer que la protección de este derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, dice relación con actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida de una persona, que configuren un detrimento o imposibilidad de la continuación de la vida o integridad física del afectado, agregando a su vez que en el caso de autos, la supuesta amenaza que se cierne sobre la integridad física o psíquica de doña nombre reservado y de los vecinos del establecimiento recurrido, no puede ser atribuible o imputable a la SEREMI de Salud de La Araucanía, pues como ha quedado demostrado y según se ha detallado a lo largo de este informe, la autoridad sanitaria ha desplegado las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de las personas, así como para proteger eficazmente la salud de la población, y para garantizar que vivan en un ambiente libre de contaminación, lo anterior, dentro de su esfera de atribuciones.

En base a lo explicado, sostiene y concluye señalando que el recurso de protección es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles. Que esta SEREMI de salud ha dado cumplimiento a la normativa sanitaria, en especial al decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005; al decreto supremo N°136, del 2004, del Ministerio de salud, que contiene el reglamento Orgánico del Ministerio de salud y al Código Sanitario. Que, en cumplimiento de la normativa sanitaria y en el ámbito de nuestras facultades, se han otorgado las autorizaciones sanitarias y se han realizado las fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de las mismas. Que, en consecuencia, se ha acreditado fehacientemente que la actuación de la SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía no ha sido arbitraria ni ilegal, y no se ha vulnerado de forma alguna los derechos que alega el recurrente, solicitando el rechazo del recurso de protección, sin que se condene en costas en el evento de ser acogido, esto por haber tenido motivos suficientes para litigar.

Junto con su informe acompaña los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta N° 2009374143, de fecha 27.10.2020; 2.- Resolución Exenta N° 2009450535, de fecha 15.12.2020; 3.- Comprobante de Solicitud de Fiscalización N° 1368061 y respuesta de fecha 04.01.2021; 4.- Resolución Exenta N° A10-285, de fecha 14.01.2021; 5.- Resolución Exenta N° 2109111574, de fecha 17.03.2021; 6.- Acta de Fiscalización Folio N° 52644, de fecha 02.03.2021; 7.- Comprobante de Solicitud de Fiscalización N° 1399497 y respuesta de fecha 08.03.2021; 8.- Acta de Visita Folio N° 49197, de fecha 19.04.2021 y 9.- Acta de Fiscalización Folio N° 69986, de fecha 28.04.2021.

A folio 37 informa nombre reservado, Directora Regional del Servicio Agrícola y Ganadero Región de La Araucanía, quien señala que en relación al recurso de protección interpuesto, y en virtud de los antecedentes que este Servicio posee, adjuntamos Acta de Inspección N° 5228 de 28 de Abril de 2021 e informe realizado por funcionario Médico Veterinario Sectorial, del Servicio Agrícola y Ganadero, oficina Villarrica, de misma fecha.

A folio 39 informa nombre reservado, Superintendente del Medio Ambiente, quien manifiesta: 1.- Respecto a la materia consultada, la acción de protección deducida se funda en la afectación a derechos fundamentales de habitantes colindantes a la avícola de don nombre reservado, dado que su funcionamiento genera “(…) emanaciones de olores pestilentes e insalubres, además de la existencia de plaga de moscas, las cuales se puede apreciar a simple vista y que ingresan y se posan en las viviendas particulares, como asimismo, en el cuerpo de las personas, entre los cuales se incluyen menores de edad y ancianos (…)”; 2.- En cuanto a las materias denunciadas en la acción de protección, cabe tener presente que la SMA tiene por objeto, de acuerdo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente “ejecutar, organizar, coordinar el seguimiento y la fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley, correspondiéndole, de manera exclusiva, imponer sanciones de conformidad a lo señalado en dicho cuerpo legal”. Por otra parte, “los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de fiscalización, en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia”. Por lo anterior, los hechos consultados no se asocian a las competencias de esta SMA; 3.- Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que con fecha 13 de abril de 2021, nombre reservado, presentó una denuncia ante esta Superintendencia -adjunta-, por los mismo hechos que fundamenta el recurso de protección en cuestión, señalando que: “Los hechos denunciados corresponden a malos olores y plaga de moscas, producidos por planta agro-industrial de producción avícola, ubicada en km 2,2 camino a Toltén-Pitrufquén, sector Chanco Poniente, comuna de Pitrufquén (...)”. Sin embargo, en la denuncia no precisa el infractor; 4.- Considerando lo señalado en el punto dos del presente acto, con fecha 14 de abril de 2021, mediante ORD.OAR Nº 254/2021 –adjunto-, la SMA informó sobre la denuncia recién señalada a la Ilustre Municipalidad de Pitrufquén y a la Seremi de Salud de La Araucanía, remitiendo los antecedentes correspondientes y 5.- Adicionalmente, en la misma fecha, la SMA, a través de ORD. OAR Nº 225/2021-adjunto- le informó a la denunciante que este servicio estaba en conocimiento de los hechos denunciados. Sin embargo, dado que no hay instrumentos de gestión ambiental competencia de la SMA, conforme el artículo 14, inciso 2 de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases que rigen a los Organismos de la Administración del Estado, fueron remitidos los antecedentes, según se indicó en el punto anterior.

A folio 59 complementa informe doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía, en virtud de lo ordenado mediante Oficio N° 3177-2021, acompañando Resolución Exenta Nº 2109640, de fecha 28.08.2021, dictada en Sumario Sanitario N° 219EXP316, en proceso de notificación; y Resolución Exenta Nº 2109641, de fecha 28.08.2021, dictada en Sumario Sanitario N° 219EXP344, notificada.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en el recurso se denuncia por la Municipalidad de Pitrufquén y doña nombre reservado, como afectada personal que en el sector de Chanco Poniente, existe una fábrica contenedora de gallinas ponedoras de huevos, la cual no cuenta con recepción de obras definitiva por parte de la Municipalidad de Pitrufquén. Que, la empresa avícola se encuentra emplazada a pocos metros de propiedades particulares, entre las que se cuentan la de doña nombre reservado, como, asimismo, de muchas otras viviendas del sector de Chanco Poniente, comuna de Pitrufquén. Que, tal empresa avícola ha generado en todo el sector que le circunda una plaga de moscas, las cuales es posible apreciar a simple vista puesto que ingresan y se posan en las viviendas particulares, como asimismo, en el cuerpo de los habitantes colindantes, entre los cuales se incluyen menores de edad y personas adultos mayores. Que, el surgimiento de esa cantidad anormal de moscas proviene indefectiblemente desde la avícola referida, dado que con anterioridad a la instalación de la fábrica no existía tal problema.

TERCERO: Que, en la búsqueda de una solución al problema la recurrente doña nombre reservado, en conjunto con otros afectados y vecinos de esta, ha efectuado una serie de denuncias a la autoridad sanitaria regional, para que, en forma definitiva, se proporcione una solución a esta lamentable y catastrófica situación. No obstante que este problema se ha denunciado, a la fecha no se ha obtenido respuesta ni menos solución a las causas que originan la plaga de moscas, ocasionando efectos nocivos en la salud de las personas, lo que básicamente trasunta en la transmisión de una serie de enfermedades de la más variada naturaleza, como asimismo, del manifiesto tormento y angustia que significa a los habitantes colindantes el soportar diariamente esta situación, creando condiciones ambientales de alto riesgo para los habitante del lugar, las que, por su prolongación en el tiempo, han afectado también las condiciones de salubridad en que viven las personas, aumentado los riesgos de infecciones, ocasionando perturbaciones al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de los habitantes del lugar.

CUARTO: Asimismo, y tal como se menciona por la recurrida Seremi de Salud Regional de la Araucanía, el artículo 4° del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 señala que: “La fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, laboratorios y farmacias, será efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, sin perjuicio de la competencia que la ley asigne a otros organismos”.

Por su parte, el artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario oficial de 24 de abril de 2006, asigna a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, entre otras funciones, las de ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario-ambientales le confieren; y la de cumplir las acciones de fiscalización y acreditación que señalen la ley y los reglamentos y aquellas que le sean encomendadas por otros organismos públicos del sector salud mediante convenio.

QUINTO: Desde el punto de vista de las normas internacionales, se debe citar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las observaciones hechas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por medio de la Observación general N 14, relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, del año 2000. El Estado se encuentra obligado a otorgar facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar la realización efectiva de este derecho, lo que se traduce en la realización de acciones positivas orientadas a poder resguardar y proteger de manera efectiva el derecho a la salud, y sus factores determinantes como el acceso al agua potable limpia, condiciones sanitarias adecuadas, suministro de alimentos sanos, nutrición adecuada, vivienda adecuada, condiciones sanas en el ambiente de trabajo y de educación, también como en el medio ambiente en donde la persona se desarrolla, el acceso a la educación e información referida a situaciones de salud de la población, entre otras.

SEXTO: El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Para ello, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debe generar condiciones de vida compatibles con la dignidad de las personas.

El Artículo 5 de la Convención consagra el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho al respecto que los Estados parte deben tomar ciertas medidas positivas para salvaguardar la vida y la integridad física.

SEPTIMO: En nuestra realidad nacional, La Constitución Política de la República garantiza en el N 1 del artículo 19 el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona.

En el numeral 2 protege la igualdad ante la ley, en el sentido que no hay grupos privilegiados, excluyendo toda clase de discriminaciones o diferencias arbitrarias.

En el Numeral 8 establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Debe velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

En este último caso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también lo contempla, en el Protocolo de San Salvador, el cual señala que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Sobre ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que ello tiene una connotación colectiva en tanto es un derecho universal que está en beneficio de todos, y a la vez individual, porque puede afectar directamente a las personas en conexión con otros derechos como el de la salud, la integridad personal o la vida, entre otros.

OCTAVO: Que, la Seremi de Salud Regional de La Araucanía, en su respectivo informe ha intentado declinar sus responsabilidades argumentando que efectivamente ha efectuado fiscalizaciones en el lugar y ha instruido al efecto dos sumarios sanitarios, uno de los cuales con posterioridad a la presentación del recurso de marras, demostró la existencia de un deficiente tratamiento a los residuos de güano, estableciéndose: “Realizada visita por solicitud OIRS Nº 1399497, a instalaciones de avícola, se constata lo sgte; A) Manejo de güano, sin cubierta de tierra, lo que genera gran presencia de moscas y olores, lo que provoca un foco de insalubridad en el entorno”.

NOVENO: Que, de acuerdo con lo hasta aquí relacionado, resulta ineludible concluir en que la recurrida Seremi de Salud Regional de La Araucanía ha observado una conducta que resulta contraria a los deberes legales impuestos en su respectiva condición, puesto que en dicha función le corresponde controlar, verificar, disponer y sancionar en su caso, todas las medidas necesarias para reprimir y solucionar definitivamente aquellos incumplimientos en que incurren los infractores, velando, por los intereses de los afectados en cuanto ven vulnerados sus derechos a la vida, a la integridad física y psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin que esta autoridad haya ejecutado todas las acciones necesarias para poner remedio a dicho mal, para lo cual está dotada de facultades y dispone de los medios y procedimientos necesarios, tal como se puede apreciar en las acciones desplegadas con posterioridad a la reclamación deducida tanto por la Municipalidad de Pitrufquén como por los directamente afectados.

DECIMO: Que por lo anterior, y conforme se desprende de todo lo argumentado, el proceder de los recurridos, en lo pertinente de la Seremi de Salud Regional de La Araucanía, ha afectado las garantías constitucionales de los recurrentes, especialmente aquellas contenidas en los numerales 1, 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en tanto se han afectado sus derechos a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la Ley y el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo que este recurso será acogido.

DECIMO PRIMERO: Que, con el objeto de dar cumplimiento a lo decisivo anunciado, la Seremi de Salud Regional de La Araucanía deberá disponer las medidas de control, seguimiento y fiscalización del lugar y del entorno donde se produce la afectación, a fin de constatar su efectivo cumplimiento, y que ellas son las necesarias y suficientes para los fines perseguidos, debiendo informar a esta Corte de aquello, dentro del plazo de 30 días contados desde que le sea notificada la sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por el abogado RANDOLPH BROWN RIQUELME, en representación de la MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN, y de nombre reservado, como afectada personal, debiendo la Seremi de Salud Regional de La Araucanía dar cumplimiento a las medidas dispuestas en la consideración décimo primera, en la forma y plazo allí mencionados.

Acordada con la prevención de la Ministra (s) Viviana Ibarra Mendoza, quién concurre al fallo, solo en lo que sea de la competencia de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Araucanía representada por doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de la Araucanía, en el ámbito de lo denunciado, pues entiende que la acción debió dirigirse también en contra del Servicio Agrícola Ganadero a quién le corresponde el control y fiscalización de lo denunciado, ya que, como bien señala el decreto con fuerza de ley n°1 del 2005 del Ministerio de Salud en su artículo 4, si bien le entrega la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes al Ministerio de Salud, esto es, sin perjuicio de la competencia que la ley asigna a otros organismos.

Que en este caso de conformidad a la ley 18.755 del 7 enero 1989 que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, en su párrafo primero de la naturaleza, objetivo, y facultades del servicio, consigan en sus artículos:

1° Que este es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y ejercer derechos, y contraer obligaciones.

2° Que tiene por objeto contribuir al desarrollo agropecuario del país mediante protección, mantención, e incremento de la salud animal y vegetal.

3° Para el cumplimiento de su objetivo le corresponden las siguientes funciones y atribuciones, a) aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención, control y erradicación de plagas de los vegetales y enfermedades transmisibles de los animales. Asimismo, conocerá y sancionará toda infracción de las normas legales y reglamentarias cuya fiscalización compete al servicio, en su letra f) Además velará por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas por Chile en materia de competencia del servicio, y ejercerá la calidad de autoridad administrativa, científica o de contraparte técnica de tales convenciones. En su letra h) indica que debe realizar acciones de educación y de capacitación fito y zoosanitarias. En su letra n) determinar las condiciones sanitarias en el ámbito de la salud animal para el establecimiento y funcionamiento de mataderos, medios de transporte, frigoríficos, y demás establecimientos que la ley o su reglamento determine; fiscalizar el cumplimiento de las mismas y efectuar en ellos la inspección veterinaria de los animales y carnes, todo sin perjuicio las atribuciones del Servicio Salud.

Regístrese.

Redacción del Abogado integrante Sr. Marcelo Neculmán Muñoz y de la prevención, de su autora.

Rol N° Protección-1420-2021 (pvb).