nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (REGIONAL DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA)

C.A. de Temuco Temuco, siete de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que compareció nombre reservado, fonoaudióloga y funcionaria del Departamento de Educación Municipal de la comuna de Victoria, quien interpuso recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, impugnando el Oficio N° OF52045, de 17 de marzo de 2026, mediante el cual fue rechazada la reconsideración formulada respecto de la modificación de su destinación funcionaria contenida en el PADEM 2026 de la Municipalidad de Victoria. Sostuvo que dicho acto era ilegal y arbitrario y vulneraba las garantías contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al validar un traslado desde el Colegio Ignacio Carrera Pinto a la Escuela Pailahueque sin fundamento suficiente, sin criterios objetivos y con grave afectación a su integridad psíquica y a su derecho a la igualdad ante la ley Expuso que se desempeñó de manera ininterrumpida desde el año 2013 como fonoaudióloga en el Colegio Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Victoria, establecimiento en el que desarrolló funciones terapéuticas permanentes, particularmente respecto de estudiantes con trastorno del espectro autista y trastornos del lenguaje. Señaló que en el marco del PADEM 2026 fue trasladada a otro establecimiento educacional mediante una decisión unilateral, sin notificación formal previa, sin acto administrativo fundado y sin justificación técnica suficiente. Indicó que el establecimiento de destino correspondía a un recinto rural de difícil acceso y que la Contraloría desestimó aquella circunstancia sobre la base de considerar que funcionaba en la zona urbana de Victoria, sin tomar en cuenta que tal situación era transitoria debido a reparaciones, pues posteriormente retornaría a la localidad de Pailahueque. Añadió que el traslado implicaba una alteración sustancial de sus condiciones laborales, afectaba su vida personal y familiar y provocaba la interrupción de procesos terapéuticos consolidados con alumnos con necesidades educativas especiales.

Manifestó que se encontraba en tratamiento por afecciones de salud mental previamente calificadas como enfermedad profesional, derivadas de sobrecarga laboral y hostilidad de la jefatura, situación acreditada mediante antecedentes emanados de la Mutual de Seguridad y de profesionales de la salud mental. Afirmó que el anuncio y mantención del traslado constituían factores de agravamiento de su estado clínico. Agregó que previamente había ejercido funciones de coordinación PIE sin remuneración adicional y que, tras renunciar a dicho cometido por razones de salud, comenzó a experimentar diversas medidas perjudiciales, entre ellas intentos de reducción de jornada, evaluaciones desfavorables y actos que configuraban un ambiente laboral hostil. Sostuvo que el traslado constituía una represalia encubierta y una manifestación de desviación de poder.

Alegó que la decisión carecía de racionalidad, pues el PADEM 2026 trasladaba a la recurrente, con una carga de cuarenta horas cronológicas, desde un establecimiento urbano de alta matrícula y elevada demanda de atención fonoaudiológica a una escuela rural de menor tamaño, mientras que otra profesional era destinada en sentido inverso con sólo treinta horas, disminuyendo así la cobertura efectiva de atención en el establecimiento de origen. Sostuvo además que el traslado configuraba un menoscabo al alterar sustancialmente sus condiciones de trabajo y afectar la continuidad de tratamientos a estudiantes con necesidades educativas especiales. Señaló igualmente que existían antecedentes que demostraban evaluaciones profesionales inconsistentes y discriminatorias y acompañó testimonios que daban cuenta de actos reiterados de hostigamiento laboral y trato desvalorizador por parte de la jefatura Fundó su recurso en la vulneración de los derechos consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como en la infracción de los artículos 6° y 7° de la misma Carta Fundamental; del artículo 12 del Código del Trabajo; de los artículos 3° y 11 de la Ley N° 18.575; y de los principios de juridicidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación de los actos administrativos Pidió en definitiva que se acogiera el recurso de protección, se declarara ilegal y arbitrario el acto recurrido, se dejara sin efecto la modificación de su destinación funcionaria contenida en el PADEM 2026 de la comuna de Victoria, se la mantuviera desempeñando funciones en el Colegio Ignacio Carrera Pinto y se dispusieran todas las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar debida protección a sus garantías fundamentales Informando la Contraloría General de la República, solicitó el rechazo del recurso. Sostuvo, en primer término, que era extemporáneo, por cuanto el Oficio N° OF52045 fue emitido y notificado el 17 de marzo de 2026, mientras que la acción se interpuso el 17 de abril siguiente, una vez vencido el plazo previsto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección. Asimismo, opuso falta de legitimación pasiva, afirmando que el acto que eventualmente causaba agravio era la determinación adoptada por la Municipalidad de Victoria mediante el PADEM 2026, mientras que la Contraloría sólo ejerció sus facultades de control de legalidad al pronunciarse sobre el reclamo de la recurrente. Añadió que la municipalidad no había sido inicialmente emplazada pese a ser la entidad directamente interesada en la controversia.

Indicó además que la materia sometida a conocimiento excedía el ámbito cautelar del recurso de protección, pues suponía resolver controversias laborales complejas relativas al alcance del artículo 12 del Código del Trabajo, la existencia de menoscabo, eventuales situaciones de acoso laboral y otras cuestiones que requerían un procedimiento de lato conocimiento, especialmente la tutela laboral. Señaló que el oficio impugnado fue dictado en ejercicio de facultades constitucionales y legales, aplicando la normativa vigente y la jurisprudencia administrativa correspondiente, concluyéndose que la destinación cumplía los requisitos del artículo 12 del Código del Trabajo, al mantenerse las mismas funciones, encontrarse ambos establecimientos en la comuna de Victoria y no advertirse menoscabo objetivo para la trabajadora. Agregó que no era posible atribuir a la Contraloría vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas, pues se limitó a resolver una presentación formulada por la propia recurrente dentro del ámbito de sus competencias legales.

Evacuando informe la Municipalidad de Victoria, compareciendo como tercero interesado, solicitó igualmente el rechazo de la acción. Expuso que la destinación de la recurrente obedeció al proceso de elaboración y ejecución del PADEM 2026, instrumento mediante el cual se realizó un estudio de dotación y necesidades de los distintos establecimientos educacionales de la comuna. Señaló que del análisis efectuado se concluyó que el Colegio Ignacio Carrera Pinto requería treinta horas semanales de apoyo fonoaudiológico, mientras que la Escuela Pailahueque necesitaba cuarenta horas, razón por la cual se dispuso la redistribución de profesionales sin alterar la jornada laboral ni las remuneraciones de la recurrente. Afirmó que la medida respondió a necesidades objetivas del servicio educacional y a criterios técnicos vinculados con la adecuada distribución de recursos humanos.

Sostuvo que la decisión se encontraba amparada por el artículo 12 del Código del Trabajo y que no implicaba menoscabo alguno, pues la recurrente mantenía la misma carga horaria, funciones, remuneraciones y calidad jurídica. Indicó también que la medida fue incorporada en el PADEM 2026, aprobado por el Concejo Municipal y formalizado mediante el Decreto Exento N° 618, además de haber sido comunicada individualmente mediante carta certificada. Respecto de la alegación relativa al establecimiento rural, afirmó que tanto el Colegio Ignacio Carrera Pinto como la Escuela Pailahueque funcionaban actualmente dentro del radio urbano de Victoria debido al traslado temporal de este último establecimiento tras un siniestro. Añadió que los antecedentes médicos invocados por la recurrente no permitían establecer la ilegalidad del traslado y que, respecto de una nueva denuncia por enfermedad profesional vinculada a la destinación, la Mutual de Seguridad y posteriormente la Superintendencia de Seguridad Social habían determinado que se trataba de una contingencia de origen común y no laboral.

Se trajeron los autos en relación Y considerando:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que dicha disposición ampara, de manera que para su procedencia resulta necesario verificar la existencia de una actuación revestida de tales caracteres y una afectación actual o inminente de alguno de los derechos protegidos por dicha vía.

Segundo: Que la acción se ha dirigido en contra de la Contraloría General de la República, impugnándose específicamente el Oficio N° OF52045, de 17 de marzo de 2026, mediante el cual dicho organismo desestimó el reclamo formulado por la recurrente respecto de la destinación dispuesta por la Municipalidad de Victoria desde el Colegio Ignacio Carrera Pinto a la Escuela Pailahueque, concluyendo que aquella medida se ajustaba a derecho y que no se advertía menoscabo en los términos exigidos por el artículo 12 del Código del Trabajo.

Tercero: Que, del examen del referido pronunciamiento, aparece que la Contraloría General de la República actuó dentro del ámbito de las competencias que el ordenamiento jurídico le reconoce, conociendo de la presentación efectuada por la actora, requiriendo informe al municipio involucrado, ponderando los antecedentes proporcionados y emitiendo un pronunciamiento fundado acerca de la legalidad de la actuación administrativa reclamada.

En efecto, el órgano contralor expresó las razones que justificaban su decisión, señalando que la recurrente mantenía las mismas funciones; que tanto el establecimiento de origen como el de destino se encontraban emplazados dentro de la comuna de Victoria; y que, sobre la base de los antecedentes tenidos a la vista, no era posible concluir la existencia de un menoscabo laboral que impidiera la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 12 del Código del Trabajo. De este modo, el acto impugnado aparece debidamente motivado, exteriorizando las consideraciones de hecho y de derecho que condujeron a la autoridad a adoptar la decisión cuestionada;

Cuarto: Que en dicho sentido, las alegaciones formuladas por la recurrente se orientan sustancialmente a controvertir el mérito de la conclusión alcanzada por la Contraloría y, particularmente, a sostener que la decisión de destinación adoptada por la Municipalidad de Victoria obedecería a motivaciones impropias, configuraría una represalia derivada de situaciones previas de conflicto laboral y habría sido adoptada sin una adecuada justificación técnica;

Sin embargo, dichas materias exceden el ámbito propio de esta acción cautelar. En efecto, no corresponde a esta Corte, por la presente vía, sustituir la evaluación de las necesidades objetivas del servicio educacional ni los criterios técnicos vinculados a la distribución y asignación de recursos humanos que competen a la autoridad administrativa respectiva, siempre que tales decisiones se adopten dentro del marco de sus atribuciones legales y no aparezcan desprovistas de fundamento, circunstancias que no se verifican en la especie;

Quinto: Que, asimismo, las afirmaciones relativas a eventuales actos de hostigamiento laboral, persecución funcionaria o desviación de poder suponen la existencia de hechos sustancialmente controvertidos cuya acreditación requiere de un procedimiento de discusión y prueba incompatible con la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección.

Esta acción no constituye una vía declarativa ni es apta para constituir derechos o resolver controversias complejas acerca de la existencia, origen o alcance de responsabilidades derivadas de una eventual situación de acoso u hostigamiento laboral, materias cuyo conocimiento corresponde a los procedimientos especialmente previstos por el ordenamiento jurídico para tales efectos.

En consecuencia, no se advierte que la Contraloría General de la República, al emitir el Oficio N° OF52045, haya incurrido en una actuación ilegal o arbitraria. Por el contrario, aparece haber ejercido las atribuciones que le son propias mediante una decisión fundada, sin que las discrepancias de la recurrente respecto de las conclusiones alcanzadas permitan, por sí solas, configurar la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese y archívese en su oportunidad Redacción de la Ministra Sra. Cecilia Aravena López.

N° Protección-1409-2026.(csd)